Resumen: El TS desestima el recurso y afirma que en el proceso penal no existe la eficacia positiva de la cosa juzgada. Es decir, los hechos declarados en la argumentación jurídica de una sentencia anterior no vinculan al tribunal que enjuicia los mismos hechos pero frente a otro responsable, el tribunal que enjuicia los hechos tiene plena libertad para determinar el relato de hechos probados. En este sentido recuerda que las sentencias dictadas en materia penal sólo producen los efectos de la cosa juzgada negativa, en cuanto impiden juzgar a los ya juzgados por el mismo hecho pero, en cambio, no producen la llamada «prejudicialidad positiva» o «eficacia positiva» de la cosa juzgada material, en tanto que todo tribunal goza de plena libertad para valorar las pruebas producidas en su presencia y aplicar la calificación jurídica correspondiente, sin que quede vinculado por las afirmación fácticas y, menos, por los argumentaciones jurídicas que se puedan realizar en otras sentencias. Finalmente, el TS recuerda su doctrina relativa a la prueba de indicios y su capacidad para devenir como prueba de cargo y declara que, en el caso concreto, las pruebas e indicios aportados a juicio acreditan con suficiencia la directa participación del recurrente. Las inferencias probatorias derivadas de las pruebas de cargo se ajustan a parámetros de racionalidad.
Resumen: El TS desestima el recurso interpuesto. El recurrente afirmó que el delito por el que se solicitó la entrega era el de homicidio y no el de asesinato. El TS concluye que se libró la orden europea de detención y entrega por un delito de homicidio con la indicación que la duración de la pena máxima era de 15 años. Sin embargo, posteriormente, al indicar los preceptos del CP español de aplicación se hizo referencia, no únicamente al delito de homicidio del art. 138 CP sino, también, del art. 139 CP relativo al de asesinato, transcribiéndose ambos preceptos incluyendo sus respectivas penalidades. El principio de especialidad es aquél según el cual la persona entregada a causa de una orden de detención no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad de cualquier otra forma por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado su entrega. Y ello no se ha infringido, ni tampoco en el límite punitivo, que no excede de la reclamación llevada a cabo. La pena impuesta está en el marco penológico admisible con respecto a la orden librada.
Resumen: Es verdad que el factum consigna que el ataque se produjo con un cuchillo, lo que no era esperado por ella -que se hallaba desprevenida con respecto a la utilización del arma blanca-, sin que la víctima tuviera posibilidad alguna de defensa eficaz. Este último apartado es una consecuencia que debería integrarse en la fundamentación jurídica, pero, de todos modos, excluido tal aserto, el ataque es patentemente alevoso. No existió motivo alguno que disminuyera la imputabilidad del agente, del modo que sirviera de estímulo tan importante que provocara arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, pues obsérvese que la atenuación por arrebato reclama la identificación precisa de "las causas o estímulos tan poderosos" que lo hayan provocado. Y es obvio que la previa agresión hacia el recurrente no ha sido considerada probada. El fundamento de la agravante de género reside en el mayor reproche penal que supone que el autor cometa los hechos motivado por sentirse superior a la víctima y como medio para demostrar que la considera un ser que debe ser dominado. La sentencia identifica una motivación de dominación en la conducta del recurrente porque el jurado declaró como probado que éste agredió a la víctima "por ser mujer y con la intención de hacer patente su sentimiento de superioridad". La pena ha sido fijada en función del mayor o menor desvalor del resultado y de las características correspondientes a la culpabilidad del sujeto activo de la acción.
