Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo, que se había impugnado alegando su contrariedad la extralimitación de los árbitros al resolver sobre cuestiones no sometidas a arbitraje. Se señala que la parte no agoto en el procedimiento la posibilidad de solicitar aclaración ante los árbitros.
Resumen: Se rechazan todos los motivos de impugnación del laudo. No se aprecia ninguna vulneración por parte del Tribunal arbitral de la "tutela efectiva". La parte no hizo uso de la facultad de pedir corrección de errores, ni aclaraciones necesarias en cuanto al desarrollo de la audiencia para precisar, en su caso la petición de prueba. Ninguna objeción cabe hacer al nombramiento de los árbitros por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, teniendo en cuenta además que la parte conoció los nombrados iniciado el procedimiento, antes incluso del acto de audiencia. Sobre el orden público la vía de la anulación no autoriza la revisión de fondo de la decisión adoptada por los árbitros. Se trata de un arbitraje de equidad, lo que significa que los árbitros han de resolver según su leal saber y entender. En el caso el laudo está motivado y su lectura permite conocer sin dificultad las razones por las que resultó condenada la empresa que no ejecutó las obras de conformidad con las indicaciones. La valoración probatoria plasmada en el laudo contiene esos estándares mínimos que proclama el Tribunal Constitucional.
Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo, que se había impugnado por la ac tora alegando su contrariedad al orden público, lo que rechaza la Sala recordando el estricto ámbito de este motivo de nulidad. Rechaza la ausencia de notificación al contener la cedula la resolución que se dice omitida y la posibilidad de impugnación, y por ello igualmente no se acoge la inadecuación del procedimiento.
Resumen: Presentada demanda en solicitud de nombramiento judicial de árbitro de equidad, la demandada se opone esgrimiendo una excepción de falta de legitimación pasiva, por entender que quien quedó vinculado por el contrato en el que se incluye la cláusula arbitral es quien lo firmó, pero no la mercantil demandada de la que él es administrador único, sin que los acuerdos contractuales suscritos por éste en su propio nombre puedan vincular a la mercantil administrada. La Sala no admite tal argumento ya que, si bien es cierto que el contrato está suscrito sin indicarse que el firmante lo hace en nombre de la sociedad que administra, sin embargo, es ilógico pensar que la obra se encargue a un administrador de una empresa cuyo objeto social es la construcción y no a la sociedad administrada. Por otro lado, los actos posteriores a la celebración del contrato, y en particular si quedaba o no vinculada la sociedad por el compromiso de su administrador sugieren que la actuación fue representativa, habida cuenta de que las facturas emitidas lo fueron por la sociedad y no por el particular. Y ha de añadirse que el domicilio de la sociedad coincide con el de su administrador, y que los requerimientos indemnizatorios efectuados por el ahora demandante se dirigieron a la sociedad, sin que ésta opusiera que no es parte del contrato.
Resumen: Disolución y liquidación de Sociedad Limitada. Se insta la nulidad de los laudos arbitrales que acordaron la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidador. La acción de anulación del laudo no es un medio de impugnación en sentido estricto que tienda a corregir los errores en que hubiera podido incurrir el árbitro que dictó su decisión. El laudo motiva ampliamente las razones de su decisión, analizando y concluyendo razonadamente, y partiendo de la existencia de una cláusula arbitral estatutaria, en la arbitrabilidad de la liquidación de una sociedad mercantil que incide sobre la liquidación de los bienes gananciales de los socios. La liquidación de una sociedad mercantil es un proceso típicamente patrimonial, y por tanto arbitrable. Se descarta la inexistencia de convenio arbitral o inarbitrabilidad de la controversia, pues en los Estatutos de la sociedad mercantil existe la cláusula favorable al arbitraje. Sobre la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de sastre o una puerta falsa que permita el control de la decisión arbitral y no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación del laudo. Si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público. La parte no alega haber solicitado el dictado de un laudo complementario si estimaba ausencia de motivación e incongruencia omisiva.
Resumen: Deducida demanda por el cliente contra una empresa de mudanza, esta formulo declinatoria de jurisdicción por corresponder la cuestión al arbitraje establecido en la legislación de transporte, que fue desatendida por el juzgado que, entrando a conocer de la demanda, la desestimó. Recurrida la sentencia por el cliente, la transportista insiste en su excepción de arbitraje. La sala estudia la aplicación de la legislación de transporte que establece el arbitraje como solución de conflictos para resolver la apelación, y concluye que el caso ninguna de las partes manifestó su oposición al arbitraje establecido en la norma antes de la ejecución del contrato, lo que determina la competencia de la junta arbitral de transporte y la pérdida de jurisdicción de los tribunales, por lo que acoge la alegación de falta de jurisdicción realizada por la transportista en su oposición a la apelación y declara la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción.
Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo, que se había impugnado por la ac tora alegando su contrariedad al orden público, lo que rechaza la Sala recordando el estricto ámbito de este motivo de nulidad. Rechaza la ausencia de notificación al incluir la cedula la resolución que se dice omitida y la posibilidad de impugnación, así como por ello el procedimiento no puede tacharse de no adecuado.
Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo, que se había impugnado alegando su contrariedad la extralimitación de los árbitros al resolver sobre cuestiones no sometidas a arbitraje, recordando las características de un arbitraje de equidad en el que los árbitros pueden hacerlo por consideraciones de justicia y equidad.
Resumen: La sentencia estima la demanda sobre designación judicial de arbitro. Recuerda que la única competencia en la materia según el art. 15 de la Ley de Arbitraje se refiere al nombramiento dejando fuera el contenido del laudo, por lo que constatada la existencia de convenio arbitral procede a acordar lo solicitado.
Resumen: El primer motivo de anulación alegado es que el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes. La Sala indica que el acuerdo entre las partes sobre el procedimiento a seguir, no impide que los interesados, en virtud del principio de autonomía de las partes, hubiesen podido convenir sobre estos aspectos procedimentales y otros sobre el lugar del arbitraje, su inicio, idioma, forma de las actuaciones arbitrales, con independencia de que existiese ya nombrado un árbitro. Fue el arbitro, a la vista del desacuerdo absoluto existente, establecer las reglas por las que se iba a desarrollar el procedimiento, con pleno respecto a la igualdad de armas procesales y también a los principios de audiencia y contradicción. No existe una norma que determine el plazo para dictar el laudo y no se señalan actuaciones concretas que hayan producido indefensión. En cuanto a la infracción del orden público procesal, la Sala examina los límites del control judicial de un laudo, la doctrina constitucional, el riesgo de desbordamiento del concepto de orden público, la posible discrepancia de criterio entre el árbitro y el Tribunal, y que no se trata de una nueva instancia. Desde esa fundamentación, la Sala da respuesta al caso concreto. Si se pretende alegar incongruencia en lo decidido en el laudo, debe instarse previamente una rectificación, lo que no se hizo.
