Resumen: En el presente procedimiento se discute sobre los efectos que tiene el inicio de un procedimiento penal sobre la prescripción para reclamar la imposición de un recargo de prestaciones por accidente de trabajo derivado del incumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad laboral, cuando en dicho procedimiento se analiza la responsabilidad penal respecto del accidente de trabajo producido. La Sala, recordando su doctrina en la que ha declarado que el incumplimiento de los plazos para resolver el expediente administrativo sobre recargo de prestaciones no se ve afectado por la tramitación de un procedimiento penal, de tal forma que, transcurrido el plazo previsto para resolver, ha de entenderse desestimado el derecho por silencio administrativo, llega a la conclusión de que ello no impide que se entienda que el procedimiento penal suspende el juego de la prescripción de la acción para reclamar la imposición del recargo, en la medida en que, por su naturaleza mixta, de sanción e indemnización adicional satisfecha en forma prestacional, le es de aplicación el art. 43.3 LGSS, que así lo establece, siendo esta, además, la intepretación más favorable para el titular del derecho, debiéndose interpretar la institución de la prescripción en términos restrictivos.
Resumen: La cuestión litigiosa planteada se refiere al día inicial para computar el plazo de prescripción de la reclamación de cantidad contra Fogasa. La Sala inadmite el recurso, pese a estimar que hay contradicción entre los fallos de la sentencias, por no invocar y fundamentar correctamente el recurrente las infracciones legales supuestamente cometidas. Niega la Sala, además, la aplicación al caso de la doctrina contenida en sentencia de 12-11-1997, pues en este caso el Fogasa había tenido oportunidad de impugnar las providencias que dieron lugar a la ejecución y no lo había hecho y en el presente consta que el Fogasa no había sido parte en el procedimiento judicial, por lo que no tuvo oportunidad de alegar en su momento la prescripción. Recuerda también la Sala que las exigencias formales en el recurso de casación no cercenan el derecho a la tutela judicial efectiva.
Resumen: Contrato de compraventa de máquina excavadora para emplearla la empresa compradora en su actividad industrial. Constituye compraventa mercantil la compra de todo aquello se integra en la actividad empresarial del comprador. Entrega de la máquina, falta de pago del precio y recuperación de la máquina por la vendedora para tenerla a disposición de la compradora cuando pague el precio pactado. Prescripción de la acción para reclamar el pago del precio; plazo de quince años del art. 1964 CC y no de tres años del art. 1967-4ºCC; interrupción de cualquiera de los dos plazos por la denuncia penal de la propia compradora alegando la usurpación de la máquina por la vendedora; interrupción de la prescripción de acciones derivadas de los contratos mercantiles también por reclamación extrajudicial. Daños y perjuicios alegados por la compradora al verse privada de la excavadora; inexistencia por no poder combatirse la ilicitud con otra ilicitud. Recurso de apelación: No hay incongruencia ni reforma peyorativa si la sentencia de primera instancia favoreció en todo a una parte, apela únicamente la otra y el tribunal de segunda instancia resuelve el recurso teniendo en cuenta lo alegado por el apelado en su oposición. Recurso de plena jurisdicción mediante nuevo examen de las actuaciones. Impugnación añadida: el apelado no está obligado a formularla si la sentencia no contiene ningún pronunciamiento desfavorable aunque no comparta plenamente su motivación.
Resumen: Acordado seguir adelante la ejecución despachada contra la demandada y hacer íntegro pago a la actora de las cantidades derivadas del incumplimiento del contrato de leasing concertado, se continúan las actuaciones interesando la parte se proceda a efectuar la tasación de costas y liquidación de intereses. Se realiza la misma que es impugnada por la demandada en cuanto a indebidos y por la liquidación de intereses. La primera cuestión que se suscita es la relativa a la legislación procesal aplicable, y así concluye la Sala que en el régimen de recursos rige la ley actual que para la tasación de costas y su impugnación en el trámite de indebidas excluye que contra la resolución del juez de instancia quepa recurso de apelación, por lo que se rechaza el mismo. En cuanto a la liquidación de intereses, alega la parte la prescripción de los intereses remuneratorios y que deben excluirse todas las cantidades calculadas desde mayo-2010 por ser esta la fecha de abono definitivo del principal, lo que no se estima pues la imputación de los pagos debe realizarse en primer lugar a intereses y solo al capital cuando estén cubiertos aquellos. Considera el apelante que los intereses reclamados son intereses remuneratorios, por lo que estarían prescritos. La Sala estima que se trata de intereses moratorios y que malamente puede hablarse de prescripción si se halla el proceso en curso, y donde la apelante ha venido sucesivamente efectuando pagos que interrumpe cualquier posible prescripción.
