Resumen: Acción de nulidad de la ejecución de la prenda de acciones, por no haber vencido el préstamo garantizado, y alternativamente, por incumplimiento de los requisitos de la ejecución. La demanda fue desestimada en ambas instancias. Aplicación del art. 135 LC a los garantes reales no deudores. El ámbito subjetivo de eficacia del convenio de acreedores resulta también aplicable, además de a los obligados solidariamente con el concursado y a sus fiadores o avalistas, mencionados expresamente en el precepto, a los terceros que hayan constituido garantías reales. Si el legislador prevé la posibilidad de excluir los efectos del convenio respecto a los fiadores, avalistas u obligados solidarios de carácter personal, porque estas garantías aparecen concebidas precisamente para asegurar el pago ante la insolvencia del deudor, con mayor razón ha de admitirse la no vinculación del convenio respecto a las garantías reales sobre bienes no pertenecientes al concursado, atendida la posición de privilegio de la que parte la ley concursal respecto a los acreedores con garantía real. Que el acreedor, que no votó a favor del convenio, después de su aprobación judicial, elija una de las opciones ofrecidas para el pago no equivale a su adhesión al convenio y no excluye la aplicación del art. 135 LC. Procedimiento especial del art. 322 CCom: carácter dispositivo de la regla que fija un plazo de tres días para la ejecución desde el vencimiento del préstamo. No perjuicio por renuncia al plazo.
Resumen: Demanda en la que se instaba la declaración de que el banco demandado quedó vinculada frente a la demandante por un convenio concursal aprobado judicialmente, en concreto por una quita del 50% al ser la demandante tercero hipotecante no deudor y no fiadora, avalista u obligada solidaria con la prestataria concursada y se reclamaba una cantidad por enriquecimiento injusto. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala rechaza el recurso. En esencia, mantiene la sala que la ratio de la norma contenida en el art. 135.1 de la Ley Concursal es garantizar al acreedor que no vota a favor de la propuesta de convenio que su aprobación no afectará a los derechos que tuviera frente a terceros, ya sean los obligados solidarios con el concursado, ya sean quienes hubieren aportado una garantía; así, aunque la norma haga únicamente referencia expresa a la garantía personal (al referirse a fiadores o avalistas), considera la sala que tiene sentido que corran la misma suerte las garantías reales prestadas por terceros, como en el caso examinado, una hipoteca otorgada por un hipotecante no deudor. Se desestima el recurso de casación y no se entra a valorar el recurso extraordinario por infracción procesal también interpuesto.
Resumen: En este recurso se examina la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consistente en determinar si resulta de aplicación la normativa contractual pública al procedimiento de concurrencia de proyectos previsto para el otorgamiento de concesiones demaniales en el dominio público portuario, conforme al TRLP 2/2011, especialmente en lo que respecta a la exigencia de previa explicitación del interés portuario a considerar en dicho procedimiento. Tras una detenida exposición sobre el régimen general de la planificación y gestión del demanio portuario y su vinculación a los usos y servicios portuarios, el TS concluye que a los efectos de la cuestión casacional suscitada, la normativa contractual pública no rige en las cesiones del dominio público portuario, debiendo aplicarse la normativa específica sobre puertos y, supletoriamente, la legislación sobre costas. Por lo que se refiere a los procedimientos de otorgamiento de concesión demanial y, en concreto, el procedimiento de competencia de proyectos, se trata éste de un procedimiento especial, iniciado a instancia de los interesados en el que la Administración portuaria no ha podido fijar criterios de preferencia, que no pretende determinar directamente el beneficiado de la concesión demanial, sino el proyecto más idóneo para esos bienes, de tal forma que la concurrencia en un mismo proyecto o finalidad comporta el procedimiento ordinario de selección mediante concurso.
