Resumen: La acumulación de condenas en el caso de un individuo condenado a 14 años por asesinato consumado y otros 7 por asesinato intentado, con la semieximente de alteración mental. Se pretende que los 21 años del total de la condena se reduzcan a 20, en aplicación de la regla general del art 76. 1, no por la excepción de su letra a) CP, por considerar que la condena lo fue por delitos con pena de prisión de hasta 20 años y se invoca el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2013 Se rechaza el recurso, por entender que el referido Acuerdo, relativo a los topes punitivos en función del grado de ejecución, no es trasladable al juego de circunstancias modificativas, porque, aunque en ambos casos puedan producirse iguales efectos degradatorios de la pena, la naturaleza es distinta, ya que el primero no deja de ser una modalidad delictiva propia dentro del iter criminis, mientras que en el segundo es algo circunstancial a ese iter críminis. Se asimila el tratamiento al que se sigue para la aplicación de los plazos de prescripción.
Resumen: Alevosía por desvalimiento: Como se establece en la sentencia, existe una situación de desvalimiento para la víctima, pues el recurrente consuma su acción cuando esta se encontraba en el suelo afectada por el golpe recibido al abrir la puerta, debiendo tenerse en cuenta además que estamos ante una persona de avanzada edad. Lo que hace la víctima para, como consecuencia del natural instinto de conservación, tratar de autoprotegerse, que en el presente caso estaría constituido por levantar los brazos para intentar evitar los golpes, no impide la aplicación de la alevosía porque tal acción defensiva no supone ningún obstáculo para que la acción del agresor se lleve a cabo sin riesgo para él. Eximente incompleta: es compatible con la alevosía, pero no cabe apreciar una atenuante de drogadicción. Lo que se ha reconocido es la alteración psíquica por consumo crónico de drogas, pero no la alteración psíquica por un lado, y, por otro, la drogadicción aislada de la primera. Esta última es la que provoca la primera. La eximente incompleta del artículo 21.1 CP, en relación con el artículo 20.1 CP, absorbe, en concurso de normas, la atenuante de drogadicción que ha contribuido a lograr la alteración psíquica producto del consumo antiguo y crónico. Imposición de la medida de libertad vigilada. Análisis acerca de la imposición de esta medida por la vía del art. 140 bis en casos de asesinato concurriendo eximente incompleta. Fijación de libertad vigilada en cinco años art. 105.2.a CP.
Resumen: La Sala tiene establecido que el trastorno mental transitorio, que afecta de modo notorio a la imputabilidad, supone una perturbación de intensidad psíquica idéntica a la enajenación, si bien diferenciada por su temporal incidencia. Viene estimándose que dicho trastorno, con fuerza para fundamentar la eximente, supone, generalmente sobre una base constitucional morbosa o patológica, sin perjuicio de que en persona sin tara alguna sea posible la aparición de indicada perturbación fugaz, una reacción vivencial anormal, tan enérgica y avasalladora para la mente del sujeto, que le priva de toda capacidad de raciocinio, eliminando y anulando su potencia decisoria y sus libres determinaciones volitivas, siempre ante el choque psíquico originado por un agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza. Una reiterada jurisprudencia ha declarado que, desaparecido el criterio ya superado de la base patológica como requisito del trastorno mental transitorio, ante la realidad de alteraciones de la mente de origen meramente psíquico, que por su intensidad merecían la exención de responsabilidad, se viene entendiendo que tal trastorno puede tener también origen exógeno, atribuyendo su aparición a un choque psíquico producido por un agente exterior cualquiera que sea su naturaleza. La medida de libertad vigilada deberá cumplirse con posterioridad a la pena privativa de libertad, sin perjuicio de las medidas de control que puedan adoptarse en caso de permisos penitenciarios, tercer grado.
Resumen: Recurre el acusado para cuestionar exclusivamente la motivación del jurado en la respuesta a tres de las posposiciones que fueron objeto de veredicto, que en su caso, podrían dar lugar a la estimación de una atenuante analógica de confesión. Cuando se trata de la motivación del objeto del veredicto, en la Sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado que no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. Basta con que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley. La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados.
Resumen: Nuevo recurso de casación tras la reforma operada por Ley 41/2015: Ámbito. Imparcialidad judicial, subjetiva y objetiva. Doctrina TEDH, TC y TS. Intervenciones telefónicas a terceras personas utilizadas por los investigados. La previa identificación de los titulares no es imprescindible. Testigos anónimos y testigos protegidos cuya identidad no se revela. Doctrina TEDH y TC. Requisitos para poder erigirse como prueba de cargo: que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial de forma motivada; que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan evaluar la credibilidad del testigo; y que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá por si sola enervar la presunción de inocencia. Posibilidad de la valoración declaraciones anteriores en el procedimiento del Jurado. Análisis del art. 46.5 LOTJ y en relación con el art. 714 LECrim. Doctrina de la Sala. Publicidad del juicio oral, art. 649.2 LECrim. El juicio no se celebró a puerta cerrada, sino con restricciones debidas a la situación sanitaria generada por el Covid-19. Validez del testimonio de testigos de referencia. Motivación del veredicto. Distinción entre coautoría, cooperador necesario y complicidad.
