Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación por entender que sólo procede la indemnización de 12 por terminación de contrato temporal del art. 49.1 c) ET y no la de 20 días del art. 53 ET a la extinción de contrato por obra o servicio determinado, ya que conforme a la doctrina del TJUE no existe discriminación a efectos indemnizatorios entre trabajadores fijos y temporales
Resumen: La trabajadora prestó servicios mediante diversos contratos temporales (11 eventuales, 1 de relevo y 1 de sustitución), formalizándose un último contrato de interinidad para ocupar una vacante vinculada a la oferta de empleo público, siendo cesada y nombrada personal estatutario eventual. La acota presentó demanda por despido por la terminación del contrato de interinidad por finalización del proceso de consolidación. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirmada en suplicación. La Sala 4 no entra a conocer de la cuestión relativa a la calificación del cese por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, puesto que en la de contraste se apreció fraude en la contratación, mientras que en la recurrida no
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la prueba de la auditoría interna del Banco recurrido, en base a la cual se despidió al trabajador, debió ser inadmitida por vulneración del derecho a la protección de datos. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto dado que el recurrente no cita ni fundamenta la infracción legal, en los términos exigidos por el art 224 LRJS, lo que lleva a desestimar el recurso. El escrito de interposición, tras transcribir los hechos probados y parte de la literalidad de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se limita, en primer lugar, a señalar que, ya en el acto del juicio y en fase probatoria, la parte actora alegó la infracción del artículo 90.2 LRJS, por entender que no debería haberse admitido el informe de auditoría en que se basa la carta de despido. En segundo lugar, el recurso se limita a transcribir, algún pasaje sobre el derecho de protección de datos de la STC 292/2000. No expresa qué infracción legal ha cometido, no la empresa demandada, sino la «sentencia impugnada», recordando la Sala que el extraordinario recurso de casación para la unificación de doctrina se interpone contra la sentencia de sala de suplicación y no contra la decisión empresarial impugnada ante el juzgado de lo social, ni tampoco contra la sentencia de este juzgado.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si, a la finalización válida de un contrato temporal por acumulación de tareas, que siguió a un contrato de interinidad, procede la indemnización de 12 días por año trabajado prevista en el artículo 49.1 c) ET o, por el contrario, la indemnización a abonar sería la de veinte días por año trabajado prevista en el artículo 53 ET. El TS reitera que la indemnización de 20 días no es aplicable a extinciones de contratos temporales de la naturaleza analizada, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 5/6/2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, 21/11/18, De Diego Porras y recogida en la STS 13/3/2019 (Rec. 3970/2016). En todas ellas se declara que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, no se opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores con contratos temporales es inferior a la indemnización concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva. Concluye que el contrato temporal para obra o servicio determinado se extinguió por la válida causa consistente en la finalización de la obra o servicio objeto del contrato, extinción cuya regularidad ha quedado acreditada, por lo que la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no puede ser otra que la inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 ET.
Resumen: Se cuestiona si resulta ajustada a derecho la pretensión formulada por el FOGASA en reclamación por revisión de prestaciones indebidas formulada al amparo de lo previsto en el art. 146 LRJS, cuando dichas prestaciones han sido reconocidas a la trabajadora por sentencia firme que estimó su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo en el plazo de tres meses la petición de prestaciones que le formuló la trabajadora. La Sala IV desestima la demanda. Sostiene que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo demandado dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Por ello no se trata de una prestación indebida, pues es una prestación reconocida por una sentencia firme y, por lo tanto, intangible, salvo los limitados supuestos de la LEC. Lo contrario supondría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda de revisión y subsidiaria de error judicial frente a la STJ/Cataluña de 28-6-2018 que declaró la procedencia del despido de la actora. El TS desestima la revisión porque el art. 236.1 de la LRJS exige para la válida interposición de la demanda de revisión, no sólo que la sentencia sea firme, sino que previamente se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales previstos. Y en el caso, no consta que se haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia que se pretende revisar. Suerte adversa corrió asimismo la declaración de error judicial, y ello porque ni en la decisión judicial de instancia ni de suplicación se aprecia la comisión de un error patente e injustificado, ya que ambas han valorado las pruebas aportadas, motivando suficiente y coherentemente la fijación de los hechos, en una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como errónea en el sentido que ha venido fijando la reiterada doctrina de la Sala Cuarta.
