Resumen: El Juzgado de instancia acoge las excepciones procesales de falta de acción e inadecuación del procedimiento y desestim la demanda de una Asociación empresarial, absolviendo a los demandados de su pretensión de impugnación de un Convenio colectivo. La Sala analiza el recurso de suplicación de la Asociación empresarial demandante, que solicita la nulidad de la Sentencia y la reposición de las actuaciones al acto del juicio oral, que fue suspendido, a fin de su reanudación. La Sala razona: a) que, vista la grabación del juicio oral, se observa que, practicada la fase de alegaciones, el Magistrado decidió suspender el acto para resolver sobre las excepciones procesales planteadas por las codemandadas, sin abrir la fase de prueba ni la siguiente de conclusiones; b) que dicha suspensión no está prevista en la ley procesal laboral, lo que sería una simple irregularidad no causante de indefensión si en breve plazo se acuerda la continuación del juicio oral, pero, dictada seguidamente Sentencia sin previa reanudación del juicio oral en y desde el momento en que se suspendió, para proceder a las fases de proposición y práctica de prueba y de conclusiones, la Sala entiende que se ha producido indefensión a la parte demandante, cuya pretensión se desestima en la Sentencia, por no haber podido proponer y practicar las pruebas que le interesaran ni formular finalmente alegaciones conclusivas, tal como dispone el art. 87 LRJS. Se estima el recurso y se anulan las actuaciones.
Resumen: Adquisición de "unidad habitacional" en un conjunto residencial para personas mayores en régimen de cooperativa. La Sala, con desestimación de los recursos, concluye que la finalidad no residencial de la adquisición del demandante se asienta en una base fáctica, que no se ha desvirtuado mediante el recurso por infracción procesal con la consecuencia de la exclusión de la aplicación, en el caso, del régimen tuitivo de la ley 57/1968. En este sentido, por la Sala se reitera la doctrina que determina que la no aplicación de la Ley 57/1968 excluye que pueda declararse la responsabilidad de la entidad garante colectiva, sea avalista o aseguradora, por no ser aplicable la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de los avales colectivos en ausencia de aval individual.
Resumen: El actor tenía a su cargo entre otras personas con discapacidad a C., de 68 años, incapacitada judicialmente, y la cual padece esquizofrenia paranoide y retraso mental leve, y aprovechando que había quedado sola en su habitación por haberse trasladado la otra residente, y que tenía el turno de noche, acudía, cuando los demás residentes ya estaban dormidos, y la despertaba y le ofrecía golosinas a cambio de dejarse tocar, pese a que ella le decía que eso no estaba bien y que la dejara dormir. Insta el actor la improcedencia del despido por no haberse suspendiendo el contrato de trabajo al existir una medida cautelar. Pero la medida de suspensión ante la existencia de una medida cautelar sería procedente si el despido se efectuase por la orden de alejamiento exclusivamente pero la carta de despido imputa unos abusos sexuales y no existe prejudicialidad penal suspensiva. Alegada indefensión, en ningún momento se refiere que la carta de despido le produjese indefensión, luego estamos ante una alegación "ex novo" .
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que estima en parte su reclamación de cantidad. Previamente, habiendo sido admitido el recurso de queja para conocer la infracción de normas procesales, al ser la cantidad reclamada inferior a 3.000€. La Sala de lo Social estima el recurso y declara la nulidad de la sentencia recurrida, dado que el prueba pericial practicada careció de objetividad, al ser el perito-testigo trabajador de la mercantil demandada y con poder general para representar a la sociedad, absolver posiciones y prestar confesión judicial, por lo que concurre un motivo de tacha del perito, al tener interés directo o indirecto en el asunto, con indefensión para la parte actora.
Resumen: El tribunal del Jurado declara culpable por un delito de asesinato, apreciando la circunstancia de alevosía, y por un delito de tenencia ilícita de armas. En el caso de autos se apreció por el Jurado que el ataque fue súbito y repentino a la víctima, que no tuvo opciones de defenderse, disparo sorpresivo con una carabina pues hasta ese momento la víctima no había tenido motivos para pensar que podía ser objeto de un ataque de este tipo por parte de su sobrino. No procede la atenuante de dilaciones indebidas pues no se ha producido ninguna dilación extraordinaria ni indebida del procedimiento, Los hechos de autos constituyen asimismo un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564 1. 2º del CP, pues la noche de autos el acusado tenía en su poder el arma de fuego con la que causó la muerte a la víctima, concretamente una carabina semiautomática, recamarada, para cartuchos de calibre 5,6 x 12 mm Long Rifle 22 LR, en buen estado de funcionamiento, careciendo tanto de permiso o licencia de armas - lo que expresamente reconoció el acusado-, como de la guía de pertenencia de dicha carabina, habiendo explicado los peritos de balística que efectivamente para la tenencia de ese tipo de arma se requería tener permiso o licencia de armas, que el acusado no tenía.
