Resumen: Demanda de incidente concursal en la que se exponía que el contrato de préstamo concertado entre la concursada y una entidad bancaria no fue más que una ficción o una pantalla que permitió el blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas, mediante la adquisición de un inmueble de gran valor; el contrato de préstamo hipotecario tenía causa ilícita y era nulo, por lo que se solicitaba la supresión y/o eliminación del crédito que ostentaba el banco en el concurso de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda ya que los apoderados del banco fueron condenados por una conducta constitutiva de un delito imprudente de blanqueo de capitales y acordó eliminar de la lista de acreedores el crédito del que era titular dicho banco. La Audiencia Provincial estimó el recurso y desestimó la demanda. Recurre en casación la administración concursal y la sala lo rechaza. La sala declara que, al quedar fijado en el proceso penal previo que la condena a los apoderados del banco lo fue en su modalidad imprudente, no concurre un propósito común de cometer un delito mediante la celebración del préstamo hipotecario, por lo que no puede afirmarse que el propósito delictivo de una de las partes quede incorporado al contrato, este tenga causa ilícita y, por tanto, sea nulo y releve al prestatario del pago. Se desestima la casación y se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto contra Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que resolvió el concurso para la provisión de la plaza de Jefe de Instalaciones Informáticas. La demanda se centra en la falta de la debida motivación y, en concreto, en la asignación de puntos pero para el TS la decisión impugnada está formalmente motivada, y lo que el recurrente hace es un juicio valorativo de idoneidad que no cabe sustituir en sede judicial, sin apreciarse que sea irracional o que incurra en arbitrariedad. A la vista de los informes del expediente se deduce que se valora del adjudicatario su idoneidad al haber pasado por tres Áreas de las cuatro existentes y especialmente por su actividad como Supervisor, lo que sugiere que como criterio se atiende a un cursus honorum o progresión en los puestos, más la actitud proactiva del adjudicatario, los puntos otorgados, lo que explica que la diferencia de los méritos entre el demandante y el que luego fue adjudicatario.
Resumen: La información confidencial queda relegada a un segundo plano, no es que neguemos que esté en el origen de la investigación policial, pero carece de cualquier valor probatorio, lo que no es incompatible con que esté en ese origen, en la medida que puede ser fuente de una notitia criminis. No tenemos motivo alguno, que nos permitan concluir que las conversaciones que constan en los CDs son falsas o incompletas. Se ha dado a las defensas la oportunidad de solicitar nueva copia de las actuaciones digitalizadas y ha sido nulo su interés porque se escuchase en juicio alguna conversación. La representación procesal del condenado se limita a señalar fechas de actuaciones procesales, pero no periodos de tiempo de inactividad injustificada. No cabe hablar de codelincuencia porque estamos ante un plan que idean los acusados para introducir en Fuerteventura una importante cantidad de droga procedente de Marruecos y luego distribuirla por la Isla, para lo cual precisaban de una cierta estructura, que permite considerarles integrados en el grupo criminal por el que se les condena. Hay que tener en cuenta que esa estructura es una estructura policial, cuando, entre las funciones de las fuerzas de seguridad, hemos visto que está la de la averiguación del delito, no fomentarlo. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es un derecho de exclusión, que se ejercita de forma permanente, incluso aunque el titular no esté presente.
Resumen: Estimación del recurso de casación, determinando como cuestión de interés casacional que el transcurso de los plazos estipulados en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o de televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado haya solicitado dicha convocatoria, provocará el decaimiento de la reserva y su exclusión de la planificación, sin que exista obligación de la Administración de convocar concurso a solicitud de cualquier interesado hasta que se efectúe nueva reserva de dominio y se produzca la correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión. La aplicación en el caso de autos del párrafo 2 del artículo 27.4 LGCA no constituye un supuesto de retroactividad auténtica prohibida. Normas de desarrollo o modificaciones parciales no equivalen a la aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional.
Resumen: Para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en esa fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo. La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción, el cobro de la indemnización por un supuesto siniestro; una acusada aporta su documentación sobre el seguro para dar parte de un siniestro que le consta no se produjo; otro acusado interpone la denuncia del (inexistente) atropello; y otro afirma haberse ocasionado las lesiones que presenta, no como consecuencia de una paliza previa sino, de haber sido atropellado por la acusada con el vehículo asegurado y en esa condición de víctima de siniestro vial, es examinado. Se trata en definitiva de la consciente simulación de un siniestro para la obtención de la indebida obtención de una indemnización, conducta integrante del tipo de la estafa, que no precisa para su comisión que la autora conozca el nombre típico de la ilícita conducta que deliberadamente realiza; donde el artificio se instrumenta con su conformidad, a través de una denuncia ante el Juzgado. No ha existido una paralización injustificada que impide la aplicación de atenuante. Tampoco el cómputo global en la duración del proceso, aunque no fuere el ideal, puede tildarse de "dilación extraordinaria" como exige la norma.
