Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación que declaró que la trabajadora demandante que prestaba servicios para la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como laboral interina, había de ser considerada como indefinida no fija, por superación del término establecido en el art. 70 del EBEP y que la extinción de la relación por cobertura de la plaza que ocupaba, si bien no constituía despido, sí debía de dar lugar a una indemnización. La Sala IV en línea con los pronunciamientos del TJUE declara que la validez de su cláusula de temporalidad del plazo de tres años del art. 70.1 EBEP está vinculada a la justificación de las circunstancias que, de acuerdo con el régimen legal del mismo, permiten su celebración. Por consiguiente, la falta de justificación -inicial o sobrevenida- será el detonante de su calificación como contrato de duración indeterminada. No se niega que el art. 70 EBEP impone obligaciones a las administraciones públicas, más ninguna de ellas implica la alteración de la naturaleza de los vínculos contractuales. Además, si en el precepto el plazo de tres años va referido a la "ejecución de la oferta pública de empleo", será exigible la existencia de tal oferta para que el plazo comience a correr.
Resumen: Se recurre en casasción para la unificación de doctrina la sentencia que declaró la existencia de cesión ilegal y la vulneración de la garantía de indemnidad. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencais enfrentadas dentro del recurso. Así, en la sentencia de contraste la declarada existencia de una cesión ilegal de trabajadores, no se proyecta en la vulneración del derecho fundamental concernido, y se cesa a la trabajadora por expiración del plazo para el que fue contratada, no siendo posible la renovación de la contrata, circunstancia que la trabajadora conocía perfectamente antes de formular su demanda de cesión ilegal, siendo un dato objetivo la propia finalización de la contrata, lo que rompe la conexión entre el dato indiciario de existencia de cesión ilegal alegado en el escrito de demanda y la vulneración de la garantía de indemnidad. Y estas circunstancias son ajenas a la sentencia recurrida.
Resumen: No resuelve la sentencia la cuestión relativa a cuál ha de ser la empresa que debe asumir las consecuencias de la extinción de la relación laboral de la demandante, si la anterior empleadora para la que venía prestando servicios como limpiadora del centro de trabajo, o la que ha resultado nueva adjudicataria de los servicios de limpieza de distintos centros de trabajo de la empresa principal, en función de si debe considerarse incluido en dicha adjudicación el específico centro de trabajo en el que estaba destinada la actora, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia recurrida el centro de trabajo se cerró definitivamente por demolerse el edificio, habiéndose omitido las tareas de limpieza en el pliego de condiciones de adjudicación de la nueva contrata, mientras que en la sentencia de contraste se trata del traslado del nuevo centro de trabajo.
Resumen: Se confirma la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia reconoció el derecho a la prestación por desempleo solicitada por quien tras un ERE suspensivo percibió prestaciones por desempleo, comunicando en un segundo ERE lo que se aceptó con fundamento en causas económicas, aprobando el SEPE la reanudación de la prestación por desempleo. Argumenta la Sala que conforme a lo establecido en el art. 208.1 2) LGSS/1994 y DA 63 LGSS/1994, y siguiendo abundante jurisprudencia que determinó que cuando el trabajador se acoge voluntariamente al plan de prejubilaciones acordado en ERE el cese debe entenderse por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, se cumplen las exigencias legales para tener derecho a la prestación por desempleo. En definitiva, aunque fue la trabajadora la que solicitó su inclusión en el ERE, ello no implica que suspendiera el contrato por su propia voluntad, ya que la causa real era la existencia de causas económicas.
Resumen: La cuestión controvertida consiste en decidir si procede la condena al abono de los salarios de tramitación, cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido y el derecho a la indemnización correspondiente, declara asimismo extinguida la relación laboral por imposibilidad de readmisión al haber cesado la actividad de la empresa. La sentencia aprecia la contradicción y declara el derecho a los salarios de tramitación desde la fecha de efectividad del despido hasta la fecha de la sentencia de instancia que declaró extinguida la relación laboral, con arreglo a la interpretación sistemática del art. 110.1. b) LRJS con los arts. 56.3 ET y 278 a 286 LRJS, y de conformidad con los antecedentes históricos y con los principios de economía procesal y tutela judicial efectiva, siempre que concurran los dos siguientes requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal. Por lo que condena a la empresa al abono de los referidos salarios de trámite, así como al FOGASA hasta el límite de su responsabilidad.
