• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 1491/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consolidación de la doctrina existente por la que se establece que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, por el transcurso de los plazos estipulados y tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado hayas solicitado dicha convocatoria, la reserva de dominio decaerá y será excluida de la planificación, sin que exista obligación, por parte de la Administración, de convocar concurso a solicitud de cualquier interesado hasta que se efectúe una nueva reserva de dominio y se produzca la correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 7939/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Archivo de solicitud de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias audiovisuales de radiodifusión sonora digital terrestre disponibles. Desestimación del recurso de casación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual el transcurso de los plazos estipulados en dicho precepto tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado haya solicitado dicha convocatoria, la reserva de dominio decaerá y será excluida de la planificación. En consecuencia y dados tales presupuestos, la Administración no estaría ya obligada a la convocatoria de concurso a solicitud de cualquier interesado hasta que se efectúe una nueva reserva de dominio y se produzca la correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión. La aplicación dela LGCA no supone la afección de derechos adquiridos o situaciones consolidadas. No puede entenderse que normas de desarrollo o modificaciones parciales equivalgan a la aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional en los términos del artículo 27 de la LGCA.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO
  • Nº Recurso: 1354/2020
  • Fecha: 19/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pide la modificación de los Textos definitivos, impugnando diversos créditos. La sentencia hace referencia a los tiempos que regulan tanto el TRLC como la anterior LC. La posibilidad de impugnar tanto el inventario como la lista de acreedores del Informe de la AC, tanto el TRLC, como la LC anteriormente, establece un régimen amplio, si bien sujeto al principio de preclusión de 10 días desde la última publicación o, como era el caso, en cuanto la concursada estaba personada en el concurso, desde la notificación de su presentación. Las situaciones excepcionales, como las derivadas de procedimientos aún en marcha han de derivarse de la acreditación de la existencia de los mismos (en este caso una querella, que ni siquiera consta admitida as trámite). Por lo que no se dan los requisitos para esa modificación en circunstancias excepcionales. Sí se admite una modificación de calificación de un crédito laboral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2424/2018
  • Fecha: 15/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de incidente concursal de modificación del listado de acreedores en lo relativo al crédito procedente del derecho de separación de varios socios de la sociedad concursada. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y declaró que el crédito debía de ser calificado como contingente sin cuantía propia y subordinado. Recurrida en apelación, la audiencia estimó el recurso, declaró el crédito contingente sin cuantía propia y ordinario, así como subordinado respecto de los intereses. Recurrida la sentencia en casación, la sala estima el recurso. Se declara que el derecho a recibir el valor de la participación social tras la separación del socio solo se satisface cuando se paga, momento en el que se pierde la condición de socio; cuando nació el crédito proveniente del derecho de separación -cuando la sociedad recibió la comunicación de separación- su titular todavía tenía la cualidad de persona especialmente relacionada con el deudor; si la comunicación del derecho de separación fue anterior a la declaración de concurso, el crédito del socio separado es concursal, mientras que la cuota de liquidación es extraconcursal; en consecuencia, el crédito dimanante del ejercicio del derecho separación es subordinado, sin perjuicio de la contingencia derivada de la litigiosidad sobre la valoración de la participación. Se confirma la sentencia de primera instancia. Se formula voto particular.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
  • Nº Recurso: 1171/2020
