Resumen: Demanda de revisión de sentencia firme. La sentencia estimó parcialmente una demanda de reclamación de cantidades entregadas a cuenta en una compraventa de vivienda futura. La sentencia no estimó íntegramente la reclamación económica porque el cheque de una parte de ese importe, abonado por el demandante, no constaba ingresado en la cuenta de la entidad demandada. Antes de la presentación de la demanda, el demandante realizó reiterados esfuerzos para obtener de la cooperativa toda la documentación pertinente sobre sus aportaciones a fin de poder fundar la demanda contra la entidad depositaria, pero la cooperativa no fue capaz de proporcionarle el resguardo del ingreso del cheque en la cuenta de la entidad, bien porque se traspapeló o porque lo extravió temporalmente. Finalmente pudo disponer de él cuando la administración concursal de la cooperativa localizó el justificante correspondiente a la mecanización del ingreso del cheque en la cuenta bancaria y emitió el oportuno certificado acreditativo en fecha posterior a la sentencia. Concurre el supuesto del art. 510.1.1.º LEC. El documento aportado tiene entidad para alterar el fallo de la sentencia: el resguardo de ingreso del cheque no le fue entregado al demandante porque estuvo extraviado temporalmente y no lo tuvo en su poder hasta una fecha posterior al dictado de la sentencia firme. Desde ese momento hasta la interposición de la demanda de revisión, no ha transcurrido el plazo de tres meses previstosen el art. 512 LEC.
Resumen: La Sala aborda en primer lugar la exclusión de los candidatos especialistas en derecho mercantil, y la interpretación del art. 344 de la LOPJ, estimando que la adopción del criterio de excluir a los especialistas de lo mercantil por ostentar tal condición en la configuración de la terna por parte de la Comisión Permanente y su asunción por parte del Pleno, carece de respaldo legal y resultó discriminatorio para tales candidatos, los cuales no pudieron ser considerados por tal circunstancia para integrar la propuesta al Pleno y para la selección por éste del candidato designado a ocupar la plaza, por tanto, considera que se han excluido indebidamente los especialistas. Asimismo, formula un sucinto examen del resto de las alegaciones, se entiende que es suficiente la referencia a la igualdad de méritos entre los candidatos a juicio de la Comisión Permanente que se realiza en la propuesta para entender satisfecha la exigencia de la base séptima de la convocatoria de que "de manera excepcional" la propuesta contenga un número de candidaturas superior a tres "cuando la similitud de los méritos o la ponderación que pueda hacerse de ello así lo justifiquen", y en cuanto a la propuesta del Pleno del CGPJ, se rechaza que sea indebida porque la crítica se centra en el examen comparativo de los méritos que se ha considerado innecesario.
Resumen: Incidente concursal promovido por le TGSS para que se declare que la administración concursal no tenía derecho a remuneración desde el 30 de julio de 2015, esto es, a partir de que, una vez entrada en vigor la DT 3ª de la Ley 25/2015, habían transcurrido 12 meses desde la apertura de la liquidación (octubre de 2013). Reiteración de la jurisprudencia fijada en STS 349/2020 y 366/2021. A partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la administración concursal no percibirá remuneración, salvo que el juez decida motivadamente prorrogar dicho plazo. La limitación temporal del derecho a cobrar la retribución durante el periodo de liquidación es aplicable a los administradores de concursos en los que la fase de liquidación se abrió con anterioridad a la entrada en vigor de la DT3ª Ley 25/2015. Se trata de un caso de retroactividad impropia que no afecta a derechos adquiridos. Pero en este caso hay que hacer una matización: con la entrada en vigor de la DT3ª se entiende cumplido el plazo ordinario, pero no el de las posibles prorrogas, pues estas se previeron cuando se introdujo el límite temporal. Ello justifica que se puedan reconocer esas prórrogas, de forma motivada y retroactiva, a partir del cumplimiento del plazo ordinario de doce meses. No se excluye que, ahora que consta la interpretación jurisprudencial de la DT 3ª, el juzgado pueda con posterioridad reconocer que en los 6 meses siguientes a su entrada en vigor la retribución estaba justificada.
