Resumen: Procede declarar la inadmisión de la querella y el archivo de las actuaciones, por aplicación de lo dispuesto en el art. 313 LECRIM, ya que de su relación circunstanciada de hechos no se desprende indicio de que los magistrados querellados cometieran la prevaricación que se les imputa. La decisión de inadmisión del recurso de revisión y el archivo de las actuaciones adoptados en la providencia por la que se considera cometida la prevaricación no solo se mueve dentro de la hermenéutica jurídica, sino que se acomoda a las prescripciones legales - arts. 221, 238 bis y 238 ter LECRIM-, que exigen que los recursos en las causas penales se interpongan siempre en escrito autorizado con firma de letrado. No puede entenderse, por lo tanto, que la decisión del tribunal fuese ajena al derecho ni que se basase en la sola voluntad de quienes la adoptaron, por lo que la misma no puede ser calificada de "injusta" en sentido jurídico penal. No concurriendo el elemento objetivo del tipo, no cabe hablar del subjetivo. En definitiva, y con independencia de la valoración del querellante sobre el contenido de la decisión adoptada por los magistrados querellados, no se aprecia, siquiera de forma indiciaria, la concurrencia de los elementos del tipo delictivo imputado, por lo que procede la inadmisión de la querella y el archivo de las actuaciones.
Resumen: Absuelve del delito de prevaricación urbanística. El delito de prevaricación administrativa requiere: a) una resolución decisoria dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; b) la resolución ha de ser objetivamente contraria al derecho; c) la contradicción con el derecho o ilegalidad (falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales del procedimiento o el propio contenido sustancial de la resolución) ha de ser de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; d) ocasione un resultado materialmente injusto; y e) la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. Elemento esencial es la emisión de una resolución arbitraria, no existiendo delito si existe duda razonable sobre la injusticia de la resolución o si se trata de una cuestión sujeta a interpretación doctrinal o jurisprudencial. La prevaricación urbanística es una prevaricación especial, diferenciándose de ella en que la acción abarca no solo el resolver, sino también el informar, a sabiendas de que se hace injustamente en contra del derecho urbanístico. No se aprecian los elementos integrantes del delito al no probarse que el acusado, al informar en el proyecto de legalización, fuera patente y consciente de desviarse de la legalidad.
Resumen: A la hora de determinar la posible prescripción de los delitos, si se ha producido alguna modificación legal durante la instrucción y hasta el enjuiciamiento, se deberá estar a la norma que en función de la pena señalada exigiera el menor tiempo posible, al ser esta interpretación más favorable al reo. La comisión de un delito de falsedad por imprudencia requiere que la autoridad o el funcionario público haya creado un riesgo previsible para el bien jurídico protegido que debería haber conocido si hubiera actuado con la debida diligencia, que esté fuera del riesgo permitido y que además le sea objetivamente imputable. Se deberá acreditar que esa transmutación de lo cierto es consecuencia de un actuar marcado por la ligereza y ajeno a los deberes del cargo del agente, ya sea fruto de la ignorancia o de un error evitable. Distinción entre el cooperador necesario y el cómplice que se encuentra en la importancia o relevancia de la aportación para la ejecución del hecho de que se trate, pero siempre partiendo de la acreditación de un hecho delictivo. Los criterios de fondo para la condena en costas a la acusación es la evitación de infundadas querellas o la imputación injustificada de hechos delictivos, siendo la línea general que su imposición ha de ser restrictiva.
Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condenaba a una acusada como responsable de un delito de prevaricación urbanística y de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, disponiendo su libre absolución por ambos tipos penales. Acusada que en su calidad de alcaldesa de un municipio participa y emite voto en un acuerdo de aprobación de un proyecto de reparcelación que incluye fincas de su titularidad, incumpliendo el deber legal de abstenerse dado el interés propio en el proyecto urbanístico. Delito de prevaricación urbanística. Elementos que deben concurrir para apreciar el tipo penal. No se aprecia la prevaricación administrativa porque el planeamiento urbanístico a cuya aprobación contribuyó el voto de la alcaldesa no es patentemente injusto, con independencia de que debiera haberse abstenido. Delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Elementos típicos. El delito se vertebra sobre el quebrantamiento del deber de abstención, no exigiéndose para la consumación ni la existencia de lesión efectiva para la administración, ni que el beneficio intentado sea injusto. La prohibición de retroactividad de la ley penal impide sancionar como típica la conducta de la alcaldesa por emitir voto cuando debió de abstenerse, dado que en la fecha de los hechos la descripción típica solo sancionaba la conducta de quien debiendo informar a quien debe decidir, omite hacerlo.
