Resumen: Estima el recurso y revoca la sentencia apelada en el particular relativo a la compensación de un crédito alegado por la demandada frente a la reclamación de la actora al estar esta mercantil en concurso. Entiende que la normativa concursal establece una jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso, entre otras, para resolver las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado; así como para dilucidar mediante el cauce del incidente concursal la controversia que se pueda plantear en orden a la compensación de créditos que admite cuando sus requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración.La compensación tendría repercusión en el patrimonio de la concursada puesto que la demandada no dejaba de ser acreedora de esta, haciendo propio por vía de compensación y al margen del concurso, un importe que podría serlo en detrimento del resto de acreedores de la concursada alterando con ello el principio de la pars conditio creditorum.
Resumen: La rendición de cuentas del concurso constituye una manifestación de la exigencia que el ordenamiento jurídico impone a cualquier persona que gestione intereses ajenos. Con la rendición de cuentas culmina el deber de la administración de informar sobre el cumplimiento de su cargo ( art. 35 LC (7) ), como órgano concursal" que exige la elaboración y presentación ante el Juez del concurso de un informe donde debe darse cuenta de todas las actuaciones realizadas en el ejercicio del cargo e informar del resultado y saldo final de las operaciones realizadas. Por tanto, en este caso la AC emitió la rendición de cuentas ates de la realización de determinados pagos, que dice que los hará posteriormente. Considera la Audiencia que no procede aprobar una rendición de cuentas que no es tal; puesto que procede cuando se hayan concluido todas las operaciones de liquidación. Ni aprueba ni desaprueba la rendición, la deja sin efecto por su falta de contenido pleno.
Resumen: La Audiencia analiza las causas por las que se declaró el concurso como culpable. Irregularidades contables. Son relevantes irregularidades la contabilización de existencias que no han podido ser constatadas por la auditoría contable. No lo son la presentación de esos documentos con la solicitud del concurso, porque unos mismos hechos no deben de ser incardinados en causa distintas de culpabilidad. Pero el recurso no puede ser estimado por tal razón ya que carecería de efecto útil. También se aprecia retraso en la presentación del concurso. Basta para ello el resultado contable anterior, que retrotraería la causa de disolución y la insolvencia a un tiempo anterior al de su solicitud. La imposibilidad de pago de las pagas extras de los trabajadores también apoya este retraso, así como la presunción del propio art 165 LC. En cuanto a la cobertura del déficit concursal al que se condena al administrador social, considera la Audiencia que el retraso en la solicitud constituye una situación que va aumentando el pasivo. Lo que argumento suficiente para unir en nexo causal el déficit con la actitud del administrador social.
Resumen: La sentencia estima parcialmente el recurso y reconoce con ello el derecho de la recurrente a que el Tribunal Calificador procediera a puntuar con un punto cada una de las dos titulaciones académicas que había acreditado. En la convocatoria del caso regía la norma de que se debían valorar las titulaciones académicas que fuerann diferentes de la titulación que se exigía como requisito para participar en la convocatoria. No se tenían, pues, que valorar como mérito los estudios que fueran un requisito previo y necesario para cursar los estudios que se valoraban o que constituían el requisito para participar en la convocatoria. Y la sentencia concluye que la norma da la convocatoria respaldaba la idea de la demandante y el Tribunal se extralimitó en sus facultades de interpretación de las Bases para incluir una no prevista. Tratándose de un procedimiento competitivo en el que concurren intereses contrapuestos de los distintos aspirantes que participan en el mismo, la Administración ha de estar a lo que haya sido establecido en las normas de la convocatoria en cuanto a los específicos trámites y plazos que son aplicables al proceso selectivo y respetar el carácter vinculante que dichas normas tienen para la propia Administración y para todos esos aspirantes, por ser dicho respeto un necesario instrumento para asegurar el principio de objetividad.
Resumen: Se impugnan dos créditos que proceden de sentencias por infracción de la ley de marcas. Uno de ellos fue desestimado en las sentencias de primera y segunda instancia del proceso marcario. Pero está pendiente de la decisión del TS en virtud del recurso de casación. Por tanto, mientras está sin decidir es un crédito contingente y sin cuantía. El otro crédito consiste en multa coercitiva hasta que la demandada cese en la infracción de la marca. Considera la Audiencia que no se trata de una sanción, como las de los arts. 710 y 711 LEC, sino una indemnización resarcitoria. Por lo que no procede su exclusión de la lista de acreedores. El destinatario de la misma es el titular del derecho de marca infringido.
Resumen: Se impugna la sentencia absolutoria. Las acusaciones sostenían que el acusado, aportó junto a la demanda de desahucio por precario contra su expareja, dos contratos de depósito y cuenta corriente en los que las firmas de su esposa y de su hijo estaban falsificadas, colocándolos como "meros autorizados" consiguiendo con ello engañar al Juez de 1ª Instancia y con ello que dictara sentencia de desahucio por precario. Dicha tesis es rechazada pues la Sentencia de Desahucio por precario no se apoya para nada en esos dos contratos de depósito y cuenta corriente, aparentemente firmados por Dª Genoveva y su hijo. El Juez de 1ª Instancia, no se basa para nada en esa "supuesta" falsificación de documento mercantil, sino en el hecho patente de que Dª Genoveva no demostró ni en lo más mínimo, que tuviera un contrato de arriendo vigente, ni escrito ni verbal, sobre la casa en la que aún vivía. Pero es que, además, la firma falsificada de la esposa, fue una falsificación permitida, autorizada y aprovechada por aquella, para sacar dinero, todas las veces que quiso de la cuenta corriente en la que era mera autorizada y titular único el ahora acusado. Esa falsificación, conocida, permitida y aprovechada por la recurrente, es cierta, aunque no conste su autor, pues la prueba pericial excluye al acusado, pero se trata de una falsificación formal, no material y real, al faltar el requisito de relevancia. La imitación consentida de una firma es una mera irregularidad formal sin mas trascendencia.
