Resumen: La trabajadora venía prestando servicios desde el año 2010 para Correos en virtud de contrato de interinidad. Con fecha 30/12/16 se le comunica la extinción de contrato por reincorporación del trabajador sustituido. Impugnado el despido, la sentencia de suplicación, con estimación parcial del recurso, declara la válida extinción del contrato con derecho de la actora a la indemnización de 20 días por año de servicios prestados, en aplicación de la doctrina sentada en la STUJE de 14/9/2016. La sala IV estima el recurso de Correos, relativo al derecho de la actora a la indemnización por fin del contrato, y, reiterando pronunciamientos previos, refiere la evolución del TJUE sobre el particular, concluyendo que este ha reconducido la cuestión y niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Dicha declaración se corresponde con los planteamientos del TS, y lleva a este a precisar que el rechazo a la solución del TSJ debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad; sin que ello suponga discriminación.
Resumen: El contrato de interinidad por sustitución se extinguió de forma regular, debido a la incorporación del trabajador sustituido por la demandante, sin que esta recibiera por ello indemnización alguna. La trabajadora solicitó en la demanda el reconocimiento de una indemnización de 20 días por año de servicio, lo que le fue reconocido en la instancia y en suplicación. La sentencia comentada desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la sociedad demandada, Correos y Telégrafos, SA, por no apreciar la contradicción porque, aun tratándose de trabajadoras de la misma entidad demandada, que prestaban servicios bajo la modalidad contractual de interinidad por sustitución, en el caso de la sentencia de contraste no se suscitó en momento alguno la cuestión de la eventual indemnización para el supuesto de que el cese se considerara ajustado a derecho.
Resumen: Se plantea por la trabajadora recurrente si cabe entender que hay causa válida de extinción del contrato de interinidad por cobertura reglamentaria de la plaza cuando la adjudicataria de la plaza ha pasado a situación de excedencia. La Sala IV no entra a analizar la cuestión por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. El recurso de la CAM cuestiona si procede la indemnización de 20 días de salario por año de servicio cuando se extingue válidamente un contrato de interinidad por vacante. El TS reitera que la extinción válida de los contratos de interinidad por vacante no da derecho a la indemnización de 20 días por extinción del contrato por causas objetivas del artículo 53.1 b) ET ni a ninguna otra. Las STJUE 5/6/2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y la de 21/11/18, De Diego Porras II rechazan que resulte contraria a la Directiva 1999/70 CE la previsión del art. 49. 1º c) ET que no prevé el abono de indemnización alguna en la extinción conforme a derecho de los contratos de interinidad. El régimen indemnizatorio del art. 49.1.c) del ET no vulnera la normativa europea en materia de igualdad de trato entre trabajadores indefinidos y temporales, resultando acorde con aquella Directiva la exclusión y el importe de la indemnización que contempla el precepto para la extinción de determinados contratos temporales.
Resumen: La Sala 4ª estima el recurso de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A. y, con reiteración del criterio sentado en anteriores resoluciones, deniega el derecho del trabajador a ser indemnizado de 20 días de salario por año de servicio a la extinción del contrato de interinidad por sustitución, sin que tampoco proceda la indemnización por terminación de contrato temporal. En respuesta a la inadecuación de procedimiento suscitada por el Ministerio Público declara que el proceso ordinario es el adecuado cuando la pretensión dirigida al cobro de la indemnización que deriva de un acto extintivo se limita exclusivamente a la reclamación de una cantidad no discutida o que deriva de unos parámetros de cálculo no objetados por ninguna de las partes. Sistematiza la Sala la doctrina del TJUE sobre la cuestión, en particular, lo dispuesto en la STJUE 13-03-2019 (De Diego Porras II), STJUE 05-06-2018 (Grupo Norte Facility), y STJUE 05-06-2018 (Montero Mateos), y concluye que la finalización válida de los contratos temporales no conlleva el abono de indemnización alguna. Se declara la procedencia del recurso de casación unificadora, casando y anulando la sentencia impugnada. Resolviendo el debate formulado en suplicación, revoca la resolución dictada por el Juzgado de lo social, para desestimar la demanda.
Resumen: La sentencia de suplicación declaró que la relación que unía a la trabajadora con la Consejería era de carácter indefinido no fijo. La actora venía prestando servicios para la administración empleadora en virtud de un contrato de interinidad por vacante celebrado el 31 de enero de 2012. Se dilucida si la superación del plazo de tres años del art. 70 EBEP convierte en indefinido al interino por vacante. El TS se ha pronunciado ya de modo reiterado en relación con el alcance de la interpretación y aplicación del art. 70 EBEP. En la STS/4ª/Pleno de 24 de abril de 2019 (rcud. 1001/2017), se sostuvo que el plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP no puede entenderse en general como una garantía inamovible porque va referido a la ejecución de la oferta de empleo público, siendo las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a determinar si lo que se puede haber producido, en realidad, es una utilización incorrecta de una contratación temporal que carezca de causa habilitante. La doctrina recién expuesta fue ratificada y actualizada por el Pleno de esta Sala Cuarta en su STS 536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2019). Añade que la doctrina de la Sala tiene en cuenta a emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente al interpretar el alcance del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, del Consejo, de 28 de junio de 1999.
