• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Cuenca
  • Ponente: MARIA PILAR ASTRAY CHACON
  • Nº Recurso: 41/2020
  • Fecha: 28/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende la recuperación de las cuantías dinerarias abonadas en exceso como consecuencia de la aplicación de determinadas cláusulas financieras contenidas en un contrato de préstamo, concurriendo la peculiaridad de que el préstamo ya está extinguido, planteándose por la entidad bancaria la caducidad de la acción al ejercitarse transcurridos más de cuatro años prevenido en el art. 1303 CC, lo que es desestimado por la Audiencia bajo la consideración de que el citado plazo de caducidad es operativo solo respecto a los casos de anulabilidad del contrato, pero no para los casos de nulidad de pleno derecho, y que en el caso de clásulas abusivas en la contratación con consumidores existe la opinión común de que se trata de supuestos de nulidad de pleno derecho, por lo que se entiende que aunque el préstamo se haya extinguido por su cumplimiento es factible la acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 26/2020
  • Fecha: 26/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conflicto colectivo.Solicitado que se declare contrario a derecho la decisión empresarial de compensar y absorber, con carácter retroactivo,el denominado "complemento absorbible"que percibieron los trabajadores en 2016,2017 y 2018, con los atrasos del "complemento participación en primas "que le corresponde abonar a la empresa en aplicación de la STS de 24/06/2019.La AN, tras desestimar las excepciones de inadecuación de procedimiento, caducidad de la acción y prescripción, estima la demanda porque en este caso, hay una regulación específica del Complemento de participación en primas, en el Acuerdo de empresa , que impide que opere la compensación y absorción que si bien es siempre posible en términos generales a tenor de lo previsto en el artículo 26.5 del ET, no opera si uno de los conceptos retributivos es inabsorbible por propia naturaleza, o por expresa disposición de la norma legal o convencional que lo regula, supuesto éste último que es el que concurre en el caso enjuiciado.Sin que se haya acreditado la existencia de un pacto de salario fijo global anual para todos los trabajadores.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JORGE OBACH MARTINEZ
  • Nº Recurso: 164/2020
  • Fecha: 23/03/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se impugna el Auto que acuerda declarar prescritos los delitos de falsedad documental y estafa objeto de la querella. Los hechos delictivos tendrían su origen en el documento "solicitud de refinanciación" suscrito entre la entidad CITIBANK ESPAÑA SA y la querellada el 8 de octubre de 2009. En dicho contrato figura como primer titular la querellada, mientras como segundo titular consta la firma del querellante, que afirma ha sido falsificada por aquella, quedando acreditado con el informe del perito que la firma que se le atribuye no se corresponde a la que es propia. Dicho documento, dio origen a un procedimiento civil dirigido por la entidad financiera contra querellante y querellado quienes formaban matrimonio y que se encuentran separados de hecho desde el año 2015. La Sala desestima el recurso. El delito de estafa ordinaria es evidente que se habría cometido durante la vigencia del matrimonio de querellante y querellada, sin que pueda tener relevancia, a efectos de excluir la aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 CP, la fecha de incoación del procedimiento seguido contra querellado y querellante, que pertenecería a la fase de agotamiento del delito, no a su consumación. En cuanto a la falsedad del art. 392 CP, es evidente que la misma se produjo cuando se estampó la firma del querellante en el contrato lo que tuvo lugar 10 años antes de la incoación de la causa, excediendo del plazo de 5 años del art. 131 del CP. No se aprecian indicios de estafa procesal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
  • Nº Recurso: 575/2018
  • Fecha: 12/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Anulación de la sanción por falta de prueba del elemento subjetivo del injusto. En definitiva, desde la perspectiva estricta de la denominada " prueba para sancionar" no viene acreditada aquella certeza. Por consiguiente, si no queda acreditado el elemento subjetivo de las infracciones y la sanciones se imponen por medio de una motivación insuficiente, ha de concluirse que lo procedente ha de ser su anulación, puesto que reposa exclusivamente en una presunción de intencionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2496/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El CP de 1995 ha castigado siempre el delito de agresión sexual con penetración, cuando afecta a víctimas especialmente vulnerables con pena de prisión de 12 a 15 años. Pena que, en caso de continuidad delictiva, desde el 1-10-2004 que entró en vigor la LO 15/2003 puede llegar hasta los 17 años y 6 meses. Precisamente esta última norma modificó el art. 74 CP para permitir la elevación penológica del delito continuado hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. En ambos casos el plazo de prescripción es el mismo, 20 años. Y ese mismo plazo de 20 años es el que determinaba la prescripción del delito según la legislación vigente a la fecha de los hechos, el CP de 1973, a partir de que la LO 8/1983 modificó el art. 69 para permitir la elevación de la pena del delito continuado hasta el grado medio de la pena superior en grado. Cualquiera que sea la legislación porla que optemos, el delito no ha prescrito. Rechazó el Tribunal sentenciador que el tiempo transcurrido hasta que la víctima denunció los hechos afectase a la credibilidad. Criterio razonable a partir de las circunstancias que rodearon los distintos acometimientos, que se sucedieron durante varios años cuando el afectado todavía no había alcanzado la suficiente madurez. Los distintos informes explicaron como las rutinas traumáticas que le fueron impuestas de manera continuada hasta los 16 años, quedaron contenidas y bloqueadas en su psiquismo hasta que se produjo un suceso que provocó su eclosión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 473/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso, caducado