Resumen: El demandante basa su demanda de declaración de error judicial, en la falta de aplicación de la normativa oficial sobre adjudicación y renovación de la plaza de profesor asociado de las Universidades Públicas de Cataluña y la inaplicación de la Normativa oficial sobre las causas tasadas de acoso laboral. Sobre la misma cuestión, el demandante tiene dos procedimientos activos en curso: Demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por irregularidades en la composición de las Salas; y Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El procedimiento de error judicial tiene por objeto y finalidad, derivada del artículo 121 de la Constitución, el de servir de presupuesto para que, quien se ha visto perjudicado por una decisión judicial errónea, pueda percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados de aquella actuación. Se trata, por tanto, de un nuevo proceso y no de un recurso. Se ha de tratar de un error determinante de una responsabilidad por daños y perjuicios y por ello de imputación culpable e injustificada a quien lo cometió, más allá de las muchas discrepancias interpretativas sostenidas por las partes que se pudieron producir en el pleito de origen. Se desestima la demanda porque en ella el demandante pretende una vía de impugnación frente a una decisión judicial que le ha sido adversa.
Resumen: Tras presentarse demanda por la autoridad laboral solicitando nulidad acuerdo alcanzado en periodo de consultas de despido colectivo, la misma fue estimada en instancia que desestimó la excepción de caducidad. La Sala 4ª aprecia caducidad de la acción, teniendo en cuenta que las demandas de impugnación de acuerdos colectivos (arts. 51 ET y 149 b) LRJS) por la autoridad laboral, están sometidas al plazo de caducidad de 20 días previsto en el art. 124 LRJS, debiendo fijarse el dies a quo cuando finaliza el plazo de 15 días que tiene la Inspección de trabajo para emitir informe, periodo que empieza a correr desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si la extinción del contrato por causas objetivas debe calificarse como nulo por vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador demandante. La sentencia recurrida estima el recurso de suplicación que interpuso la parte demandada, declarando la procedencia de la extinción del contrato y revocando con ello la sentencia del Juzgado de lo Social que había declarado la nulidad del despido. La recurrente en casación unificadora plantea un solo punto de contradicción dirigido a la declaración de nulidad del despido. La sentencia aportada de contraste fue objeto de recurso de casación para la unificación de doctrina que concluyó con Auto por el que se homologa el acuerdo transaccional alcanzado por las partes. La Sala IV, tras analizar la doctrina constitucional en relación con la tutela judicial efectiva y el acceso a los recursos, y el requisito de la firmeza de la sentencia de contraste a efectos del análisis de la contradicción, rectifica la doctrina emanada de la STS 23 de octubre de 2008, RCUD 1281/2007 y concluye que el auto que homologa un acuerdo transaccional es una forma de conclusión del recurso contra la sentencia de suplicación que, al ser sustituido su contenido por el acuerdo alcanzado, queda privada de efecto alguno y, por ende, no puede adquirir la condición de sentencia firme porque, en definitiva, el proceso en el que se dictó la sentencia de suplicación ha concluido con una resolución judicial que la ha sustituido.
Resumen: El actor suscribió varios contratos con el sindicato como adjunto sindical o sindicalista, desarrollando tareas de colaboración en la campaña de elecciones sindicales en la provincia, siendo elegido vocal del Consejo del Sindicato Intercomarcal de CCAA del País Valenciano, disponiendo de autonomía absoluta, sin horario fijo, elaborando la ejecutiva los planes de trabajo. Se presentó demanda reclamando la existencia de relación laboral, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. La sentencia de instancia declaró su incompetencia por cuanto no existía relación laboral, sentencia confirmada en suplicación. La STS 72/2021, 20-01-2021 (Rec. 2387/2018), resuelve la cuestión e si el trabajo como sindicalista adjunto es laboral en sentido positivo, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a cuándo debe apreciarse que concurren las notas de laboralidad. Fundamenta su decisión la sentencia en que: 1) Las partes han suscrito varios contratos laborales; 2) El sindicato fue dado de alta como trabajador por cuenta ajena; 3) se ha pactado remuneración de carácter fijo; 4) La última contratación fija jornada de 20 horas semanales; 5) Consta sujeción a las instrucciones de la ejecutiva, como consecuencia de las quejas sobre la dejación de funciones de ésta. Añade que no se está ante una persona afiliada y elegida para desempeñar funciones de representación sindical, sin que la elección para un cargo representativo altere la calificación del nexo que une a las partes
