• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: ANGEL JUDEL PRIETO
  • Nº Recurso: 1167/2020
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compra repetida, usando un vale emitido por el Ayuntamiento de Ferrol y lo hace (como también en Eroski y Familia) con pleno conocimiento de no ser beneficiario del programa de ayuda y de la alteración esencial del soporte mendaz que incorpora datos personales y facilita al poseedor la ilícita obtención de beneficio económico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: CARLOS JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 63/2020
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sustracción de recetas de una farmacía que se llevan a otra, se manipulan y se pasan al cobro.Acreditados los datos indiciarios expuestos en la sentencia, el tribunal sentenciador extrae de ellos, en una conexión lógica, totalmente racional y acorde a las máximas de experiencia, que la titular de la farmacia de la calle S. de Madrid, la acusada Doña C., se hallaba en concierto con el otro acusado y, por lo tanto, no solo conoció, sino que planeó con él, la sustracción de las recetas de las dos farmacias de Avila, las cuales fueron selladas y firmadas por ella, o por una empleada su orden, logrando obtener su importe de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: FERNANDO LOPEZ DEL AMO GONZALEZ
  • Nº Recurso: 463/2020
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación de cantidad frente a entidad bancaria para la devolución de las cantidades avaladas por la misma conforme a la Ley 57/1968. Estimada parcialmente la demanda, recurre el actor, planteando si la entidad bancaria debe responder por el total de la cantidad avalada. El artículo 3 de la Ley 57/1968 otorga carácter ejecutivo para exigir al asegurador o avalista la entrega de cantidades a que el cesionario tuviera derecho cuando se presente el contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o no entrega de la vivienda. Se distinguen dos supuestos: la entidad de crédito no avalista, que sólo responderá de los anticipos que se ingresen o transfieran a una cuenta del promotor en dicha entidad; mientras que el garante (avalista o asegurador) normalmente responde de todos los anticipos entregados por los compradores al vendedor. En el presente caso, nos encontramos con que existe una entidad que garantiza las cantidades entregadas por el comprador cuyo importe se refleja en el propio contrato de aval individual, cantidades que se corresponden con la entrega en los términos convenidos. Recogiendo el aval la totalidad de lo entregado a cuenta, no debe reducirse la cantidad reclamada, pues el propio aval (emitido después de las entregas a cuenta) es el justificante del pago de la cantidad garantizada. Rechazada asimismo, la caducidad del aval debe estimarse la devolución de la totalidad de lo entregado a cuenta.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JORGE OBACH MARTINEZ
  • Nº Recurso: 21/2019
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Dispone condena por los delitos de cohecho, falsedad en documento oficial y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Acusado principal que como Subinspector del CNP era responsable de instruir denuncias e informes para tramitar expedientes de residencia legal a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España por haber sido víctimas y prestan colaboración para perseguir a responsables del tráfico ilegal de extranjeros, que a través de otro acusado y a cambio de un precio que les abonaban los extranjeros irregulares, elaboraba informes proponiendo su regularización como si se tratase de víctimas de tráfico ilegal de extranjeros, cuando no lo eran. Procedimiento de Jurado. Valoración por los miembros del jurado sobre los hechos que constituyen el presupujesto del delito de cohecho. Delito de cohecho como manifestación genuina de la corrupción que afecta al buen funcionamiento de la Administración pública. Elementos típicos y su afirmación unánime por parte del Jurado popular. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Delito de carácter pluriofensivo. Tutela de los derechos individuales de los extranjeros y tutela el derecho del Estado a controlar los flujos migratorios. Elementos típicos y su probanza por parte del Jurado popular. Falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público. Continuidad delictiva. Autoría material y cooperación necesaria respecto de cada uno de los delitos objeto de acusación. Penalidad
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 616/2019
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que el documento privado se convierta en oficial, es preciso no sólo que el documento se confeccione con el único o exclusivo destino de producir efectos en el orden oficial o en el seno de las Administraciones Públicas, sino que debe incluso provocar resoluciones del ente receptor con trascendencia para el tráfico jurídico. La falsedad cometida en un documento privado no se convierte en falsedad en documento oficial solo porque posteriormente el documento sea incorporado a un expediente oficial. Documentos oficiales son todos aquellos que provienen, son emitidos o puestos en circulación por entidades públicas del Estado de las Comunidades Autonómicas, Provinciales o del Municipio, con la finalidad de satisfacer las necesidades del servicio público, dentro del ámbito de sus funciones. El delito de falsedad en documento privado requiere en su tipicidad el ánimo de perjudicar a tercero, precisamente uno de los elementos de la estafa, por lo que la conducta debe ser penada conforme a uno de los dos tipos penales en aparente concurso, que lo es de leyes. Por regla general no se excluye la indemnización por daños morales en los delitos patrimoniales. Rige la "procedencia intrínseca" de la inclusión en las costas de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con las acogidas por el Tribunal, de las que se separa cualitativamente, evidenciándose además como inviables, extrañas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
  • Nº Recurso: 357/2019
