Resumen: Acordado seguir adelante la ejecución despachada contra la demandada y hacer íntegro pago a la actora de las cantidades derivadas del incumplimiento del contrato de leasing concertado, se continúan las actuaciones interesando la parte se proceda a efectuar la tasación de costas y liquidación de intereses. Se realiza la misma que es impugnada por la demandada en cuanto a indebidos y por la liquidación de intereses. La primera cuestión que se suscita es la relativa a la legislación procesal aplicable, y así concluye la Sala que en el régimen de recursos rige la ley actual que para la tasación de costas y su impugnación en el trámite de indebidas excluye que contra la resolución del juez de instancia quepa recurso de apelación, por lo que se rechaza el mismo. En cuanto a la liquidación de intereses, alega la parte la prescripción de los intereses remuneratorios y que deben excluirse todas las cantidades calculadas desde mayo-2010 por ser esta la fecha de abono definitivo del principal, lo que no se estima pues la imputación de los pagos debe realizarse en primer lugar a intereses y solo al capital cuando estén cubiertos aquellos. Considera el apelante que los intereses reclamados son intereses remuneratorios, por lo que estarían prescritos. La Sala estima que se trata de intereses moratorios y que malamente puede hablarse de prescripción si se halla el proceso en curso, y donde la apelante ha venido sucesivamente efectuando pagos que interrumpe cualquier posible prescripción.
Resumen: La separación matrimonial se produce por sentencia de 2002 y se aprueba el convenio. La vivienda quedaría para la esposa e hijos. En 2003, el Notario, demandado aprueba la escritura de poder otorgara por la esposa a favor del todavía marido, con las amplias facultades que se concretan. Comparece al acto una mujer que dice ser Marta, la esposa del apoderado que dijo haber extraviado el DNI. El Notario la identificó por dos testigos. El mismo día en otro Notario, comparece Alonso, el esposo que con el poder concierta escritura de préstamo e hipoteca de la vivienda. Fallece en agosto el Sr. Alonso y la esposa descubre la falsedad. Querella contra el Notario que se archiva. La demandantes Marta no fue parte en el procedimiento penal y no se interrumpió el tiempo de prescripción.
Resumen: Reclamación de cantidad derivada de la compraventa de libros a la editorial actora, conforme los contratos que se acompañan. Estimada la demanda recurre la demandada, alegando la prescripción de la acción, la cual se rechaza pues el mero hecho de que la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles no contenga expresamente una referencia a cuál es el plazo de prescripción, no conlleva que deba aplicarse sin más el plazo de prescripción general de 15 años del artículo 1964 del CC. Se entiende aplicable el art 1967 CC pues se trata de obligaciones de las que derivan créditos cuyo pago es habitual que se haga de una manera inmediata o muy rápida, no obstante no se estima la prescripción, pues tratándose de ventas a plazos, el computo se realiza desde el momento en que puede ejercitarse la acción, y no la fecha del contrato. Se admite la falta de legitimación pasiva en cuanto a dos de los contratos, pues la firma estampada en los mismos no corresponde con la de la demandada, por lo que no puede reclamarse a la misma su cumplimiento aunque figure su nombre en los contratos, ya que no consta que haya sido parte en los mismos. Alega asimismo el pago de lo debido, y computando la deuda existente, una vez deducidos el importe de esos contratos, con los abonos realizados, resulta haber pagado más de lo debido, por lo que se estima el recurso absolviendo a la misma de la reclamación efectuada.
Resumen: Reclamación de cantidad por la Comunidad de Propietarios contra la promotora/constructora del edificio para la reparación de los vicios y defectos existentes. Estimada la demanda recurre la promotora, desestimándose el recurso. Se estima la existencia de los vicios o defectos constructivos alegados y detallados en el informe pericial, así como que su origen o causa se encuentra en la defectuosa ejecución atribuible a la demandada, estando acreditados los concretos trabajos de reparación necesarios y su cuantificación. En cuanto a la naturaleza, se trata de vicios ruinógenos afectantes a la habitabilidad de las viviendas, sin que pueda entenderse ni prescrita la acción ni caducada, al no haber trascurrido el plazo de garantía de los diez años del art. 1.591 CC ni el plazo de quince años para su reclamación vía contrato de compraventa, concluyendo que no puede acogerse el criterio de la demandada de aplicar los plazos de garantía y de prescripción de la LOE por no ser aplicable por la fecha de la licencia. Asimismo entiende inaplicables las normas reguladoras del saneamiento por vicios ocultos, pues las mismas son incompatibles con los supuestos de ruina, y los defectos de que adolece la construcción constituyen, no simples vicios ocultos, cuya acción de saneamiento se extingue a los seis meses, sino defectos constructivos del citado art 1.591 CC.