Resumen: Ejercicio de una acción de repetición por el coavalista de un préstamo participativo impagado y reconvención en la que se solicita la nulidad del aval por vicios del consentimiento y dolo. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y estimó la reconvención. La audiencia revocó la sentencia, estimó la demanda y desestimó la reconvención. Recurre en casación la demandada y la sala estima parcialmente el recurso. Aplicada a la base fáctica de la litis fijada en la instancia la jurisprudencia sobre el dolo omisivo en el consentimiento contractual,la sala concluye que concurre aquel (se aprecia, entre otras circunstancias, que el demandado fue apartado de la gestión de la sociedad prestataria, que las cuentas que facilitaron los demandantes para obtener el préstamo participativo estaban distorsionadas y que este se utilizó para fines distintos de los previstos). Por otro lado, recuerda que el dolo, para que afecte al negocio, debe provenir de quien sea parte en él y que en el contrato de fianza del que se deriva un derecho de garantía a favor del prestamista no es parte la sociedad cofiadora demandante ejecutante del dolo. Si afecta el dolo a la relación entre cofiadores por lo que procede la desestimación de la demanda.
Resumen: El crédito de la entidad que, en virtud del art. 42.2 ET, paga un crédito concursal salarial que una trabajadora tenía frente a la concursada (concesionaria de la prestación de unos servicios), tiene la consideración de crédito concursal, aunque el pago hubiera sido realizado después de la declaración de concurso. Desde el punto de vista del tratamiento de los créditos dentro del concurso, el derecho del Patronato a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal. La categoría de créditos contra la masa debe ser objeto de una interpretación restrictiva. La jurisprudencia ha concedido el mismo tratamiento a la acción del garante frente al concursado, sea la acción subrogatoria o la de reembolso. Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. La obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nace con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque cambie el titular con derecho a reclamarlo.
Resumen: Determinación de si un crédito es concursal o contra la masa. El crédito de la entidad que, en virtud del art. 42.2 ET, paga un crédito concursal salarial que una trabajadora tenía frente a la concursada (concesionaria de la prestación de unos servicios), tiene la consideración de crédito concursal, aunque el pago hubiera sido realizado después de la declaración de concurso. Desde el punto de vista del tratamiento de los créditos dentro del concurso, el derecho del Patronato a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal. La categoría de créditos contra la masa debe ser objeto de una interpretación restrictiva. La jurisprudencia ha concedido el mismo tratamiento a la acción del garante frente al concursado, sea la acción subrogatoria o la de reembolso. Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. La obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nace con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque cambie el titular con derecho a reclamarlo.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que confirmó la calificación de un crédito como subordinado al estimar que su titular (una sociedad mercantil) es persona especialmente relacionada con la deudora concursada (una asociación deportiva -club náutico-), condición que deriva del art. 93.2.1º LC y, por remisión, de los apartados 4º y 6º del art. 93.1 LC . La sala considera que, aunque no se cumplen los requisitos del art. 93.2.1º para ser persona especialmente relacionada, pues ni los socios de la concursada son responsables de las deudas del club ni son titulares directa o indirectamente del porcentaje de capital social exigido por la norma, la conclusión a la que llega la sentencia es la misma a la que podría llegar, como hizo el tribunal de primera instancia, aplicando el art. 93.2.3º, en la medida en que las dos entidades forman parte del mismo grupo de sociedades. Cuando nació el crédito, que es el momento determinante para valorar la subordinación, era imprescindible para ser administrador de la acreedora pertenecer a la junta directiva del club concursado, lo que implica una inequívoca situación de dominio de la concursada sobre la sociedad acreedora. Para que exista grupo de sociedades no es necesario que quien ejerce el control sea una sociedad mercantil que tenga obligaciones contables; puede serlo otro sujeto (persona física, fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones, como sucede aquí con el club concursado.
Resumen: Reiteración de doctrina sobre la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal cuando el porteador intermedio ha sido declarado en concurso. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre; no es solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda. Por ello, se desestima el recurso de casación, pues la declaración de concurso del porteador intermedio no impide el ejercicio de la acción directa del porteador efectivo frente al cargador principal y resulta improcedente hacer ningún pronunciamiento sobre la clasificación de un crédito en procedimiento distinto al concurso.
