Resumen: Se confirma en alzada la sentencia que condenó al acusado como delito de violacion por haber forzado y penetrado vaginalmente a su compañera de piso, al tiempo que se le absolvió del delito leve de lesiones por el que también se le acusaba. Se desestima la queja del recurrente por la incidencia acaecida durante la primera sesión del juicio, que hubo de suspenderse por el apagón ocurrido a nivel nacional, y que obligó a celebrar nueva e íntegramente el juicio ante la posibilidad de pérdida de la grabación de la primera sesión; pérdida que finalmente no se produjo, por lo que existen dos grabaciones de las sesiones celebradas. Tal irregularidad, sin embargo, no acarrea ninguna indefensión, a juicio del tribunal de apelación. Se rechaza la queja de falta de motivación de la sentencia, visto lo exhaustivo de su fundamentación fáctica y jurídica. Tras examinar el alcance del control que corresponde hacer al tribunal de apelación sobre la valoración probatoria efectuada en la instancia, se descarta tal error a la vista de los marcadores de credibilidad que ofrece la declaración de la afirmada víctima. No se aprecia contradicción interna en condenar por delito de violación y absolver por delito leve de lesiones, pues estas últimas fueron expresión directa de la violencia ejercida para consumar el delito de violación, sin exceso o desproporción alguna.
Resumen: Desde que se implantó una apelación previa a la casación, en los procedimientos competencia de la Audiencia Provincial, se hace obligado reiterar la práctica de la prueba en la segunda instancia, tal y como previene el art. 790.3 LECrim. El remedio específico y primario para ese tipo de gravamen consiste en la reproducción de la prueba en apelación; no la nulidad que siempre comporta retrasos que el legislador quiere evitar.
Resumen: La acusación particular formula recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que acordó la absolución de los acusados porque las diligencias de investigación se practicaron después del transcurso del plazo de instrucción previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Doctrina de la Sala. Régimen de los plazos de instrucción establecido en la Ley 41/2015. La condición normativa de adquisición en tiempo de las fuentes de prueba fijada en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone una preclusión procesal cuya desatención no determina la nulidad de la prueba, sino la irregularidad en la obtención para la investigación y, con ello, su invalidez a los efectos del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La prohibición de incorporar diligencias de investigación, una vez agotado el plazo de instrucción, no conlleva que la información de las pruebas intempestivas no pueda ser aportada a juicio bien mediante la proposición de pruebas en los escritos de calificación, bien mediante su proposición en el acto del juicio. La Sala desestima el recurso de casación al ratificar que las diligencias de investigación, incluidas las declaraciones de los investigados, se acordaron fuera de plazo de instrucción y, por tanto, debía dictarse sentencia absolutoria.
Resumen: Recurre el trabajador la sentencia que declara la procedencia de su despido bajo un primer motivo de nulidad de actuaciones sustentado al no haberse practicado su solicitud de Diligencia Final, referida a una copia de una sentencia de la Audiencia Provincial; reproche que la Sala rechaza al haber activado el Juzgador su carácter discrecional entendiendo que no era relevante para su decisión. Y ello máxime cuando la sentencia fue dictada meses antes al acto de juicio pudiendo la parte haber solicitado dicha diligencia como preparatoria antes de su celebración.
En respuesta al fondo de la litis relativa a la imputación de responsabilidad en supuestos de subrogación empresarial y/o jubilación del empleador, advierte la Sala (desde la condicionante dimensión del inalterado relato fáctico) la Sala no considera acreditado (en armonía con lo decidido en la instancia) que el empleador hubiera continuado en su actividad como abogado tras su jubilación; y ello es así porque más allá del reconocimiento formal de su pensión de jubilación, su baja censal y como abogado ejerciente, consta que procedió a la resolución del contrato de arrendamiento del inmueble en el que vino desarrollándola.
Mayor dificultad se advierte en la alegada sucesión del cónyuge del empleador, quien tras su jubilación procedió a la contratación de la demandante para el desarrollo de tareas administrativas mediante un contrato de trabajo temporal eventual sin amparo normativo alguno al ser la necesidad de liquidación del negocio tras los efectos de la jubilación una actividad propia del mismo, que exigía la continuación de los contratos de las personas trabajadoras necesarias hasta su liquidación en plazo prudencial en términos acordes a los señalados por distintos pronunciamientos del Alto Tribunal.
