Resumen: Para que el documento privado se convierta en oficial, es preciso no sólo que el documento se confeccione con el único o exclusivo destino de producir efectos en el orden oficial o en el seno de las Administraciones Públicas, sino que debe incluso provocar resoluciones del ente receptor con trascendencia para el tráfico jurídico. La falsedad cometida en un documento privado no se convierte en falsedad en documento oficial solo porque posteriormente el documento sea incorporado a un expediente oficial. Documentos oficiales son todos aquellos que provienen, son emitidos o puestos en circulación por entidades públicas del Estado de las Comunidades Autonómicas, Provinciales o del Municipio, con la finalidad de satisfacer las necesidades del servicio público, dentro del ámbito de sus funciones. El delito de falsedad en documento privado requiere en su tipicidad el ánimo de perjudicar a tercero, precisamente uno de los elementos de la estafa, por lo que la conducta debe ser penada conforme a uno de los dos tipos penales en aparente concurso, que lo es de leyes. Por regla general no se excluye la indemnización por daños morales en los delitos patrimoniales. Rige la "procedencia intrínseca" de la inclusión en las costas de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con las acogidas por el Tribunal, de las que se separa cualitativamente, evidenciándose además como inviables, extrañas.
Resumen: Revoca la sentencia apelada que había estimado la acción de resolución de un contrato por interés del concurso. Tras rechazar la alegada extemporaneidad de la acción al entender que su ejercicio no está condicionado por plazo alguno en la ley concursal y entender que el contrato estaba incurso en el ámbito objetivo del artículo 61.2 LC, entiende que no se dan los requisitos para el éxito de dicha acción. Considera que esta excepcional posibilidad de poner fin a la relación contractual se otorga a la administración concursal, en caso de suspensión, o al concursado, en caso de intervención, a los que corresponde valorar si procede solicitar la resolución del contrato por ser conveniente al interés del concurso, que se configura como un prototipo de concepto jurídico indeterminado, que se puede entender genéricamente como la maximización del valor del patrimonio concursal como medio para alcanzar el fin primordial del concurso, que es la satisfacción de los acreedores en aquellos supuestos en los que resulta antieconómico el mantenimiento del vínculo contractual desde la óptica del concurso, al ser el coste de cumplimiento superior al valor de lo que se obtiene del mismo, sin que sea necesario que exista causa de incumplimiento para su apreciación. Entiende que, en este caso, no se da dicho interés dado que la acción se ha ejercitado más como una acción de reintegración sin pretender cumplir las exigencias para la misma y que su ejercicio es contrario a la buena fe.
Resumen: El Auto de l juzgado que no admite la declaración de concurso concurre en incongruencia extra petita porque desestima la petición de declaración de concurso necesario por falta de presupuestos del concurso, cuando no era esa una de las causas de oposición de la concursada, ni de petición de la acreedora (quien lo hizo por imposibilidad de llevar a cabo una ejecución). Previamente se había desestimado en dos ocasiones la petición de declaración de concurso. La existencia de cosa juzgada en estos casos es cuestión doctrina,mente discutida. No la hay si las circunstancias han cambiado con el devenir del tiempo. En todo caso, aunque no exista propiamente cosa juzgada (propia de las sentencias), sí existe vinculación material cuando se dan las mismas circunstancias con los supuestos anteriores. Pero tampoco procede la declaración de concurso porque no existe pluralidad de acreedores. Aunque en este caso se trate de dos deudas, pero vinculadas por intereses comunes de carácter familiar. Por lo que no resulta procedente incoar un concurso, ya que no estaría en riesgo la regla de la paridad en le pago (par conditio creditorum).
Resumen: Estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y revoca la sentencia apelada reconociendo todo el crédito, tanto por principal como recargos, como crédito contra la masa. Recuerda que el incidente concursal es el cauce procesal idóneo para la sustanciación de las reclamaciones en materia de reconocimiento y pago de créditos contra la masa, considerando que lo relevante es cómo se acredita el crédito público, independientemente de la calificación concursal o contra la masa que después merezca, calificación para que la que tienen plena jurisdicción los órganos del concurso. Rechaza la existencia de cosa juzgada dado que no hay identidad de objeto, al corresponder las sumas reclamadas a objeto tributarios distintos, así como la incompetencia de jurisdicción del juez del concurso para dejar sin efecto los recargos de apremio administrativos, pues si la AC o la concursada consideraba que la certificación administrativa en que constaban tales recargos era incorrecta o contenía conceptos indebidos, debería haberla impugnado conforme a los recursos y cauces previstos en la Ley General Tributaria. Finalmente, conforme a pacífica jurisprudencia los recargos son en todo caso créditos subordinados, si derivan de créditos concursales, no si derivan de créditos contra la masa, cuyo impago no impide el devengo de intereses y recargos con cargo a la masa.
