Resumen: La sentencia acoge la pretensión. Tras constatar la existencia de convenio arbitral, la competencia de la Sala y la ausencia de controversia acuerda que se proceda a tal designación , sin hacer condena en costas al no aportase elementos que permitan inferir mala fe.
Resumen: El demandante dirigió acción frente a una empresa de transporte en en reclamación de los daños y perjuicios por la destrucción de un envío postal. El Juzgado se abstiene del conocimiento de la demanda por falta de jurisdicción por razón de la materia, al proceder arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte de Madrid. La Audiencia considera que resula aplicable la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que el sometimiento de la cuestión a arbitraje no deriva de ninguna cláusula del contrato ni de un previo acuerdo de sumisión, sino de la presunción legal de sometimiento al arbitraje. También podría ser de aplicación la Ley de Servicio Postal Universal de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, que establece la posibilidad de acudir a las Juntas Arbitrales de Consumo, tal y como efectivamente hizo el propio demandante.
Resumen: Acordado el nombramiento de árbitro, la sociedad demandada celebró Junta General en la que se aprobó la modificación de sus estatutos, con supresión de la cláusula de sumisión a arbitraje. La Sala rechaza que tal cambio sea de observar, por la razones sustantivas de que, existiera o no cláusula estatutaria de sumisión, hubo convenio arbitral expreso; y además de ello, la reforma de los estatutos es posterior a la instancia del arbitraje ante el Tribunal Arbitral, y posterior también a su interposición de demanda ante el tribunal para formalización de arbitraje y su notificación a la demandada (hoy demandante), por lo que el arbitraje ya se había iniciado y era inmune a la supresión de la cláusula estatutaria de sumisión por virtud del principio perpetuatio iurisdictionis, sin duda aplicable al procedimiento arbitral salvo voluntad concorde de las partes.
Resumen: El conductor de autobús en control rutinario de tráfico fue positivo en cocaína, se paralizó y otros conductores finalizan el servicio, hubo quejas de los viajeros a la empresa, tuvo que devolver billetes, se confirmó el positivo en laboratorio. El JS desestimó declarando la procedencia del despido por su gravedad infracción contraria al CC -remite al Laudo sustitutivo de la OL- y contra la seguridad vial, valoró el peligro de la vida de los pasajeros y resto de conductores y perjuicio de imagen de la empresa. El TSJ revocó declarando improcedencia por no apreciar efectiva influencia en la conducción, la inmovilización podría tipificarse como falta grave. En cud recurre AUTORES, para la Sala IV la contradicción se produce en la interpretación del Laudo, no se valoran las conductas de los despedidos. Examina la exégesis del precepto convencional, siguiendo las reglas arts. 3 y 1281 y ss. CC: se refiere a conducción bajo influencia de drogas, se está ante una infracción de peligro no de resultado, la situación sancionable es estar afectado por las sustancias estupefacientes, para evitar riesgos y garantizar la seguridad vial. Tuvo en cuenta que se trata de transporte de viajeros por carretera y el riesgo para terceros. E infracción de las normas de seguridad vial, compromete la vida, incidencia negativa por la inmovilización, trasgrede la buena fe, la profesión de conductor y bajo los efectos de la droga, concurre la conducta tipificada y es sancionable el con despido. Estima
Resumen: Ambas partes se han mostrado conformes en que se proceda a la designación judicial de árbitro para su controversia. No procede una condena a la demandada al pago de las costas por cuanto, pese a que fue requerida para la formalización de arbitraje y ciertamente declinó iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el árbitro a designar, pues lo cierto es que no existía obligación de llegar a un acuerdo, por lo que la consecuencia natural del desacuerdo entre las partes, como posibilidad prevista y pactada en la cláusula de sumisión, no es más que la designación por parte de esta Sala, que es lo pedido por las actoras y aceptado por la demandada. No cabe, pues, concluir que la necesidad de interponer la demanda judicial sea consecuencia de una actitud de mala fe.
Resumen: La competencia para el nombramiento de árbitros cuando no hay acuerdo de las partes, se limita a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada con la demanda, la existencia del convenio arbitral y, en su caso, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, la negativa a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación.Tal decisión no prejuzga la decisión del árbitro sobre su propia competencia o sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia.Exceden del objeto de la presente causa las pretensiones del demandado en las que se opone a la reclamación dineraria deducida por la parte actora alegando, con carácter principal, la excepción de prescripción y, con carácter subsidiario, la inexistencia de la deuda reclamada, solicitando la desestimación de la demanda y la imposición al actor de las costas procesales causadas, y ello, interesando la práctica de prueba y la celebración de vista respecto de dicha controversia litigiosa.En el caso, la parte demandada mostró su conformidad sin formular oposición. Se trata por tanto de un allanamiento a todas las pretensiones del actor respecto al nombramiento judicial de árbitro, lo que determina el pronunciamiento de una condena.No se imponen costas por no apreciar mala fe del demandado.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad de laudo arbitral, al amparo del art. 6 de la Ley de Arbitraje al no haber sido denunciadas las supuestas infracciones que justifican la actual demanda en el precedente expediente arbitral seguido ante la Junta Arbitral de Consumo de Galicia.
Resumen: La Sala estima la demanda que interesaba el nombramiento de árbitro. Considera que, constando inequívocamente la voluntad de optar por el arbitraje como modo de solución de las controversias, y no pudiendo practicarse ante la entidad consignada por la incomparecencia de la parte demandada, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros. Como una de las formas de imposibilidad designación de árbitros consignados por las partes es la no posibilidad de intervención de la entidad designada por las partes en el proceso arbitraje, debe estimarse la demanda .
Resumen: Para determinar la procedencia de nombramiento de árbitro, la Sala valora que el contrato marco que recoge la cláusula de sumisión a arbitraje afecta al contenido de los derechos relativos a la transmisión de acciones de la entidad demandada. De modo que, viniendo referida la cuestión a las controversias en materia de transmisión de las acciones, afectada por el contrato marco del que forma parte la demandada, cualquier cuestión relativa a ella ha de ser objeto de arbitraje en caso de discrepancia. En consecuencia, procede pues el nombramiento de árbitro y, ante la omisión sobre el número exacto de árbitros contenida en el convenio arbitral y la falta de acuerdo de las partes sobre el número de los mismos, procede el nombramiento de un solo árbitro.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad del Laudo Arbitral , rechazando los tres motivos alegados. No aprecia indefensión por la denegación de alguna prueba, que además no se denuncio ante el Arbitro, apreciando debida y correcta motivación. Tampoco se acepta el motivo de vulneración del orden publico recordando lo restrictivo del concepto según la Jurisprudencia del TC.
