Resumen: El delito de cohecho activo es de mera actividad y no admite formas imperfectas de ejecución. El pago posterior, realizado por quien no participó ni conocía al tiempo de producirse el acuerdo que determinaba la ilícita adjudicación, no supone participación en el delito de cohecho. No se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas aunque trascurrieran aproximadamente cinco años desde que concluyó la instrucción hasta que pudo celebrarse el juicio. Se trataba de una pieza desgajada de una causa principal, siendo que, antes de la celebración del plenario, hubieron de celebrarse otros juicios, también extensos y procedentes de la causa principal, entre los que, coincidiendo en ellos varios de los acusados, no resultaba posible su celebración simultánea. No estamos ante un concurso aparente o de normas. El estado de necesidad es inaplicable por la mera existencia de una deuda hipotecaria. Resulta improcedente excluir de la condena en costas las causadas como consecuencia de la desestimación de ciertas pretensiones de la acusación particular. No se aprecia la atenuante de confesión tardía por falta de relevancia para el esclarecimiento de lo sucedido. No se aprecia la reparación del daño cuando las responsabilidades civiles resultaran satisfechas exclusivamente por otros coacusados.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que absuelve a varios acusados de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Alcalde y arquitecto municipal acusados por otorgar licencias no ajustadas al planeamiento y legislación urbanística vigente en el momento de su aprobación. Recurso de apelación frente a sentencias absolutorias por error en la valoración de la prueba. Aplicación de los planes generales de ordenación urbanística no publicados. Delito urbanístico. Delito de prevaricación urbanística como delito especial propio, que solo pueden cometer los funcionarios públicos, y cuyo bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración pública. Únicamente lo realizan los ataques más graves a la legalidad, es decir, aquellas conductas que superan la mera contradicción con el Derecho para suponer un ataque consciente y grave a los intereses que las normas infringidas pretenden proteger. Es necesario que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución.
Resumen: No habrá omisión cuando el silencio de la sentencia pueda entenderse como una desestimación implícita. Las sentencias absolutorias también han de cumplir con la exigencia constitucional y legal de ser motivadas, aunque no se puede requerir la misma especie de motivación para razonar y fundar un juicio de culpabilidad que para razonar y fundar lo contrario. El juicio de no culpabilidad o de inocencia es suficiente, por regla general, cuando se funda en la falta de convicción del Tribunal sobre el hecho o la participación del acusado. El delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el art. 325 , precisa que el autor conozca los elementos de la tipicidad, en este caso la generación de los vertidos tóxicos y la generación de un riesgo grave derivado de la acción de lesión del medio ambiente o de la salud de las personas, lo que se produce no sólo cuando se decide realizar la acción (dolo directo) sino cuando se representa el riesgo y se decide actuar (dolo eventual). Sin embargo, en una situación como la contemplada en este proceso, en que el vertido debe realizarse necesariamente, no se cumplen las exigencias del tipo subjetivo cuando el autor, a pesar de conocer la existencia de la actuación contaminante, pero sin conocer que la misma cause un grave peligro al medio ambiente o a la salud de las personas, adopta las medidas que están a su disposición para evitar la producción del peligro.
Resumen: Delito continuado de prevaricación. Recurso de casación tras la reforma operada por Ley 41/2015. Jurisprudencia sobre su ámbito. Error en la apreciación de la prueba art. 849.2. LECrim. Requisitos. Infracción de ley art. 849.1 LECrim. Necesario respeto de los hechos probados. Delito prevaricación administrativa. Tutela el correcto funcionamiento de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales de servicio prioritario de los intereses generales, el sometimiento a la ley y el derecho, la absoluta objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de esos fines. Naturaleza jurídica. Características. Distinción entre ilegalidad administrativa y prevaricación. Desviación de poder. Omisión de normas esenciales del procedimiento. Elemento subjetivo del injusto, "a sabiendas" de su injusticia. En el caso concreto hubo contratación directa de trabajadores municipales prescindiendo absolutamente del procedimiento adecuado y sin respetar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.
Resumen: Recurso contra auto de sobreseimiento libre dictado por la Audiencia Provincial estimando el recurso de apelación formulado contra el auto de transformación en procedimiento abreviado. Ámbito de la casación. El auto de sobreseimiento libre se asimila a una sentencia absolutoria. A él se anuda eficacia de cosa juzgada. De ahí que se admita en ciertos supuestos la casación frente a ellos (art. 848 LECrim), aunque solo por razones jurídicas; lo que reclama, como presupuesto, una base fáctica cuya razonabilidad indiciaria esté refrendada judicialmente.
Resumen: En aquellos supuestos en los que, por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no exista posibilidad de personación de un interés particular y el Ministerio Fiscal concurra con una acusación popular que inste la apertura del juicio oral, la acusación popular sí está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral. Esta línea jurisprudencial es aplicable incluso después de abierto el juicio oral y en el trámite de cuestiones previas si el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan la no prosecución del procedimiento criminal y reclaman el sobreseimiento libre de las actuaciones o la emisión directa de una sentencia absolutoria para los acusados, siempre que los delitos que determinaron la apertura de la fase de enjuiciamiento no estén establecidos en defensa de bienes jurídicos supraindividuales. Esta doctrina no es aplicable al presente supuesto. El Ministerio Fiscal sostuvo acusación contra el acusado al entenderle inductor o cooperador necesario de un delito de falsedad en documento mercantil que compromete un bien jurídico de interés difuso y colectivo. Además, nada se indica de un supuesto delito de falsedad en la calificación de la acusación popular. Una afirmación falsa en la petición de una subvención no constituye la emisión del acto decisorio que el delito de prevaricación exige. La parcial imposición de las costas a la acusación particular resulta ajustada a su temeridad.
