Resumen: La insuficiencia clara de la memoria e informe técnico aportados se revela, como ya adelantábamos, como un incumplimiento relevante a los efectos del derecho a la información que tenían los representantes de los trabajadores durante el periodo de consultas, que vició el deber de negociación de buena fe durante dicho periodo, procediendo la nulidad de la medida acordada por no haberse transmitido a los representantes de los trabajadores los datos precisos durante el periodo de consultas.
Resumen: La Audiencia admite la posibilidad de sumisión a arbitraje en cuestiones de derecho marítimo, cuando cumplan los requisitos de la legislación de arbitraje. En este caso no acepta la aplicación del art. 38 LOTT, puesto que no se trata de un transporte terrestre. En el caso concreto no hay cláusula específica de arbitraje, pero tampoco se deduce esa voluntad de sumisión al mismo de los correos y comunicaciones cruzadas entre las partes. La cláusula de sumisión a arbitraje, para ser tenida por eficaz, es necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros. Debiendo interpretarse la voluntad de las partes conforme a las reglas generales de interpretación de los contratos. Y, en su caso, de acuerdo con la ley de condiciones generales, cuando se trate de un contrato de adhesión. Sólo se puede impedir al litigante adherente que acuda a la tutela jurisdiccional en aquellas cuestiones en las que sea «explícita, clara, terminante e inequívoca» su aceptación.
Resumen: La sentencia analizada resuelve sobre la acción de anulación del laudo dictado por la Junta Arbitral de Transportes de Valladolid. Se impugna el laudo por inexistencia de convenio arbitral: ni en el contrato de transporte ni en ningún otro pacto suscrito por las partes se estipuló un convenio arbitral. El tribunal rechazada esta alegación porque se presume la existencia del convenio arbitral para resolver las controversias que surgen en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre que no excedan de 15.000 euros siempre que ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado. El convenio arbitral se presume "ope legis" aunque no haya sido pactado en los casos expuestos, por lo que la oposición al convenio arbitral por quien impugna el laudo posterior al inicio de la relación o actividad contratada no excluye la presunción de existencia del convenio arbitral.
Resumen: Petición de formalización judicial de arbitraje que se funda en los Estatutos sociales. Ante la presentación de un documento contractual en el que consta expresamente la sumisión de las partes a arbitraje como medio para la resolución de los conflictos, le está vedado al Tribunal cualquier otro pronunciamiento que no sea el de acceder a esa formalización judicial del arbitraje solicitado. No hay acuerdo entre las partes en la designación de árbitro pues la aceptación del designado anteriormente se demoró más de seis meses y se considera extemporánea. Debe designarse un nuevo árbitro por insaculación. Se desestima la pretensión de finalización del arbitraje por carencia sobrevenida de objeto, debiendo continuar el procedimiento.
Resumen: La sentencia desestima la demanda que solicitaba la nulidad del laudo. Aprecia, en primer lugar el no agotamiento por no solicitarse el complemento o aclaración del laudo, pero, además, aprecia insuficiente motivación del alegato de ausencia de notificación de la designación de arbitro, y que no puede la empresa comercializadora ampararse en que la responsabilidad es de la Distribuidora.
Resumen: La sentencia estima la demanda en la que se solicita la nulidad del laudo al exceder el supuesto de las limitaciones establecidas por la demandante en su adhesión al convenio arbitral.
Resumen: La sentencia analizada resuelve acción de anulación de laudo arbitral dictado por la junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias. El tribunal estima la acción ejercitada y anula el laudo dictado. El tribunal ciñe la controversia a la apreciación o rechazo del efecto de cosa juzgada de una sentencia precedente que declaró nulo el laudo impugnado. En el proceso precedente se dictó sentencia de anulación por allanamiento del demandado. Al ser total la declaración de nulidad únicamente se podría dar lugar, en su caso, a un nuevo procedimiento arbitral desde su comienzo, lo que incluye una nueva designación de árbitros, pero no cabe, como ha ocurrido en este caso, retrotraer el procedimiento al momento de la vista oral del procedimiento anterior. Este mantenimiento de eficacia parcial del procedimiento arbitral precedente no resulta admisible y, por ello, el tribunal declara la nulidad del laudo dictado.
Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo arbitral que se sustentaba en que no había sido debidamente notificada la designación de arbitro , por tratarse de un alegato huérfano de cualquier apoyo argumental, y desvirtuado por el examen de la actuaciones arbitrales.
Resumen: La sentencia analizada resuelve sobre impugnación de laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo. El tribunal desestima la impugnación formulada. El tribunal expone la naturaleza jurídica de la institución del arbitraje y del convenio arbitral, así como el ámbito objetivo de la acción de anulación de laudo arbitral, que excluye una revisión de lo acordado. Afirma el tribunal que la acción de anulación del laudo es un medio de impugnación extraordinario porque el control de los laudos arbitrales tiene carácter limitado porque la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extra-judicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo. El tribunal no aprecia vulneración del orden público, entendido como proyección de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. A partir de estas referencias, el tribunal afirma que no se ha alegado ni probado ninguno de los motivos de anulación del laudo.
Resumen: La Audiencia se muestra partidaria de una interpretación favorable a la posibilidad de acceso a la jurisdicción por encima de la obligación de acudir a las Juntas Arbitrales en materia de transporte cuando no exista un acuerdo claro de ambas partes respecto a la elección de la Junta Arbitral. Para lo cual es preciso interpretar esa voluntad común en el contexto de la presunción que establece el art 38 de la LOTT. Bastando, pues la declaración de una de las partes, entiende que puede ser excluida la competencia de la Junta cuando voluntariamente se accede a la jurisdicción, interponiendo una reclamación. Aun después de la celebración del contrato.
