Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en que se condena a un acusado como autor material de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, absuelve a otra acusada de esos mismos delitos y condena a otros dos acusados por un delito de prevaricación administrativa. Facultades del tribunal de apelación al revisar la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de primer grado, y sus limitaciones en referencia a las pruebas de carácter personal que no ha recibido directamente. Delito de malversación de caudales públicos. Legislación penal más beneficiosa. Aplicación de la legalidad penal dada por L.O. 1/2015 que se considera más beneficiosa para los acusados que la vigente en la fecha de su comisión, atendido que se trataría del tipo penal por destinar los caudales públicos a usos ajenos a la función pública sin haberse producido el reintegro del importe distraído dentro de los diez días siguienters a la incoación del proceso. La reforma operada en 2015 de la malversación de uso desviado de los fondos o efectos públicos no supuso su destipificación sino una tipificación por remisión al comportamiento de la administración desleal. Delito de prevaricación administrativa. Adopción consciente de resoluciones que suponían la aplicación de fondos municipales a satisfacción de los espurios intereses del acusado. Requisitos jurisprudenciales del delito de prevaricación administra.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como delito de malversación de caudales públicos. No puede entrarse en el procedimiento extradicional a analizar las pruebas de los hechos por los que se solicita la extradición. Es perfectamente trasladable al tipo español de la malversación los hechos, al estar al servicio de un ente público, con el añadido de que su contribución puede ser enmarcable en la autoría por cooperación necesaria. No se aprecian períodos de inactividad relevantes que pudieran dar lugar a la prescripción del delito. No es éste el momento adecuado ni el órgano competente para resolver acerca de concurrencia de circunstancias que pudieran atenuar la posible pena a imponer al reclamado.
Resumen: Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo. Los hechos se corresponderían con el delito de fraude a la Administración pública en la legislación española. Debe considerarse prescrito el delito.
Resumen: La causa se siguió sólo a instancia de la acusación particular, por delito de prevaricación administrativa, un delito de falsedad y un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Alcance de la delimitación fáctica contenida en el auto de acomodación del procedimiento abreviado. Debe garantizar el dercho de la persona inculpada a conocer de qué y por qué, en su caso, puede ser acusado. Evitación de una acusación sorpresiva. Prevaricación. Se atribuye a los acusados una conducta omisiva de paralización de la aprobación definitiva del PERI (Plan Especial de Reforma Interior), por la no publicación del preceptivo informe de impacto ambiental, y la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, como instrumento básico de desarrollo urbanístico municipal, lo que considera la parte acusadora que ha implicado una incautación arbitraria e injusta de su patrimonio. El Tribunal considera que la omisión del trámite de publicación es una ilegalidad pero sin que conste la arbitrariedad, y que se actuara a sabiendas de su injusticia. Imposición de las costas a la acusación particular.
Resumen: Causa que se sigue por el Tribunal del Jurado por delitos de cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y retardo malicioso en la administración de justicia. La causa se sigue contra un funcionario del cuerpo de tramitación procesal y administrativa y contra un Letrado. El Presidente acuerda la disolución del jurado, para dictar sentencia absolviendo a los acusados. Declaración previa de la nulidad de las escuchas y grabaciones de las conversaciones en el interior de un vehículo vulnerando el secreto de las comunicaciones. Y nulidad de las intervenciones telefónicas posteriores. La libre decisión de un investigado de declarar sobre los hechos que se le imputan, no se puede desligar del hecho de que las mismas proceden de un acto inicial ilícito de intervención de las comunicaciones.
