Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar el dies ad quem para el cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio por la Administración de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, precisando si ha de estarse a la fecha de notificación efectiva de la orden/requerimiento de legalización al interesado, o a la fecha del intento de notificación, y, en este caso, si juega lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito -actual artículo 117 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito-, y el artículo 137.2 de la Ley 30/1992 -actual artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- a fin de que matizar, precisar o, en su caso, completar la jurisprudencia existente sobre la determinación del momento en que debe reanudarse el cómputo del plazo de caducidad cuando ha mediado suspensión por la existencia de actuaciones penales sobre los mismos hechos y el alcance del deber de diligencia exigible a la Administración para informarse sobre el estado del procedimiento penal. Precedente: RCA 5853/2025.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito -actual artículo 117 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito-, y el artículo 137.2 de la Ley 30/1992 -actual artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- a fin de que matizar, precisar o, en su caso, completar la jurisprudencia existente sobre la determinación del momento en que debe reanudarse el cómputo del plazo de caducidad cuando ha mediado suspensión por la existencia de actuaciones penales sobre los mismos hechos y el alcance del deber de diligencia exigible a la Administración para informarse sobre el estado del procedimiento penal. Precedente: RCA 5853/2025.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contra las resoluciones siguientes: - Desestimación presunta del procedimiento para la legalización de las obras realizadas en edificio situado en la localidad de Teruel.n- La falta de resolución expresa del procedimiento de protección de la legalidad urbanística vinculado al anterior, seguido ante el Ayuntamiento de Teruel (Unidad de Control Urbanístico). Señala la Sala que aun cuando es cierto que el procedimiento de restablecimiento de la legalidad produce un efecto desfavorable y debe dar lugar a la caducidad, art. 25.1b ley 39/2015, la realidad es que la suspensión hasta obtener la legalización le produce un efecto beneficioso, y por tal motivo se suspendió, por lo que no puede pretender la caducidad. Para ello, o bien debería haber renunciado a la legalización y, si transcurrían seis meses, pedir la caducidad, con el riesgo de que el Ayuntamiento resolviese en plazo, o bien debería haber recurrido el silencio, que es en realidad lo que ha hecho, respecto de la legalización, que no se ha resuelto. Y añade que respecto de la alegación de desviación de poder esta debe rechazarse, pues el que haya una discrepancia seria en una cuestión o el que se rechace la pretensión de la administración en absoluto permite concluir por sí sola la existencia de una desviación de poder en lo que es una simple interpretación jurídica diferente en torno a un asunto complejo en el que la parte varió sustancialmente su proyecto inicial y ha introducido múltiples modificaciones posteriores, no habiéndose acreditado el más mínimo elemento subjetivo del que se desprenda dicha solapada intención.
Resumen: Admitido el recurso de casación, la Sala considera posible declarar la caducidad del proceso contencioso-administrativo, y con ello, el archivo de las actuaciones, cuando, en el plazo de subsanación concedido al efecto para la presentación del poder "apud acta" acreditativo de la representación del letrado del recurrente, el órgano judicial requirente no hubiera tenido constancia de tal presentación ante él y dentro del plazo conferido para ello, advirtiendo a tal efecto que lo relevante no es el tanto otorgamiento de la representación procesal dentro del plazo establecido, como su acreditación ante el órgano judicial que efectuó el requerimiento.
No obstante, la sentencia pone el foco en el régimen actual de otorgamiento de la representación procesal, apuntando la posibilidad de que pudieran extraerse conclusiones diferentes para según que asunto litigioso, pues la convivencia con sistemas de acreditación de la representación procesal tan novedosos, como la consulta automática de los apoderamientos, permitirían que estos surtiesen efectos desde el mismo momento del otorgamiento sin necesidad de trámites complementarios, lo cual no obsta que en el caso concreto resultase preciso la acreditación de la existencia del poder y que esta acreditación se realizara dentro del plazo establecido para la subsanación.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del TEAF por la que desestiman las reclamaciones contra liquidaciones provisionales por el IRPF correspondientes a varios ejercicios y las sanciones derivadas de las mismas. Se plantea la caducidad del expediente y la prescripción del primero de los ejercicios, lo que se estima por la Sala ya que se requirió al contribuyente para que aportara determinada documentación, pero la Administración no advirtió al contribuyente de que no se tendría por cumplimentado el requerimiento, hasta que no lo cumplimentara debidamente, por lo que no puede imputarse al contribuyente la dilación en la resolución del procedimiento que efectivamente caducó por el transcurso de nueve meses. Sobre la acreditación de la actividad a la que se dedica el contribuyente se afirma que de la documentación aportada no queda acreditado que se haya desarrollado la actividad económica invocada, ni que los gastos, que ha pretendido deducir, tengan relación con esa actividad, por lo que se confirman las liquidaciones respecto de dichos ejercicios. Finalmente en cuanto a las sanciones se estima el recurso, ya que la imposición de una sanción requiere, no solo la existencia de una liquidación nueva practicada por la administración y en la que se ponga de manifiesto que el obligado tributario ha ingresado una cantidad menor a la que le correspondía, sino también la comisión de una infracción, con su necesario elemento subjetivo, lo que nada tiene que ver con las liquidaciones practicadas.
