Resumen: Se estima el recurso para dos de los condenados, procediendo a absolverles del delito de blanqueo de capitales, manteniendo el resto de las condenas de uno de ellos. Considera que la sentencia recurrida no solo omite el juicio de subsunción de los hechos en el tipo penal del blanqueo, limitándose a condenar por blanqueo de capitales sin explicar las conductas que llevan a esta pena, sino que el propio factum es insuficiente para la condena. La condena por un delito de blanqueo de capitales no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva. Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente. Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006: l art. 301 del Código penal no excluye, el concurso real con el delito antecedente. En el relato de hechos probados, deben constar todos los elementos de la conducta que son relevantes para la subsunción en un determinado tipo penal, incluidos los de carácter subjetivo. De modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado, hemos admitido que los fundamentos jurídicos puedan contener afirmaciones fácticas que complementen el hecho probado, siempre que en el factum se encuentre consignado el núcleo de lo desarrollado en la fundamentación jurídica. Concepto de organización criminal: art. 570 bis CP. La atenuante del artículo 21.2 CP. El artículo 368.2 CP. Tentativa y participación en el tráfico de drogas.
Resumen: El motivo primero se formula, al amparo del artículo 849.2 LECrim, por error de hecho en la apreciación de la prueba. Se designan, como documentos erróneamente valorados, partes médicos e informes periciales. El motivo se desestima. Para que pueda prosperar un motivo por el cauce invocado, el documento acreditativo del error que designa debe ir referido a un hecho con relevancia penal, que haya sido incluido erróneamente o que deba ser incluido en el relato fáctico por su relevancia penal. Deben ser documentos que, por sí mismos y sin necesidad de otro tipo de acreditamientos, permitan declarar como probado un hecho o un error en el hecho declarado probado por el tribunal de instancia. De los documentos que el recurrente designa, no resulta ningún error de hecho. Lo que se pretende es una nueva valoración de los mismos, lo que no es factible. El motivo segundo discute la concurrencia del ánimo de matar. El motivo se desestima. El cauce casacional elegido (artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) exige un respecto escrupuloso del hecho probado. Del hecho probado se infiere perfectamente el ánimo de matar. Se desestiman los motivos planteados por quebrantamiento de forma. La redacción de la sentencia es clara y no ofrece dudas.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia que reconoció al demandante el grado personal consolidado del nivel 28. El recurso de casación se admitió a trámite por tener interés casacional determinar si la consideración de un grado personal de los funcionarios sólo puede adquirirse en virtud de desempeño de puestos de trabajo a los que se ha accedido mediante los procedimientos de provisión legalmente previstos o si también puede adquirirse mediante el desempeño fáctico de dichos puestos de trabajo. El TS estima el recurso de casación porque no puede aplicarse el régimen jurídico previsto para la adquisición de un grado personal superior (nivel 28 solicitado), cuando se viene ocupando un único puesto de trabajo, Jefe de Servicio nivel 26, por la simple invocación del principio de igualdad retributiva, por razón de la coincidencia de las funciones que desempeña y las responsabilidades que asume en relación con el puesto de trabajo de Jefe de Área, nivel 28. Y esto es así porque no ha tenido lugar el desempeño de uno o mas puestos del nivel correspondiente durante los años exigidos legalmente, esto es, de un puesto que tenga asignado ese nivel 28 que pretende adquirir. El nivel asignado al puesto de trabajo se fija en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, y mientas no se altere el nivel fijado, no puede consolidarse un nivel diferente al que tiene asignado el puesto de trabajo desempeñado.
