Resumen: Se cuestiona la conformidad a derecho de la selección del demandante como uno de los trabajadores cuya relación laboral debía extinguirse a consecuencia del despido colectivo de la empresa, en función de su específica evaluación de conformidad con los parámetros fijados en el expediente de despido colectivo. La sentencia de instancia consideró que la evaluación no se había realizado conforme a los criterios establecidos. El recurso de suplicación de la empresa fue desestimado. Recurre la empleadora en casación para la unificación de doctrina. En las dos sentencias comparadas se trata del mismo despido colectivo y de valorar la correcta aplicación de los criterios individuales de afectación por los que debe regirse pero concurre un dato diferencial porque la sentencia recurrida ha puesto especial énfasis en destacar que la empresa no combate en suplicación un hecho probado en el que se deja constancia de que la evaluación de la “competencia” se debía de hacer en base a siete indicadores y al actor sólo se le valoraron tres. En el caso de la sentencia referencial la empresa tuvo especial cuidado al solicitar expresamente en suplicación la revisión de ese mismo hecho probado a lo que accedió la sala y detalló la singular relevancia que ello había de tener en la resolución del asunto. La recurrida ha justificado expresamente las razones por las que se aparta del criterio general seguido por el mismo órgano judicial en el caso de otros trabajadores.
Resumen: La cuestión planteada en la sentencia anotada es la de determinar si la superación del plazo de tres años contemplado en el artículo 70.1 del EBEP, convierte o no en indefinido no fijo el contrato de interinidad por vacante desde el 1-8-2007. Y el TS, reiterando doctrina, declarara que el mero transcurso del plazo de tres años en el contrato de interinidad por vacante, vinculado a oferta pública de empleo, no convierte al contrato en indefinido no fijo. En todo caso, el citado plazo de tres años no puede entenderse como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación puede comportar; al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático. En definitiva, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta concesión. Hay que destacar que en esta resolución, recala la Sala en las recientes STJUE de 19-3-2020, sobre empleos de duración determinada.
Resumen: La actora había suscrito contrato por obra o servicio determinado con anterioridad al RDL 10/2010, y Ley 35/2010, que se extinguieron por finalización de la obra con posterioridad a la vigencia del ET/2015, contrato que duró más de 16 años. Se presentó demanda por despido por entender que se superó el plazo de 3 años del art. 15.1 ET. La sentencia confirma la de suplicación que declaró la improcedencia del despido, por entender que conforme a la DT 1ª ET/2015, se deroga la Ley 30/2010, pero se establece la previsión de mantener vigente el régimen legal aplicable a los contratos celebrados antes de su entrada en vigor, lo que supone mantener el régimen transitorio de la Ley 35/2010, es decir, que sigan rigiéndose por la normativa que estuviera vigente en el momento en que se celebraron, de forma que los contratos concertados con anterioridad a la Ley 35/2010, no tienen limitado el plazo máximo de duración de 3 años. Añade que ello no implica, sin embargo, que los contratos por obra o servicio determinado que se celebraron con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 10/2010 y Ley 35/2010, no deban cumplir con el resto de requisitos para su validez, entre otros la causa de temporalidad, que en el presente supuesto no concurren, ya que el contrato se prolongó durante más de 16 años, y esa “excesiva y anómala” duración hace que sea contrario a derecho
Resumen: La Sala IV reitera que la valida extinción de un contrato de interinidad por vacante por cobertura reglamentaria de la plaza, en cuya formalización no concurre fraude de ley, no da derecho a la indemnización de 20 días por extinción del contrato por causas objetivas del artículo 53.1 b) ET ni a ninguna otra. Dicha extinción debe regirse por lo dispuesto en el art. 49.1 letra c) ET, que niega el reconocimiento de cualquier indemnización. En nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador, sin que pueda conllevar a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET para la extinción de los contratos fijos. Las STJUE 5/6/2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y la de 21/11/18, De Diego Porras II rechazan que resulte contraria a la Directiva 1999/70 CE la previsión del art. 49. 1º c) ET que no prevé el abono de indemnización alguna en la extinción conforme a derecho de los contratos de interinidad.
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si la válida extinción de un contrato de interinidad por vacante, por tener una duración superior a tres años, debe ser indemnizada con 20 días por año de servicio. La trabajadora demandante había sido contratada el 23/01/2014, por el Departamento del Gobierno Vasco, con la categoría de cocinera, en virtud de contrato de interinidad por sustitución hasta que finalizó dicho contrato el 31/08/2016. La actora reclamó el abono de una indemnización por la extinción del contrato de 20 día por año trabajado. La Sala razona que al no cuestionarse el importe de la indemnización, ni la validez del cese, ni ninguna otra cuestión relativa a los parámetros para fijar el importe indemnizatorio, es adecuado el procedimiento seguido. Se remite respecto al fondo a lo resuelto en sentencia STS (Pleno) de 13/03/2019 (R 3970/2016) que aborda la solución al caso reseñando que «no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada. Se estima el recurso al declarar que el contrato de interinidad se extinguió por la válida causa consistente en la reincorporación del trabajador sustituido, extinción cuya regularidad ha quedado acreditada por lo que no cabe aplicar el art. 53 ET.