Resumen: La resolución de intervención telefónica no se fundó en meras sospechas o conjeturas policiales. El denunciante reconoció fotográficamente a uno de los implicados, como la persona que realizó labores de intermediación y le puso en contacto con los presuntos compradores del vehículo. El elemento subjetivo del delito de detención ilegal no requiere que el autor haya obrado con una especial tendencia de desprecio la víctima diversa de lo que ya expresa el dolo, en tanto conocimiento de la privación de libertad deambulatoria de otra persona. En cuanto a la concurrencia del robo con violencia o intimidación y las detenciones ilegales, se distinguen tres hipótesis: i) absorción (concurso aparente) cuando la privación de libertad no excede en intensidad ni temporalidad, de la ordinaria que puede considerarse connatural o concomitante a todo delito de robo con intimidación; ii) concurso medial, cuando la privación de libertad excede de ese mínimo indispensable pero es instrumental; y iii) concurso real en casos en que: a) la pluralidad de personas detenidas impone esa solución pues solo una de las detenciones es susceptible de agruparse como concurso medial; b) la detención está desconectada del robo medialmente; c) la prolongación de la detención desborda lo "necesario". En el robo el sujeto se apodera directamente de la cosa, mientras que en la extorsión la acción se proyecta a conseguir la realización u omisión por parte del sujeto pasivo de un acto o negocio jurídico.
Resumen: Este Tribunal ha declarado que la incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción resulta constitucionalmente aceptable siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral, y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado, esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar los testimonios de cargo e interrogar a su autor, bien cuando se prestan, bien con posterioridad. Ahora bien, también ha sostenido este Tribunal que lo que nuestra doctrina garantiza no es la contradicción efectiva, sino la posibilidad de contradicción, resultando que dicho principio de contradicción se respeta, no sólo cuando el demandante goza de la posibilidad de intervenir en el interrogatorio de quien declara en su contra, sino también cuando tal efectiva intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se deben a una actuación judicial constitucionalmente censurable. La declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando siendo única no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas en contra del recurrente. El hecho probado pone de manifiesto el grave peligro, real y efectivo, en que se puso a las personas de la embarcación.
Resumen: Demanda en que se ejercitaban las acciones de responsabilidad individual y de responsabilidad por deudas, por encontrarse la sociedad incursa en causa de disolución y no haber cumplido el administrador su deber legal de promover la disolución de la misma. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda respecto de las dos acciones, y la Audiencia Provincial estimó la apelación respecto de la acción de responsabilidad por deudas por entender que concurrían los requisitos legales del art. 367 LSC, partiendo del presupuesto de que concurría la causa legal de disolución por pérdidas cualificadas en el ejercicio 2010 y por haber quedado la sociedad inactiva desde dicho año. Recurre en casación el demandado y la sala estima en parte su recurso. La sala declara que la empresa de la que era administrador único el demandado fue condenada a devolver una cantidad al hoy demandante por la nulidad de unos contratos de asesoramiento financiero e inversión y, dado que el contrato de asesoramiento y la entrega de la cantidad fueron anteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, incluso anteriores a la vigencia del cargo de administrador de la sociedad del demandando, no le resulta exigible la responsabilidad solidaria de las deudas sociales ahora reclamadas; esta determinación temporal se aplica también a los intereses legales pero no a las costas. La asunción de la instancia comporta la desestimación de la demanda, a excepción del pago de costas del primer procedimiento.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado la reclamación de los compradores de una vivienda para uso residencial sujeta a la ley 57/68, de las cantidades que anticiparon del precio y que no fueron recuperadas tras la ejecución de los avales individuales. Esta sentencia había argumentado que los anticipos reclamados no se habían ingresado en cuenta abierta por la promotora en dicha entidad avalista. Se reitera la doctrina jurisprudencial según la cual la responsabilidad del avalista, aunque se trate de un aval colectivo, deriva del propio aval, y su efectividad a la hora de responder frente a los compradores de la totalidad de los anticipos más sus intereses, sin límites cuantitativos y tal y como lo haría el promotor avalado, solo requiere que se hayan hecho entregas a cuenta del precio de cantidades previstas en el contrato y que el promotor haya incumplido su obligación de entregar la vivienda. No depende (en el concreto ámbito de la responsabilidad del avalista) de que los anticipos se hayan ingresado o no en una cuenta del vendedor en la entidad avalista o en otra entidad ni del carácter de dicha cuenta. En el caso litigioso, los demandantes anticiparon a cuenta del precio de su vivienda las cantidades que reclaman y no es conforme con la doctrina jurisprudencial condicionar la efectividad de la garantía a que las cantidades anticipadas se ingresaran en una cuenta bancaria.
