Resumen: Asesinato intentado: ánimo de matar. Tentativa inacabada. No se aprecia Análisis del art. 23 del Código Penal. Agravante de parentesco. Se aprecia cuando el acusado es conviviente con la madre del agraviado.
Resumen: La pena impuesta a una conducta subsumida en un tipo penal es también una cuestión de legalidad ordinaria. Cuando el órgano decisorio quebranta las reglas de su determinación, está interpretando erróneamente el precepto penal que define la respuesta sancionadora a la acción típicamente antijurídica y culpable. No existe obstáculo, por consiguiente, para valorar por la vía del art. 849,1 de la LECrim los errores interpretativos en la determinación de la pena, aunque esos errores en algunos casos tengan también relevancia constitucional. No existe un principio de proporcionalidad invertida que faculte a la acusación particular para instar la elevación de las penas impuestas en su mínima extensión. Tampoco para anular la motivación sobre la que el Juez de instancia apoya la pena finalmente determinada cuando ésta, además de no rebasar el tope mínimo, se ajusta al arco dosimétrico fijado en el precepto por el que se ha formulado condena. El contenido material del principio de proporcionalidad no incluye, en fin, una limitación en negativo, que autorice a la acusación pública o privada a impugnar la imposición de la pena en su duración mínima.
Resumen: En el relato de hechos probados se dice que "Seguidamente procedieron, con el fin de evitar dejar vestigios de su paso por el lugar y dificultar la investigación, a prender fuego al cadáver, para lo que iniciaron 4 focos de fuego sobre un sofá de madera, lo que desencadenó el incendio del salón y parte del cadáver sin que llegará a desarrollarse en su totalidad debido a la rápida intervención del cuerpo de bomberos". Se trata de un modo de borrar pruebas, por lo que no tiene entidad para constituir un delito de incendio, que efectivamente no ha sido apreciado en la sentencia.
Resumen: Suficiencia de la documentación extradicional, pues realiza una concreta imputación al reclamado de los hechos que motivan la reclamación. La existencia de otros posibles copartícipes en los hechos o la falta de referencia a elementos incriminatorios son argumentos de fondo que corresponde al tribunal de enjuiciamiento. Falta de constancia de que el tribunal que solicita la extradición sea un tribunal de excepción. El auto recurrido relaciona pormenorizadamente la concurrencia de los requisitos establecidos en la normativa correspondiente. La aportación extemporánea de documentación requerida por las dificultades de lectura de la presentada no ha producido indefensión. Riesgo para el recurrente derivado de su condición de opositor al régimen político de Venezuela y de la violación de los derechos humanos en dicho país: temor racional y fundado. Aunque es un homicidio aparentemente común, su acaecimiento en una manifestación de oposición al gobierno y la inexistencia de indicios suficientes para incriminarle, constituye un conjunto que, junto a la intervención investigadora del Servicio Bolivariano de Inteligencia y del Fiscal General del Estado y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, permite concebir un serio peligro de que el proceso penal pueda ser utilizado como un instrumento para reprimir al reclamado por el mero hecho de ser opositor político. VOTO PARTICULAR: considera que no pueden valorarse los indicios y que no hay connotación política.
Resumen: El Tribunal Supremo viene sosteniendo (por todas, STS 5 mayo 2016) que, pese a la dicción literal del artículo 4.3 de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, que establece el "deber" de suministrar a los abogados defensores que lo solicitaren la identidad de los testigos protegidos que hubiesen de declarar en juicio, es posible, en supuestos excepcionales, denegar dicha solicitud, ya sea por considerar que tal solicitud no viene suficiente o adecuadamente motivada (pues el indicado precepto exige que la solicitud sea motivada, lo que excluye el automatismo), ya como resultado de una " ponderación entre los intereses contrapuestos (seguridad del testigo y derecho defensa del acusado (...) atendiendo por un lado a las razones alegadas para sostener que en el caso concreto el anonimato afecta negativamente al derecho de defensa, y por otro a la gravedad del riesgo apreciable para el testigo y su entorno, en atención a las circunstancias del caso enjuiciado". La falta de comunicación de la identidad podría no haber producido indefensión material si se hubiera procedido conforme a la doctrina jurisprudencial, consistente en que se ofreciera a las defensas algún tipo de alternativa o compensación procesal de la merma de oportunidades derivada del anonimato (compensación, ciertamente, problemática en su instrumentación y eficacia), y de otro lado, que la prueba de testigos anónimos no sea la única prueba.
