Resumen: La sentencia estima la demanda y acuerda la designación judicial de arbitro, al existir convenio arbitral y constatarse la falta de voluntad del demandado que no contesto a los requerimientos efectuados permaneciendo en rebeldía por lo que asimismo le impone las costas. Recuerda la Sala la imposibilidad de entrar en análisis de causas de oposición que podrán se ejercitas, en su caso, ante el arbitro.
Resumen: La sentencia estima la demanda de nombramiento judicial del arbitro pues razona que el art.15 de la Ley de Arbitraje señala que el Tribunal se limitara a constatar la existencia de convenio arbitral, sin hacer condena en costas.
Resumen: La sentencia estima la demanda y acuerda la designación de arbitro tras recordar que la única competencia que tiene la Sala en este momento procesal, constatada la existencia de convenio arbitral es la designación, quedando al margen el contenido del laudo que haya de dictarse.
Resumen: La Sala explica el sistema de arbitraje de consumo antes de conocer de la acción de nulidad entablada contra el laudo de la Junta Arbitral de Consumo de Catalunya. Rechaza el motivo que afirma, sin indicación de causa expresa de las legalmente establecidas, que el tribunal arbitral debió haberse constituido con tres árbitros en lugar de uno porque nada dijo el impugnante cuando le fue comunicada la designación de árbitro, momento en el que, de conformidad con el art. 19. 2 del RD 231/2008, podía objetar el nombramiento y no lo hizo, por lo que que se produjo una renuncia tácita a esta facultad de impugnación. Se rechaza también la impugnación por motivo de infracción del orden público que afirma el actor porque el laudo no motiva ni razona sobre los conceptos por los que ha concedido la indemnización solicitada por la instante del procedimiento arbitral ni ha relacionado las pruebas en las que se basaría. Considera la indemnización excesiva por los daños causados y además niega ahora su responsabilidad. La sala razona que ni los hechos ni la aplicación del derecho pueden ser objeto de una segunda instancia ya que la pretensión del arbitraje es la rapidez en la resolución de los conflictos y ello pasa porque efectivamente sea un proceso en instancia única. En el caso, además, el conflicto se resuelve en equidad por lo que el deber de motivación se atenúa.
Resumen: La sentencia estima la demanda y acuerda la designación judicial de arbitro, al existir convenio arbitral y constatarse la falta de voluntad del demandado que no contesto a los requerimientos efectuados permaneciendo en rebeldía por lo que asimismo le impone las costas.
Resumen: La sentencia estima la demanda y acuerda la designación judicial de arbitro, al existir convenio arbitral y constatarse la falta de voluntad del demandado que no contesto a los requerimientos efectuados si bien no impone costas la apreciar en el supuesto que se trata de un tema susceptible de un debate jurídico.
Resumen: La demandante interesa el reconocimiento de laudo arbitral extranjero, hoy firme,. La Sala da lugar al reconocimiento, puesto que en el presente caso, la solicitante de exequátur ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el artículo IV de la Convención de Nueva York, y ha aportado junto con el escrito de demanda: copia auténtica del laudo arbitral emitido por el árbitro en su día designado, así como la traducción jurada de dicho laudo arbitral; copia auténtica del convenio arbitral, en el que resulta la efectiva sumisión de las partes al arbitraje. Ha aportado igualmente copia autenticada de las correcciones a aquel laudo y de la desestimación de la solicitud de su anulación instada por la demandada.
Resumen: El art. 52.1 LC, cuando permite al juez del concurso suspender la eficacia del convenio arbitral no contiene ninguna previsión que le atribuya a su vez la competencia para conocer de las cuestiones afectadas por el convenio arbitral. No se alteran las reglas sobre competencia objetiva establecidas por la Ley, por lo que, en tales situaciones, rigen las reglas generales de atribución de competencia objetiva, que en el caso de las acciones del concursado frente a un tercero están en el art. 54 LC, sin que exista una vis atractiva a favor del juez del concurso. Inexistencia de incongruencia. El crédito reclamado por la demandante surge de una relación contractual con la demandada y después de que se hubiera declarado el concurso de la demandante, por lo que no opera la prohibición de compensación del art. 58 LC por dos razones: i) esa prohibición solo opera respecto de créditos concursales anteriores a la declaración de concurso (el reclamado por la concursada es posterior al concurso y las cantidades a compensar afloraron también después del concurso); y ii) no estamos propiamente ante una compensación de créditos a la que se refiere esa norma, sino ante la liquidación de créditos y deudas derivadas de una misma relación contractual, que no no se ve afectada por la prohibición de compensación. La prohibición de compensación solo debe afectar a créditos concursales y no a los créditos contra la masa. Mecanismo de liquidación de un contrato que no es una auténtica compensación.
Resumen: Las partes celebraron un contrato de préstamo y sometieron las eventuales controversias derivadas de dicho contrato a arbitraje de derecho de un único árbitro que designase una asociación. Aunque en principio, en cumplimiento de lo pactado en la cláusula de sumisión, correspondería a la asociación designada el nombramiento del único árbitro para dirimir la controversia surgida con motivo del cumplimiento del contrato de préstamo, sin embargo, ante la relación de uno de los implicados en el contrato con la asociación que debe hacer la designación, debe concluirse que no se dan las condiciones de imparcialidad, exigibles no sólo al árbitro, sino también a la institución designadora del mismo, por lo que no siendo posible la elección del árbitro por el modo pactado por las partes, la Sala procede a su nombramiento.
Resumen: Concluye esta sentencia que no ha lugar a la responsabilidad patrimonial por el hecho de que se haya realizado una contratación de un empleado público en régimen de fraude de ley. Constatada esa utilización abusiva, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico, ni por aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70 , la conversión de la relación de servicios temporal en una de carácter fijo o asimilado, sino que la consecuencia jurídica será el derecho a la subsistencia de la relación de empleo, con los correspondientes derechos profesionales y económicos, hasta que la Administración cumpla debidamente lo dispuesto por el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración con arreglo a las normas generales de ésta.
