Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. No se ha omitido motivación alguna, y la motivación del nombramiento efectuado resulta suficiente, no siendo necesaria una una valoración comparativa expresa de los méritos del candidato o candidatos propuestos con de los no propuestos.
Resumen: Protección del acreedor con privilegio especial en caso de venta directa de una unidad productiva. Demanda incidental por el que la entidad que adquirió la unidad productiva de la concursada pidió que se declara la improcedencia del requerimiento hecho a la misma por entidad acreedora con crédito con privilegio especial. Cuando se produjo la venta todavía no se había reconocido que dicho crédito tuviera ese privilegio, pero estaba pendiente el recurso de apelación, que prosperó y lo calificó como tal, y a la adquirente se le hizo saber la pendencia de dicho recurso. En consecuencia, aunque el reconocimiento final del privilegio especial se realizara después de la venta de la unidad productiva, resulta oponible al adquirente en cuanto que su adquisición no podía realizarse sin subsistencia de las garantías si no se cumplía la exigencia del consentimiento del acreedor pignoraticio ex arts. 154.4 y 149 LC. El hecho de que existieran obligaciones pendientes de cumplir por la concursada no resta eficacia a la garantía en caso de que la transmisión de la unidad productiva conllevara la subrogación de la adquirente en la posición de la concursada en aquel contrato. El adquirente, al valorar si le conviene la adquisición, debe sopesar si le compensa esta subrogación en atención al coste que le puede reportar el cumplimiento de prestaciones pendientes y a la garantía constituida sobre los créditos surgidos de ese contrato.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso, y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
Resumen: Para la admisión a trámite de un concurso de persona física, igual que cualquier otro es preciso acreditar o exponer la situación financiera y patrimonial de los peticionarios. Inventario y lista de acreedores como mínimo. Además ha de tener más de un acreedor. Esto último resulta muy difícil que no suceda. En todo caso pude subsanarse la ausencia de indicación de acreedores. Y la falta de documentación también. Pero, en todo caso, si se considera que los bienes de las personas físicas no podrían atender a los créditos contra la masa, es decir, los gastos del concurso, lo que procede es incoarlo, declararlo concluso y nombrar un administrador para que liquide los bienes. Y una vez liquidados, los concursados puedan pedir la exoneración del pasivo insatisfecho.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser, no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
Resumen: Demanda de incidente concursal de oposición a la aprobación del convenio por su carácter lesivo para los acreedores, e incumplimiento de las exigencias legales, al no ir acompañada la propuesta de plan de viabilidad. El juzgado aprobó el convenio pero la Audiencia estimó la oposición al apreciar la "insuficiencia palmaria del plan de viabilidad". Legitimación de la demandante, acreedor subordinado, para plantear esta causa de oposición, ya que se trata de un acreedor no asistente a la junta. El convenio debe ir acompañado de un plan de viabilidad, exigido por la ley con el fin de que la administración concursal pueda evaluar el contenido de la propuesta de convenio y los acreedores comprobar las expectativas de cumplimiento del mismo. Es un documento que proyecta, de forma estimativa, los recursos necesarios para la continuación de la actividad económica del deudor, los medios de los que parte, así como aquellos otros necesarios para complementarlos, con el fin de obtener unos resultados que permita, según los flujos de caja, cumplir con los plazos estipulados en el convenio. Tras valorar la prueba documental y pericial la Audiencia concluye que el documento presentado con la propuesta de convenio no era propiamente un plan de viabilidad y, por tanto, no se aportó. La Audiencia podía hacer tal valoración jurídica. Se desestima el recurso por plantearse erróneamente al centrase en la imposibilidad de que la Audiencia valorase la viablidad del plan, cosa que no había hecho.
Resumen: La acción directa del subcontratista contra el dueño de la obra cuando el comitente está en concurso cede a favor de la masa activa del concurso del contratista en el caso de que no se haya ejercitado antes de la declaración del concurso. Sin embargo, no cabe hacer aplicación analógica a la acción directa del transportista efectivo contra el cargador y los intervinientes en la cadena de subcontratación. Ello por dos razones que la diferencian de la acción directa del art. 1597 CC: ni el art. 50.3 ni el art. 51 bis 2 LC excepcionan su ejercicio en situación concursal del cargador; la naturaleza y finalidad de garantía de la acción otorgada al transportista efectivo obliga al cargador por disposición de la ley aunque haya pagado, sin que exista retención por el cargador del precio que afecte al patrimonio del transportista intermedio en concurso. Por ello, tanto si el cargador ha pagado al transportista efectivo en concurso como si aún no lo ha hecho, debe soportar el ejercicio por el trasportista efectivo de la acción directa prevista en la DA Sexta de la Ley 9/2013. Si el cargador ya había pagado al trasportista intermedio en concurso se generará un nuevo crédito de regreso contra este. Si no había pagado con anterioridad en nada afecta a concurso.
Resumen: Insta incidente concursal en petición de que se elimine de la masa activa las mercancías suministradas por un tercero. Pero, inicialmente, antes del concurso había solicitado ante un juzgado civil la reclamación de cantidades en vez de la reclamación de las mercancías. Al declararse el concurso y no poder requerir de pago, optó por la devolución del género vendido. A pesar de esa contradicción la cuestión resulta dudosa, por lo que aún confirmando la desestimación de la demanda incidental se quitan las costas del incidente
Resumen: La Audiencia expone el criterio que sigue para determinar los honorarios de los administradores concursales de 4 sociedades que forman parte del mismo grupo. Aunque se llevan los concursos de forma coordinada, no hay consolidación de cuentas. La Audiencia suma los activos y pasivos de todas las sociedades para calcular el montante total de la retribución, para luego distribuirla en cada sociedad de forma proporcional a los activos y pasivos de cada una de ellas. Y ello porque ni la ley concursal ni el reglamento de honorarios contemplan el supuesto de grupo de sociedades. De todas formas, haciéndolo así o sociedad por sociedad, el resultado es prácticamente igual; por lo que no se produce un resultado desproporcionado. Más aún cuando existen actividades similares en las cuatro sociedades.
Resumen: Solicitada la declaración de concurso por un acreedor se acordó, pero se anularon actuaciones y se volvió a la fase inicial, pues había sido incorrectamente emplazado el deudor. Para la oposición a la declaración de concurso necesario dice la Audiencia que no es precisa la consignación del crédito para oponerse a la petición de concurso. La consignación abre la posibilidad de que el acreedor reconsidere su postura y desista de su solicitud de declaración de concurso. Aunque durante el concurso cuya apertura se ha anulado el concursado haya pagado todos sus créditos excepto los del solicitante, la situación ha de valorarse en el momento en que se instó la declaración. En todo caso, si sólo hubiera un acreedor sería preciso la terminación del concurso. Pues el texto refundido de la ley concursal aclara que si al elaborar los textos definitivos sólo hubiera un deudor el concurso no podría continuar. En este caso, como los créditos pagados lo han sido por un tercero, este se subroga en el lugar de los pagados. Con lo que ya hay dos acreedores y el concurso ha de seguir.