Resumen: Sentencia absolutoria. Quebrantamiento del derecho a un proceso con todas las garantías: imparcialidad objetiva. Celebración del juicio oral estando pendiente de recurso la decisión de sobreseimiento libre subjetivo parcial dictado por el Instructor. Recurso en un solo efecto.
Resumen: Querella presentada contra un Magistrado por delito continuado de prevaricación judicial. Competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ para conocer de la causa. Inadmisión a trámite de la querella por esteimar que los hechos que se contienen no con constitutivos de infracción penal. Derecho a la tutela judicial efectiva, no implica el derecho a que se sigua el proceso en su integridad. Derecho de acceso al proceso. Las resoluciones judiciales, de no estar ajustadas al proceso, pueden ser rectificadas por vía de los recursos. Resolución que carece de contenido de derecho material y que no causa un perjuicio irreparable a la parte.
Resumen: Presidente de una Junta Vecinal que, precindiendo del procedimiento administrativo, excediéndose en el ejercicio de sus funciones y consciente de su ilegalidad, revocó la adjudicación del coto de caza que se había otorgado días antes en favor de otra persona según acuerdo de la Junta Vecinal, haciendo suyos los ingresos derivados de la explotación del coto de caza. De igual manera, el acusado abonó con dinero de la Junta Vecinal gastos que no le correspondían. Principio de presunción de inocencia. Delito de prevaricación administrativa, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Declaración tesfical. Validez de la declaración sumarial del testigo que después no puede acudir al acto del juicio oral. Lectura de sus declaraciones. Delito de falsedad documental del que acusa la acusación particular, y del que se le absuelve al acusado. Atenuante de reparación del daño. Atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Para que un acto se integre en el tipo penal de la prevaricación se precisa, no que sea meramente ilegal, sino que la ilegalidad sea arbitraria, pues el derecho no es una ciencia exacta sino sujeta a diversas posibilidades de interpretación, y sin perjuicio de que la parte pueda impugnar dicha resolución en la vía contencioso-administrativa, así como discutir si el procedimiento adolece de algún vicio en su tramitación. Las resoluciones que se dicen prevaricadoras se dictaron bajo el paraguas de la especial normativa encaminada a favorecer la gestión por la crisis sanitaria, sin apartarse de las posibilidades que tal normativa atribuía a los funcionarios públicos. El delito de falsedad documental no queda consumado porque en la narración de unos hechos ciertos y reales se haya errado en el nombre de la persona que ostentaba el cargo que se reveló ante el cumplimiento de la resolución administrativa. Requisitos de los delitos de inviolabilidad del domicilio y de allanamiento de morada.
Resumen: La AP condenó a la acusada como autora de un delito de prevaricación administrativa cometido por autoridad. Regidora de un área municipal que firmó un Decreto revocando una licencia a sabiendas de que carecía de justificación legal para ello y que perjudicaba a determinadas empresas. La revocación de la licencia se realizó sin respeto al procedimiento administrativo previsto para la declaración de lesividad de actos anulables. Recurre la sentencia la acusada ante el TSJ invocando la indebida aplicación del delito de prevaricación, procediendo al análisis de los elementos configuradores del citado delito. Concepto de resolución en el ámbito típico de la prevaricación. Decidida voluntad de actuar al margen de cualquier adecuación a los trámites más elementales para conformarla de acuerdo con el Derecho, lo que entraña la arbitrariedad. La injusticia de la resolución.
Resumen: La causa se siguió por un delito de prevaricación urbanística comisión por omisión, y un delito de prevaricación, que se imputa al alcalde de un pueblo que ostentaba las competencias de concejal de Urbanismo. Local que carecía de licencia de primera ocupación y por lo tanto también licencia de apertura. El Tribunal aprecia que no consta que el acusado conociera esta circunstancia. Delitos de infracción de deber del funcionario, que ocupa una posición de garante respecto a los bienes jurídicos que la administración tutela a través suyo. Relación entre el delito de prevaricación urbanística y el delito de prevaricación administrativa y diferencias entre ambas figuras delictivas. Posibilidad de cometer el delito de prevaricación por omisión en aquellos caos especiales en que era imperativo para el funcionario dictar una resolución. Concepto de resolución. No basta con la ilegalidad de la resolución, pues el control de legalidad de los actos de la Administración corresponde, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Es preciso que se haya producido un ejercicio arbitrario del poder. Absolución del acusado.
