• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 955/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No surge obstáculo alguno para condenar en la segunda sentencia por el delito del art. 295 CP. Se acusó por delito continuado de apropiación indebida que abarcaba esta conductas. La administración desleal es delito homogéneo con la apropiación indebida. No se produce mutación sustancial (ni accidental) del hecho; tan solo una distinta valoración jurídica menos gravosa, manteniéndose la identidad del bien jurídico tutelado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1105/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es requisito necesario para el acceso a datos de carácter personal, en tanto que supone una limitación del derecho fundamental a la intimidad, la concurrencia de un juicio de proporcionalidad y necesidad serio, referente al concreto interés público manifestado por la correcta investigación de hechos criminales concretos calificados como graves, y siempre que la misma resultancia no pueda alcanzarse mediante diligencias de instrucción menos gravosas. El auto no se basa en meras hipótesis subjetivas, sino que se basa en indicios, los cuales, no es necesario que alcancen el nivel de los indicios racionales de criminalidad propios de la adopción del procesamiento. Y tampoco resulta exigible una justificación táctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada. No debe desplazarse indebidamente sobre los perjudicados la responsabilidad de comportamientos en los que la intención de engañar es manifiesta, y el autor ha conseguido su objetivo, lucrándose en perjuicio de su víctima. El marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado. El engaño utilizado para lograr que el perjudicado efectuara las diversas transferencias no fue uno solo. Es cierto que la cantidad consignada es de escasa cuantía. Ahora bien, las posibilidades económicas del acusado hacen iinferir un imporante esfuerzo reparador.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ALICIA SANCHEZ CORDERO
  • Nº Recurso: 2368/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, el recurrente solicitó el ascenso a Comandante, al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. La resolución impugnada la deniega al constar que el recurrente renunció por segunda vez a la evaluación para el ascenso, lo que constituye una limitación legal para dicho ascenso. En la sentencia se parte del contenido de dicha norma y los requisitos exigidos para acogerse a la misma, señalando las limitaciones legales que obstan al ascenso. En este sentido declara que, entre estas limitaciones, se ha refrendado por este mismo tribunal que es necesario haber realizado el curso de capacitación para el ascenso a comandante, cuando el interesado ha tenido posibilidad para ello y debido a su propia voluntad no lo ha realizado, por aplicación de lo exigido en el artículo 90.2 de la Ley de la Carrera Militar (por todas, sentencias de 3 de abril de 2019 (recurso 875/2017), y 10 de abril de 2019 (recurso 839/2017). En este asunto, la limitación legal se concreta en haber renunciado en dos ocasiones el recurrente a la evaluación y clasificación para el ascenso al empleo de coronel de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, conforme al art. 90 de la Ley 39/2007. En consecuencia, declara la conformidad a Derecho de la denegación de la solicitud de ascenso, al no haber realizado el recurrente los cursos de adaptación, debido a la renuncia a la evaluación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 7502/2019
  • Fecha: 25/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consolidación de la doctrina existente por la que se establece que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, por el transcurso de los plazos estipulados y tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado hayas solicitado dicha convocatoria, la reserva de dominio decaerá y será excluida de la planificación, sin que exista obligación, por parte de la Administración, de convocar concurso a solicitud de cualquier interesado hasta que se efectúe una nueva reserva de dominio y se produzca la correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 2261/2019
  • Fecha: 25/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia examina si representa una infracción del acceso a la función pública (art. 23.2 CE) limitar en las convocatorias de procesos selectivos de consolidación de empleo temporal, la valoración como mérito en la fase de concurso, los servicios prestados y la experiencia de los puestos que son objeto de la convocatoria, a un período máximo de 10 años, previsto en la D.T. 4ª del TREBEP aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. El TS analiza el objetivo de la denominada "consolidación de empleo temporal", recuerda su legitimidad de conformidad con la STC 107/2003, de 2 de junio, y añade, que por la propia naturaleza del proceso es necesario que las pruebas convocadas tomen en consideración la experiencia profesional en el desempeño de los puestos a los que se refiere la convocatoria. Por tanto, para que necesariamente la consolidación de empleo se haga efectiva mediante la realización de las pruebas selectivas citadas, no se impone un periodo de prestación de servicios para valorar en la fase de concurso, por vinculación a la fecha de 1 de enero de 2005, que se señala en el apartado 1 de dicha norma transitoria, como marcador de la experiencia que debe valorarse a los efectos del apartado 3. Lo que pretende la norma transitoria, en el apartado 1, es establecer las exigencias que deben concurrir para convocar los puestos o plazas, pero no fijar el periodo de valoración de la experiencia en los puestos de trabajo a la que alude la D.T. 4ª, apartado 3º.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 3135/2019