Resumen: Se ejercita acción declarativa de dominio sobre una determinada finca. Estimada la demanda recurren los demandados, planteando la prescripción extintiva de la acción ejercitada por la demandante y la usucapión del derecho en favor de los demandados. En cuanto a la primera, no cabe su estimación, pues el computo para el ejercicio de la acción comienza desde que el derecho de propiedad es perturbado o inquietado y siempre que el poseedor no haya adquirido la propiedad por usucapión. El derecho es inquietado en el momento en que los herederos del titular registral, actúan como propietarios, lo que se produce en marzo de 1995 cuando estos pretenden permutar unos terrenos, y en el 2005 que inscriben su propiedad sobre la finca litigiosa, por lo que no ha transcurrido el plazo de treinta años exigidos en el artículo 1963 del CC. Tampoco la parte apelante ha acreditado la adquisición de la propiedad por usucapión. El artículo 1959 CC establece el transcurso de treinta años de posesión del inmueble no interrumpida para la adquisición de su dominio. La posesión interrumpida ha de ser en concepto de dueño y manifestada externamente. No basta el aspecto subjetivo de querer poseer en concepto de dueño, sino que requiere un elemento causal o precedente objetivo que revele que el poseedor no es mero detentador. Los demandados eran arrendatarios de la finca litigiosa, y en esa condición continúan mientras no se demuestre lo contrario, lo que no se ha producido.
Resumen: Reclamación de cantidad por comisión devengada por la intermediación o corretaje respecto a la compraventa de una finca rústica. Estimada la demanda recurre la demandada. Se rechaza expresamente la excepción de cosa juzgada pues si bien existió un pleito anterior, en el mismo intervino como actor el hijo del hoy demandante, y se declaró su falta de acción, por lo que en la actual demanda, presentada por quien se entendió era el mediador real, falta la identidad subjetiva necesaria para que concurra dicha excepción. Se plantea la prescripción de la acción ejercitada, toda vez que la falta de regulación legal del contrato de mediación o corretaje, calificado en el supuesto de autos de mandato, es la que provoca el problema en relación a la prescripción, pues mientras que algunos autores entienden que pudiéramos estar ante una acción personal con el plazo prescriptivo general de los 15 años del art. 1964 CC, otros entienden que es de aplicación el plazo de prescripción de 3 años del art. 1967 CC, aplicable al ámbito de las prestaciones de servicios por profesionales. La Sala considera de aplicación el plazo trienal previsto del art. 1967 CC, siendo indiferente para la naturaleza del contrato si se cuenta o no con la titulación o colegiación propia, o si se desempeña tal función con carácter esporádico o de forma estable, por lo que habiendo transcurrido en exceso el tiempo previsto, estima la prescripción alegada.
Resumen: Reclamación del pago del precio de maquinaria adquirida por la demandada, junto con servicios de revisión y mantenimiento. Estimada la demanda recurre la demandada, reiterando la excepción de prescripción de la acción, al entender que habría transcurrido en exceso el término de tres años. Es preciso determinar, en primer lugar, la naturaleza jurídica de la compraventa objeto de autos, es decir, si esta es civil o mercantil, ya que las consecuencias jurídicas son distintas. En la compraventa mercantil, la acción derivada del contrato, se encuentra sometida al plazo prescriptivo de 15 años, mientras que si la compraventa es civil, la prescripción puede tener un plazo de tres años, conforme al art. 1967,4ª CC. La calificación de la compraventa como mercantil se basa en dos propósitos por parte del comprador: el de revender, y el de lucrarse en la reventa. La compraventa mercantil se hace, no para que el comprador satisfaga sus propias necesidades de consumo, sino para beneficiarse en esa operación. El concepto es aplicable también a supuestos en que no hay, en sentido propio, reventa del mismo producto adquirido, sino su simple transmisión a titulo oneroso en forma diferente a la que tenía cuando se compró. En el presente supuesto se califica como mercantil la compraventa, ya que la maquinaria se destina al funcionamiento y desarrollo de su actividad mercantil, por lo que no se entiende prescrita la acción ejercitada, que incluso habría quedado interrumpida.
