Resumen: Posibilidad de tomar en consideración, a efectos de la prescripción de la potestad administrativa para sancionar, un exceso de duración en el procedimiento inspector, aun cuando haya quedado firme y consentida la liquidación derivada de dicho procedimiento. Por otro lado, y en cuanto al plazo de inicio del procedimiento sancionador, ¿puede iniciarse, en el caso de haberse firmado un acta en conformidad en el procedimiento de inspección, antes de que se haya notificado -o bien se entienda notificada, por transcurso de un mes desde la firma del acta en conformidad- la liquidación de la deuda impagada que está en el origen de la infracción tributaria? Asuntos similares admitidos: RRCA 6622/2017 y 1993/2019.
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Ganancias y pérdidas patrimoniales.- Exención por reinversión en vivienda habitual.- Incumplimiento de los requisitos.- Procedimientos tributarios.- Prescripción. Asunto semejante a los admitidos en los RRCA 2812/2017, 3421/2017 y 7701/2018.
Resumen: Liquidaciones firmes y consentidas por el contribuyente, giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Posibilidad de declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Identificación de la causa de posible concurrencia y efectos temporales de la nulidad. Plantea idénticas cuestiones a las ya resueltas en los RRCA 1068/2019, 1665/2019 y 2596/2019.
Resumen: El auto analizado plantea cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la prescripción de la acción para reclamar la restitución de los gastos pagados por la formalización e inscripción de la escritura de préstamo hipotecario por aplicación de una cláusula que le atribuye tal carga y que ha sido declarada abusiva. 1) Plantea el tribunal si la prescripción es conforme con el principio de no vinculación del art. 6.1 de la Directiva 93/13 CEE (si se trata de una acción autónoma o accesoria a la de nulidad de la cláusula), si es compatible con dicho principio la pérdida del derecho restitutorio a pesar de la nulidad de la cláusula, si, caso de ser aplicable el instituto de la prescripción, el concepto de "plazo razonable" de prescripción debe regirse por parámetros exclusivamente nacionales, y, si así fuera, si el cómputo del plazo se ha de iniciar desde que se declara la nulidad de la cláusula. 2) La resolución cuenta con un voto particular, que no considera procedente plantear la cuestión prejudicial porque la controversia sobre la prescripción se desarrolla en el ámbito de aplicación del Derecho interno de un Estado miembro.
Resumen: La Sala revoca la Sentencia dictada en la instancia por la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución por la que cese de la actividad, consistente en alquiler de apartamentos que se viene ejerciendo sin previa licencia de actividad e instalación, declaración responsable o comunicación previa. Parte de la premisa de que el edificio cuestionado se encuentra en suelo no urbanizable, sin que la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de la Comunidad de Madrid, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana haya teniendo en este aspecto incidencia alguna, por lo que concluye que el uso residencial que está llevando a cabo el recurrente no está permitido. Aunque se entendiera, como postula la recurrente, de que no se trata de una actividad de explotación de apartamentos turísticos, lo cierto es que se está llevando a cabo en la parcela un uso residencial, el cual no está permitido pues estamos ante un suelo no urbanizable. Y se trata de un uso prohibido aunque se entendiera que los apartamentos en cuestión se encuentren en situación de fuera de ordenación por haber transcurrido más de cuatro años desde su total terminación. Resulta evidente que la recurrente está llevando a cabo un uso no permitido y para el que carece de cualquier tipo de licencia que lo legitime, por lo que las resoluciones administrativas recurridas están ajustadas a derecho (FD 2º).
Resumen: El delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2 del Código Penal. Elementos del delito. El dolo falsario. El delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, en relación con el artículo 250.1.6 del Código Penal. Elementos del delito: el engaño bastante y el ánimo de lucro. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba. Los informes periciales como documentos a efectos casacionales. La continuidad delictiva y su incidencia en la determinación de la pena a imponer y en el cómputo del plazo de prescripción del delito. El artículo 116 del Código Penal: la responsabilidad civil derivada del delito.
Resumen: El artículo 76 del Código Penal contiene un doble límite, al que se refiere empleando expresiones diferentes. Así, en primer lugar, señala que el cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. Parece claro que la referencia a la pena "que se le imponga" y a la más grave "de las penas en que haya incurrido", hace referencia a las concretamente impuestas en la sentencia y no a los límites penológicos señalados en el Código al referirse a cada tipo delictivo concreto. Sin embargo, el segundo límite se describe con una terminología \diferente. Establece el Código que, además, aquel límite no podrá exceder de 20 años, y añade a continuación toda una serie (en la redacción vigente) de excepciones, ampliando aquel límite inicial a 25, 30 y 40 años en determinados casos, los cuales vienen identificados por la extensión de las penas con las que alguno de los delitos "esté castigado por la ley". Es decir, no se hace una referencia a las penas impuestas o a aquellas en las que el culpable haya incurrido, sino, de forma más general, a aquellas con las que el delito esté castigado por la ley.
Resumen: Admisión recurso. El interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál sea la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, si el plazo establecido en la Ley General Presupuestaria o el señalado en el Código Civil para las acciones personales.
Resumen: En un proceso de ejecución en el que se reclaman por al adquirente de una vivienda que no se le entregó el Juzgado estimó la excepción de pluspetición al haberse reclamado el embargo por una cuantía en la que se superaba el 30% fijado por la Ley Procesal como cálculo de los intereses y costas que se podrían generar durante el trámite de ejecución. El Juzgado estimó la excepción, lo que llevó a que, pese a ordenar continuar la continuación de la ejecución no impusiera costas a la parte ejecutada, decisión contra la que se alza la parte ejecutante en impugnación que es estimada por la Audiencia, que considerará que ese margen del 30% de la cuantía reclamada y a los efectos del embargo tiene un carácter meramente provisional y establecido a efectos de evitar embargos desproporcionados con relación a la cuantía reclamada, afectando de modo proporcionado al patrimonio del deudor, y lo que no impide que en la liquidación final se haga el ajuste necesario, por lo que en realidad la estimación del exceso no supone reducir la cuantía realmente reclamada y reconocida, revocando el pronunciamiento sobre las costas, que se imponen a la parte ejecutada. También la Audiencia, siguiendo el criterio jusriprudencial, desestimará la excepción de prescripción siendo una acción personal derivada de una norma especial, quedando sujeta al régimen general del art. 1964 CC.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada en reclamación de indemnización por importe de la mitad de los daños causados a la máquina ferroviaria propiedad de la demandante al ser colisionada por vehículo ferroviario ligero (dresina), propiedad de una de las codemandadas y asegurado por la otra. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia y, en su lugar, acordó estimar en parte la demanda, condenando a los demandados al pago del principal reclamado sin aplicación del recargo por mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. El tribunal considera que la responsabilidad civil por la que se reclama se deriva de hechos que fueron sancionados en sentencia dictada en proceso penal, por lo que el plazo de prescripción no había transcurrido al presentarse la demanda. Aprecia efecto prejudicial de la sentencia penal y, a partir de sus hechos probados, considera el tribunal de apelación que concurre responsabilidad de los codemandados (empleado y empresa para la que trabajaba, y aseguradora). Considera el tribunal que concurre justa causa que excluye la aplicación del recargo por mora de la aseguradora.