Resumen: En un hospital morían inexplicablemente pacientes ingresados de una muerte rápida de origen desconocido, pero de etiología violenta, homicida, razón por la cual, en la investigación policial, se colocó, con autorización judicial, una cámara y pudo detectarse la presencia de la acusada, auxiliar de clínica, en momentos previos a los fallecimientos. Se dictó veredicto de culpabilidad exclusivamente respecto de uno de los asesinatos consumados, que es el que es objeto de este recurso de casación. Se recure la instalación de cámaras ocultas de vídeo-vigilancia. Se desestima al haberse considerado que: a) La investigación era por graves delitos. b) la medida que afectaba derechos fundamentales, fue autorizada judicialmente. c) La adopción de tal medida cumplía los requisitos de necesidad, proporcionalidad, especialidad e idoneidad, bajo un juicio de comparación de los bienes jurídicos en juego. d) La colocación de cámaras de vigilancia en el pasillo de distribución a las habitaciones del hospital, es una medida que invade de forma menos trascedente la intimidad de las personas, pues no se afectan lugares de mayor intensidad, lo que precisaría una mayor exigencia en el control de su necesidad. e) En el caso, la autoridad judicial valoró todas esas circunstancias. Se analiza la suficiencia de la prueba y la proporcionalidad de la pena impuesta.
Resumen: Los peritos informantes tuvieron en cuenta todos los datos a su alcance, pudieron examinar a la acusada, y coinciden en que no apreciaron alteración o patología psiquiátrica ni afectación de facultades intelectivas o volitivas. De igual modo se desestima el cuestionamiento de la cualificación profesional de los médicos forenses para la emisión de la pericial. La alegada vulneración de los arts. 340 LEC y 457 LECrim que carece de base legal y supone desconocer la específica formación que este cuerpo de médicos forenses posee en materia de psiquiatría legal y las funciones que la propia LOPJ (art. 479) les atribuye. También se desestima el motivo por error en la valoración de la prueba. En el caso enjuiciado, hasta un total de seis facultativos médicos y psicólogos comparecieron en el acto de juicio oral expresando su parecer acerca de la eventual existencia de algún tipo de dolencia psíquica en la acusada que pudiera merecer una disminución de su responsabilidad penal. La coincidencia y práctica unanimidad en sus pareceres se encuentra, tal y como apreció el tribunal, en negar esa posibilidad y no en la posición contraria que mantiene la recurrente.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia en juicios de Jurado. Ámbito del mismo. Verificar si la respuesta dada por este tribunal ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y TS sobre motivación y validez pruebas. Existencia de ánimo de matar. Criterios de inferencia. El acusado asestó a una pareja de edad avanzada, 43 y 100 puñaladas, y en el recurso no se especifica qué otra intención podía tener. Robo con violencia. Concepto de violencia. Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 24 de abril de 2018. Ensañamiento. Concepto jurídico precisado por la ley. No se identifica con la simple repetición de golpes. Deseo de causar sufrimientos adicionales e innecesarios a la víctima. Embriaguez, alcoholismo y ludopatía. Doctrina de la Sala. No se aprecian al no desprenderse de los hechos probados los elementos precisos. Atenuante dilaciones indebidas. No se aprecia. El retraso denunciado estuvo motivado por la interposición de recursos sobre si la causa debía seguirse por los trámites de Sumario Ordinario o del Tribunal del Jurado.
Resumen: La reiteración de actos violentos contra distintos componentes de la familia no da lugar a un concurso de delitos homogéneos en los que respectivamente se configure como víctima cada uno de los sujetos pasivos afectados. El bien jurídico que directamente protege el art. 173.2 CP es la pacífica convivencia entre personas conexionadas por los lazos familiares o por la estrecha relación de afecto, observada esta paz familiar como el bien grupal que plasma el legislador, por más que el bien jurídico asiente sus raíces en valores como la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, o proyecte su sombra sobre los derechos a la integridad personal o a que ninguno de sus componentes sufra tratos inhumanos o degradantes; bienes jurídicos estos últimos que, en función de los actos concretos que el sujeto activo realice y de quien sea la víctima de cada uno de ellos, encontrarán su protección singularizada en los correspondientes tipos penales, como el propio art. 173.2 contempla. Solo esta concepción del bien jurídico permite que la protección penal se dispense con independencia de quien de los integrantes concretos de la unidad familiar soporte cada uno de los habituales comportamientos violentos, y que se contemple una agravación específica cuando alguno de los actos de violencia se perpetre en presencia de menores. El nº de familiares afectados por el comportamiento violento es un parámetro que permite evaluar la antijuridicidad de la acción y la culpabilidad.
