• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: PURIFICACION MARTORELL ZULUETA
  • Nº Recurso: 171/2020
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma la sentencia apelada que desestimó la acción ejercitada en el incidente concursal planteado en relación a un crédito retenido por una entidad de crédito. Destaca el tribunal que el saldo discutido está afecto a la garantía real y ésta no puede quedar vaciada de contenido como consecuencia de una novación subjetiva efectuada entre sociedades del mismo grupo, al margen de la entidad financiera, de manera que la entidad inicialmente designada como pagadora en el contrato por el que se constituye la prenda futura sobre los rendimientos de la actividad, queda sustituida por otra entidad del mismo grupo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: MIGUEL ANGEL FILGUEIRA BOUZA
  • Nº Recurso: 30/2019
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contrato de venta de un vehículo con la acusada, incluyendo una cláusula determinada , y luego se vio sorprendido por una reclamación civil que se fundamentaba, entre otras circunstancias, en una copia del contrato en la que no figuraba, pues se había hecho desaparecer, esa cláusula. Se castiga dicha acción como un delito de estafa procesal en grado de tentativa que absorbe otro de falsedad de documento privado
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JOSE RUIZ RAMO
  • Nº Recurso: 903/2019
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia condena al acusado por un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa en grado de tentativa por haber presentado en un proceso penal y en otro laboral sendos documentos que no correspondían a la verdad ni en su contenido ni en su supuesta autoría, con el fin de obtener ventaja mediante dicha prueba falsaria en el resultado de dichos procesos. La sentencia recoge la definición y elementos de la estafa procesal y de la falsedad en documento privado, considerando subsumibles en dichos delitos los hechos enjuiciados al estimar acreditada la falsedad de los documentos a partir de la prueba pericial realizada sobre los mismos y también la autoría pues si bien no conta que el condenado haya realizado materialmente los documentos falsos sí es deducible su responsabilidad dado que fue la única persona que obtendría beneficio de la maniobra fraudulenta, siendo deducible que fue la persona que encargó la realización de los citados documentos cuyo carácter de documento privado no deja lugar a la duda. Se descarta la continuidad delictiva que sostenían las acusaciones. En la determinación de la pena se hace aplicación de la regla de la alternatividad o consunción impropia del art. 8.4 CP. Se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: JORGE DE LA RUA NAVARRO
  • Nº Recurso: 635/2020
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estima parcialmente el recurso de apelación y condena a uno de los administradores demandados al pago de parte de la deuda social al haber nacido la misma mientras era administrador, absolviendo a los otros dos demandados sobre el resto de la deuda al no darse los requisitos para el éxito de la acción. Entiende que estamos ante una responsabilidad ex lege o de carácter objetivo cuyo fundamento descansa en el incumplimiento por los administradores del deber que les impone la Ley de convocar la junta de socios en el plazo de dos meses desde que se constata la causa de disolución imperativa, no precisando la producción de un daño ni la relación de causalidad y no requiriendo, por ello, la demostración de culpa del administrador demandado, siempre que las obligaciones hayan nacido después de la causa de disolución, presumiéndose que las obligaciones reclamadas son de fecha posterior a dicha causa. Entiende que corresponde a la parte demandada acreditar que la causa de disolución se produjo después de que se contrajeran las deudas sociales y considera que la remisión de la comunicación prevista en el artículo 5 bis LC excluye la responsabilidad de los administradores en caso de que no tenga una finalidad puramente dilatoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 4102/2018
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tipo penal del art. 467.2 requiere, como elementos integradores: a) que el sujeto activo sea un abogado o un procurador, esto es, se trata de un delito especial; b) desde el punto de vista de la dinámica comisiva, que se despliegue una acción u omisión, que en ambos casos derivará en un resultado; c) como elemento objetivo, que se perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados; y d) desde el plano de culpabilidad, un comportamiento doloso, en el que debe incluirse el dolo eventual, o bien un comportamiento culposo, en el que concurra "imprudencia grave". El perjuicio es manifiesto al haberse apropiado de las cantidades recibidas "omitiendo la elaboración y presentación de informes periciales en el procedimiento seguido en vía contencioso administrativa". La jurisprudencia, al interpretar el actual párrafo 2º del art. 73 LCS ha considerado admisibles las cláusulas de delimitación temporal del seguro de responsabilidad civil si cumplen el requisito, como cláusulas limitativas que son según la propia norma, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito, como exige el art. 3 LCS.También se ha declarado que la interpretación de estas cláusulas no debe perjudicar al asegurado ni al perjudicado, pero esta declaración debe ponerse en relación o bien con sentencias sobre el art. 73 LCS antes de su modificación en 1995, o bien con la aplicación de su redacción posterior a casos de sucesión de seguros.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Logroño
  • Ponente: MARIA TERESA MINGOT FELIP