Resumen: Reclamación de cantidad relativa al suministro de agua. Estimada parcialmente la demanda por entender que parte de la deuda reclamada estaba prescrita, recurre la demandada en solicitud de la estimación integra de la demanda. La Sala indica que el tema ha sido objeto de estudio por distintas Audiencias, en las que se concluye que no es aplicable el artículo 1966.3 del Código Civil, pues para la aplicación de tal precepto es preciso que la acción se oriente al cumplimiento de obligaciones en las que el pago de lo principal es periódico, nota de la que carece el contrato de suministro, en el que lo principal viene determinado en cada entrega de la mercancía: no se trata de una prestación única con obligación de pagos periódicos por parte del deudor para facilitarle el cumplimiento, sino de sucesivas entregas por el vendedor que generan sucesivas obligaciones de pago por el consumidor. Entiende la Sala que el plazo prescriptivo aplicable es el del de tres años del 1967.4 del CC, establecido para pagar a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean o que siéndolo se dediquen a tráfico distinto, y ello dada su evidente analogía con el contrato de compraventa, por lo que se desestima el recurso.
Resumen: Reclamación de cantidad derivada de la reparación de una embarcación. Desestimada la demanda por considerar el juzgado la prescripción de la acción ejercitada conforme al art 952 del Código de Comercio, recurre la actora. La cuestión principal es determinar si la embarcación reparada por la actora puede calificarse como "buque". Acogiendo la interpretación amplia de buque plasmada por la doctrina moderna, en el que se incluyen los aparatos que reúnan los requisitos de flotabilidad y navegabilidad y que pueda ser utilizado como medio de transporte por mar, excluyéndose de este requisito la necesidad de que sea destinado al tráfico marítimo con finalidad lucrativa, ha de entenderse que la embarcación de la demandada, ha de ser considerada como buque, pues en la actualidad se admite que la actividad se extienda a otras funciones, incluso con finalidad no lucrativa, como son la pesca, turismo, estudios oceanográficos, ecología, etc., a las que se entiende son aplicables las normas reguladoras de la navegación marítima. Sentada la calificación de buque a la que son aplicables las normas del CCo, entre ellas el art. 952.1, que establece la prescripción anual de las acciones nacidas de la reparación de buque, se plantea la existencia de posibles interrupciones de dicha prescripción. La Sala entiende que no concurren, pues desde la última reclamación del actor hasta que se presenta la demanda ha transcurrido sobradamente el plazo prescriptivo de un año previsto en dicho código.
Resumen: Reclamación de cantidad por la Comunidad de propietarios por la existencia de vicios constructivos en el inmueble adquirido. Desestimada la demanda recurre la actora. La Sala, si bien mantiene que no existen vicios estructurales y vicios afectantes a la habitabilidad del inmueble, sino meros daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afectan a elementos de terminación o acabado, por lo cual se ha estimado correctamente la prescripción de la acción ejercitada en base a la citada Ley de Ordenación de la Edificación, no obstante, los vicios constructivos no solo permiten la deducción de las acciones de responsabilidad ex lege contempladas en la propia Ley de Ordenación de la Edificación, sino que la misma para nada atenta a la pervivencia de la responsabilidad contractual, tanto en su vertiente general del derecho de obligaciones, como en la vertiente propia y especifica del contrato de compraventa. La Sala indica que si bien las primeras han resultado inviables por la razón de prescripción antes apuntada, ello no es trasladable a las acciones de responsabilidad contractual, sujetas al plazo prescriptivo de 15 años. Así, examinado el informe pericial, es clara la existencia de los defectos referidos, siendo reflejo de un inexacto o defectuoso cumplimiento del contrato, por lo que siendo dable tanto la reclamación in natura como la reparación dineraria, procede la estimación del recurso, salvo en el incremento solicitado por no acreditarse razón suficiente.