Resumen: Ambas partes se han mostrado conformes en que se proceda a la designación judicial de árbitro para su controversia. No procede una condena a la demandada al pago de las costas por cuanto, pese a que fue requerida para la formalización de arbitraje y ciertamente declinó iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el árbitro a designar, pues lo cierto es que no existía obligación de llegar a un acuerdo, por lo que la consecuencia natural del desacuerdo entre las partes, como posibilidad prevista y pactada en la cláusula de sumisión, no es más que la designación por parte de esta Sala, que es lo pedido por las actoras y aceptado por la demandada. No cabe, pues, concluir que la necesidad de interponer la demanda judicial sea consecuencia de una actitud de mala fe.
Resumen: La competencia para el nombramiento de árbitros cuando no hay acuerdo de las partes, se limita a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada con la demanda, la existencia del convenio arbitral y, en su caso, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, la negativa a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación.Tal decisión no prejuzga la decisión del árbitro sobre su propia competencia o sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia.Exceden del objeto de la presente causa las pretensiones del demandado en las que se opone a la reclamación dineraria deducida por la parte actora alegando, con carácter principal, la excepción de prescripción y, con carácter subsidiario, la inexistencia de la deuda reclamada, solicitando la desestimación de la demanda y la imposición al actor de las costas procesales causadas, y ello, interesando la práctica de prueba y la celebración de vista respecto de dicha controversia litigiosa.En el caso, la parte demandada mostró su conformidad sin formular oposición. Se trata por tanto de un allanamiento a todas las pretensiones del actor respecto al nombramiento judicial de árbitro, lo que determina el pronunciamiento de una condena.No se imponen costas por no apreciar mala fe del demandado.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad de laudo arbitral, al amparo del art. 6 de la Ley de Arbitraje al no haber sido denunciadas las supuestas infracciones que justifican la actual demanda en el precedente expediente arbitral seguido ante la Junta Arbitral de Consumo de Galicia.
Resumen: La Sala estima la demanda que interesaba el nombramiento de árbitro. Considera que, constando inequívocamente la voluntad de optar por el arbitraje como modo de solución de las controversias, y no pudiendo practicarse ante la entidad consignada por la incomparecencia de la parte demandada, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros. Como una de las formas de imposibilidad designación de árbitros consignados por las partes es la no posibilidad de intervención de la entidad designada por las partes en el proceso arbitraje, debe estimarse la demanda .
Resumen: Para determinar la procedencia de nombramiento de árbitro, la Sala valora que el contrato marco que recoge la cláusula de sumisión a arbitraje afecta al contenido de los derechos relativos a la transmisión de acciones de la entidad demandada. De modo que, viniendo referida la cuestión a las controversias en materia de transmisión de las acciones, afectada por el contrato marco del que forma parte la demandada, cualquier cuestión relativa a ella ha de ser objeto de arbitraje en caso de discrepancia. En consecuencia, procede pues el nombramiento de árbitro y, ante la omisión sobre el número exacto de árbitros contenida en el convenio arbitral y la falta de acuerdo de las partes sobre el número de los mismos, procede el nombramiento de un solo árbitro.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad del Laudo Arbitral , rechazando los tres motivos alegados. No aprecia indefensión por la denegación de alguna prueba, que además no se denuncio ante el Arbitro, apreciando debida y correcta motivación. Tampoco se acepta el motivo de vulneración del orden publico recordando lo restrictivo del concepto según la Jurisprudencia del TC.
Resumen: En el supuesto en que se solicite el nombramiento judicial de árbitros no corresponde al juez determinara la validez del convenio arbitral, sino tan solo la existencia de éste, y en el presente caso la existencia es patente, en tanto que en los contratos cuestionados se contiene la siguiente cláusula "Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o el cumplimiento del presente contrato será sometido a un arbitraje de equidad". No se hace imposición de las costas porque la demanda de designación de árbitros ha sido estimada.
Resumen: La sentencia analizada resuelve sobre nombramiento de árbitro en virtud de convenio arbitral. El tribunal estima la demanda de una de las partes y desestima la presentada por la otra parte. Estima el tribunal la demanda en la que se acredita la suscripción de un primer convenio arbitraje de Derecho y considera no acreditada la existencia del convenio arbitral alegado por la otra parte. En consecuencia, el tribunal acuerda designar árbitro de Derecho en la persona de abogado en ejercicio profesional con experiencia de más de 15 años.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad del laudo, rechazando los motivos a legado, tanto la relativa al procedimiento de designación de árbitros, como las modificaciones en el procedimiento o vulneración del orden publico, sin que tampoco aprecie falta de motivación o arbitrariedad.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad de lauto arbitral dictado por la Junta Arbitral de Transportes de Galicia. El conflicto surge en el seno de un contrato de transportes ante el impago de tal servicio, oponiéndose por el deudor extemporáneamente la perdida por rotura de varias botellas. SE alega sin éxito la inexistencia de convenio, cuando existe un sumisión tacita a tenor del art. 38 de la LOTT. También se rechaza la vulneración de los principios de igualdad y contradicción en el procedimiento ante la voluntaria incomparecencia a la vista.