Resumen: Se analiza el delito contra la fauna y la continuación delictiva: el recurrente alegaba que solo existió una única colocación de cebos y que los restos fueron hallados en distintos momentos. El Tribunal Supremo rechaza el motivo señalando que los hechos probados recogen varias colocaciones de cebos en distintos puntos y fechas, pluralidad que no puede revisarse en casación (art. 849.1 LECrim). Determina que se cumplen todos los requisitos del delito continuado (pluralidad de actos, unidad de propósito, proximidad temporal, mismo autor, modus operandi homogéneo, identidad del bien jurídico).
En relación con la atenuante de dilaciones indebidas precisa que debe computarse desde que el acusado adquiere la condición de imputado.
Se analiza la proporcionalidad de la pena y la aplicación indebida del artículo 72 del Código Penal en la determinación de la pena principal alternativa finalmente impuesta -prisión o multa-. El artículo 72 del Código Penal exige motivación y proporcionalidad, no una preferencia por la sanción menos grave. El Tribunal de instancia tiene margen discrecional dentro del marco legal. En este caso, además de una pluralidad de actos, se usó un veneno altamente tóxico, se utilizaron estructuras cinegéticas, como comederos, para facilitar el alcance del peligro y la conducta tenía por objeto la aniquilación de determinadas especies excluidas de la caza controlada para la que estaba autorizado. La motivación de la Audiencia es suficiente, razonable y está carente de arbitrariedad.
Resumen: Formación de inventario en liquidación de sociedad de gananciales. Procedimiento. Costas procesales. La formación de inventario debió ser aprobada por la Letrada de la Administración de Justicia, al no haberse suscitado controversia alguna, por lo que procesalmente era innecesario el dictado de la sentencia de 13 de marzo de 2024 recurrida, puesto que ninguna vista seguida por los trámites del juicio verbal se celebró a presencia judicial, y, por ende, deviene improcedente la condena en costas impuesta al demandado apelante, quien en ningún momento ni se ha opuesto ni ha suscitado controversia alguna al inventario propuesto de contrario, sin que se acuerde llevar a cabo la nulidad de actuaciones procesales al no apreciarse indefensión y por evidentes razones de economía procesal.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 867/2024, por el que se revoca la Medalla al Mérito en el Trabajo (categoría de Oro), al apreciar que concurre válidamente la causa de revocación prevista en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 153/2022, consistente en la pérdida sobrevenida de los méritos que justificaron la concesión, derivada de una condena penal firme por delito doloso incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida. Se basa el Alto Tribunal en la naturaleza discrecional y condicionada de la denominada potestad premial, que no genera un derecho subjetivo incondicionado al mantenimiento de la distinción, así como en la distinción entre revocación premial y sanción administrativa, quedando excluida la aplicación del régimen de revisión de oficio de la Ley 39/2015. Aunque la Sala aprecia deficiencias formales en la tramitación -en particular, la omisión de la notificación al proponente de la concesión- concluye que tales irregularidades no causaron indefensión material ni al condecorado ni a terceros con interés debilitado, por lo que carecen de eficacia invalidante. Asimismo, rechaza la existencia de desviación de poder y descarta la nulidad del artículo 10.1 a) y de la disposición adicional única del Real Decreto 153/2022, al considerar que la revocación no vulnera los principios de legalidad, irretroactividad ni interdicción de la arbitrariedad, dado que sus efectos se proyectan ex nunc y se limitan a preservar la coherencia del sistema honorífico.