Resumen: Diferencia entre imprudencia grave y leve. Es evidente que quien lanza con fuerza su puño contra el ojo de otra persona conoce que genera un grave riesgo para el bien jurídico (integridad física). Ello no obstante, lo importante es determinar si el peligro de que se produjera el resultado concreto ocasionado, perdida de la visión del ojo, era muy elevado y se configuraba como probable, así como sí el autor de la agresión conocía el nivel de riesgo en el momento de ejecutar la acción, y no obstante conocerlo la ejecutó asumiendo y aceptando el resultado. No puede compartirse la conclusión a la que llega el Tribunal de instancia en el sentido de que la acción del acusado no tenía que encerrar una considerable probabilidad de que el golpe determinara la pérdida de visión de un ojo en la víctima, pero ninguna de las partes lo discute. En el supuesto sometido a consideración la imprudencia es grave, el riesgo no permitido era notable y nula era la utilidad social derivada de la actuación del acusado. Este, además, al proyectar su puño directamente contra el ojo de la víctima, conocía la posibilidad de que el riesgo se concretara en un resultado especialmente grave, al tratarse de una zona delicada y frágil, aunque no se representara este resultado como probable ni pretendiera causarlo. El recurso se estima en lo atinente a la aplicación del art. 77.2 CP, la imposición de la mitad superior de la infracción más grave es más beneficioso para el reo.
Resumen: El objeto de este recurso de casación es la determinación del salario mínimo interprofesional que debe tomarse como base de cálculo del límite previsto en el art. 176.bis.2.2º LC (en la redacción de 2013, aplicable por razones temporales) y, en concreto, si para calcular dicho límite ha de incluirse la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. Para determinar lo que deba entenderse por salario mínimo interprofesional ha de estarse a las previsiones de la legislación social, que establece la inclusión de las dos pagas extraordinarias en las reglas del cálculo. Ese mismo concepto es el que se aplica para el cálculo del límite de la garantía del Fondo de Garantía Salarial en los procesos concursales y el que ha utilizado la Sala 1ª para fijar el límite aplicable al privilegio previsto salarial en el art. 32.3 ET. La similar razón de ser de los privilegios salariales del art. 32 ET y de los previstos en la LC justifica que el criterio a aplicar sea el mismo. Así, para fijar el límite controvertido, habrá de estarse a la norma que periódicamente fija el salario mínimo interprofesional en cumplimiento de lo previsto en el ET. En este caso, el límite no es el salario-día ni el salario-mes establecidos en el art. 1 del RD 1717/2012, aplicable por razones temporales, sino el salario mínimo en cómputo anual, por lo que en el cálculo de dicho límite debe incluirse la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Se desestima el recurso de casación.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma contra sentencia que anulo el procedimiento de Integración del Personal Estatutario, Fijo e Interino, de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, en la categoría de Enfermero/a del Trabajo. La integración del personal estatutario (fijo e interino) en la nueva categoría profesional creada, ha de llevarse a cabo a través de un procedimiento basado en los principios que rigen la provisión de plazas del personal estatutario, conforme al art. 29 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de la Seguridad Social, no siendo posible acudir a procedimientos de integración directa, por tratarse de una situación ajena a la que contempla la disposición adicional quinta de la referida Ley 55/2003. Dicha disposición adicional tiene un objetivo muy preciso, homogeneizar el régimen jurídico del personal, partiendo de una situación de diversidad de regímenes jurídicos del mismo, en la que concurriría el estatutario, funcionarial y laboral, para las mismas categorías y titulaciones, para ello se instauran procedimientos de integración directa, enderezadas a homogeneizarlo bajo el régimen estatutario, cuya finalidad y efectos son por completo diferentes al que diseña la disposición recurrida y no puede ser objeto de utilización para la integración directa de personal estatutario en una nueva categoría profesional.
