Resumen: Nulidad de la SJS. No procede porque la empresa compareció válidamente representada por una letrada con poder suficiente en el primer señalamiento del juicio, y ambas partes fueron citadas expresamente para la nueva fecha, por lo que la incomparecencia posterior fue imputable exclusivamente a la propia parte. Admisión de nuevos documentos aportados en el recurso. Los dos primeros, de fecha anterior al juicio, no se presentaron por la incomparecencia de la parte y el otro, aunque posterior, carece de relevancia, ya que no acredita la inexistencia de limitaciones a la actividad sindical. Vulneración de la libertad sindical. No se acredita que SO dispusiera de un local en uso exclusivo ni correo electrónico ni sus condiciones y en el relato fáctico no consta la entrega antes del juicio o del primer señalamiento, pese a que otros sindicatos con igual o menor representación sí los tienen y este trato desigual constituye un indicio suficiente de vulneración, que no se rebatió por la empresa al no comparecer al acto del juicio, introduciendo en el recurso hechos y alegaciones novedosas no planteadas en la instancia -que se puede realizar la actividad sindical en condiciones de igualdad con los otros sindicatos, que el acuerdo de 2013 por el que se atribuía un local individual de uso exclusivo por sindicato agotaba sus efectos en aquel momento-, que vulneran el principio de justicia rogada y por las mismas razones procede la indemnización reconocida.
Resumen: Estas infracciones están tipificadas en la legislación autonómica en Artículo 116.l) de la Ley 16/2010, de Servicios Sociales por No realizar de modo adecuado las prestaciones debidas a las personas usuarias de centros y servicios establecidas por la normativa reguladora, pudiendo exponerles a una situación de riesgo para su integridad física, seguridad y salud. La Administración autonómica recurre la sentencia de primera instancia que anuló la sanción de 37.070 € por considerar que hubo un defecto procedimental en el expediente sancionador, concretamente por falta de notificación a la entidad sancionada de la apertura del periodo probatorio y falta de traslado de un informe complementario emitido por el inspector que realizó la inspección, lo que impidió su contradicción y causó indefensión. La Administración apelante sostiene que no hubo tal vulneración del procedimiento, ya que la entidad sancionada fue informada desde el inicio de su derecho a proponer pruebas. La Sala argumenta que se vulneraron los artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, al no garantizar el derecho de defensa y contradicción. Se cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que refuerza la necesidad de notificación y participación en la práctica de pruebas en procedimientos sancionadores. Se desestima el recurso de apelación de la Administración y Se confirma la sentencia del Juzgado de Palencia que anuló la sanción.
Resumen: El Juzgado de lo penal condena a los acusados como autores de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 2a) y 249 del código penal a la pena de 12 meses de prisión, accesorias, costas y al pago de la responsabilidad civil.
La representación procesal de los acusados interpone recurso de apelación por error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, infracción de precepto legal por no concurrir los elementos del tipo penal de la estafa. Solicita la revocación de la sentencia y la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia.
Resumen: El Juzgado de lo penal condena al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, a la pena de un año de prisión.
La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma íntegramente la sentencia ratificando la valoración probatoria realizada por el juez a quo en la sentencia, por ser lógica, racional, no arbitraria, basada en prueba de cargo suficiente.
Resumen: Derecho a un juez imparcial. Rechazo a límine de la recusación planteada cuatro días antes de la fecha señalada para el inicio de las sesiones del juicio. Intervención del magistrado presidente en la apelación de la sentencia dictada en la jurisdicción de menores contra un acusado menor de edad acusado por los mismos hechos objeto del juicio por jurado que el recusado preside. Efectos de la pasividad del recurrente en el traslado que se le dio del objeto y el acta del veredicto cuya nulidad pretende en apelación por defectos en los mismos. Se desestima la queja por inclusión como elementos de prueba en la motivación de la sentencia de elementos de convicción no descritos por los miembros del jurado en su acta de votación. Facultad del magistrado-presidente de complementar en la motivación de la sentencia los elementos de convicción señalados por los jurados con otros medios de prueba que hayan sido practicados en el juicio. Motivación de las sentencias: tan perturbador puede ser en ocasiones la penuria o pobreza motivadora como una acumulación agotadora de argumentos que se van amontonando y pueden llegar a aturdir por su obviedad, dificultando el hallazgo de los puntos clave, los puntos realmente controvertidos. Actuación conjunta, coordinada y de superioridad de los tres acusados y cooperación necesaria de los que no propinaron la puñalada mortal. No se aprecia atenuante por la entrega anticipada de 20.000 €, equivalente al 8 % de la suma interesada por el Ministerio Fiscal
Resumen: No toda infracción procesal conduce a la nulidad del juicio, de la sentencia o del acto procesal, por cuanto se hace preciso que, además de la irregularidad procesal, se cause indefensión material. No consta la citación al juicio celebrado el día 1 de octubre de 2024 ni de la denunciante ni de su letrado, obra en autos que se personó este para actuar en el procedimiento por delito leve. En cambio, tras la suspensión del primer señalamiento, se procede mediante diligencia de ordenación a fijar nuevo día para el enjuiciamiento, sin que conste en modo alguno notificada al letrado dicha diligencia a fin de que pudiera conocer dicha fecha, tampoco figura cédula alguna de citación en que personalmente se intentara la citación con la denunciante. La indefensión material es evidente, por lo tanto. Procede declarar la nulidad, no se acuerda que fuere un juez distinto quien lo dirija por cuanto la incomparecencia de la denunciante produjo la absolución por aplicación del principio absolutorio, sin entrar en el fondo del asunto.