Resumen: No puede pretenderse que la imparcialidad suponga que el Magistrado-Presidente deba permanecer impasible ante alegaciones que puedan generar confusión, sino que las instrucciones han de ser el vehículo idóneo para corregir desviaciones o incorrecciones, y esto se puede y se debe hacer, señalando que es válido un material probatorio, sobre cuya validez ha habido debate en el juicio, sin necesidad de entrar a valorar el contenido de ese material, e indicando a los jurados que son ellos quienes han de realizar esa valoración, porque con ello les está indicando que eso que se ha cuestionado es un auténtico acto o medio de prueba, y que, por ser así, les autoriza a que lo valoren. De la valoración hecha por el Jurado se podrá decir que es sucinta, que no es ni más ni menos que lo que el art. 61.1 d) LOTJ exige al Jurado, pero lo que no se puede negar es que no sea certera y precisa, en cuanto permite apreciar con claridad el porqué de la decisión que toman, de manera que, si esto se pone en relación con la labor de complemento que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 LOTJ , le corresponde al Magistrado-Presidente, resulta perfectamente cumplido el requisito de motivación que, para toda sentencia, arranca del art. 120.3 CE. El Magistrado-Presidente debe tener en cuenta las explicaciones sucintas expresadas por el Jurado que complementará con sus propias consideraciones sobre la prueba de cargo tenida en cuenta por aquél. La sentencia de instancia cumple con dicho deber.
Resumen: La sentencia recurrida es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia en apelación. Replanteamiento de las mismas cuestiones que en apelación. Principio in dubio pro reo: máxima dirigida al órgano de enjuiciamiento para que se interprete la prueba favorablemente al acusado. Diferencia con la presunción de inocencia: esta última es una garantía procesal que se configura como derecho fundamental. Modificación de la antigua doctrina jurisprudencial que negaba al principio in dubio pro reo la posibilidad de su alegación en casación. Sólo se justifica su alegación en los casos en los que el Tribunal anterior haya reconocido dudas en la valoración de la prueba y se hayan interpretado en contra del reo. No puede determinar la aparición de dudas donde no las hay. El pronunciamiento condenatorio, en el caso concreto, no se basa en simples conjeturas, sino en auténticas pruebas. Alevosía. la vía casacional del error de derecho exige el pleno respeto de la declaración de hechos probados. Inexistencia en el fáctum de una previa pelea entre el acusado y la víctima. Además, se declaraba probado que la víctima estaba fuertemente embriagada y con sus capacidades de defensa severamente afectadas por ello. Elementos integrantes de la circunstancia cualificadora de alevosía. Atenuante de embriaguez: inexistencia de base fáctica adecuada para su apreciación. Correcta individualización de la pena atendiendo a la brutalidad de la agresión. Indemnización: fijación razonable de su cuantía.
Resumen: Se condena por asesinato y robo con violencia. En apelación, con modificación de ciertos datos de los Hechos Probados, se suprime la alevosía y se mantiene la condena por delito de homicidio con abuso de superioridad. Se recurre esencialmente por presunción de inocencia. Se desestima
Resumen: En el dolo eventual el agente se representa el resultado como posible. En la culpa consciente no se quiere causar la lesión, aunque también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro pero se confía que no se va a producir el resultado. Los acusados no tenían la intención de provocar la muerte de su hija pero fueron conscientes de su malnutrición, de la situación de peligro en la que debido a ello se encontraba la menor y también que ello podría provocarle graves problemas de salud, e "incluso la muerte" dada la situación de absoluta indefensión de la misma por ser un bebé. Tal descripción en el hecho probado de la sentencia sí recoge elementos configuradores del dolo eventual. Obra con dolo eventual quien conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continúa realizando -u omitiendo- la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar, y aunque no persiga directamente la causación del resultado, no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidades de que se produzca. En la fundamentación jurídica del Tribunal Superior de Justicia, se contienen los presupuestos fácticos que le llevan a inclinarse, sin duda alguna, por un comportamiento de grave ignorancia e imprudencia, lo que está en contradicción con el mantenimiento del indicado relato fáctico. Procede declarar la nulidad de la sentencia al generarse indefensión al recurrente.
Resumen: Recurso de casación contra sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales: naturaleza y límites. Delito de lesiones con instrumento peligroso: necesidad de que el mismo aparezca debidamente descrito en el relato de hechos probados. Expulsión de extranjeros como sustitución de la pena privativa de libertad impuesta: exigencias normativas, proporcionalidad y motivación. Riña mutuamente aceptada y legítima defensa.