Resumen: Acusado que ha sido incapacitado judicialmente al padecer un trastorno de deficiencia mental ligera con trastornos de los impulsos asociados a una parafilia de tipo pedófilo y de un trastorno psicótico no especificado, por lo que se halla interno en unidad psiquiatrica hospitalaria después de cumplir condena por delito de agresión sexual y que, valiéndose de un mecanismo que impedía cerrar la puerta de su habitación, logró salir de ella y llegar hasta la habitación de otro paciente, discapacitado psíquico, sobre quien realizó en varias ocasiones conductas sexuales consistentes en introduir su pene en la boca del paciente hasta eyacular en una ocasión. Conductas que repitió con otro interno, también con limitaciones psíquicas. El acusado tiene afectada su capacidad volitiva, pero no la esfera cognitiva ya que comprende la ilicitud de los actos que realiza. Continuidad delictiva en los delitos contra la libertad sexual. Delito continuado de agresión sexual, en el que se subsumen otra dos acciones de penetración bucal, consumada una e intentada la segunda, además de un delito leve de lesiones. Igualmente se realiza otro delito continuado de agresión sexual, sobre la segunda víctima, que absorbe otros delitos de menor gravedad constitutives de delito continuado de abusos sexuales de que también fue objeto. Responsabilidad civil subsidiaria del centro hospitalario, por defectos en la custodia sobre el acusado, y del Servicio público de salud. Responsabilidad directa asseguradora.
Resumen: La limitación temporal al abono de la pensión compensatoria en la sentencia de instancia nunca fue solicitado por el demandado-reconviniente, quien en la contestación a la demanda y en su demanda reconvencional solicitó expresamente que se fijara una pensión compensatoria a su cargo y a favor de su esposa de 400 euros mensuales, sin límite alguno; es más, este límite tampoco se recogió en el convenio regulador suscrito entre las partes, y que si no fue aprobado fue por la oposición del Ministerio Fiscal; y a mayor abundamiento, al inicio de la vista celebrada, su letrado afirmó que se ratificaba en su escrito de contestación a la demanda y de demanda reconvencional, no teniendo cabida por vía informe, extemporáneamente, alegar que no procedía fijar pensión compensatoria alguna a favor de la actora-reconvenida, y en su caso, que se fijara un límite temporal, no superior a un año, por lo que por mor del principio dispositivo, sin necesidad de entrar a valorar la corrección de la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia para fijar ese límite temporal a la pensión compensatoria, nunca solicitado por las partes, y sin necesidad de pronunciarnos sobre si se ha producido o no el error en la valoración de la prueba denunciado, procede el tribunal a estimar el recurso interpuesto y revocar parcialmente la resolución recurrida.
Resumen: Resolución del concurso de convocatoria de plazas de magistrado suplento y juez sustituto. La regulación legal, por la que se rige la convocatoria, refleja el claro propósito normativo de que el mérito referido a la profesión de Abogado se sustente en una real y efectiva actuación profesional, y no consista tan sólo en una mera colegiación formal, y lo que hace la convocatoria aquí litigiosa es dotar de contenido a ese propósito del legislador orgánico, requiriendo, primero, un tiempo mínimo de colegiación como "ejerciente", estableciendo a continuación unas secuencias temporales de seis meses y exige, en cada una de esas etapas, haber intervenido en al menos quince procedimientos judiciales distintos. Lo cual lleva también de suyo que el número mínimo de asuntos exigidos en cada semestre tenga necesariamente que ir referido a asuntos terminados porque, de no ser así, se volatilizaría el propósito legal que antes ha sido apuntado de la necesidad de que la preferencia establecida quede individualizada en una real y efectiva experiencia profesional.
Resumen: Concepto de documento mercantil: No lo es el contrato de préstamo entre particulares, ni el realizado a un comerciante si no se destina a actos u operaciones de comercio. Requisitos del delito masa. El delito masa no necesariamente se caracteriza por una cantidad incontable de personas finalmente perjudicadas, pero sí precisa que el destinatario potencial de la actividad defraudadora sea una amplia e indiscriminada colectividad de individuos no singularizados por el dolo unitario del sujeto activo y sobre los que se irá replicando el engaño eficazmente generador de un menoscabo patrimonial en cada una de las víctimas. Marco punitivo previsto en el artículo 74.1 Código Penal. La norma fija un marco punitivo específico y propio para la continuidad delictiva, el cual discurre entre la mitad de la pena correspondiente a la infracción más grave y la mitad de la pena superior en grado. Esta específica previsión punitiva afecta a los condicionamientos normativos de individualización que se contemplan en el artículo 66 del Código Penal, no solo en el sentido de perfilar el límite mínimo y máximo desde el que aplicar las reglas 2.ª, 4.ª, 5.ª y 7.ª del mencionado precepto, sino resituando como punto medio lo que normalmente sería el extremo y reubicando con ello los tramos superior e inferior en los que deben operar las reglas 1.