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza si existe gravamen para recurrir en apelación del demandado que se ha allanado en Primera Instancia, señalando el Tribunal que carece del mismo, pues la ley procesal exige a la parte que interponga recurso, que la resolución le afecte desfavorablemente, debiendo atenderse a la parte dispositiva, pues los recursos se justifican contra ella y no respecto de los fundamentos de derecho. En este supuesto la concursada carece de gravamen, pues fue parte demandada y la demanda se desestimó, sin que pueda considerarse parte coadyuvante de la parte actora, habiendo adoptado una posición pasiva, allanándose en una parte y en la no allanada, que se refería al reconocimiento de crédito por los intereses, no reconvino. Respecto del recurso de la parte actora, se reclaman honorarios de asistencia jurídica por la presentación de la demanda de concurso y asistencia letrada durante el procedimiento. Surgen dos problemas el de la existencia de crédito contra la masa y el de su cuantificación, y aunque refiere trabajos para la preparación del concurso, en factura solo reclama el 50% de la fase común que debe asimilarse a asistencia durante el concurso, y siendo de interpretación restrictiva la calificación de crédito contra la masa, legalmente debería tratarse de intervención obligatoria o en interés de la masa, y aquí no concurren estas circunstancias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 416/2018
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la que declaró la improcedencia del despido de la trabajadora con condena solidaria a la empleadora y a la adjudicataria de la unidad productiva, despido acontecido cuando la empresa estaba declarada en concurso, adjudicándose por el juez del concurso la unidad productiva en la que había prestado servicios la demandante, y declarándose la responsabilidad solidaria por las deudas de la empleadora aun cuando la relación laboral ya estuviera extinguida en el momento de la adquisición. Señala la Sala 4: 1) Que la adjudicación de unidad productiva acarrea las consecuencias del art. 44.3 ET; 2) El art. 44 ET es norma de carácter imperativo, operando la sucesión salvo disposición en contrario; 3) El art. 184.4 LC debe interpretarse en el sentido de que no se excluye que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa; 4) Dicha conclusión no se opone al art. 148.2 LC; 5) Dicha interpretación es conforme a la Directiva 2001/23
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Málaga
  • Ponente: SANTIAGO MACHO MACHO
  • Nº Recurso: 680/2019
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución de la Subsecretaría de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación que desestima la solicitud de la funcionaria interina del Cuerpo de Maestros de que se declare su condición de trabajadora fija o subsidiariamente como indefinida no fija, ya que se alega la contratación de la recurrente no respondió a razones temporales de "necesidad y urgencia", sino a necesidades permanentes y estructurales verificándose así un fraude en la utilización de fórmulas de empleo temporal no justificadas y por ello debe accederse a su pretensión y la Sala tras recoger la jurisprudencia sobre dicha cuestión, concluye que no puede admitirse la primera pretensión de que le sea reconocida al recurrente la condición de funcionario de carrera, y respecto a la pretensión ejercitada como subsidiaria, tampoco es posible acceder a ella en su literal, sino que debe acomodarse a la doctrina emanada del Tribunal Supremo, de manera que se reconozce al recurrente el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que ocupaba a la fecha de la interposición del recurso, hasta que por la Administración se examine si esta plaza tiene carácter estructural, y en caso de que así sea se proceda a proveer dicho puesto a través de las vías legales.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA
  • Nº Recurso: 49/2020
  • Fecha: 10/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Revoca la sentencia apelada que había estimado la acción de resolución de un contrato por interés del concurso. Tras rechazar la alegada extemporaneidad de la acción al entender que su ejercicio no está condicionado por plazo alguno en la ley concursal y entender que el contrato estaba incurso en el ámbito objetivo del artículo 61.2 LC, entiende que no se dan los requisitos para el éxito de dicha acción. Considera que esta excepcional posibilidad de poner fin a la relación contractual se otorga a la administración concursal, en caso de suspensión, o al concursado, en caso de intervención, a los que corresponde valorar si procede solicitar la resolución del contrato por ser conveniente al interés del concurso, que se configura como un prototipo de concepto jurídico indeterminado, que se puede entender genéricamente como la maximización del valor del patrimonio concursal como medio para alcanzar el fin primordial del concurso, que es la satisfacción de los acreedores en aquellos supuestos en los que resulta antieconómico el mantenimiento del vínculo contractual desde la óptica del concurso, al ser el coste de cumplimiento superior al valor de lo que se obtiene del mismo, sin que sea necesario que exista causa de incumplimiento para su apreciación. Entiende que, en este caso, no se da dicho interés dado que la acción se ha ejercitado más como una acción de reintegración sin pretender cumplir las exigencias para la misma y que su ejercicio es contrario a la buena fe.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA
  • Nº Recurso: 330/2020
  • Fecha: 10/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estima el recurso dejando sin efecto la causa de alzamiento de bienes así como la condena a la indemnización de daños y perjuicios. Confirma la culpabilidad por retraso en la solicitud de concurso pues solo precisa acreditar el incumplimiento del deber previsto en el art 5 LC, sin exigir esfuerzo probatorio adicional referente a si a ese comportamiento omisivo se puede ligar causalmente el agravamiento patrimonial de la concursada. En relación con la culpabilidad por alzamiento de bienes, si bien basta para calificar culpable el concurso que el deudor hubiere realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo difícilmente puede predicarse cuando se parte de una situación de suficiencia patrimonial para atender esa concreta obligación pendiente de inmediata ejecución y el activo se aplica al pago de otro acreedor, máxime cuando este último gozaba de preferencia real sobre los bienes transmitidos. Confirma la culpabilidad por salida fraudulenta pues no se explicita qué capacidad patrimonial tenía la concursada en el momento de esa salidas patrimoniales para atender a los acreedores. Rechaza la condena a los daños y perjuicios dado que no se solicitó dicha indemnización sino la cobertura del déficit concursal que fue desestimada y porque se trata de una responsabilidad por daños clásica que requiere los requisitos típicos que no concurren en este caso.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.