  • Nº Recurso: 9/2018
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia condena a las acusadas como autoras de un delito continuado de estafa por defraudar a unos familiares al hacerles creer que por sus contactos con una entidad bancaria podían conseguirles dos viviendas y un coche a bajo precio. Los perjudicados, confiados en la creencia errónea que supuso el engaño, entregaron a las acusadas el importe del supuesto precio que aquéllas hicieron suyo. En el recurso se analizan los requisitos del delito de estafa, en especial la idoneidad del engaño, así como la prueba que permite afirmar el engaño y la participación de las acusadas en él. Se aprecia la agravación por especial cuantía al superar los 50.000 euros pero no la agravación por la especial relación existente entre las partes pues pese a ser familiares se entiende que precisamente la confianza surgida de esa relación fue la que hizo posible el engaño, integrando el mismo, razón por la cual apreciar la agravación por las especiales relaciones personales supondría duplicar la apreciación típica de la misma situación fáctica. Se examina la continuidad delictiva y la pena que es aplicable en razón a ella y a la agravación concurrente por la especial cuantía de la defraudación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10062/2020
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El artículo 76 CP va más allá del puro criterio de conexidad propio del concurso real de delitos. Ahora bien, ello tampoco significa que haya cabida para una acumulación indiscriminada de condenas. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 3/2/2016 estableció que la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en esa sentencia que determina la acumulación; y los cometidos con posterioridad a tal sentencia.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Lleida
  • Ponente: ALBERTO GUILAÑA FOIX
  • Nº Recurso: 603/2020
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que resuelve la Audiencia se refiere a la posibilidad de obtener la exoneración del pasivo insatisfecho en un concurso consecutivo de persona física cuando no han sido liquidados todos sus bienes, puesto que queda por liquidar la mitad de su vivienda habitual que está gravada con préstamo hipotecario. Aunque esa vivienda ha de formar parte del activo del concursado, cuando se presume que la carga vale más que el inmueble o que la subasta del mismo no satisfará el total del crédito, si el concursado paga puntualmente las cuotas, podrá el juez del concurso autorizar que el bien no salga a subasta, previa audiencia a los acreedores. Por lo que autoriza la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho provisional, sin que salga la vivienda a subasta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: EULALIA MARTINEZ LOPEZ
  • Nº Recurso: 172/2020
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado en ejecución de sentencia, se plantean los efectos de lo que debió ser el nombramiento del apelante como jefe de servicio, se plantea el carácter o no retroactivo de dicho nombramiento a los efectos de su retribución y dicho nombramiento con carácter provisional se acuerda hasta la fecha en que se proceda a la provisión definitiva, por lo que en cuanto a sus efectos jurídico-administrativos, se concluye que procede desde el día en que debió ser nombrado como, dies a quo, hasta el día, correspondientes al periodo en el que debió estar adscrito, de forma provisional como responsable del Servicio en calidad de Jefe de Sección con nombramiento más antiguo y todo ello en base a lo que se establecía en la sentencia y en virtud del derecho a la ejecución de la misma, ya que la sentencia debe ser ejecutada en sus propios términos según el principio de inalterabilidad de la sentencia, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 de la Constitución actúa como un límite que impide variar o revisar nuestras resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la Ley, por lo que se acuerda dicho pronunciamiento en cuanto a los efectos económicos, al haberse resuelto ya el proceso selectivo y haberse seleccionado a otro aspirante.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS MARTIN MEIZOSO
  • Nº Recurso: 1736/2019
  • Fecha: 27/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal dice que debe entenderse por inmigración ilegal la que se produce con infracción de la normativa reguladora del tema, sin que existan razones materiales para negar la punición cuando la entrada se produce con una falsa apariencia de legalidad, pues debe acudirse a un concepto amplio de ilegalidad acorde con la normativa europea sobre la materia, concepto que no ha de limitarse por tanto al carácter oculto o subrepticio de la entrada ni a la utilización de documentación falsificada. Y es que ha de excluirse el error de partida de identificar la inmigración ilegal con la entrada ilegal en nuestro país. Lo que se sanciona es la ayuda intencionada, con y sin ánimo de lucro, a la vulneración por los inmigrantes ajenos a la Unión Europea, de la normativa legal reguladora de su entrada, tránsito y permanencia en territorio español, con la finalidad de respetar la unidad del Derecho Europeo en una materia de interés común, como es el control de los flujos migratorios". No obstante, el precepto sigue estando encuadrado bajo la rúbrica relativa a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, presididos por el derecho a la preservación de su dignidad, que impide prescindir de una suficiente consideración a este bien jurídico, por lo que será preciso que las circunstancias que rodean la conducta permitan apreciar la existencia de alguna clase de riesgo relevante para tales derechos.

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