Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito continuado de quebrantamiento de condena y medidas de seguridad, en concurso ideal con un delito de violencia de genero en su modalidad de acoso y la agravante de reincidencia en ambos delitos. Dispone su libre absolución por los delitos de agresión sexual y lesiones leves en el ámbito de la violencia de género. Configuración legal del delito de acoso, stalking u hostigamiento. Los actos intrusivos deben ser repetitivos en diversas secuencias de tiempos distintos y ha de producir una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima. Configuración como un delito de resultado. Delito de quebrantamiento de condena. No se exige la existencia de un requerimiento previo con apercibimiento de incurrir en responsabilidad criminal. En el plano subjetivo es suficiente el conocimiento de la existencia de la orden de alejamiento. Continuidad delictiva en el delito de quebrantamiento. Concurso medial entre el delito de quebrantamiento de condena y el delito de acoso. Consumación delictiva. Agravante de reincidencia que se aprecia en ambos delitos al constar condenas previas tanto por delito de quebrantamiento como de violencia de genero en la modalidad de coacciones o acoso. Eximente de alteración psíquica. No basta la existencia de un diagnóstico de síndrome de ansiedad depresiva para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica.para las eximentes o atenuantes no rige la presunción de inocencia.
Resumen: La discrepancia de interpretación versa, en esencia, sobre si resulta aplicable a los supuestos litigiosos el plazo de 12 meses establecido en el 2º párrafo del art. 27.4 LGCA para articular los concursos de las licencias vacantes según el Plan Técnico Nacional. Con remisión a sentencias previas, la Sala considera que las libertades de expresión e información traen como consecuencia que, en principio, todo el espectro radioeléctrico libre debe estar disponible para su uso por las Administraciones Públicas, ciudadanos y medios de comunicación que pretendan difundir las ideas e información que consideren oportunas. Pero dicha disponibilidad no es absoluta, sino que está condicionada a razones técnicas, compromisos internacionales y regulación nacional, entre la que destaca, la planificación técnica del espacio radioeléctrico. Ha de estarse al art 27 LGCA de forma que, una vez aprobada una planificación, el no aprovechamiento de espacios reservados al dominio público radioeléctrico para servicios de radiodifusión hace decaer dicha reserva. La regulación es clara y cuenta con una fundamentación razonable: si la reserva planificada no se ha afectado o empleado debe quedar libre para otra dedicación o necesidad. El hecho de que el art 27 se proyecte sobre la planificación técnica ya aprobada, no supone retroacción proscrita por el art 9.3 CE. Finalmente, no puede entenderse que las normas de desarrollo o modificaciones parciales equivalgan a un nuevo Plan Técnico Nacional.
Resumen: La sentencia examina si representa una infracción del acceso a la función pública (art. 23.2 CE) limitar en las convocatorias de procesos selectivos de consolidación de empleo temporal, la valoración como mérito en la fase de concurso, los servicios prestados y la experiencia de los puestos que son objeto de la convocatoria, a un período máximo de 10 años, previsto en la D.T. 4ª del TREBEP aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. El TS analiza el objetivo de la denominada "consolidación de empleo temporal", recuerda su legitimidad de conformidad con la STC 107/2003, de 2 de junio, y añade, que por la propia naturaleza del proceso es necesario que las pruebas convocadas tomen en consideración la experiencia profesional en el desempeño de los puestos a los que se refiere la convocatoria. Por tanto, para que necesariamente la consolidación de empleo se haga efectiva mediante la realización de las pruebas selectivas citadas, no se impone un periodo de prestación de servicios para valorar en la fase de concurso, por vinculación a la fecha de 1 de enero de 2005, que se señala en el apartado 1 de dicha norma transitoria, como marcador de la experiencia que debe valorarse a los efectos del apartado 3. Lo que pretende la norma transitoria, en el apartado 1, es establecer las exigencias que deben concurrir para convocar los puestos o plazas, pero no fijar el periodo de valoración de la experiencia en los puestos de trabajo a la que alude la D.T. 4ª, apartado 3º.
Resumen: Se acuerda que para el acceso a Cuerpo docente distinto al de Profesores, el Máster Universitario no constituye un requisito de concurrencia; se entiende que el candidato con el título de Maestro o Grado correspondiente necesario para participar en el proceso, no precisa acreditar formación pedagógica o didáctica al ostentarla con la adquirida para lograr su título. El TS concluye que corresponderá al órgano de selección apreciar desde su discrecionalidad técnica, si el Máster Universitario aporta al aspirante una mayor formación pedagógica y académica, es decir, un valor añadido respecto de la formación propia del título de Maestro necesario para participar en el proceso de selección en ese nivel de enseñanza, así puede suceder si el Máster acredita una formación pedagógica o didáctica para impartir la docencia en una especialidad distinta de aquella para la que se pretende acceder al Cuerpo de Maestros.