Resumen: La forma tradicional y más característica del ataque alevoso viene constituida por la agresión a traición, pues es claro que en esos casos la acción agresiva pretende principalmente la supresión de una posible defensa. Así, es ataque alevoso el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino. Pero también reviste este carácter cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce, imprevisiblemente, un cambio cualitativo en la situación, de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en función de las concretas circunstancias del hecho. En el caso, lo que determina que el ataque sea alevoso, es el hecho de que el ataque con el arma se produjese cuando ya habían sido separados por terceros y el enfrentamiento había finalizado, de manera que no existían motivos para que el fallecido pudiera esperar un nuevo golpe por parte de su contendiente. El control de la racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal revisor. No se trata de sustituir una inferencia razonable por otra que también pueda serlo, sino de comprobar si el razonamiento del Tribunal sentenciador, que ha presenciado directamente toda la prueba, resiste el contraste con las reglas de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos.
Resumen: Competencia de la jurisdicción española, en el orden penal, para conocer de los delitos de terrorismo, si la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos. Rechazo de vulneración al derecho a un juez imparcial por ser extemporánea la alegación y por su total falta de fundamento. En virtud de la aplicación del principio de especialidad en materia de extradición los Tribunales españoles tan solo podemos conocer de la muerte de los cinco ciudadanos españoles asesinados, dado los términos en los que se concedió la extradición. Organización o grupo terrorista. Calificación de los hechos como cinco delitos de asesinato terrorista. Concurso de delitos de tipo ideal entre el asesinato y el delito de terrorismo. Los hechos declarados probados son notoriamente alevosos, desde el momento en que el acusado, como miembro del núcleo decisorio, participó en la decisión de ordenar acudir de madrugada a la Residencia en donde vivían las víctimas a fin de " proceder contra ellas", sin que las víctimas tuviesen ninguna capacidad de defensa. Consideración de los hechos como terrorismo, siendo uno de los s casos en que estando dentro de conflictos armados, sean o no internacionales, se realicen crímenes que causen terror en la población civil. Inaplicación de las eximentes de estado de necesidad, de fuerza irresistible y de miedo insuperable, y la atenuante de dilaciones indebidas. Reserva de la acción civil.
Resumen: En los procedimientos con doble instancia, como el del Tribunal del Jurado, el control casacional de las sentencias que les pongan término, no solo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino que también puede ajustarse a revisar los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el Tribunal de apelación en el caso de que el argumento hubiera sustentado el previo recurso devolutivo ante él. La circunstancia eximente de legítima defensa, en relación con su naturaleza de causa excluyente de la antijuricidad de la conducta, se basa en la existencia de una agresión ilegítima y en la necesidad de actuar en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, a causa precisamente del carácter actual o inminente de esa agresión. Pero no existirá una auténtica agresión ilegítima que pueda dar paso a una defensa legítima cuando la agresión ya haya finalizado, ni tampoco cuando ni siquiera se haya anunciado su inmediato comienzo. El ataque puede ser igualmente alevoso cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación. La apreciación de esta circunstancia cualificadora exige además, como elemento subjetivo e intencional, que el conocimiento y la voluntad del autor abarque no sólo el hecho de la muerte, sino el modo en que la alevosía se manifiesta.
Resumen: Confirma la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial que estableció la responsabilidad de la acusada en un supuesto de transporte internacional en situación de miedo insuperable, lo que determinó que se apreciase a su favor la eximente incompleta de miedo insuperable. Por un lado, se desestima el recurso del Ministerio Fiscal, al entender que es plausible la tesis de descargo. Por otro, el de la condenada, que reclamó la aplicación de la eximente completa. En relación con esta última, la sentencia recuerda que "el grado de alteración debe ser tal para la aplicación que nuble por completo su inteligencia y voluntad, sin oportunidad para realizar otra conducta distinta al hecho delictivo y en el caso, al no describir la acusada elementos periféricos sobre la actuación coercitiva de las personas que violentaron su entendimiento y voluntad, hemos de considerar que estuvo en disposición de intentar soslayar el transporte, de ahí que cualquier persona común habría sufrido el mismo temor objetivo si bien subjetivamente consideramos eludible la proposición en su país de origen, puesto que la acusada no ha probado una indefinida paralización total de su voluntad, al ignorarse cuanto tiempo medió entre la conminación y el viaje, y en el mismo sentido por carecer de datos fehacientes sobre la persona que realizó el desembolso para la compra del billete".
Resumen: El veredicto no puede considerarse contrario o alejado de lo que resultó de la prueba pericial en cuanto al estado de salud mental del acusado en el día concreto en que se produjeron los hechos, sin que el Tribunal pueda sustituir al Jurado en sus funciones e intensificar la incidencia de la alteración mental que padecía el acusado a fin de apreciar una eximente incompleta o una atenuante concebida como muy cualificada, pues por más que de modo teórico o abstracto pueda pensarse que una esquizofrenia de larga evolución, añadida a la situación personal y familiar del acusado podría justificar una mayor atenuación de la responsabilidad criminal, no puede censurarse la valoración que en concreto se ha hecho por el Jurado con el apoyo de una prueba pericial coincidente en que el acusado se encontraba estabilizado en la fecha de la comisión de los hechos.