Resumen: La defensa se aferra a la interpretación de la Audiencia Provincial, que absolvió de este delito al estimar que la acusación no había precisado las normas jurídicas que permitirían definir la ilegalidad del acceso mediante patera a nuestro territorio. Sin embargo, esa omisión no supone que sólo se hubiera formulado una acusación genérica y no fundamentada, sin incluir elementos normativos o fácticos necesarios para su calificación. La Sala considera que no se precisan mayores razonamientos para concluir que la entrada en patera desde Nador hasta España supone una flagrante vulneración de las normas que rigen la entrada o tránsito de extranjeros en territorio español, exista o no una mención específica de la legislación de extranjería que considera ilegal esa entrada. Si el recurrente conocía perfectamente -así se señala en el factum- que la víctima venía a ser explotada sexualmente por la otra coacusada, tenía que ser también conocedor del carácter falaz de la promesa que hizo aquélla a una joven de algo más de 17 años a sabiendas de la difícil situación económica por la que atravesaba, lo que refleja una situación de vulnerabilidad de pleno encaje típico. Y en eso consiste el "engaño" al que se refiere el art. 177 bis del CP. Comprende las acciones de captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o alojar. Si al delito de trata de seres humanos sigue el ejercicio efectivo de la prostitución, se cometerán dos delitos en concurso medial.
Resumen: Delito de secuestro. Presunción de inocencia. La sentencia recuerda su alcance, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El control casacional se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y la racionalidad de la valoración, sin que pueda concebirse la casación como una nueva oportunidad de revalorar el material probatorio. La sentencia considera que la prueba practicada (declaraciones de las víctimas y testigos) permite considerar acreditada la privación de libertad, la condición impuesta para recuperarla, y la entrega de varias cantidades de dinero hasta la detención de los recurrentes. Infracción de ley. Artículos 163 y 164 del Código Penal. Estudio de los tipos. Error de prohibición. El motivo se desestima. El error de prohibición no se acredita con ninguna prueba y, además, no es creíble que no se sepa que retener a una persona en contra de su voluntad es ilícito. La Sala recuerda que la conciencia de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el comportamiento de que se trate. Basta con saber, a nivel del profano, que las normas que regulan la convivencia social prohíben el comportamiento que se realiza. Dilaciones indebidas. Examen de la atenuante. El recurso se estima en este punto, pero sin efecto, al haberse impuesto la pena mínima. Unidad de acción. Se recuerda que no es aplicable en los casos en los que se afecta a bienes jurídicos personalísimos.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo contra la resolución del concurso convocado, entre funcionarios del Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales, para la provisión de la plaza de Encargado-Supervisor en la Unidad de Mantenimiento. La única cuestión que debe resolver la Sala es si las razones dadas por la Administración parlamentaria y luego reiteradas y claramente expuestas por la Letrada de las Cortes Generales son convincentes en términos jurídicos; o si, por el contrario, asiste la razón al recurrente en el sentido de que hubo ciertos méritos suyos que habrían debido ser valorados. Para el TS lo que podría denominarse sobrecualificación académica no puede ser un obstáculo para quien la posee, pero tampoco una ventaja adicional que pueda invocarse en cualquier situación. Si se hiciera esto último, sería un trato discriminatorio hacia aquellos aspirantes que, reuniendo todas las condiciones propias del cuerpo al que pertenecen y necesarias para ocupar la plaza convocada, no tienen otros méritos académicos. El recurrente incurre en desviación procesal en lo atinente a la valoración de ciertos méritos alegados por el aspirante que quedó en primer lugar.
Resumen: Concurso de acreedores. Orden de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de la masa activa que impida pagar todos ellos. Comunidad por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe seguir el orden de prelación del art. 176 bis 2 Ley Concursal, al margen de cuál sea su fecha de vencimiento, y afecta, en principio, a todos los créditos contra la masa pendientes de pago (no se aplica solamente a los créditos contra la masa posteriores a la comunicación, sino a todos los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad). No obstante la regla anterior, esta no opera cuando la declaración de insuficiencia de activo se hace por la administración concursal como una reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación de un crédito contra la masa. En el caso, hay coincidencia temporal entre la reclamación del crédito contra la masa y la comunicación de la insuficiencia de masa activa, por lo que no es aplicable a dicho crédito el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 Ley Concursal y la administración concursal debe respetar el orden de pagos del art. 84.3 Ley Concursal, y, en su caso, devolver a la masa las cantidades que hubiera cobrado por sus honorarios sin aplicar dicho orden, salvo las que sean prededucibles por su carácter imprescindible para la culminación del proceso de liquidación.
