• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2/2019
  • Fecha: 26/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante basa su demanda de declaración de error judicial, en la falta de aplicación de la normativa oficial sobre adjudicación y renovación de la plaza de profesor asociado de las Universidades Públicas de Cataluña y la inaplicación de la Normativa oficial sobre las causas tasadas de acoso laboral. Sobre la misma cuestión, el demandante tiene dos procedimientos activos en curso: Demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por irregularidades en la composición de las Salas; y Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El procedimiento de error judicial tiene por objeto y finalidad, derivada del artículo 121 de la Constitución, el de servir de presupuesto para que, quien se ha visto perjudicado por una decisión judicial errónea, pueda percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados de aquella actuación. Se trata, por tanto, de un nuevo proceso y no de un recurso. Se ha de tratar de un error determinante de una responsabilidad por daños y perjuicios y por ello de imputación culpable e injustificada a quien lo cometió, más allá de las muchas discrepancias interpretativas sostenidas por las partes que se pudieron producir en el pleito de origen. Se desestima la demanda porque en ella el demandante pretende una vía de impugnación frente a una decisión judicial que le ha sido adversa.
  • Tipo Órgano: Juzgado de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: ISABEL RODRIGUEZ MACARENO
  • Nº Recurso: 434/2020
  • Fecha: 22/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La parte actora, en su escrito de demanda, solicita que se declare la improcedencia de su despido, de fecha 18 de junio de 2020, al estimar que los hechos narrados en la carta de despido no se corresponden con la realidad acaecida, y en todo caso, no revisten la entidad suficiente para justificar el despido de la actora, que es una medida desproporcionada en relación con la infracción que se imputa a la actora, quien nunca ha sido sancionada por la empresa demandada. La actuación de la actora debe encuadrarse dentro de las faltas muy graves imputadas por la empresa demandada, ya que, con independencia de las recomendaciones generales sobre el uso de la mascarilla a fecha de 27 de mayo de 2020, la misma se encontraba prestando servicios con un producto no envasado, el pescado, con la mascarilla por debajo de la nariz. Y ante el requerimiento de una clienta, y posteriormente, de la responsable de tienda, para que se la colocase bien, hace caso omiso, dirigiéndose a la clienta en un tono amenazante: "Si no te gusta, te vas. Si quieres lo arreglamos en la calle, sin el uniforme" y sin atender a los requerimientos de la encargada para que se calmase. Debe declararse la procedencia del despido de la actora, que se estima proporcional a la actuación de la misma y sin que quepa por parte de la juzgadora determinar una sanción distinta a la aplicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 118/2020
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras presentarse demanda por la autoridad laboral solicitando nulidad acuerdo alcanzado en periodo de consultas de despido colectivo, la misma fue estimada en instancia que desestimó la excepción de caducidad. La Sala 4ª aprecia caducidad de la acción, teniendo en cuenta que las demandas de impugnación de acuerdos colectivos (arts. 51 ET y 149 b) LRJS) por la autoridad laboral, están sometidas al plazo de caducidad de 20 días previsto en el art. 124 LRJS, debiendo fijarse el dies a quo cuando finaliza el plazo de 15 días que tiene la Inspección de trabajo para emitir informe, periodo que empieza a correr desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3507/2018
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si la extinción del contrato por causas objetivas debe calificarse como nulo por vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador demandante. La sentencia recurrida estima el recurso de suplicación que interpuso la parte demandada, declarando la procedencia de la extinción del contrato y revocando con ello la sentencia del Juzgado de lo Social que había declarado la nulidad del despido. La recurrente en casación unificadora plantea un solo punto de contradicción dirigido a la declaración de nulidad del despido. La sentencia aportada de contraste fue objeto de recurso de casación para la unificación de doctrina que concluyó con Auto por el que se homologa el acuerdo transaccional alcanzado por las partes. La Sala IV, tras analizar la doctrina constitucional en relación con la tutela judicial efectiva y el acceso a los recursos, y el requisito de la firmeza de la sentencia de contraste a efectos del análisis de la contradicción, rectifica la doctrina emanada de la STS 23 de octubre de 2008, RCUD 1281/2007 y concluye que el auto que homologa un acuerdo transaccional es una forma de conclusión del recurso contra la sentencia de suplicación que, al ser sustituido su contenido por el acuerdo alcanzado, queda privada de efecto alguno y, por ende, no puede adquirir la condición de sentencia firme porque, en definitiva, el proceso en el que se dictó la sentencia de suplicación ha concluido con una resolución judicial que la ha sustituido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2387/2018
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor suscribió varios contratos con el sindicato como adjunto sindical o sindicalista, desarrollando tareas de colaboración en la campaña de elecciones sindicales en la provincia, siendo elegido vocal del Consejo del Sindicato Intercomarcal de CCAA del País Valenciano, disponiendo de autonomía absoluta, sin horario fijo, elaborando la ejecutiva los planes de trabajo. Se presentó demanda reclamando la existencia de relación laboral, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. La sentencia de instancia declaró su incompetencia por cuanto no existía relación laboral, sentencia confirmada en suplicación. La STS 72/2021, 20-01-2021 (Rec. 2387/2018), resuelve la cuestión e si el trabajo como sindicalista adjunto es laboral en sentido positivo, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a cuándo debe apreciarse que concurren las notas de laboralidad. Fundamenta su decisión la sentencia en que: 1) Las partes han suscrito varios contratos laborales; 2) El sindicato fue dado de alta como trabajador por cuenta ajena; 3) se ha pactado remuneración de carácter fijo; 4) La última contratación fija jornada de 20 horas semanales; 5) Consta sujeción a las instrucciones de la ejecutiva, como consecuencia de las quejas sobre la dejación de funciones de ésta. Añade que no se está ante una persona afiliada y elegida para desempeñar funciones de representación sindical, sin que la elección para un cargo representativo altere la calificación del nexo que une a las partes