Resumen: Estima parcialmente el recurso contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, que aprueba incentivos y penalizaciones por pérdidas en redes de distribución eléctrica para 2016, modifica la retribución base de 2016 y fija las retribuciones para 2017 a 2019. Se impugna la desestimación presunta del recurso de reposición, solicitando nulidad parcial por exclusión de partidas en ROMNLAE (retribución por operación y mantenimiento no ligada a activos eléctricos). La regulación se basa en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1048/2013, estableciendo periodos regulatorios de seis años con criterios de eficiencia y suficiencia en la retribución. La CNMC realizó inspecciones mediante un encargo a TRAGSATEC, actuación que ha sido respaldada por la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. Se impugnan vicios en las inspecciones, que fueron desestimados, y se cuestionan irregularidades procesales sin pedir consecuencias anulatorias. Respecto al ROMNLAE, se reclaman costes excluidos referentes a personal, servicios de vigilancia de salud, servicios CIDE, tareas de centro de control, retén y guardias de telecontrol, comunicaciones de fibra óptica, mantenimiento y seguros de vehículos, suministros para transporte, y mantenimiento de oficinas e instalaciones no eléctricas. El Tribunal reconoce parcialmente estos gastos tras analizar la justificación documental, admitiendo incrementos en la retribución por los ejercicios 2015, 2016 y 2017, aunque rechaza otros costes no suficientemente acreditados. Finalmente, se anula parcialmente la Orden respecto a estas partidas por un importe total a favor de la recurrente, pero se desestima la petición de revisar actos administrativos posteriores y el resto de las reclamaciones.
Resumen: La sala desestima el recurso conforme a su reiterada doctrina que aplica las SSTJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024, y concluye que el demandante carece de legitimación para la acción que ejercita frente a la entidad demandada. Si, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito que comercializó los valores (ya sean estos participaciones preferentes, bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones, obligaciones subordinadas o acciones) contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. La sala añade que es indiferente la naturaleza de la acción ejercitada (acción de nulidad por vicio del consentimiento, de responsabilidad por folleto o de responsabilidad por falta o errónea información), como también que se trate de acciones u otros instrumentos de capital -bonos subordinados, obligaciones subordinadas...-, sin que haya motivos para excluir a aquellos cuyo devengo estaba fijado para una fecha posterior pero que se convirtieron en acciones con motivo de la resolución de la entidad. Estas circunstancias han privado a las pretensiones del demandante del fundamento que pudieran tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: La sala reitera su doctrina sobre la incidencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2022 (C-410/20) y de 5 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C-775/22, C-779/22 y C-794/22) y concluye que con arreglo a la misma es indiferente la naturaleza de la acción ejercitada (acción de nulidad por vicio del consentimiento, de responsabilidad por folleto o de responsabilidad por falta o errónea información), como también que se trate de acciones u otros instrumentos de capital -bonos subordinados, obligaciones subordinadas-, sin que haya motivos para excluir a aquellos cuyo devengo estaba fijado para una fecha posterior pero que se convirtieron en acciones con motivo de la resolución de la entidad. En todos los casos, los arts. 34, apartado 1, letras a) y b), y 38, de la Directiva impiden que, con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de la entidad de crédito objeto de un procedimiento de resolución, quienes hubieran adquirido instrumentos de capital que, en el marco de ese procedimiento, fueron convertidos en acciones de esa entidad de crédito, las cuales, posteriormente, fueron transmitidas a otra entidad de crédito, ejerciten contra esa última entidad una acción de nulidad del contrato de suscripción de esos instrumentos de capital. Estas circunstancias han privado a las pretensiones del demandante del fundamento que pudieran tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que esta sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que confirmó el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que declaró Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Paisaje Cultural, la Presa del Gasco y el Canal de Guadarrama en los municipios de Galapagar, Torrelodones y Las Rozas de Madrid (Madrid), descartando que la caducidad del procedimiento declarada respecto de un interesado distinto de los recurrentes implicaba la caducidad total del expediente. El TS precisa que su análisis debe partir de una circunstancia sobrevenida decisiva para resolver el recurso de casación, dada la reciente STS 951/2024, que casó otra de la misma Sala de instancia, que declaró la caducidad de ese mismo procedimiento. En virtud de los principios de seguridad jurídica, de igualdad y de uniformidad de la jurisprudencia, la Sala se remite a dicha STS 951/2024, y reformula la cuestión de interés casacional para responderla así: en los procedimientos administrativos que afecten a una pluralidad de destinatarios, la exigencia de que el instituto de la caducidad tenga un tratamiento uniforme lleva a considerar como dies ad quem para el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural la fecha de la publicación de tal declaración en el Boletín Oficial correspondiente, con independencia de la fecha en que se haya podido notificar a los interesados, razón por la que se desestima el recurso de casación.