Resumen: Delito de cohecho de los artículos 425 y 426 del Código Penal. La personación de la acusación particular se ha de realizar antes del inicio del trámite de calificación. El artículo 109 bis no tiene por objeto limitar los titulares de la acción penal, sino regular los derechos de las víctimas y de otros perjudicados por los delitos cometidos contra éstas. De hecho, como dispone el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley." Distinto es quién está legitimado para constituirse como parte acusadora en el procedimiento. El derecho de defensa y la indefensión material.
Resumen: El juzgado lo Penal condena los acusados como autores del delito de hurto intentado de los artículos 234 y 74 del código Penal a la pena de seis meses de prisión.
La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando nulidad del juicio al no haberse realizado la información de derechos al acusado, existiendo dificultades idiomáticas. Subsidiariamente error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, solicitando la revocación de la sentencia la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia concluyendo que no concurre la causa de nulidad alegada, pues aunque al acusado no se le informó de sus derechos, sin embargo su defensa no alegó dicho vicio o defecto. Ratifica la valoración probatoria y entiende la Sala que hubo consumación por razón de la disponibilidad los objetos sustraídos, sin embargo, ratifica la sentencia para no incurrir en una reformatio in peius.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratificó la condena por un delito continuado de falsificación de documento oficial cometida por funcionario público en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Requisitos formales del recurso de casación. Estos requisitos obedecen a razones fundadas como facilitar la efectividad del principio de contradicción o la congruencia de la sentencia de casación con cada una de las peticiones efectuadas que han de presentarse separadas para ser individualizables. Denegación de prueba. Doctrina de la Sala. Motivación del veredicto. Cuando se trata de sentencias del Tribunal del Jurado es preciso que esté suficientemente motivado el veredicto de los jurados sobre los hechos y además estarlo la sentencia del Tribunal dictada por el Magistrado-Presidente, donde no solo habrá de razonar sobre la aplicación del derecho a los hechos que han sido declarados probados, sino que también deberá concretar la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia. Error de hecho. Doctrina de la Sala. Malversación de caudales públicos. Elemento del delito. Ánimo de lucro. No resulta diferente del "animus rem sibi habendi", esto es, del ánimo de tener o disponer de la cosa como propia. Prescripción del delito. Atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: La sentencia recurrida deja sin efecto la pensión compensatoria con el argumento de que no fue solicitada por la exesposa demandada vía reconvencional expresa. El recurso de casación de la exesposa se desestima. No puede admitirse que el demandante introdujera tal cuestión en el debate. Aceptar lo contrario supondría admitir que bastan meras referencias genéricas a la situación económica para soslayar el cauce procesal legalmente previsto -esto es, la reconvención-. Aunque la esposa pidiera al contestar una cantidad como pensión compensatoria, lo esencial es que no lo hizo en forma debida, mediante reconvención explícita. Se limitó a incluir en el cuerpo de su escrito una fundamentación que no transforma por sí sola su contestación en una verdadera reconvención. En algunas resoluciones se ha matizado el rigor formal de la exigencia reconvencional, en el contexto específico de los procesos matrimoniales, para evitar consecuencias desproporcionadas derivadas de una defectuosa articulación procesal por parte del cónyuge demandado. Pero parten de presupuestos fácticos y procesales muy distintos a los del presente caso (que el propio demandante introdujese de manera expresa o tácita el debate sobre la pensión compensatoria, bien negando su procedencia, bien anticipando una eventual solicitud de la otra parte mediante la incorporación de elementos fácticos y probatorios directamente dirigidos a justificar la improcedencia del reconocimiento de la pensión). Indefensión.