Resumen: Condena al secretario de un Ayuntamiento, como cooperador necesario en un delito de prevaricación, porque ante un proceso de selección de un Ayuntamiento para cubrir unas plazas administrativas, el juzgado de lo contencioso administrativo anuló todo el proceso por irregularidades, para que se volviera a iniciar todo ya que una de las aspirantes era hermana del alcalde que estaba en el tribunal. Pero, lejos de ello, el secretario del ayuntamiento condenado, para favorecer lo que se pretendía, en lugar de volver a iniciar todo el proceso de la convocatoria, dio validez a lo que se había actuado y lo que hizo fue subsanar y convalidar lo mal hecho, procediéndose al nombramiento de las dos aspirantes como funcionarias, lo que constituyó una actuación del condenado a sabiendas de su ilegalidad porque fue el que redactó todas las resoluciones administrativas para validar todo el proceso declarado nulo. Se describen todos los elementos subjetivos y objetivos del delito objeto de condena. No puede desprenderse de los hechos que los actos eran convalidables y subsanables. Doctrina sobre la participación en el delito de prevaricación del art. 404 CP.
Resumen: PREVARICACIÓN Y CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: ejecución de una obra conforme al proyecto aprobado, con una modificación sobre el inicial cuando ya había comenzado la obra. CONCLUSIONES DEFINITIVAS: la posibilidad de modificar las conclusiones de las partes tiene como límite no causar indefensión, por lo que no es admisible una que, por su alcance y relevancia, suponga que el acusado pueda ser condenado sobre la base de elementos fácticos no incluidos en la acusación que contra él se dirigía inicialmente, en atención a la cual estructuró y elaboró su defensa y propuso los medios de prueba pertinentes para sostenerla. No se puede incluir un hecho no recogido en el auto de transformación en Procedimiento Abreviado que supone una variación sustancial del hecho punible. CUESTIONES PREVIAS: el plazo de prescripción en los casos de concurso es el que corresponde al delito más grave. Plazos de instrucción: aunque la prórroga se acordase fuera de plazo, la resolución no fue recurrida y es firme. SENTENCIA ABSOLUTORIA: la modificación y la legalidad de la obra ejecutada impiden considerar que hay base para considerar la decisión manifiestamente injusta y que los informes no se ajustan con la realidad.
Resumen: Impugna el apelante la resolución que acuerda la continuación por los trámites de Procedimiento Abreviado solicitando su nulidad por falta de motivación al no haber efectuado pronunciamiento alguno en relación a las peticiones de sobreseimiento solicitadas por la defensa, así como por no contener motivación suficiente en cuanto a los indicios delictivos apreciados por el Juzgador. De forma subsidiaria, solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones, argumentando que la investigada, no es técnico municipal del ayuntamiento, sino que ejerce sus funciones como técnico en el Consell Comarcal por lo que al emitir sus informes únicamente tenía conocimiento de la información que le era remitida. La Audiencia desestima el recurso. El auto impugnado, cumple sobradamente con los requisitos generales de motivación que impone el art. 779.1.4 LECrim toda vez que contiene un relato de los hechos punibles e identifica a la persona a la que se imputan aquellos. Se indican los informes emitidos por la investigada en su condición de técnico del Consell Comarcal cuyo contenido se considera indiciariamente contrario a la normativa urbanística, silenciando la infracción urbanística detectada, construcción de una edificación de dos plantas en lugar de la caseta de herramientas que se había proyectado. Se desestima la petición de sobreseimiento pues solo procede cuando de manera patente, clara e incontrovertible se constate una conducta que no encaje jurídicamente en una figura penal.
Resumen: El auto impugnado no aprecia ninguna excepción de perseguibilidad penal por la no interposición de recursos, sino que se limita a señalar que resulta improcedente que en la querella se diluciden cuestiones jurídicas del procedimiento penal de origen en el que el querellante había resultado condenado y que no fueron planteadas en el recurso de casación interpuesto, por lo que, en ningún caso, podrían estar en el origen de una resolución prevaricadora, precisamente, porque estuvieron ausentes del debate jurídico casacional en el que el ahora querellante considera cometida la prevaricación judicial. En la segunda alegación del recurso de súplica el recurrente trata de replantear, nuevamente, el debate jurídico del procedimiento penal de origen en el que resultó condenado, evidenciado que el único sustento de la querella es la discrepancia jurídica con la interpretación de las normas penales aplicadas por parte de los tribunales de instancia y casación, lo que constituye un manifiesto abuso de derecho. El carácter motivado y jurídicamente razonado y fundado de las resoluciones penales recaídas en el procedimiento penal del que trae causa la querella inadmitida conduce a la desestimación de la queja referida a la supuesta infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del querellante, que se ha visto plenamente satisfecho con las referidas resoluciones, por lo que procede la desestimación del recurso.