Resumen: El recurre el Auto que denegó un permiso ordinario de salida alegando que concurre lo exigido por el art. 154.1 Reglamento Penitenciario, aludiendo, en concreto, a los 18 de prisión que ya lleva cumplidos, a la conducta normalizada que mantiene en el Centro y al arrepentimiento de su grave delito. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la concurrencia de estas circunstancias no otorga, per se, un derecho al disfrute de permisos, pues deben tenerse en cuenta todos los factores concurrentes hasta llegar al convencimiento de que al interno puede otorgársele el margen de confianza preciso para su disfrute. El permiso de salida es una medida inserta en el tratamiento penitenciario y que tiene como finalidad específica la de preparación del interno para la futura vida en libertad, sin que su concesión se conciba como un premio a determinados comportamientos. Como medida que significa un acceso a un status de libertad temporal sin el control inmediato de la Institución penitenciaria, debe exigirse un alto grado de confianza en el interno y un pronóstico de buen uso del permiso, en la confianza de que no será aprovechado para el quebrantamiento de la condena, ni repercutirá negativamente en el tratamiento penitenciario. El recurso se desestima en atención al riesgo de quebrantamiento, la gravedad de la actividad delictiva, la no asunción de la responsabilidad civil y el trastorno de personalidad antisocial que presenta, que arrojan una probabilidad en orden al mal uso del mismo.
Resumen: Las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino pruebas personales sujetas a la valoración conjunta de todo el material probatorio. Lo que habrá que valorar es si los informes periciales que se invocan han sido contrarrestados por otros medios probatorios que han llevado a la convicción del Tribunal de que el relato de hechos se evidencia y desprende de la prueba practicada, y que ésta queda debidamente explicada en contradicción a los documentos que como pericial refiere la parte recurrente. En orden a la motivación del Jurado no puede exigirse a los ciudadanos el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que a un juez profesional. En el presente caso, en el acta de votación del jurado en la contestación a la pregunta nº 2 el jurado se basa en el informe médico forense que de manera clara asevera que al momento de los hechos el acusado no presentaba enfermedad que alterara sus facultades intelectivas y volitivas. No cabe realizar alegaciones "per saltum", salvo infracciones constitucionales que puedan ocasionar materialmente indefensión. Y en segundo lugar cuando se trate de infracciones de preceptos penales sustantivos cuya subsanación beneficie al reo (por ejemplo la apreciación de una circunstancia atenuante) y que puedan ser apreciadas sin dificultad en el trámite casacional porque la concurrencia de todos los requisitos exigibles para la estimación de las mismas conste claramente en el propio relato fáctico.En dicho relato no consta dicha afectación.
Resumen: El recurso de casación se formula contra la sentencia dictada por el Tribunal de apelacion, no pudiéndose introducir cuestiones nuevas que no pudieran ser examinadas por éste. La doctrina de la Sala, en general, ha entendido que los trastornos de la personalidad no calificados de graves o asociados a otras patologías relevantes no dan lugar a una exención completa o incompleta de la responsabilidad, sino en todo caso a una atenuación simple y solo en aquellos casos en los que se haya podido establecer la relación entre el trastorno y el hecho cometido. La jurisprudencia ha sido en general reacia a reconocer eficacia atenuatoria a los trastornos de la personalidad o psicopatías, con mayor razón cuando no han sido calificados de graves. En la actualidad tienen encaje en el artículo 20.1 CP pues se trata sin duda de anomalías o alteraciones psíquicas, por lo que es necesario atender a sus características y a las peculiaridades del hecho imputado para precisar sus concretos efectos. Por lo general, sin embargo, los trastornos de personalidad se valoran penalmente como atenuantes analógicas. Sólo en supuestos especialmente graves, generalmente asociados a otras patologías, han sido valorados como eximentes incompletas.