Resumen: La recurrente aprobó el proceso selectivo por el turno de acceso libre con en el número de orden 22. Es decir, había no solamente 21 personas aspirantes con mejor derecho para elegir vacantes por el turno libre, sino que había también 25 personas por el turno de promoción interna que tenían preferencia en la elección de vacantes a las personas aspirantes por el turno de acceso libre. Por tanto había 36 personas aspirantes con preferencia en la elección de vacantes antes que la recurrente. Además existían varios aspirantes del turno de promoción interna vertical que podrían acceder a los puestos de trabajo en función del grado consolidado siempre que se encontrarán incluidos en el intervalo de niveles del propio cuerpo al que hubiesen ascendido La vacante en los servicios generales de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, no quedó desierta como alega la recurrente, sino que se adjudicó a otra persona aspirante del turno de promoción interna vertical con mejor derecho en la elección de vacantes que la recurrente que accedió por el turno libre como ya se ha explicado anteriormente El examen de las plazas ofertadas y de las adjudicadas lleva la Sala a la conclusión de que no ha existido ninguna plaza desierta, y aunque es cierto que se ha cambiado la denominación de la plaza ofertada y solicitada por la parte demandante tal hecho no es relevante a los efectos de la pretensión del demandante
Resumen: Atenuante de reparación del daño. Su razón de ser, pues, está íntimamente ligada a la existencia de un acto reparador que, en buena medida, compense el desvalor de la conducta infractora. En el caso de autos se estima el recurso interpuesto por la acusación particular a los efectos de dejar sin efecto la atenuante toda vez que ni la cantidad entregada, ni el inicio del proceso de mediación no seguido de un acuerdo, ni tampoco la expresión pública de perdón en el momento del juicio o la realización de labores de acompañamientos a persona con discapacidad en el centro penitenciario son actos que justifiquen la apreciación de la atenuante de reparación del daño. Atenuante de confesión. Para apreciar esta atenuante se precisa de una verdadera confesión por parte del culpable, que sea veraz en lo sustancial, que se mantenga durante todo el proceso, que se realice antes del inicio de las investigaciones y que se preste ante autoridad o agente de la misma que esté cualificado para recibirla. Es posible una atenuante analógica de los actos de colaboración con la Justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos siempre que éstos favorezcan de forma eficaz y relevante el esclarecimiento de los hechos y de los responsable. Prueba de las atenuantes y eximentes, doctrina. Agravación de organización criminal: Se precisa no sólo que el autor pertenezca a una organización o grupo, sino que el delito tenga alguna relación causal con las actividades del grupo (art. 140.3 CP).
Resumen: La Audiencia condena a los acusados como autores de un delito de estafa gravada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Los acusados, mediante la confección de documentos mercantiles falsos trataron de hacer suyos los bienes de su padre al estar disconformes con su distribución en testamento. La legitimación de la acusación particular al amparo del art. 103 LECR al ser los denunciantes personados parientes de los acusados. Se estima la cuestión respecto de los hermanos pero no respecto de una tercera denunciante en quien no puede ser apreciada la regla del citado artículo. Los elementos del delito de estafa realizado mediante operaciones societarias encaminadas a disminuir el patrimonio hereditario para beneficio de los acusados que distrajeron el dinero. El delito de falsedad en documento mercantil: sus elementos y el bien jurídico que protege. Valor del informe pericial caligráfico y de antigüedad de la tintas realizado por la policía. Su prevalencia sobre la pericial de parte en atención a su credibilidad. Se afirma la agravación por razón de la cuantía pero se descarta la agravación por abuso de las relaciones personales. Se descartan también las agravaciones por abuso de firma en blanco y en atención a la naturaleza de los bienes defraudados.
Resumen: Límite del privilegio especial: arrendamiento financiero. Ibercaja tiene la cualidad de acreedor de arrendamiento financiero que le atribuye en el proceso concursal un haz de facultades, unas de naturaleza procesal de índole ejecutiva, y otras de naturaleza sustantiva. Estas últimas suponen que su crédito debe ser satisfecho con el producto obtenido con la realización del bien gravado de manera preferente a cualquier otro acreedor. Debe ser respetado sin que, en ningún caso, pueda ser aplicado el precio obtenido de un bien hipotecado a sujeto distinto al titular hipotecario hasta la cobertura hipotecaria, al margen del sistema de venta seguido. Este alcance sustantivo o preferencia de cobro en el concurso está directamente relacionado en el caso del crédito por arrendamiento financiero con el importe de la garantía, de manera que se liga la protección preferente de ese acreedor en el concurso a los límites de la responsabilidad o cobertura de la garantía. El derecho de preferencia en el cobro sobre los demás acreedores está limitado en un doble sentido: (i) al propio bien hipotecado; y (ii) respecto de la concreta deuda garantizada. Y tales límites operan tanto en una situación extraconcursal como concursal. Lo que ha de percibir el acreedor privilegiado se extiende a la totalidad de lo adeudado cubierto por la garantía real.