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2093/2018
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar si estamos ante una dimisión de los trabajadores válidamente manifestada. Recuerda el TS que el art. 49.1.d) del ET establece la dimisión del trabajador, como causa de extinción del contrato de trabajo, y que la persona trabajadora tiene la facultad de resolver por su propia y exclusiva decisión la relación contractual de trabajo, siempre y cuando exteriorice una manifestación inequívoca de esa voluntad extintiva, la cual surtirá efectos siempre y cuando no adolezca de alguno de los vicios del consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación). Y en el caso, nos encontramos ante la advertencia por parte de la empresa de actos que pudieran alcanzar la calificación de ilicitud y, si bien esa advertencia y la metodología empleada para llevarla a cabo, pudiera ser generadora de situaciones de tensión, no cabe calificarla de causa cercenadora de la libre voluntad de la otra parte, la cual puede comprender los hechos y negar o aceptar sus consecuencias. El reproche que puedan merecer las formas no alcanza a la ilicitud de las mismas ni vicia la manifestación de voluntad de la parte demandante que firma un documento de baja voluntaria tras ser advertido por la empresa de incumplimientos contractuales. Por lo tanto, se descarta la existencia de vicio en el consentimiento y se confirma la sentencia que desestimó la demanda por despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 39/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se presenta demanda de revisión frente a las sentencias de instancia y suplicación que declaran procedente el despido disciplinario, incoado por irregularidades en el suministro de combustible en operaciones realizadas con tarjetas titularidad del Cabildo de Gran Canaria. Tras sistematizar los requisitos para que proceda la revisión de sentencias firmes, con fundamento en sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial que absolvieron al demandante de los delitos de estafa y apropiación indebida de los que estaba acusado. La sentencia desestima la demanda de revisión por cuanto las sentencias penales no son documentos anteriores al proceso laboral que se hubieran recobrado con posterioridad a su finalización. Añade que las sentencias penales no sirven, siempre como presupuesto para la revisión de una sentencia firme en el ámbito laboral, y en el supuesto las sentencias penales evidencian que la absolución se debía a la aplicación del principio de presunción de inocencia por cuando la única prueba de carga fue la declaración de uno de los acusados. Añade que en la carta de despido no se imputa al trabajador ningún hecho con relevancia penal
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 59/2019
  • Fecha: 19/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La SAN resuelve la demanda de conflicto colectivo presentada por el Sindicato SITCPLA, a la que se adhirieron USO Y CCOO, declarando la inadecuación de procedimiento respecto de la primera pretensión de la demanda consistente en el derecho de los tripulantes de cabina de pasajeros que han solicitado nueva reducción de jornada voluntaria. Respecto de la segunda pretensión, referida al derecho de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que ya disfrutaban de una reducción de jornada concedida, anterior a junio de 2018, y que no han solicitado reincorporarse a jornada completa de forma expresa y con 45 días de antelación a su fecha de finalización, a continuar disfrutándola en los términos en que lo venían haciendo, la sentencia la ha desestimado. Recurre el sindicato SITCPLA en casación y plantea dos motivos de recurso. La Sala IV desestima el primero, inadecuación de procedimiento, razonando que dentro del ámbito de aplicación del proceso especial de conflicto colectivo no se incluyen las reclamaciones que afectan a intereses individuales. Desestima asimismo el segundo motivo, relativo a la renovación de reducción de jornada voluntaria declarando que la petición de renovación de reducción de jornada voluntaria que establece el III Convenio Colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Air Europa Líneas Aéreas, SAU., aunque es de concesión automática no impide que pueda denegarse por existir causas objetivas que lo justifiquen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3100/2019
  • Fecha: 18/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2009. Tras la convocatoria del correspondiente proceso reglamentario, dicha vacante fue adjudicada a otro trabajador, por lo que la actora fue cesada con efectos de 30/6/17. La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que declaró la improcedencia del despido. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija y el despido de improcedente. El TS, con reiteración del criterio sentado en anteriores sentencias, estima el recurso de la Junta de Andalucía, al entender que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático y, dado que no concurren elementos bastantes para apreciar que discurrió un plazo inusualmente largo, no cabía afirmar por tal causa el carácter indefinido de la relación. A lo que suma que existen previsiones convencionales y razones presupuestarias, derivadas de la grave crisis económica, que justifican la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público. Por todo lo cual, se estima el recurso de la Junta de Andalucía, declarando la validez del cese y desestimando
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2896/2018
  • Fecha: 14/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia suscitada en la sentencia anotada consiste en dilucidar si concurren causas económicas que justifican el despido objetivo de un trabajador cuando la empresa acredita importes netos de la cifra de negocio decrecientes y resultados negativos de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero en el año del despido las pérdidas son menores que en los dos años anteriores. Ante esta situación la sentencia recurrida en casación para la unificación de doctrina declaró la improcedencia del despido, sin embargo, tal parecer no es compartido por la Sala Cuarta. Se apoya esta decisión en el hecho de que los importes netos de la cifra de negocios son decrecientes, y siendo cierto que el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue peor en 2015 que en 2016, este dato no puede impedir que si las causas económicas subsistieron en el año siguiente el empleadoar pueda despedir por causas objetivas en el año 2016. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación. Por lo tanto, se estima el recurso y se declara la procedencia del despido.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.