Resumen: Inexistencia de accidente de circulación y atropello de peatón al utilizarse un vehículo a motor de modo doloso para intentar la muerte de quien iba de copiloto. Entiende la Sala que concurrió alevosía sorpresiva y sobrevenida ya que la agresión fue inopinada e inesperada para la víctima y sin que esta pudiera tener capacidad de reacción y que aunque Pura accedió a subir voluntariamente al vehículo del acusado nada determinó que hubiese de tomar precauciones porque su relación era buena, el acusado se preocupaba de atender las necesidades económicas de Pura, dos días antes habían tomado café el mismo sitio al que el día de los hechos le propuso acudir y en tono conciliador, como refiere la propia víctima.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que, en grado de apelación, confirma la nulidad de una de las Bases de convocatoria de concurso-oposición para el acceso a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Facultativo Especialista de Área del Servicio de Salud, únicamente en lo relativo a la valoración de cursos superiores de post-grado, diplomas y cursos, de forma que, pasa a reconocerse y valorarse, no solo los cursos acreditados por la comisión de formación continua de las profesiones sanitarias, sino todos los acreditados por las Comunidades Autónomas, cualquier Administración Pública, y Universidad y los realizados al amparo de acuerdos de formación continua en las Administraciones Públicas. Para el TS resulta difícil encontrar algún ámbito en el que resulte tan esencial la actualización, por el beneficio para la salud y la vida las personas, como en medicina, teniendo en cuenta la inmediatez de sus efectos sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, razón por la que la limitación impuesta en la Base establece una diferencia justificada y proporcionada, respeta la norma legal, también en lo que se refiere a la valoración de cursos realizados en otras administraciones, por lo que no procede su anulación sino la declaración de que respeta la norma de superior rango.
Resumen: La sentencia, una vez examinados detenidamente los méritos presentados por el afectado, rechaza la tesis de la demanda sobre una posible falta de motivación de alguno de ellos, en concreto por referirse tal alegación a méritos que realmente no se presentaron, a lo que se suma que los que sí se presentaron fueron adecuadamente valorados. En cuanto a la alegación de la posible vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que han de regir el acceso a la función pública, la sentencia también lo rechaza, en concreto porque se apreciaba que el órgano de selección valoró los méritos de todos los participantes en el proceso selectivo con la misma escala de puntuación que recogía la norma que regía la convocatoria. Además, la sentencia destaca que carecía igualmente de sustento la alegación de haberse vulnerado el principio de confianza legítima.
Resumen: Condena al autor directo del delito, que es a su vez, el Secretario del Comité Local de partido político, por haberse abonado una cantidad con cargo a fondos de la Concejalía de Desarrollo Local por obras llevadas a cabo en la sede de partido político de forma privada. Es condenado como autor de un delito continuado de fraude en concurso medial con delitos continuados de malversación y falsedad en documento oficial, junto con otros autores. El Fiscal ejercita la acción civil. No hay renuncia expresa del perjudicado. Para que sea operativa una renuncia de indemnización debe ser esta expresa, no tácita. Solo la renuncia expresa del perjudicado veta al Fiscal para reclamar una responsabilidad civil y, en este caso, esto no se ha producido. En caso de entidades locales como Ayuntamientos ha de estar sometida a diversas formalidades, como acuerdo del Pleno. La acción civil es contingente, no todos los ilícitos penales producen un perjuicio evaluable económicamente a personas determinadas, y su ejercicio puede resultar exceptuado bien por la renuncia de su titular, bien por la reserva de acciones. Debe descartarse una interpretación estricta del art. 120.4, de tal manera que cualquier extralimitación o desobediencia del empleado pueda considerarse que rompe la conexión con el empresario. La acción por responsabilidad civil tiene el plazo de prescripción del delito, y la acción civil contra el partícipe a título lucrativo tiene el plazo de prescripción de las acciones personales.
Resumen: Supuesto similar a los resueltos por sentencias de 24 de junio de 2020 (recurso de casación 6449/2017) y de 17 de junio de 2020 (recurso de casación 1040/2018), donde se acuerda que con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de reforma y sostenibilidad de la Administración Local y, en particular, del artículo 92 bis LBRL, que queda automáticamente derogado -por antinómico- lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Los funcionarios de las corporaciones locales que prestaban servicios en virtud de autorización excepcional, según lo permitido por la disposición adicional tercera del Real Decreto 1732/1994 por tener los puestos la condición de vacantes, debían ser cubiertos mediante concurso por funcionarios de la Administración local con habilitación nacional en la convocatoria correspondiente.
Resumen: La AEAT inició un expediente de derivación de responsabilidad contra la concursada, por deudas que su socio mayoritario tenía con Hacienda (como responsable tributario de las que a su vez tenía con Hacienda la mercantil de la que era administrador), y dos entidades pidieron al juez del concurso la exclusión del crédito comunicado por la AEAT, y subsidiariamente su calificación como crédito subordinado, pretensión esta última que fue estimada en apelación. Naturaleza jurídica de los créditos resultantes de la derivación de responsabilidad tributaria del art. 42.1 LGT. Consecuencias en su clasificación concursal. La derivación de responsabilidad tributaria al administrador societario guarda semejanza con la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC. En ningún caso se trata de una sanción pues resulta improcedente extender el concepto de sanción con la finalidad de obtener la aplicación de las garantías constitucionales propias de ese tipo de normas a medidas que no responden, verdaderamente, al ejercicio del ius puniendi del Estado. Se estima el recurso y en funciones de instancia, al no considerarse la derivación de responsabilidad tributaria como una sanción, no cabe que se subordinen todos los créditos resultantes conforme al art. 92.4 LC, sino que conservarán la misma clasificación que correspondería a los créditos de los que provenga la derivación.