Resumen: El trabajador, ahora recurrente, prestaba servicios para una empresa que fue declarada en situación de concurso. El administrador concursal accedió a su solicitud de excedencia voluntaria reconociéndole, con carácter de mejora voluntaria y como condición más beneficiosa, un derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual o similar categoría y no únicamente un derecho preferente de reincorporación. La Sala IV resuelve que la meritada mejora será esgrimible frente a empresa o, en su caso, a la administración concursal pero no frente al Fogasa que es un tercero sobre el que no pueda hacerse recaer una decisión en la que no ha participado ni la ha suscrito. Y es que al Fogasa no se le puede imponer una obligación de pago «más allá de los supuestos tasados» como así dispone la STS 714/2020, 23 de julio de 2020, rcud 3455/2017. En los casos de excedencia voluntaria la jurisprudencia, interpretando la normativa aplicable, ha establecido que el excedente voluntario no tiene derecho a la indemnización correspondiente a la extinción por causas objetivas, por lo que ninguna responsabilidad al respecto puede tener el Fogasa. Si al excedente voluntario se le ha mejorado lo que la ley le reconoce (el mero derecho preferente al reingreso), esa mejora no le es oponible al Fogasa ni responde por ella. Se trata de una mejora que va más allá de los supuestos legales y tasados de los que responde el Fogasa, que no puede vincularle ni hacer surgir su responsabilidad.
Resumen: Demanda presentada por una empresa concursada en reclamación del pago de servicios establecidos en contrato con cláusula arbitral; la demandada planteó falta de jurisdicción y de competencia objetiva del Juzgado de 1ª Instancia y el descuento de determinadas sumas a cargo de la concursada. Jurisdicción y competencia: el art. 52.1 LC, cuando permite al juez del concurso suspender la eficacia del convenio arbitral, como sucedió aquí, no contiene ninguna previsión que le atribuya a su vez la competencia para conocer de las cuestiones afectadas por el convenio arbitral. Por ello, en estos casos, rigen las reglas generales de atribución de competencia objetiva, que en el caso de las acciones del concursado frente a un tercero están en el art. 54 LC. El crédito reclamado por la demandante surge en el marco de una relación contractual con la demandada y después de que se hubiera declarado el concurso de la demandante. Frente a esta reclamación la demandada pretende que se descuenten de esa cantidad diferentes sumas de dinero por cuestiones que guardan directa relación con el cumplimiento de los servicios contratados cuyo pago se reclama. La prohibición de compensación del art. 58 LC no se aplica respecto de créditos que no sean concursales, ni tampoco cuando se trate de créditos y deudas derivadas de la misma relación contractual. Estamos ante una liquidación de créditos y deudas derivadas de una misma relación contractual que no se ve afectada por la prohibición de compensación.
Resumen: Solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. En ambas instancias se desestimaron las pretensiones del demandante. La Audiencia confirma la valoración realizada por el juzgado de que la condena penal por un delito de daños al patrimonio ajeno, aunque provenga de una riña vecinal y no de la administración del patrimonio está incluida en la conducta prevista en el ordinal 2º del art. 178 bis.3 LC que excluye la condición de deudor de buena fe. Y al no cumplirse este requisito, la sentencia de apelación estima innecesario entrar a analizar las restantes razones que podrían justificar la denegación de la exoneración del pasivo insatisfecho. La sala interpreta del ordinal 2.º del art. 178 bis.3 LC en sus versiones consecutivas y excluye que una condena por un delito contra el patrimonio que no guarda relación con la actividad empresarial y no reviste gravedad impida excluir la buena fe del deudor. Por otro lado, el crédito de la TGSS derivado de una derivación de responsabilidad, no se degrada a subordinado (STS 315/2020, respecto de AEAT). Siendo privilegiado general, impide acceder a la exoneración inmediata del ordinal 4.º del art. 178 bis.3 LC. Como se solicitó la exoneración en cinco años mediante un plan de pagos y no consta que se hubiera tramitado y resuelto esta pretensión, se acuerda remitir los autos al juzgado para que lo realice.