Resumen: La cuestión suscitada en procedimiento de conflicto colectivo se centra en decidir si debe la empresa pública demandada abonar las vacaciones incluyendo los completos salariales reclamados, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias contenidas en la Ley 5/2017 de PCAA para 2018. La sentencia desestima el recurso de la entidad demandada frente a la sentencia de instancia que estimó las demandas acumuladas. Así, rechaza que la reclamación efectuada por los sindicatos se encuentre condicionada por las limitaciones presupuestarias, porque lo pretendido es el abono de lo adeudado (cuyo carácter de retribución habitual ordinaria no se niega), y eso no contradice la ley, porque se no altera la masa salarial. Por otra parte, la sentencia señala que la diferenciación del importe entre "festivos" y "festivos especiales" prevista en el convenio no guarda conexión con el conflicto planteado.
Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación por entender que sólo procede la indemnización de 12 por terminación de contrato temporal del art. 49.1 c) ET y no la de 20 días del art. 53 ET a la extinción de contrato por obra o servicio determinado, ya que conforme a la doctrina del TJUE no existe discriminación a efectos indemnizatorios entre trabajadores fijos y temporales
Resumen: La cuestión debatida se centra en decidir si el FOGASA podía en el caso de autos ejercitar la opción en favor de la indemnización en el acto del juicio y si, en consecuencia, el importe de aquélla se calcularía hasta la fecha del despido y no hasta la fecha de la sentencia como resolvió la sentencia impugnada. La empresa no compareció al acto del juicio y había cesado en su actividad; el trabajador no ostentaba la condición de representante legal o sindical, y el FOGASA adelantó la opción por la indemnización en el momento del juicio. La sentencia parte de la doctrina de la Sala y llega a la conclusión de que no existe ninguna duda de que el FOGASA podía adelantar el ejercicio de la opción, de acuerdo con el art. 110.1.a) LRJS en relación con los arts. 23.3 de dicha ley y el art. 33 ET.1, cuando además, se da la circunstancia de que el citado adelanto no fue pedido por el trabajador y, por consiguiente, no estamos ante un supuesto de colisión entre los apartados a) y b) del art. 110.1 LRJS.
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda de despido del trabajador, condenando a la empresa a que abone al actor la cantidad de 7.370,14 € de indemnización; y estimando la acción de cantidad, condenando a la empresa a que abone al actor la cantidad de 9.302,45 €, más el interés anual del 10% sin perjuicio de la responsabilidad del FGS. La empresa, que había extinguido la relación laboral de todos sus trabajadores se encuentra cerrada, sin actividad alguna, habiéndose dado de baja. La Sala de suplicación desestimó el recurso del FGS. Se plantea en casación unificadora si el FGS podía ejercitar la opción en favor de la indemnización en el acto del juicio y si, en consecuencia, el importe de aquélla se determinaría hasta la fecha del despido. Se estima el recurso revocando parcialmente la sentencia de instancia en el sentido de fijar la indemnización indicada en el fallo en la suma de 6.792,09 €, manteniendo los demás pronunciamientos de la sentencia. La Sala reitera que, en los supuestos de despido improcedente cuya opción siga el régimen general de atribución al empleador, la aplicación del art. 110.1 a) LRJS debe permitir que, ante la incomparecencia de aquél al juicio, el FGS asuma su posición. Las razones para ello se hallan en la necesidad de preservar la propia defensa del FGS mediante el mecanismo previsto en la indicada norma procesal, dado que su obligación legal le va a convertir en acreedor de los efectos de la declaración de improcedencia del despido.
Resumen: La trabajadora prestaba servicios para la Comunidad de Madrid mediante contrato de interinidad por vacante que fue extinguido por cobertura de la misma, a través del correspondiente proceso reglamentario. La sentencia de suplicación recurrida declara válidamente extinguido el contrato, pero con condena a la Administración al abono de la indemnización del despido objetivo. Formulado recurso de casación unificadora, en el que se debate exclusivamente el derecho de la actora a percibir la indemnización de 20 días de salario. La Sala IV, reiterando doctrina, razona que ha cuestión debatida ha sido resuelta por la STJUE 21-11-2018 (C-619/17), remitiéndose a la evolución del TJUE sobre el particular y concluyendo que este ha reconducido la cuestión, negando que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Dicha declaración se corresponde con los planteamientos del TS, y lleva a este a precisar que el rechazo a la solución del TSJ debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad; sin que ello suponga discriminación. Se estima el recurso y se desestima íntegramente la demanda de despido y cantidad