Resumen: Derogación de las previsiones del artículo 110 de la LECr. Posibilidad para el perjudicado de comparecer mediante personación apud acta en la vista oral. No se vulnera la tutela judicial efectiva por el auto de rectificación, que suple una omisión, al constar el dato en los escritos de acusación. Necesidad de motivación de las resoluciones judiciales. Una motivación escueta y concisa puede ser motivación suficiente. Posibilidad de utilizar informes como documento acreditativo del error. Cómputo de plazo de prescripción en caso de continuidad delictiva. Modalidades de la apropiación indebida: Apropiación strictu senso y distracción de bienes fungibles. Subtipo agravado de abuso de relaciones personales: se requiere el quebrantamiento no sólo de una confianza genérica subyacente a toda protección sino una situación de mayor confianza o credibilidad. Dilaciones indebidas: requisitos. Necesidad de que el recurrente señale los puntos de dilación en la tramitación y la justificación de su carácter indebido. Individualización de la pena: acto de instrucción arreglada. Posibilidades en caso de ausencia de individualización. Compatibilidad del subtipo de gravedad con la continuidad delictiva. Posibilidades en caso de condena por delito idéntico que podría haber sido objeto de acumulación en un único proceso. Las penas impuestas no pueden superar el marco penal correspondiente al hecho delictivo. Distribución de las costas en caso de varios acusados y mezcla de condenas y absoluciones.
Resumen: Contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. El prestador de servicios profesionales como abogado reclama el precio por los servicios que prestó como tal en dos recursos de apelación. De estos se siguieron sendos procedimientos de jura de cuentas que fueron desestimados por razón de la concurrencia de prescripción. Prescripción ex. artículo 1967.1º del Código civil. No se precisa reclamar servicio individualizado, sino los servicios prestados siendo dies a quo el término de los mismos. El ejercicio de la profesión de abogado no implica que cada asunto del que presta sus servicios profesionales deba ser reclamado su precio, antes de la prescripción trienal. No se trata de prescripción de cada asunto, sino prescripción de todos ellos, que forman el servicio profesional conjunto; ni siquiera se exige que vayan interrelacionados. Se computa desde que el abogado reclamante dejó de prestar sus servicios: El dies a quo, es el día en que finalizan los servicios profesionales del abogado, considerados globalmente. No ha existido interrupción de la prescripción.
Resumen: Reclamación del pago del precio de maquinaria adquirida por la demandada, junto con servicios de revisión y mantenimiento. Estimada la demanda recurre la demandada, reiterando la excepción de prescripción de la acción, al entender que habría transcurrido en exceso el término de tres años. Es preciso determinar, en primer lugar, la naturaleza jurídica de la compraventa objeto de autos, es decir, si esta es civil o mercantil, ya que las consecuencias jurídicas son distintas. En la compraventa mercantil, la acción derivada del contrato, se encuentra sometida al plazo prescriptivo de 15 años, mientras que si la compraventa es civil, la prescripción puede tener un plazo de tres años, conforme al art. 1967,4ª CC. La calificación de la compraventa como mercantil se basa en dos propósitos por parte del comprador: el de revender, y el de lucrarse en la reventa. La compraventa mercantil se hace, no para que el comprador satisfaga sus propias necesidades de consumo, sino para beneficiarse en esa operación. El concepto es aplicable también a supuestos en que no hay, en sentido propio, reventa del mismo producto adquirido, sino su simple transmisión a titulo oneroso en forma diferente a la que tenía cuando se compró. En el presente supuesto se califica como mercantil la compraventa, ya que la maquinaria se destina al funcionamiento y desarrollo de su actividad mercantil, por lo que no se entiende prescrita la acción ejercitada, que incluso habría quedado interrumpida.