Resumen: El recurso de apelación interpuesto por la defensa se articula sobre tres motivos: la supuesta vulneración de derechos fundamentales en la fase de instrucción, la indebida denegación de pruebas solicitadas y la improcedencia o desproporción de la pena impuesta. En relación con el primer motivo, el tribunal de apelación confirma el criterio de la juzgadora de instancia y descarta la existencia de indefensión material. Consta que el investigado estuvo asistido de letrado desde el inicio del procedimiento, tuvo acceso a las actuaciones y fue debidamente informado de los hechos que se le imputaban. La motivación ofrecida en la resolución recurrida se considera suficiente, razonada y conforme a derecho. Respecto al segundo motivo, relativo a la denegación de pruebas, la Sala considera que la inadmisión fue correcta al tratarse de pruebas irrelevantes e impertinentes. Se recuerda la doctrina constitucional y jurisprudencial consolidada según la cual el derecho a la prueba no es absoluto, sino limitado a la admisión de aquellas pruebas que sean pertinentes, necesarias y proporcionadas, sin que la denegación de pruebas superfluas genere indefensión real y efectiva. Asimismo, se rechaza la práctica de nueva prueba en segunda instancia al no cumplirse los requisitos del artículo 790.3 de la LECrim, estimándose suficiente, para la acreditación del delito, la documental ya obrante en autos, en particular el certificado de calibración y verificación del etilómetro. Finalmente, en cuanto a la pena impuesta, se concluye que se encuentra dentro del marco legal y ha sido correctamente individualizada, atendiendo a la elevada tasa de alcoholemia y a la falta de reconocimiento de los hechos por parte del acusado. En consecuencia, el recurso es desestimado y se confirma íntegramente la sentencia recurrida.
Resumen: Se analiza la condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, subtipo agravado por el empleo de prevalimiento. Considera el recurrente que la condena se funda, como única prueba de cargo, en el débil testimonio de la menor de edad, que presenta evidentes rasgos de impersistencia, de incredibilidad subjetiva y objetiva.
Se analizan las revelaciones tardías. Estudios muy solventes sobre la fenomenología de los delitos sexuales cometidos sobre menores destacan que, en un significativo porcentaje, las víctimas retrasan durante años la revelación del hecho y, en su caso, su denuncia.
La doctrina especializada distingue tres clases de barreras para revelar y denunciar este tipo de delitos: las interpersonales, las socioculturales y las intrapersonales. La primera y segunda clase se refieren a las limitaciones para denunciar derivadas del hecho de que la víctima todavía se encuentre bajo la influencia o la dependencia del autor del delito ya sea material, económica o emocional.
En cuanto a los factores intrapersonales, algunos se relacionan con que las víctimas no tienen una precisa conciencia sobre si fueron o no objeto de agresión sexual. Ya sea porque no están seguras del significado que cabe atribuir a las experiencias vividas o porque desconfían de la mayor o menor genuinidad de los recuerdos. Otras víctimas, sin embargo, pese a ser completamente conscientes de la dimensión sexual de las conductas sufridas cuando eran menores, no denuncian con prontitud por la presencia de dificultades para hacerlo, consecuentes al propio proceso de victimización, como son la presencia de sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autorresponsabilidad y ansiedad.
Resumen: Cuando se incorpora una declaración sumarial mediante el art 714 LECrim, la sentencia tiene que exponer las razones por las que opta por una versión u otra. En el presente caso, si existe en el testigo ese deterioro cognitivo tipo amnésico que disminuye la capacidad de evocación del hecho ; si la versión sumarial tiene mayor credibilidad y que indicios o pruebas la refuerzan o debilitan). La declaración sumarial accede al debate probatorio y puede valorarse, siempre que haya sido incorporada mediante lectura y se haya concedido al testigo la oportunidad de explicar la divergencia y, lo que es más importante, se hace hincapié en que la sentencia debe motivar por qué se da credibilidad a la versión sumarial o a la versión en el juicio oral. Se advierte en el caso enjuiciado una falta de motivación adecuada generadora de indefensión, toda vez que no se ha valorado una de las pruebas admitidas. Se ha obviado por completo en la instancia la declaración sumarial sin explicitar las razones por las que de facto se desecha dicha versión. Y siendo que pudiera ser determinante en el dictado de la sentencia, entiende la Sala que se ha infringido el art 24 CE en lo que se refiere al derecho de defensa de la acusación particular, siendo causa de nulidad de la sentencia apelada.