Resumen: La sentencia recurrida en casación unificadora confirmó la nulidad del despido disciplinario de la trabajadora. El debate traído a casación unificadora se centra en si a efectos de la fijación de la categoría y del salario regulador de las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad del despido de la trabajadora, el convenio colectivo aplicable debe ser el de limpieza o el de hostelería, ambos provinciales. La Sala IV declara, en contra de lo razonado en la sentencia recurrida, que la actividad contratada entre la cadena hotelera era el "servicio de limpieza de las habitaciones", actividad que , aun correspondiéndose con el "núcleo central" de una empresa hotelera, se puede lícitamente subcontratar. Se destaca la diferencia entre una empresa que explota directamente el hotel con sus propios trabajadores, de aquella otra empresa que no explota directamente el hotel, sino a la que este último subcontrata parte de su actividad para que la realice con sus propios trabajadores. En este último caso, el convenio colectivo aplicable será, no el aplicable a la empresa hotelera principal, sino el que resulte de aplicación a la empresa contratista o subcontratista. La Sala IV casa y anula parcialmente la sentencia recurrida y, revoca parcialmente la sentencia del juzgado de lo social, declarando que el convenio colectivo aplicable es el Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial para el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Sevilla 2016-2020.
Resumen: La cuestión que se suscita es la de determinar si el Fogasa puede anticipar en el acto de la vista la opción prevista en el art. 110.1.a) LRJS a favor de la indemnización y extinción de la relación laboral cuando el empresario está desaparecido y no la ha ejercitado el demandante. Y el TS da lugar al recurso deducido por el Fondo declarando válida la opción ejercitada por el organismo público, lo que tiene como consecuencia, que los salarios queden limitados en los términos previstos en el art. 56 ET, y no cabe condena a salarios de tramitación, en cuanto establece que “la opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producido en la fecha del cese efectivo en el trabajo”. Se funda esta decisión en el hecho de que el art. 23.2 LRJS autoriza al Fondo a instar en el proceso "lo que convenga en Derecho", siempre que concurran simultáneamente las siguientes circunstancias, como ha sido el caso: 1) que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; 2) que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 23.2 LRJS, esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; 3) que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, 4) que el Fondo haya comparecido en el proceso
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones el actor impugna la extinción de su contrato de trabajo, amparada en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Toledo de 27/2/2017 que autorizó la extinción de los contratos de todos los trabajadores de la empresa concursada. El auto de instancia, resolutorio de recurso de reposición, apreció la excepción de falta de jurisdicción; decisión confirmada por la sala de suplicación. La sala IV desestima el recurso de casación unificadora planteado por el actor al entender que no concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, mientras que en el caso de autos se impugna un despido posterior a dictarse el auto autorizando la extinción del contrato por el Juez de lo Mercantil, en el supuesto de contraste el despido es anterior a que se dictara tal decisión judicial relativa a la resolución de los contratos, aunque la empresa ya había sido declarada en concurso. Por tanto, ambas sentencias adoptan decisiones conformes a la jurisprudencia del TS. Se desestima el recurso.
Resumen: El actor ha venido prestando servicios, ininterrumpidamente, para las sucesivas empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento informático en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en particular las UTE que constan y Novasoft. Es despedido por causas organizativas y de producción, al igual que el resto de la plantilla, invocando la empresa la finalización del contrato administrativo que tenía concertado con el SAS, que era su único cliente. La sentencia de instancia declara el despido nulo por haberse superado los umbrales del art. 51.1 ET y por vulneración de la garantía de indemnidad, pero no condena al SAS codemandado. La sentencia de suplicación, sin embargo, aprecia la existencia de cesión ilegal y condena al SAS a las consecuencias inherentes a la nulidad del despido y a la UTE Fujitsu y al SAS de manera solidaria al abono de los salarios de tramitación. Ante el TS recurre el SAS cuestionando la existencia de cesión ilegal. Pero el recurso es finalmente desestimado por el TS al apreciar falta de contradicción. En concreto, se resalta que las condiciones en la que los respectivos actores y, en concreto, son dispares los relatos fácticos en relación con la utilización de los medios materiales del SAS o de la UTE empleadora y la permanencia bajo el poder de dirección de la empleadora.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones la actora impugna la extinción de su contrato de trabajo, amparada en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Toledo de 27/2/2017 que autorizó la extinción de los contratos de todos los trabajadores de la empresa concursada. La sentencia de instancia apreció la excepción de falta de jurisdicción; decisión confirmada por la sala de suplicación. LA sala IV desestima el recurso de casación unificadora planteado por la actora al entender que no concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, mientras que en el caso de autos se impugna un despido posterior a dictarse el auto autorizando la extinción del contrato por el Juez de lo Mercantil, en el supuesto de contraste el despido es anterior a que se dictara tal decisión judicial relativa a la resolución de los contratos, aunque la empresa ya había sido declarada en concurso. Por tanto, ambas sentencias adoptan decisiones conformes a la jurisprudencia del TS. Se desestima el recurso.
