Resumen: Declarada la improcedencia del despido disciplinario de la actora recurre la empresa condenada en suplicación. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión de hechos interesada por no reunir los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma. Y, en segundo lugar desestima el recurso pues imputándose a la trabajadora faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, la sentencia dea por probados los retrasos habituales de unos minutos en la entrada y salida al trabajo, pero teniendo en cuenta que el retraso no lo es de llegada o salida del centro sino de la incorporación o salida efectiva al puesto de trabajo, dado que la trabajadora antes de fichar ha de pasar por el vestuario y cambiar la vestimenta, los hechos constituyen en todo caso falta grave no muy graves; por otro lado la falta de compañerismo no es causa de despido; y en cuanto a la indisciplina, por no presentarse a los pacientes de la clínica en la que trabaja es una mera falta leve. Por tanto, se considera la sanción de despido desproporcionada.
Resumen: El trabajador fue despedido por conducta desleal, al fichar por él y fraudulentamente por otros dos compañeros. Los hechos fueron grabados con la cámara de seguridad. No constaban sospechas de incumplimiento, la cámara estaba disimulada, sin ningún indicador de su presencia y sin haberse informado sobre su colocación. El JS declaró la nulidad del despido confirmando su decisión por el TSJ . El TS, ante la petición de desvincular el carácter ilícito de la prueba con la calificación del despido en aplicación de la doctrina STC 61/2021, examina el requisito de contradicción y existiendo similitudes aprecia diferencias, porque en la sentencia referencial hubo razonables sospechas de que el trabajador fumaba en el puesto de trabajado, circunstancia por la que entonces, se consideró válida la instalación de la cámara e idónea la medida, habiéndose amonestado previamente al trabajador, extremos todos ellos que no constan en la sentencia recurrida y que impiden apreciar la necesaria contradicción.
Resumen: La sentencia de la Sala de Cataluña desestima la demanda de impugnación del despido colectivo comunicado por la demandada Magmacultura SL al estimar la excepción de falta de legitimación activa tanto del Sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores y por la Sección sindical del mismo en la empresa. Se razona en la sentencia de instancia que no se acredita que tengan implantación suficiente en la empresa. Recurre el sindicato actor en casación instando una extensa modificación del relato fáctico. La sala IV, aplicando los criterios jurisprudenciales sobre los requisitos para que pueda acogerse la revisión fáctica, desestima todas las solicitudes de modificación o ampliación de los hechos probados. Y, ante el fracaso de este primer motivo, se confirma la falta de legitimación activa del sindicato, al no haber acreditado implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo, sin que la existencia de una sección sindical en la empresa sea suficiente a tales efectos. Se desestima el recurso.
Resumen: La sentencia declaró injustificada la medida de suspensión colectiva de los contratos de trabajo y el derecho de los trabajadores afectados a ser repuestos en sus anteriores condiciones de trabajo con abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial les hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos. El recurso contiene un único motivo, en el que se impugna exclusivamente la parte del fallo en la que se declara el derecho de los trabajadores afectados al abono de los daños y perjuicios causados por la decisión empresarial anulada. Nos encontramos, con un fallo genérico y de consecuencias divisibles. En estos casos, el exacto cumplimiento de la obligación impuesta precisa ser satisfecha de forma diferente respecto a cada uno de los afectados. Estamos, pues, en presencia de resoluciones que exigen una previa labor de individualización, a fin de que su realización se adecue a las circunstancias particulares de cada trabajador. Por ello, el artículo 160.3 LRJS exige que la sentencia colectiva de condena susceptible de ejecución individual concrete los datos necesarios para la individualización de sus efectos sobre cada afectado. El pronunciamiento judicial delimita claramente el período de tiempo a que se contraerán los salarios dejados de percibir que coinciden con el período suspensivo anulado y no existen impedimentos graves para la posterior individualización de la condena ya que la operación aritmética a realizar por la empresa es simple.
Resumen: RCUD. Pleno. Prueba de videovigilancia aportada por la empleadora para justificar el despido de la empleada de hogar. Atendidas las circunstancias concurrentes, la prueba de videovigilancia debió ser tomada en consideración, conforme a la doctrina de la STEDH (Gran Sala) 17 octubre 2019 (López Ribalda II) y de la STC 39/2016, 3 de marzo de 2016. Se estima el recurso frente a la sentencia de suplicación y se confirma la sentencia de instancia. La prueba de videovigilancia aportada por la empleadora para justificar el despido de la empleada de hogar debió ser tomada en consideración. La sentencia del TSJ ahora recurrida en casación unificadora resolvió que no podía ser tomada en consideración, revocando así la sentencia de instancia que había entendido lo contrario. Se estima en Pleno.
