• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
  • Nº Recurso: 19/2023
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables de delito de organización criminal, delito de estafa y delito de alteración de precios. No pueden considerarse prescritos los delitos, al no haber transcurrido el plazo de prescripción establecido en la legislación serbia ni en la española. La defensa ha tenido acceso a todas las actuaciones, por lo que no se ha producido indefensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MANUEL MARIA BENITO LOPEZ
  • Nº Recurso: 2504/2022
  • Fecha: 24/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia desestimó la excepción de prescripción alegada en juicio por el INSS y estimó la demanda, declarando el derecho del actor al complemento por maternidad en cuantía del 5% (21,79 euros) de la pensión inicial de jubilación y con efectos económicos desde el reconocimiento de ésta (1.9.2016). En sede de recurso, considera la Sala que el caso que nos ocupa se alegó por primera vez en el acto del juicio, es decir extemporáneamente, y en consecuencia no podía ser objeto de examen al tratarse de un hecho litigioso nuevo. Lo anterior bastaría para el rechazo del recurso. Pero no es posible entender que el derecho del actor al reconocimiento del complemento reclamado esté prescrito, ya que al estar anudado y ostentar la misma naturaleza que una pensión que es imprescriptible, es evidente que la proclamada imprescriptibilidad afecta, a su vez, al propio complemento, impidiendo así que la concreta fecha de solicitud pueda constituir un obstáculo jurídico para el reconocimiento del derecho, especialmente si se repara en la innecesariedad de esa expresa solicitud específica y diferenciada de la reclamación inicial de la pensión para la procedencia de su reconocimiento por el INSS cuando concurren los requisitos legalmente exigidos.Si el complemento de maternidad ha venido siendo reconocido a las mujeres en la misma resolución en que reconoce la pensión, sin necesidad de una nueva solicitud, no hay motivo para aplicar a los hombres otro criterio de tramitación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1985/2021
  • Fecha: 21/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar en el caso examinado si estamos ante la solicitud inicial de una prestación (complemento a mínimos) o ante un supuesto de revisión de una prestación ya reconocida que pudiere traer causa de la rectificación de un error material, de hecho o aritmético, con la consecuencia en este último caso de que los efectos económicos derivados de la revisión se extiendan hasta el límite de los cinco años de la prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones, de acuerdo con el párrafo segundo del art. 53.1 LGSS/15. La sentencia desestima el recurso del INSS al considerar que se trata de una rectificación de error material de la entidad gestora, porque no está en juego ninguna discusión, valoración o incertidumbre jurídica sobre las circunstancias concurrentes para el reconocimiento inicial del complemento de mínimos, sobre el que ya obran en el expediente administrativo todos los datos que estaba obligado a facilitar el interesado conforme a lo exigido en el impreso de la solicitud de la pensión de viudedad debidamente cumplimentado, y porque es indudable que el citado complemento debe reconocerse en el momento inicial y junto con la propia prestación, cuando concurren los requisitos para ello en la fecha en la que se presenta la solicitud de la pensión. Por tanto, se desestima el recurso y se aplica de forma retroactiva el plazo de prescripción de cinco años.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
  • Nº Recurso: 468/2022
  • Fecha: 21/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala examina los antecedentes de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 y las medidas normativas adoptadas al efecto, abordando la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador a partir de las SSTC 148/2021 y 183/2021, que declaran la inconstitucionalidad parcial de las disposiciones que acordaron el estado de alarma y sus prórrogas. Señala que tales medidas estaban dirigidas a distintos y amplios sectores de actividad y, por tanto, dotadas del suficiente grado de generalidad para encuadrarlas en la categoría de cargas colectivas, además de ajustarse al principio de precaución o cautela (que comporta una inversión de la carga de la prueba) ante situaciones de riesgo para la salud pública. Y se adoptaron de acuerdo con el conocimiento científico de la pandemia existente entonces, por lo que su enjuiciamiento ha de hacerse conforme al criterio jurisprudencial de no retrospección (cláusula del sesgo retrospectivo anglosajona). No cabe alegar que el art. 3.2 de la LO 4/1981 establece un régimen especial (que exoneraría de la antijuricidad del daño y la fuerza mayor) contrapuesto al general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En consecuencia, las medidas adoptadas por los poderes públicos se dirigieron a limitar los efectos de una pandemia -imprevisible e inevitable-, siendo desarrolladas de manera razonada y proporcionada a la situación existente, por lo que no se generó responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 651/2022
  • Fecha: 21/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala examina los antecedentes de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 y las medidas normativas adoptadas al efecto, abordando la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador a partir de las SSTC 148/2021 y 183/2021, que declaran la inconstitucionalidad parcial de las disposiciones que acordaron el estado de alarma y sus prórrogas. Señala que tales medidas estaban dirigidas a distintos y amplios sectores de actividad y, por tanto, dotadas del suficiente grado de generalidad para encuadrarlas en la categoría de "cargas colectivas", además de ajustarse al principio de precaución o cautela (que comporta una inversión de la carga de la prueba) ante situaciones de riesgo para la salud pública. Y se adoptaron de acuerdo con el conocimiento científico de la pandemia existente entonces, por lo que su enjuiciamiento ha de hacerse conforme al criterio jurisprudencial de no retrospección (cláusula del sesgo retrospectivo anglosajona). No cabe alegar que el art. 3.2 de la LO 4/1981 establece un régimen especial (que exoneraría de la antijuricidad del daño y la fuerza mayor) contrapuesto al general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En consecuencia, las medidas adoptadas por los poderes públicos se dirigieron a limitar los efectos de una pandemia -imprevisible e inevitable-, siendo desarrolladas de manera razonada y proporcionada a la situación existente, por lo que no se generó responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: RAUL URIA FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 2949/2023