Resumen: El JS ha estimando la demanda interpuesta por una oficial de peluquería frente a su empresario por acoso sexual y declara nulo el despido de la trabajadora de fecha 13 de junio de 2023 y condena a las consecuencias legales de tal declaración y que se le abone una indemnización adicional por acoso sexual de 25.000 €. Recurren ambas partes y el TSJ rechaza la nulidad de actuaciones por no existir protesta ni indefensión respecto de la prueba de interrogatorio. Aplica doctrina sobre revisión fáctica sin admitir simples subjetividades. Confirma la valoración probatoria de indicios y contraindicios. Estudia la vulneración de derechos fundamentales (intimidad, dignidad...). Estima parcialmente el recurso de la trabajadora, desestimando el del empresario para llegar a una indemnización de daños y perjuicios morales en cuantía de 75.000€ según criterios de LISOS y otros que explaya.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda de despido interpuesta por la trabajadora al entender que concurría causa de extinción de la relación laboral como es el fallecimiento del empresario , habiéndose procedido al cierre del establecimiento donde la trabajadora prestaba sus servicios. Frente a la sentencia se interpone recurso de suplicación por la demandante que se desestima. Se argumenta por la sala que concurre causa de extinción de la relación laboral por fallecimiento del empresario habiéndose procedido al cierre del establecimiento donde la actora prestaba sus servicios. Desestima la sala la pretensión de la trabajadora de haber sufrido discriminación o un pretendido despido tácito , recordando que el recurso incurre en el vicio procesal de petición de principio o hacer supuesto de la cuestión.
Resumen: Nulidad parcial SJS respecto al reconocimiento del derecho a los tickets de comida. Procede, porque no hay un relato fáctico concreto ni motivación jurídica suficiente, incumpliendo las exigencias legales y constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales, limitándose a reproducir las pruebas sin valorarlas ni razonar su decisión, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Reconocimiento del permiso retribuido del art 37.3 b) ET de 5 días por accidente, enfermedad o intervención, aunque duren menos, sin reducción ni descuento en la retribución. Se reconoce cuando preavisen y justifiquen la concurrencia del hecho causante (accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario), porque la interpretación parte del sentido literal de la norma, conforme al art. 3 CC, siendo los términos de la norma claros: se conceden 5 días fijos de permiso, no ajustables a la duración del hecho causante y se comprueba al comparar el apartado b) del art. 37.3 b) ET con otros supuestos del mismo artículo: que en unos (matrimonio, fallecimiento, traslado) el permiso tiene duración fija, mientras que en otros (cumplimiento de deber público, asistencia médica) se otorga por el tiempo indispensable, por lo que si el legislador hubiese querido que la duración del permiso variase en función de la duración de la hospitalización o reposo, lo habría indicado expresamente, como hace en otros casos.
Resumen: Condena a un acusado como autor responsable de dos delitos de asesinato y de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. Acusado que teniendo vigente una orden de protección que le prohíbe acercarse a su pareja sentimental y a su domicilio, convive temporalmente con ella y, en ese marco, después de una llamada e intervención policial, vuelve al domicilio en cuyo interior agrede brutalmente a su pareja hasta causarle la muerte, haciendo lo mismo con la hija de ambos, a la que asfixia hasta la muerte. Delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. Delito de asesinato. Alevosía. Ataque repentino y sorpresivo que impidió a la víctima cualquier maniobra de defensa garantizando al agresor la consecución de su objetivo mortal. Ataque mortal a un bebé de once meses que resulta esencialmente alevoso. Ensañamiento. Crueldad proyectada sobre las dos victimas, todavía vivas, y que necesariamente tuvieron que sufrir un incremento del dolor, padecimiento y daño innecesarios para causar la muerte. Víctimas mortales que eran pareja sentimental e hija del autor, con quien convivían. Agravante de discriminación por razón de género. Acto de dominación machista.
Resumen: La acusada fue condenada por conducir sin permiso. La defensa alegó vulneración del derecho a la defensa por haber sido juzgada en ausencia, pese a sus graves problemas de salud mental. Sin embargo, no se pidió la anulación de la sentencia, sino la absolución o una medida de seguridad, o subsidiariamente, la reducción de la multa. El Tribunal de instancia aplicó una eximente incompleta por trastorno psicótico, basándose en un informe forense que señalaba una alteración grave de sus facultades, pero no su anulación total, lo que se corroboró con el testimonio de un agente que no apreció incapacidad de entendimiento. Se rechazó la eximente completa porque la conducta de la acusada al ser interceptada no sugería una anulación total de sus capacidades. Respecto a la multa, la defensa solicitó reducir la cuota diaria por exclusión social y falta de ingresos. No obstante, la Sala confirmó la cuantía impuesta, ya que la acusada percibía ingresos del INSS y era titular de un vehículo y un inmueble. Se desestimó la atenuante de dilaciones indebidas, pues las demoras en el proceso fueron causadas por la propia acusada, que se mantuvo ilocalizable y no compareció a las citaciones judiciales.