  • Fecha: 25/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se acuerda que para el acceso a Cuerpo docente distinto al de Profesores, el Máster Universitario no constituye un requisito de concurrencia; se entiende que el candidato con el título de Maestro o Grado correspondiente necesario para participar en el proceso, no precisa acreditar formación pedagógica o didáctica al ostentarla con la adquirida para lograr su título. El TS concluye que corresponderá al órgano de selección apreciar desde su discrecionalidad técnica, si el Máster Universitario aporta al aspirante una mayor formación pedagógica y académica, es decir, un valor añadido respecto de la formación propia del título de Maestro necesario para participar en el proceso de selección en ese nivel de enseñanza, así puede suceder si el Máster acredita una formación pedagógica o didáctica para impartir la docencia en una especialidad distinta de aquella para la que se pretende acceder al Cuerpo de Maestros.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
  • Nº Recurso: 1253/2020
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La competencia para conocer de los concursos de persona física no empresario son los juzgados de Primera instancia. El problema se plantea a la hora de decidir cuándo se es o no empresario. La tesis que sustenta la Audiencia es la de que cuando existan dudas habrá que tener en cuenta el mayor volumen de deuda. Pues la persona física empresario tiene deudas como tal, pero también de las que afectan a su vida privada. Pero este criterio sirve para los supuestos en los que la persona física ya ha dejado de ser empresaria en el momento de solicitar el concurso o de pedir el mediador concursal. Pues en tal momento ya no es empresario. Sin embargo este criterio no es aplicable cuando la persona física sigue siendo empresaria en el momento de aquellas solicitudes. Pues le serán aplicables todas las exigencias documentales que precise como tal empresario. Y ello con independencia del mayor volumen de deuda; aunque lo fuera como persona privada. Pues su condición jurídica es la de empresario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1167/2019
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Régimen del recurso de casación tras la introducción y generalización de la segunda instancia penal. La sentencia contra la que se plantea el recurso es la de apelación. Presunción de inocencia: se alega la toma en consideración de delitos ya prescritos en contra de los recurrentes. Se trataba de hechos por los que se elevaba acusación y que el Tribunal tenía que anallizar. La apreciación como cuestión previa del instituto de la prescripción sólo es posible si los requisitos concurren de manera diáfana. Para medir la prescripición el delito a tener en cuenta es aquél por el que ha sido condenado. Fundamento de la prescripción. Cuestión introducida per saltum. Desestimación a limine. Dos excepciones al tratamientoe de cuestiones nuevas. Apreciación de oficio de la prescripción. Denegación de diligencia de prueba propuesta en tiempo y forma. Coacciones: infracción de ley. Elementos de este tipo penal. Diferencia entre el delito menos grave y el leve: radica en la diferente gravedad de la fuerza empleada y en la mayor o menor incidencia. Consumación y tentativa. La inhabilitación para una profesión o actividad depende la la relación directa del delito con su comisión. Los acusados actuaron como miembros de la Policía Local. Requisito de procedibilidad en el delito de denuncia falsa. Error en la apreciación de la prueba: el documento señalado carece de la condición de literosuficiencia. Falso testimonio y denuncia falsa: progresión delictiva. Concurso. Proporcionalidad de la pena
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MARTA CERVERA MARTINEZ
  • Nº Recurso: 2043/2020
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Audiencia recuerda los requisitos necesarios para la admisión del concurso consecutivo. El subjetivo, identificando al deudor, el mediador concursal y los acreedores; y el formal, identificando las situaciones de imposibilidad de obtener acuerdo extrajudicial de pagos. Pero la ausencia de los gastos mensuales de la deudora no constituyen motivo para su inadmisión. En todo caso para su subsanación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1117/2019
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando los diferentes actos naturales no presentan la inmediatez y proximidad propias de la unidad natural de acción subsumible en un solo tipo penal, pero tampoco alcanzan la autonomía fáctica propia del concurso de delitos, ha de acudirse a la figura intermedia del delito continuado. Los hechos en conexión de continuidad se sustraen por mandato legal a la disciplina del concurso real incorporando un régimen de punibilidad por lo general más beneficioso que el que pudiera derivarse de la simple conexión real. Esta relación latente de alternatividad entre una y otra forma de conexión en caso de pluralidad de acciones naturales a la luz de las distintas, en términos de gravedad, consecuencias punitivas que pueden derivarse obliga, por un lado, a aplicar estándares de deferencia interpretativa de los presupuestos de continuidad y, por otro, a resolver, en caso de duda, a favor de la fórmula concursal más beneficiosa para la persona acusada. El principio de prohibición de la reformatio in peius constituye una vigorosa garantía institucional del derecho fundamental al recurso contra una sentencia condenatoria consagrado en el artículo 24.2 CE. Y que se traduce en que ningún recurrente puede ver empeorada o agravada su situación jurídica declarada en la resolución impugnada en virtud de su propio recurso.

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