  • Fecha: 21/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de la empresa y confirma la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad social, en cuantía del 50 %, por enfermedad profesional causada con infracción de medidas de seguridad por la empresa, por ausencia total y absoluta de medidas preventivas para la protección del trabajador frente al riesgo de exposición al amianto, pues el trabajador nunca fue considerado como ocupante de un puesto con riesgo de exposición al amianto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: IGNACIO MARIA PALOS PEÑARROYA
  • Nº Recurso: 3514/2023
  • Fecha: 21/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de la empresa y confirma la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad social, en cuantía del 30 %, por accidente de trabajo causado con infracción de medidas de seguridad por la empresa, concurriendo imprudencia del trabajador que no supone la exclusión de la responsabilidad de la empresa, a causa falta de medidas de seguridad o de prevención de riesgos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3459/2020
  • Fecha: 21/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la solicitud de recargo de prestaciones derivadas de accidente de trabajo que interpone el trabajador interrumpe el plazo de prescripción de un año del artículo 59.1 ET para reclamar indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente. El 24 de mayo de 2012 la demandante sufrió un accidente de trabajo por la que el INSS le reconoció una IPT el 27 de marzo de 2013. El 20 de febrero de 2014 en instrucción se acordó el sobreseimiento y archivo penal con expresa reserva de acciones civiles y el 19 de febrero de 2015 la actora solicitó el recargo por falta de medidas de seguridad, que se desestimó el 14 de octubre de 2016. El 18 de febrero de 2016 la actora envió un burofax a la empresa reclamando daños y perjuicios por el accidente. La papeleta de conciliación se presentó el 25 de noviembre de 2016, celebrándose el acto sin avenencia el 22 de diciembre de 2016. La sentencia recurrida considera que la solicitud de recargo formulada el 19 de febrero de 2015 evidencia de modo inequívoco la voluntad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente e interrumpe los plazos de prescripción. En este caso es la trabajadora acreedora quien ha reclamado la imposición del recargo denunciando la existencia de una infracción administrativa, lo que sin duda evidencia la voluntad de reclamar todas las consecuencias derivadas del accidente y la indemnización de daños y perjuicios, por lo que la interrupción debe estimarse.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 10445/2022
  • Fecha: 20/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de cohecho activo es de mera actividad y no admite formas imperfectas de ejecución. El pago posterior, realizado por quien no participó ni conocía al tiempo de producirse el acuerdo que determinaba la ilícita adjudicación, no supone participación en el delito de cohecho. No se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas aunque trascurrieran aproximadamente cinco años desde que concluyó la instrucción hasta que pudo celebrarse el juicio. Se trataba de una pieza desgajada de una causa principal, siendo que, antes de la celebración del plenario, hubieron de celebrarse otros juicios, también extensos y procedentes de la causa principal, entre los que, coincidiendo en ellos varios de los acusados, no resultaba posible su celebración simultánea. No estamos ante un concurso aparente o de normas. El estado de necesidad es inaplicable por la mera existencia de una deuda hipotecaria. Resulta improcedente excluir de la condena en costas las causadas como consecuencia de la desestimación de ciertas pretensiones de la acusación particular. No se aprecia la atenuante de confesión tardía por falta de relevancia para el esclarecimiento de lo sucedido. No se aprecia la reparación del daño cuando las responsabilidades civiles resultaran satisfechas exclusivamente por otros coacusados.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA SANGÜESA CABEZUDO
  • Nº Recurso: 255/2022
  • Fecha: 20/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad funcionamiento Administración Justicia. Defensa jurídica durante dos años, en causa penal, siendo relevado por letrado de oficio para la celebración de visto oral. Posible intrusismo profesional y delito de estafa por la defensa jurídica objeto de controversia, estando el letrado inhabilitado para ejercer y cobrando sus servicios. Noticias publicadas en prensa sobre la problemática suscitada. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Prescripción de la acción, doctrina y jurisprudencia, dies a quo para su ejercicio, principio de la actio nata. El daño que se invoca es reputacional por la publicidad de noticias sobre su actuación profesional, por lo que la vía de reclamación es la propia del derecho al honor o de la protección de datos personales (LOPD y derecho al olvido).La desestimación presunta de la reclamación no impide que pueda apreciarse prescripción de la acción. En todo caso no se acredita que la publicación de noticias sobre el desarrollo del juicio sea imputable al órgano judicial.

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