el procedimiento, el contribuyente ganó la prescripción y la sentencia estima su recurso.Las resoluciones de los procedimiento de revisión deben ser ejecutadas en sus propios términos, salvo que se hubiere acordado su suspensión. Los actos de ejecución se deben notificar en el plazo de un mes desde que la resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para llevarla a efecto. Esos actos no forman parte del procedimiento en el que tuvo su origen el que fue objeto de impugnación, siéndoles aplicables las disposiciones generales administrativas sobre conservación, conversión y convalidación de actos y trámites. Cuando se anula en la vía económico-administrativa por razones de fondo, sustantivas o materiales una resolución tributaria, la adopción de una nueva decisión ajustada a los términos indicados en la resolución anulatoria constituye un acto de ejecución, que debe adoptarse con arreglo a las formas y plazo previstos por la norma. Es decir, son de ejecución los actos dictados en sustitución del anulado sin necesidad de tramitar diligencia nueva alguna. La Administración debe limitarse a pronunciar una nueva decisión correcta, conforme a los criterios señalados en la resolución económico-administrativa anulatoria. No hay, pues, en tales situaciones retroacción de actuaciones en sentido técnico, ni, por ello, resulta menester tramitar de nuevo el procedimiento de gestión tributaria. Solo es necesario dictar una nueva liquidación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 583/2019
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora reclamó la indemnización de daños y perjuicios derivada de accidente de trabajo, estimándose por la sentencia recurrida la excepción de prescripción. Declara la sentencia que se examina que la acción no había prescrito. Considera que el dies a quo del plazo de prescripción de un año coincide con el día siguiente a aquel en el que se archivaron las actuaciones penales practicadas. Y, además se declara que interrumpe el plazo de prescripción, el inicio del expediente administrativo tramitado a instancia de la trabajadora accidentada, para la imposición del recargo de prestaciones. Por lo tanto, concluye que no se aprecia la prescripción y, estimándose el recurso de suplicación, anula la sentencia devolviendo las actuaciones al juzgado de lo social, para que se pronuncie sobre las restantes cuestiones debatidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: JOAQUIN ANGEL DE DOMINGO MARTINEZ
  • Nº Recurso: 140/2019
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto de despido o extinción de la relación laboral, la decisión del empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo, sin que el ejercicio de la acción contra el despido o extinción impida que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación. De ahí que, cuando la empresa da cumplimiento a la condena de abono del salario de tramitación propia de la sentencia que califica el despido como improcedente, el trabajador haya, normalmente, percibido prestaciones de desempleo desde la fecha del despido hasta ese momento, generándose una superposición entre tales prestaciones y los salarios que se corresponden con idéntico período. En tales circunstancias, la que se considera indebidamente percibida es la prestación de desempleo, ya que lo adecuado es atribuir a ese período el devengo de los salarios de tramitación, por cuanto la declaración de que el despido era improcedente provoca que la relación no se extinga en la fecha del despido, sino en el momento en que se opta por la indemnización o en el momento en que se dicta el auto extinguiendo la relación laboral tras el correspondiente incidente de no readmisión o readmisión irregular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 2947/2017
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de responsabilidad civil por vicios constructivos dirigida contra la constructora-promotora y los arquitectos. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la responsabilidad solidaria de los demandados, condenándoles la la realización de los trabajos de reparación o al abono de la suma presupuestada más IVA e intereses moratorios. La AP estimó en parte el recurso interpuesto por los demandados, declaró prescrita la acción dirigida contra los arquitectos y analizó la acción únicamente en relación con la promotora-constructora demandada. Recurre en casación la comunidad de propietarios demandante y la sala estima el recurso; la sentencia recurrida parece confundir garantía y prescripción que son dos instituciones de contenido y significación jurídica diferente; así, en el presente caso, el certificado final de obra es de 1999 y el vicio tachado de ruinógeno apareció en 2008, es decir, dentro de los 10 años de garantía; habrá de estarse, por tanto, a esta fecha para iniciar el cómputo de la acción, por lo que la acción no estaba prescrita cuando se presentó la demanda. La estimación de la casación determina la devolución de las actuaciones a la AP, para que dicte nueva resolución sobre la cuestión de fondo planteada, tal y como, por otra parte, solicitó la recurrente.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JOSE RAMON SOLIS GARCIA DEL POZO
  • Nº Recurso: 714/2018
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Juzgado desestimó la demanda en la que se reclama la nulidad de una cláusula de gastos en base a que el préstamo era del año 1991, anterior, por lo tanto, a la Ley 7/1998. La Audiencia considera que la protección de los consumidores frente a las utilización de manera general de cláusulas abusivas en la contratación de bienes y servicios no se inició en Europa, ni en España, con la Directiva 93/13/CEE, sí existía ya una regulación que protegía al consumidor, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la mencionada ley aparecía una definición de las condiciones generales, la regla de la nulidad parcial y la de interpretación contra proferetem, así como disposiciones que permitían ya el control de incorporación de las cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general se utilizaban en la oferta, promoción y venta de productos o servicios, lo que permite declarar la nuliad por abusividad de la cláusula de gastos.

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