Resumen: Se ejercita acción declarativa de dominio sobre una determinada finca. Estimada la demanda recurren los demandados, planteando la prescripción extintiva de la acción ejercitada por la demandante y la usucapión del derecho en favor de los demandados. En cuanto a la primera, no cabe su estimación, pues el computo para el ejercicio de la acción comienza desde que el derecho de propiedad es perturbado o inquietado y siempre que el poseedor no haya adquirido la propiedad por usucapión. El derecho es inquietado en el momento en que los herederos del titular registral, actúan como propietarios, lo que se produce en marzo de 1995 cuando estos pretenden permutar unos terrenos, y en el 2005 que inscriben su propiedad sobre la finca litigiosa, por lo que no ha transcurrido el plazo de treinta años exigidos en el artículo 1963 del CC. Tampoco la parte apelante ha acreditado la adquisición de la propiedad por usucapión. El artículo 1959 CC establece el transcurso de treinta años de posesión del inmueble no interrumpida para la adquisición de su dominio. La posesión interrumpida ha de ser en concepto de dueño y manifestada externamente. No basta el aspecto subjetivo de querer poseer en concepto de dueño, sino que requiere un elemento causal o precedente objetivo que revele que el poseedor no es mero detentador. Los demandados eran arrendatarios de la finca litigiosa, y en esa condición continúan mientras no se demuestre lo contrario, lo que no se ha producido.
Resumen: Reclamación de cantidad por la Comunidad de Propietarios contra la promotora/constructora del edificio para la reparación de los vicios y defectos existentes. Estimada la demanda recurre la promotora, desestimándose el recurso. Se estima la existencia de los vicios o defectos constructivos alegados y detallados en el informe pericial, así como que su origen o causa se encuentra en la defectuosa ejecución atribuible a la demandada, estando acreditados los concretos trabajos de reparación necesarios y su cuantificación. En cuanto a la naturaleza, se trata de vicios ruinógenos afectantes a la habitabilidad de las viviendas, sin que pueda entenderse ni prescrita la acción ni caducada, al no haber trascurrido el plazo de garantía de los diez años del art. 1.591 CC ni el plazo de quince años para su reclamación vía contrato de compraventa, concluyendo que no puede acogerse el criterio de la demandada de aplicar los plazos de garantía y de prescripción de la LOE por no ser aplicable por la fecha de la licencia. Asimismo entiende inaplicables las normas reguladoras del saneamiento por vicios ocultos, pues las mismas son incompatibles con los supuestos de ruina, y los defectos de que adolece la construcción constituyen, no simples vicios ocultos, cuya acción de saneamiento se extingue a los seis meses, sino defectos constructivos del citado art 1.591 CC.
Resumen: Reclamación de cantidad por la Comunidad de propietarios por la existencia de vicios constructivos en el inmueble adquirido. Desestimada la demanda recurre la actora. La Sala, si bien mantiene que no existen vicios estructurales y vicios afectantes a la habitabilidad del inmueble, sino meros daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afectan a elementos de terminación o acabado, por lo cual se ha estimado correctamente la prescripción de la acción ejercitada en base a la citada Ley de Ordenación de la Edificación, no obstante, los vicios constructivos no solo permiten la deducción de las acciones de responsabilidad ex lege contempladas en la propia Ley de Ordenación de la Edificación, sino que la misma para nada atenta a la pervivencia de la responsabilidad contractual, tanto en su vertiente general del derecho de obligaciones, como en la vertiente propia y especifica del contrato de compraventa. La Sala indica que si bien las primeras han resultado inviables por la razón de prescripción antes apuntada, ello no es trasladable a las acciones de responsabilidad contractual, sujetas al plazo prescriptivo de 15 años. Así, examinado el informe pericial, es clara la existencia de los defectos referidos, siendo reflejo de un inexacto o defectuoso cumplimiento del contrato, por lo que siendo dable tanto la reclamación in natura como la reparación dineraria, procede la estimación del recurso, salvo en el incremento solicitado por no acreditarse razón suficiente.