  • Fecha: 15/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la impugnación de la rendición final de cuentas que hace la AEAT respecto al cobro de los honorarios del abogado de la concursada, la Audiencia parte del concepto de rendición de cuentas: como un deber legal de todo A.C. una vez finalizada su labor, pues se trata de una manifestación de la exigencia que el ordenamiento jurídico impone a cualquier persona que gestione intereses ajenos, justificando el uso de las facultades concedidas. Es una exposición de lo hecho, pero no apto para otras finalidades, como reconocimiento de créditos, reordenación de pagos, etc. Por lo que está dotada de cierta flexibilidad. Es lícita la postura de la impugnante relativa a la mayor identificación de los conceptos que exige el letrado, puesto que siendo créditos contra la masa son de interpretación restrictiva. La Audiencia utiliza los criterios de ponderación del trabajo y dificultad para moderar aquellos honorarios. Estima, pues, en parte la impugnación de la AEAT. Pero no inhabilita al administrador concursal en atención a la especialidad de la causa que da lugar a la no aprobación de la rendición de cuentas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: MARIA PILAR LAHOZ ZAMARRO
  • Nº Recurso: 882/2020
  • Fecha: 12/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La condenada recurre la sentencia alegando error en la apreciación de la prueba. La juez de instancia apreció un delito de falsedad documental y fundó la condena en que la acusada reconoció haber firmado un contrato de compraventa, en el que figuraba como vendedor Evaristo y como compradora la acusada, siendo pacífico que ella no compró en ningún momento el vehículo pues así lo reconoció y lo testificó el vendedor. Al atribuirse falsamente la condición de compradora, alteró uno de los elementos esenciales del contrato existiendo dolo falsario porque reconoció su firma y la inexistencia de la compraventa, falsedad que se realizó como medio para cometer un delito de apropiación indebida, pues quien realmente compró el vehículo fue su compañero sentimental quien solo le solicitó que hiciera las gestiones para el cambio de titularidad, estampando la acusada su firma en el contrato y consiguiendo poner el vehículo a su nombre el que ha venido utilizando hasta la actualidad. La Sala estima el recurso y dicta sentencia absolutoria, pues si bien consta que el vendedor vendió el vehículo a Adolfo para poder apreciar un delito de falsedad era preciso que la alteración de la verdad tuviera entidad suficiente para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, y las alegaciones de la acusada referidas a que Adolfo le regaló el vehículo se presentan como posibles visto que Adolfo rellenó a mano el documento poniendo a Ángeles como compradora pagando ésta los gastos y el seguro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 184/2019
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. El incremento de cinco años en la carrera no causó ningún perjuicio al recurrente. No resulta irrazonable el considerar como mérito cualificado la superación de las pruebas de especialización en el orden civil que fueron anuladas previamente. Y la consideración como mérito cualificado la superación de las pruebas de especialistas tanto en materia tanto civil como mercantil, así podría considerarse por parte del Consejo al resolver.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. No se ha omitido motivación alguna, y la motivación del nombramiento efectuado resulta suficiente, no siendo necesaria una una valoración comparativa expresa de los méritos del candidato o candidatos propuestos con de los no propuestos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 68/2018
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Protección del acreedor con privilegio especial en caso de venta directa de una unidad productiva. Demanda incidental por el que la entidad que adquirió la unidad productiva de la concursada pidió que se declara la improcedencia del requerimiento hecho a la misma por entidad acreedora con crédito con privilegio especial. Cuando se produjo la venta todavía no se había reconocido que dicho crédito tuviera ese privilegio, pero estaba pendiente el recurso de apelación, que prosperó y lo calificó como tal, y a la adquirente se le hizo saber la pendencia de dicho recurso. En consecuencia, aunque el reconocimiento final del privilegio especial se realizara después de la venta de la unidad productiva, resulta oponible al adquirente en cuanto que su adquisición no podía realizarse sin subsistencia de las garantías si no se cumplía la exigencia del consentimiento del acreedor pignoraticio ex arts. 154.4 y 149 LC. El hecho de que existieran obligaciones pendientes de cumplir por la concursada no resta eficacia a la garantía en caso de que la transmisión de la unidad productiva conllevara la subrogación de la adquirente en la posición de la concursada en aquel contrato. El adquirente, al valorar si le conviene la adquisición, debe sopesar si le compensa esta subrogación en atención al coste que le puede reportar el cumplimiento de prestaciones pendientes y a la garantía constituida sobre los créditos surgidos de ese contrato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 4529/2017
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso, y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.

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