Resumen: La sentencia recurrida estima el recurso de la trabajador y declara el despido objetivo improcedente, para el cálculo de la indemnización se tiene en cuenta una cantidad ( 5000€)percibida en el año anterior al despido. Recurre la sentencia la empresa condenada cuestionando el salario regulador y la concurrencia de las causas organizativas y productivas alegadas. En cuanto al primero de los motivos alegados , determinación del salario, es estimado por la Sala puesto que la cantidad percibida aún siendo salario era una gratificación puntual y en el año anterior al despido. Por lo que respecta al segundo de los motivos se desestima, pues si bien es cierto la empresa ha procedido a descentralizar algunas actividades no habría quedado probado que esta influyeran directamente en el trabajo que venía realizado la actora y no justificarían su amortización
Resumen: La sentencia de instancia estima el recurso de trabajador y declara el despido del actor , que trae su causa de un despido colectivo finalizado con acuerdo improcedente. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por la empresa que es estimado. En primer lugar recuerda la Sala que el hecho que el despido colectivo hubiera finalizado con acuerdo no impide al trabajador interponer demanda por despido . Entrando en el fondo entiende la Sala que partiendo de los hechos probados de la sentencia de instancia se desprende que concurren las causas organizativas y productiva alegadas por la empresa , se argumenta también por la Sala que las causas que justifican el ERE son distintas a las que justificaban y concurrían para el ERTE por fuerza mayor . En cuanto a la potestad de la empresa de seleccionar a los trabajadores tiene el limite de la no vulneración de derechos fundamentales y que los criterios seguidos por el empresario en la elección del trabajador se ajustan a lo acordado en su día y no es irracional ni caprichosa.
Resumen: Se recurre en suplicación por el trabajador la sentencia de instancia que había desestimado la demanda sobre despido objetivo planteada por el trabajador. La empresa procedió a despedir a varios trabajadores por causas económicas y organizativas, la sentencia ahora analizada desestima el recurso. En primer lugar la Sala desestima los motivos de nulidad planteados , el primero por no haberse invertido la intervención de las partes al ser un despido, al no haberse causado indefensión a la defensa del trabajador y no haberse formulado protesta. Y en cuanto al segundo motivo también se desestima porque la sentencia de instancia esta suficientemente motiva y no incurre en incongruencia. En cuanto a los motivos de denuncia jurídica también se desestiman, en primer lugar , y con una amplia cita de la jurisprudencia entiende la Sala que no se sobrepasan los umbrales numéricos para que estemos ante un despido colectivo. Entiende también la Sala que se ha probado la concurrencia de las causas alegadas y que estas son estructurales, extremo este probado por la empresa por lo que el haber esta la empresa en un ERTE - Covid no impide el despido objetivo. En la sentencia consta voto particular entendiendo que se superan los umbrales numéricos y por lo tanto se debería haber instado un despido colectivo y también entiende que no se han probado las causas alegadas.
Resumen: EXTINCIÓN DEL CONTRATO: el debate litigioso radica en determinar si la extinción del contrato de trabajo de un relevista porque el INSS ha denegado la jubilación anticipada parcial al trabajador sustituido, debe materializarse mediante el despido objetivo del relevista. La Sala de casación estima el recurso por considerar que si bien es cierto que el contrato de relevo del actor se concertó con la finalidad de sustituir a un trabajador que iba a jubilarse anticipadamente, ello no supone que la denegación por el INSS del derecho del trabajador sustituido a percibir la pensión de jubilación anticipada, lo que deja sin efecto su reducción de jornada, conlleve la extinción automática de la relación laboral del relevista sin derecho a indemnización alguna. De no necesitar que continúe el trabajador relevista deberá acudir alcauce de los despidos objetivos.
Resumen: Se recurre por el trabajador la sentencia de instancia que habiendo estimado parcialmente la demanda declara que la extinción de la relación laboral debe de calificarse como despido improcedente , desestimado la declaración de nulidad . La Sala desestima el recurso interpuesto por el trabajador y confirma la sentencia recurrida. En primer lugar analiza los requisitos que tanto por la doctrina como por la jurisprudencia se vienen exigiendo para apreciar la existencia de acoso laboral diferenciándolo de las situaciones de conflicto que se pueden presentar en el trabajo. Para concluir que el trabajador no ha venido sufriendo actos de hostigamiento , persecución o violencia sicológica, sin que exista un nexo causal entre la ansiedad causante de la Incapacidad Temporal y la situación laboral. En cuanto a la garantía de indemnidad, también se desestima pues el trabajador no ha aportado indicio alguno para que opere la inversión en la carga de la prueba y que la extinción de la relación laboral sea una represalia.