Resumen: Cuando se declara el concurso de la vendedora que había asumido la obligación de recompra, todavía no se había cumplido el término en que le podía ser exigible por el comprador si hacía uso de la opción de reventa. El que en ese momento de la declaración de concurso no fuera exigible la obligación de recompra por parte de la concursada, no significa que esa obligación fuera posterior al concurso. Había nacido con el contrato originario, posteriormente novado, aunque su exigibilidad dependiera de un término y de la voluntad del comprador de hacer valer su opción de venta. En este caso, la obligación de la vendedora de las acciones (ahora en concurso) de recomprarlas al cabo de seis años y medio, por un precio, supone la obligación de pagar este precio a cambio de recuperar las acciones vendidas que ahora se recompran. Desde la perspectiva del régimen legal de los efectos del concurso sobre los contratos, de los arts.61 y ss.LC, cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Al margen de que su exigibilidad quedara supeditada al cumplimiento del término convenido y al ejercicio de la opción de venta en las condiciones pactadas, existe una reciprocidad entre el pago del precio convenido y la transmisión de las acciones objeto de recompra.Reciprocidad que exige un cumplimiento simultáneo de ambas obligaciones, lo que justifica que el art. 61.2 LC califique como crédito contra la masa el derecho a exigir la obligación asumida por la concursada.
Resumen: FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL: elaboración de documentos reflejando acuerdos sociales no adoptados. PRUEBA DE CARGO: es la apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia, practicada a través del oportuno debate contradictoria en juicio, a la que se pueden añadir otras prestadas en la instrucción que cumplan los requisitos exigidos para ello. Las declaraciones de los imputados se complementan con la documental no impugnada por las partes. CONTENIDO DEL DELITO: mutación de la realidad destinada a tener efectos en el tráfico jurídico y con capacidad para hacerlo, afectando a la función probatoria de garantía de los documentos mercantiles. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: la administración desleal implica una alteración falsaria que, en el caso de autos, está cubierta por la previa calificación por la falsedad. DELITO SOCIETARIO: el hecho no produjo perjuicio al resto de los socios. ADMINISTRACIÓN DESLEAL: el exceso en las funciones de administración no produjo perjuicio patrimonial.
Resumen: Las bases de la convocatoria establecían la cobertura mediante el sistema de concurso de Movilidad de dos plazas de oficial de la policía local que podían incrementarse, en su caso, por Resolución de Alcaldía ampliándose mediante dicho mecanismo en una plaza más y siendo una previsión expresa de las bases de la convocatoria, el tribunal de calificación no podía desatender la materialización de aquélla con la sola razón de haber precedido "un extenso debate". Otro Decreto de la Alcaldía sólo nombrar dos funcionarios en prácticas en lugar de los 3 plazas acordadas por resolución dictada en aplicación de las bases de la convocatoria pasando a formar parte de éstas. Si el ayuntamiento cualquier otro interesado consideraban que el Decreto de Alcaldía era nula de pleno derecho deberían haber acudido al procedimiento de revisión de oficio establecida en la ley de procedimiento Común de las Administraciones Públicas fue muy patente que pudiera ser la nulidad. La estimación de dicho motivo hace innecesario el enjuiciamiento de otros motivos, al ver satisfecha la pretensión ejercitada de reconocer el derecho a su nombramiento en prácticas como lógica consecuencia de ser tres las plazas que debieron cubrirse finalmente. En cualquier caso, este motivo no podría haber llevado por sí sola a la estimación de su pretensión dado que el apelante combate varios de los méritos del que fuera codemandado en este pleito al tiempo que esgrime a su favor los negados por el tribunal de oposición