Resumen: La Audiencia Provincial condenó a los acusados, alcalde y concejal de un ayuntamiento, como autores de un delito continuado de prevaricación, al haber procedido a efectuar contratos de obra por parte del ayuntamiento con sus respectivas empresas, sabiendo que era incompatible, y girando un tipo impositivo reducido que no les correspondía. Apertura del juicio oral sólo a instancia de la acción popular, no habiendo acusado el Ministerio Fiscal y no existiendo acusación particular. El TSJ considera que es correcta la apertura del Juicio Oral, pues no podía existir una acusación particular al uso, dado el carácter indefinido del perjuicio causado por el delito de prevaricación. Figura de la acusación popular. Motivación de las resoluciones judiciales, debe abarcar el aspecto fáctico con análisis de las pruebas, y la motivación jurídica. No es preciso un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión. Valoración de la prueba y derecho a la presunción de inocencia. Atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Absuelve a los acusados del delito de prevaricación administrativa y del delito sobre ordenación del territorio. El delito de prevaricación administrativa requiere: a) la cualidad de funcionario público o autoridad en el sujeto activo del hecho conforme al 24 CP.; b) existencia de una resolución injusta en asunto administrativo, injusticia que supone un plus de contradicción con la norma, debiendo ser la resolución una vulneración patente, manifiesta e inequívoca de la norma jurídica aplicable y quedando extramuros del derecho penal las meras ilegalidades o interpretaciones discutibles o simplemente erróneas, o que aun pudiendo ser contrarias a intereses jurídicamente protegidos, permitan alcanzar la debida protección en vía civil o administrativa; y c) un elemento subjetivo o dolo, recogido en la expresión "a sabiendas" que pone de manifiesto la exigencia de un dolo directo para la comisión del delito, debiendo conocer con seguridad el funcionario o autoridad la ilegalidad y el carácter arbitrario de su resolución. El delito de prevaricación administrativa puede cometerse por omisión, cuando, siendo imperativo realizar una determinada actuación administrativa, ésta no se hace equivaliendo la omisión a la denegación. No se aprecian los delitos objeto de acusación en cuanto el acusado, alcalde, recabó informes del asesor jurídico (letrado del del Ayuntamiento) mediante un acto de delegación de conocimiento, confiando en lo que éste le comunicaba y asesoraba.
Resumen: La causa se sigue por delitos de coacciones y de prevaricación urbanística, por los que absuelve el Tribunal. Principio acusatorio. Nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado, pues ha de existir correlación entre la acusación y el fallo. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, no cabe esta responsabilidad en el caso de un Ayuntamiento. El auto de apertura del Juicio oral delimita subjetivamente el objeto de enjuiciamiento. Escrito de acusación, no puede contener un relato por remisión al auto de transformación en Procedimiento Abreviado, a la querella y a las demás diligencias de prueba practicadas. Elementos del delito de coacciones. Delito contra la ordenación del territorio, que tampoco concurre.
Resumen: Absuelve por un delito de prevaricación administrativa. El delito de prevaricación administrativa requiere: a) que el sujeto activo sea autoridad o funcionario público, lo que no impide la cooperación necesaria, inducción o complicidad de un extraño; b) emisión de resolución administrativa contraria a derecho (dictada sin tener competencia legalmente exigida, no se respetan las normas esenciales de procedimiento, el fondo de la resolución contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder); c) que la resolución sea arbitraria, es decir injusta, lo que supone una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa; d) que sea emitida a sabiendas de su ilegalidad, lo que excluye la comisión culposa y el dolo eventual. El delito puede ser cometido tanto por acción como por omisión. En la contratación pública se requiere, además para la comisión del delito, que: 1) la actuación se repita en una pluralidad de contratos; 2) que no se explique el tipo de contratación efectuada ni se justifiquen los requisitos establecidos para la elección de esa modalidad de contratación; 3) inexistencia de procedimiento de adjudicación y no la adjudicación por mera voluntad del prevaricador; 4) la omisión de la fijación del precio, cierto o el modo de determinarlo. La AP. establece que tras valorar la prueba practicada en el acto del juicio oral, se ha llegado a la convicción de que no existe prueba suficiente como para enervar la presunción de inocencia.
Resumen: Delito de prevaricación administrativa. Recuperación ambiental de zonas degradadas, en las que después los alcaldes de los respectivos ayuntamientos permitieron el vertido de residuos, sin que se tramitara autorización o permiso alguno para la realización de los nuevos vertidos. El delito de prevaricación se puede cometer por acción o por omisión. Corresponde a las Entidades Locales el deber de vigilancia e inspección del vertido de residuos agrarios.
