Resumen: El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. En cuanto a la alevosía, el TS viene aplicándola a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. El derecho de defensa del acusado absuelto impide realizar con ocasión del recurso un nuevo juicio de culpabilidad si aquél no es oído con inmediación por el Tribunal que conoce del recurso, como ocurre con el recurso de casación.
Resumen: El ánimo o intención de matar, elemento subjetivo del homicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y requiere un juicio de inferencia para su fijación en el proceso penal, operación compleja que partiendo de datos fácticos demostrados, conduce -a través de las reglas lógicas o de experiencia- a la certeza moral que la resolución judicial necesita; y ese juicio de inferencia obliga a una indagación cuidadosa de todas circunstancias del hecho, en cuanto pueden facilitar datos o elementos significativos de la voluntad o intención del sujeto y se vienen destacando el arma o medios utilizados, la zona a la que se dirige el ataque, número de golpes, violencia o intensidad de los mismos, condiciones de espacio y tiempo en que se produjo la agresión, circunstancias conexas, las palabras del autor, previas, coetáneas y posteriores a la agresión, móvil del delito y cualesquiera otras que en función de las circunstancias del hecho puedan determinar el alcance de la intención lesiva. La Sala II ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. Se trataría de una alevosía doméstica, derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia recaída en la Audiencia Provincial en procedimiento de Jurado por delito de asesinato. Las partes acusadoras y la defensa habían mostrado su conformidad con la calificación de los hechos y la concurrencia de la circunstancia eximente completa de alteración psíquica en el acusado autor del crimen. En los términos fácticos y calificadores propuestos por las partes, la Audiencia absolvió al acusado del delito de asesinato coemtido y le sometió a la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico cerrado por tiempo máximo de veinticinco años con las accesorias de prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima; asimismo, le impuso la medida de seguridad de libertad vigilada por un período de diez años a ejecutar tras la finalización del internamiento. La duración máxima de la medida de internamiento (25 años) se determina en relación a la pena señalada en abstracto para el delito cometido, sin considerar para ello las circunstancias modificativas, excepción hecha de las formas imperfectas de ejecución. Aun cuando no se ha impugnado en el recurso, el pronunciamiento absolutorio de la sentencia apelada es incompatible con la imposición de cualquier tipo de pena, por tanto se dejan sin efecto las penas accesorias impuestas en la sentencia rcurrida, en concreto, las prohibiciones de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima, previstos como penas accesorias.
Resumen: Se desestima el motivo por quebrantamiento de forma, puesto que lo que pretende el recurrente es una reiteración del motivo que articula por error de derecho en el primer motivo de su impugnación, en esta ocasión por la vía de quebrantamiento de forma, es decir, reproducir el error de derecho por la aplicación indebida del delito de asesinato, en grado de tentativa, y no el delito de lesiones que propugna en el primer motivo. Exigencia principal del desistimiento es la voluntariedad en su realización, esto es, el autor desiste de su acción porque, pudiendo terminar la acción, cesa en su conducta para impedir la consumación del delito.
Resumen: La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem), sino un bis in altera, por lo que no impide la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal de los hechos referidos. El art. 140.1.1 del CP no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. La reforma derivada de la LO 1/2015, introduce varias hipercualificaciones en el asesinato, que se enumeran en el nuevo art. 140, siendo la primera de ellas, que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. El fundamento de la prisión permanente revisable radica en la especial protección de los menores de 16 años (o personas vulnerables) más que sancionar el mayor reproche derivado del aseguramiento buscado por el autor frente a posibles reacciones defensivas, que es el fundamento de la alevosía. Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes: no hay bis in idem sino un legítimo bis in altera.
Resumen: Para afirmar que el juicio paralelo ha supuesto la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se precisa que en el caso concreto se constate que el juicio de autoría proclamado en la sentencia ha tenido como soporte, no el material probatorio generado en el plenario, sino la percepción anticipada e inducida por los medios de comunicación. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto del asesinato que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem), sino un bis in altera, por lo que no impide la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal de los hechos referidos. El art. 140.1.1 del CP no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. La alevosía concurre en todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido.
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia del recurrente ha sido respetado. Sobre los distintos hechos que conforman el supuesto de la causa, existen indicios y, en ocasiones, pruebas directas suficientes para acreditarlos. Indicios y pruebas que están debidamente argumentadas en la sentencia recurrida y en la sentencia del Tribunal del Jurado. El motivo formulado por infracción de ley también se desestima, al no respetar los hechos declarados probados y de los que se desprende claramente la alevosía discutida. Respecto del "error facti", los documentos citados (el informe de la autopsia, ampliación y estudio larvario cadavérico, el estudio de ADN y lofoscópico-dactiloscópico y los informes relativos a la geolocalización de los teléfonos y llamadas) no tienen el carácter de literosuficientes.
Resumen: Inexistencia de accidente de circulación y atropello de peatón al utilizarse un vehículo a motor de modo doloso para intentar la muerte de quien iba de copiloto. Entiende la Sala que concurrió alevosía sorpresiva y sobrevenida ya que la agresión fue inopinada e inesperada para la víctima y sin que esta pudiera tener capacidad de reacción y que aunque Pura accedió a subir voluntariamente al vehículo del acusado nada determinó que hubiese de tomar precauciones porque su relación era buena, el acusado se preocupaba de atender las necesidades económicas de Pura, dos días antes habían tomado café el mismo sitio al que el día de los hechos le propuso acudir y en tono conciliador, como refiere la propia víctima.
Resumen: Derecho a un proceso con todas las garantías: contenido. Alegación de vulneración de un precepto procesal por la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Derecho a utilizar los medios de prueba oportunos: el momento oportuno para la proposición de prueba es el escrito de conclusiones provisionales en el sumario ordinario. Posibilidad admitida jurisprudencialmente de que se pueda proponer también prueba en el procedimiento sumario, al inicio de la vista oral. Establecimiento de un plazo máximo para llevar a cabo la instrucción: interpretación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su transcurso no significa, en ningún caso, el archivo de la causa, sino concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su efecto es la conclusión de la fase de instrucción y la continuación del proceso. Contenido del derecho a la presunción de inocencia: alcance. Triple comprobación. La alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia no supone la posibilidad de que el órgano de casación sustituya la valoración del órgano enjuiciador por la suya, pero sí que pueda analizar al estructura lógica del discurso valorativo. Deber de motivación de las resoluciones judiciales: incumplimiento por el Tribunal de instancia. No consta la argumentación necesaria que soporte la condena del recurrente. Se acuerda, en consecuencia, la nulidad de la sentencia y su devolución para que se dicte una nueva.
Resumen: El TS recuerda la doctrina de la Sala relativa al recurso de casación contra las sentencias dictadas por la Sala de apelación y, en concreto, que el recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo sin la más mínima alteración.