Resumen: Demanda de incidente concursal de modificación del listado de acreedores en lo relativo al crédito procedente del derecho de separación de varios socios de la sociedad concursada. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y declaró que el crédito debía de ser calificado como contingente sin cuantía propia y subordinado. Recurrida en apelación, la audiencia estimó el recurso, declaró el crédito contingente sin cuantía propia y ordinario, así como subordinado respecto de los intereses. Recurrida la sentencia en casación, la sala estima el recurso. Se declara que el derecho a recibir el valor de la participación social tras la separación del socio solo se satisface cuando se paga, momento en el que se pierde la condición de socio; cuando nació el crédito proveniente del derecho de separación -cuando la sociedad recibió la comunicación de separación- su titular todavía tenía la cualidad de persona especialmente relacionada con el deudor; si la comunicación del derecho de separación fue anterior a la declaración de concurso, el crédito del socio separado es concursal, mientras que la cuota de liquidación es extraconcursal; en consecuencia, el crédito dimanante del ejercicio del derecho separación es subordinado, sin perjuicio de la contingencia derivada de la litigiosidad sobre la valoración de la participación. Se confirma la sentencia de primera instancia. Se formula voto particular.
Resumen: La condenada recurre la sentencia alegando error en la apreciación de la prueba. La juez de instancia apreció un delito de falsedad documental y fundó la condena en que la acusada reconoció haber firmado un contrato de compraventa, en el que figuraba como vendedor Evaristo y como compradora la acusada, siendo pacífico que ella no compró en ningún momento el vehículo pues así lo reconoció y lo testificó el vendedor. Al atribuirse falsamente la condición de compradora, alteró uno de los elementos esenciales del contrato existiendo dolo falsario porque reconoció su firma y la inexistencia de la compraventa, falsedad que se realizó como medio para cometer un delito de apropiación indebida, pues quien realmente compró el vehículo fue su compañero sentimental quien solo le solicitó que hiciera las gestiones para el cambio de titularidad, estampando la acusada su firma en el contrato y consiguiendo poner el vehículo a su nombre el que ha venido utilizando hasta la actualidad. La Sala estima el recurso y dicta sentencia absolutoria, pues si bien consta que el vendedor vendió el vehículo a Adolfo para poder apreciar un delito de falsedad era preciso que la alteración de la verdad tuviera entidad suficiente para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, y las alegaciones de la acusada referidas a que Adolfo le regaló el vehículo se presentan como posibles visto que Adolfo rellenó a mano el documento poniendo a Ángeles como compradora pagando ésta los gastos y el seguro.
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. No se ha omitido motivación alguna, y la motivación del nombramiento efectuado resulta suficiente, no siendo necesaria una una valoración comparativa expresa de los méritos del candidato o candidatos propuestos con de los no propuestos.
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. El incremento de cinco años en la carrera no causó ningún perjuicio al recurrente. No resulta irrazonable el considerar como mérito cualificado la superación de las pruebas de especialización en el orden civil que fueron anuladas previamente. Y la consideración como mérito cualificado la superación de las pruebas de especialistas tanto en materia tanto civil como mercantil, así podría considerarse por parte del Consejo al resolver.
Resumen: Protección del acreedor con privilegio especial en caso de venta directa de una unidad productiva. Demanda incidental por el que la entidad que adquirió la unidad productiva de la concursada pidió que se declara la improcedencia del requerimiento hecho a la misma por entidad acreedora con crédito con privilegio especial. Cuando se produjo la venta todavía no se había reconocido que dicho crédito tuviera ese privilegio, pero estaba pendiente el recurso de apelación, que prosperó y lo calificó como tal, y a la adquirente se le hizo saber la pendencia de dicho recurso. En consecuencia, aunque el reconocimiento final del privilegio especial se realizara después de la venta de la unidad productiva, resulta oponible al adquirente en cuanto que su adquisición no podía realizarse sin subsistencia de las garantías si no se cumplía la exigencia del consentimiento del acreedor pignoraticio ex arts. 154.4 y 149 LC. El hecho de que existieran obligaciones pendientes de cumplir por la concursada no resta eficacia a la garantía en caso de que la transmisión de la unidad productiva conllevara la subrogación de la adquirente en la posición de la concursada en aquel contrato. El adquirente, al valorar si le conviene la adquisición, debe sopesar si le compensa esta subrogación en atención al coste que le puede reportar el cumplimiento de prestaciones pendientes y a la garantía constituida sobre los créditos surgidos de ese contrato.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser, no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