Resumen: El trabajador venía prestando servicios para el instituto Cántabro de Servicios Sociales en virtud de contrato de interinidad. Reclama en su demanda el abono de la indemnización de 20 días por año de servicios prestados, en aplicación de la doctrina sentada en la STUJE de 14/9/2016. La sala de suplicación estimó la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir la indemnización de 20 días por despido. La sala IV estima el recurso del Instituto demandado, relativo al derecho del actor a la indemnización por fin del contrato, y, reiterando pronunciamientos previos, refiere la evolución del TJUE sobre el particular, concluyendo que este ha reconducido la cuestión y niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Dicha declaración se corresponde con los planteamientos del TS, y lleva a este a precisar que el rechazo a la solución del TSJ debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad; sin que ello suponga discriminación.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en la que se establece que la mera superación del plazo de tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no comporta la conversión del contrato de interinidad por vacante, en el caso suscrito con la Junta de Andalucía, en uno de carácter indefinido no fijo. El precepto impone obligaciones a las administraciones públicas fijando un plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público, sin que lo establecido en ese precepto permita concluir que la mera superación del plazo, sin que se haya producido fraude o abuso en la contratación, pueda tener como consecuencia la novación de los contratos de interinidad por vacante ni tampoco que estos contratos hayan de tener una duración máxima de tres años, pues como se ha dicho ese plazo va referido a la ejecución de la oferta de empleo público. Este plazo no puede entenderse como una garantía inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso). Seguidamente, reitera que la extinción válida de los contratos de interinidad por vacante no da derecho a la indemnización de 20 días por extinción del contrato por causas objetivas del artículo 53.1 b) ET ni a ninguna otra.
Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior que se inició con STS (Pleno) 24-04-2019 (Rec. 1001/2017), se resuelve la cuestión de si debe reconocerse a la demandante la condición de trabajadora indefinida no fija en aplicación de lo dispuesto en el art. 70 EBEP una vez transcurrido el plazo de 3 años previsto en ese precepto sin que se hubiere activado el procedimiento para la cobertura de la plaza que viene ocupando en calidad de interina por vacante desde el año 2011, en el sentido de que no procede. Reitera la Sala que el mero transcurso de un periodo de tiempo superior a tres años convierta de forma automática, y ello con independencia que se trate de un supuesto de cobertura mediante personal de nuevo ingreso o de cobertura por consolidación de empleo, pues tal distinción es irrelevante, pudiendo derivar en indefinido no fijo cuando se aprecie fraude o abuso en la contratación. Añade la Sala que además las plazas no se convocaron por haberse congelado la oferta de empleo público.
Resumen: La trabajadora venía prestando servicios desde el año 2010 para Correos en virtud de contrato de interinidad. Con fecha 30/12/16 se le comunica la extinción de contrato por reincorporación del trabajador sustituido. Impugnado el despido, la sentencia de suplicación, con estimación parcial del recurso, declara la válida extinción del contrato con derecho de la actora a la indemnización de 20 días por año de servicios prestados, en aplicación de la doctrina sentada en la STUJE de 14/9/2016. La sala IV estima el recurso de Correos, relativo al derecho de la actora a la indemnización por fin del contrato, y, reiterando pronunciamientos previos, refiere la evolución del TJUE sobre el particular, concluyendo que este ha reconducido la cuestión y niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Dicha declaración se corresponde con los planteamientos del TS, y lleva a este a precisar que el rechazo a la solución del TSJ debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad; sin que ello suponga discriminación.
Resumen: El contrato de interinidad por sustitución se extinguió de forma regular, debido a la incorporación del trabajador sustituido por la demandante, sin que esta recibiera por ello indemnización alguna. La trabajadora solicitó en la demanda el reconocimiento de una indemnización de 20 días por año de servicio, lo que le fue reconocido en la instancia y en suplicación. La sentencia comentada desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la sociedad demandada, Correos y Telégrafos, SA, por no apreciar la contradicción porque, aun tratándose de trabajadoras de la misma entidad demandada, que prestaban servicios bajo la modalidad contractual de interinidad por sustitución, en el caso de la sentencia de contraste no se suscitó en momento alguno la cuestión de la eventual indemnización para el supuesto de que el cese se considerara ajustado a derecho.
