• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: JULIAN PEREZ-TEMPLADO JORDAN
  • Nº Recurso: 4/2003
  • Fecha: 12/11/2003
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Asesinato y falta de hurto de uso. Inexistencia de indefensión. La Ley del Jurado prohibe la lectura de las declaraciones previas aunque permite el interrogatorio sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en fase de instrucción. Esto fue lo que ocurrió. Inexistencia de violación de la presunción de inocencia, pues el Jurado declaró al acusado culpable de haber dado muerte a D. Jesús en el momento en que éste no podía defenderse, por la gravedad de las heridas practicadas que le produjeron su total indefensión y esa circunstancia fue aprovechada por los intervinientes, considerando que aunque no esté suficientemente probado el hecho material de que Carlos Ramón lanzara la piedra, está totalmente implicado en ese hecho, por el desarrollo natural del mismo, así como por no impedir la acción final que causó la muerte sin prestar auxilio a la víctima. Ningún exceso cabe atribuir a la redacción de la Sentencia por parte del Magistrado-Presidente. La resolución del juez técnico se limita a reproducir e interpretar con toda fidelidad la inteligencia y voluntad del jurado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ
  • Nº Recurso: 14/2004
  • Fecha: 16/11/2004
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Asesinato, atenuante de confesión. La valoración de las pruebas practicadas en el juicio es facultad que corresponde, de modo exclusivo y excluyente, a los jurados que deben apreciarlas en conciencia y según las reglas del criterio humano y de la sana critica, determinando con arreglo a esa valoración los hechos declarados probados o no probados. A la Sala de apelación le está vedado hacer una nueva valoración de las pruebas, declarando probados unos hechos distintos a los declarados por el jurado. A lo sumo sólo puede pronunciarse sobre la infracción del principio constitucional que prohibe la interdicción de la arbitrariedad, de acreditarse ésta en la valoración de la prueba efectuada por los jurados, en cuyo caso, dictaría sentencia anulando la apelada, mandando devolver la causa a la Audiencia para celebrar un nuevo juicio. No se aprecia arbitrariedad alguna en la valoración de la prueba efectuada por el jurado, cuyo veredicto es claro, basado en pruebas de cargo licitas, practicadas con todas las garantias legales, que han desvirtuado la presunción de inocencia. Valor de las declaraciones de testigos y acusados en la vista oral contrarias a la prestadas ante la policia y el Juez instructor.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: ANTONIO LANZOS ROBLES
  • Nº Recurso: 9/2003
  • Fecha: 25/06/2004
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia Provincial condenó al acusado como autor de dos delitos de asesinato, uno consumado y el otro intentado, descartando la prueba de un delito de allanamiento de morada. Se le aprecia la eximente de de anomalía psíquica por padecer «esquizofrenia paranoide crónica», con antigua sintomatología psicótica y un grado tal de enajenación profunda que hacían irrelevante determinar si cometió o no los hechos en fase aguda o en fase comicial. No se aceptan en cambio la agravante de ensañamiento, ya que del ataque súbito y brutal a ambas víctimas sólo cabe deducir el ánimo de matar, pero el de aumentar sus padecimientos. Tampoco el abuso de superioridad, incompatible con la alevosía. Se impone al reo la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, lo que hace innecesaria las medidas de alejamiento instadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL MAZA MARTIN
  • Nº Recurso: 10341/2013
  • Fecha: 18/07/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se enuncian una serie de pruebas, consistentes en la declaración prestada, de forma espontánea, en sede policial, por el recurrente y posteriormente relatada ante dicho Tribunal por los funcionarios que estaban presentes, junto con otros datos complementarios. Posibilidad de que las declaraciones prestadas en atestado se conviertan en prueba mediante su aportación al acto de la vista oral. No se trata de prueba referencial, pero, a efectos de acreditar su contenido, pues sólo se acredita en principio, el propio hecho de la declaración, es preciso que haya datos objetivos corroboradores, como en el caso presente, en el que la declaración espontánea del acusado suministró información esencial como la propia localización del cadáver. Las conclusiones del informe de autopsia señalado como documento acreditativo de error no contradicen los razonamientos del Tribunal. La circunstancia de parentesco se aplica aunque el matrimonio o la relación de afectividad se haya roto ("a quien sea o haya sido cónyuge"). Correcta individualización de la pena, impuesta en su grado máximo por la "perversidad" desplegada por el acusado. No se acredita la existencia de alevosía fundada en la confianza entre los cónyuges. La víctima, se demostró, conocía la personalidad violenta de su exmarido. No procede imponer las costas por la personación del Abogado del Estado y de la asociación que ejerce la acción popular. Se ejerce ya la acusación particular por la familia de la víctima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ALBERTO GUMERSINDO JORGE BARREIRO
  • Nº Recurso: 1414/2010
  • Fecha: 31/03/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada en apelación. El acusado fue inculpado por un delito de asesinato y condenado por el Jurado por un delito de homicidio. En apelación, se estima el recurso y se condena por lesiones en concurso ideal con un homicido imprudente. En casaciòn, se estima que el acusado es responsable por dolo eventual y que el resultado le puede ser atribuible en grado de tentativa por imputación objetiva. El acusado despliega una conducta apta para producir el resultado jurídicamente desaprobado (da unas patadas en la cabeza a la víctima que le provocan lesiones subdurales). El resultado (muerte de la víctima) no se le imputa a título de consumado por la conducta de la propia víctima que se opone de forma violenta a que se le atienda por los servicios sanitarios de urgencia encerrándose en su casa (se pudo dar una neutralización del riesgo conforme a la opinión de los peritos si hubiese sido atendido por los servicios sanitarios en su momento). Las alegaciones de indefensión de la acusación particular carecen de fundamento al desconocerse en qué medida se redujeron sus posibilidades reales de defensa. En los documentos alegados para sostener el error en la apreciación de la prueba, las discrepancias giran más en los juicios de inferencia relizados para establecer el elemento subjetivo del delito y sólo secundariamente en la prueba pericial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ALBERTO GUMERSINDO JORGE BARREIRO
  • Nº Recurso: 11245/2011
  • Fecha: 14/02/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, pues el auto rebatido se apoyaba en datos suficientes para adoptar la medida de intervención, fundamentación que se considera razonable y proporcionada al caso concreto al sopesar la gravedad de los delitos investigados (asesinato, tráfico de drogas y otros) y la capacidad delictiva del grupo que perpetraba los ajustes de cuentas. Debe, pues, afirmarse que la medida acordada cumplimenta los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La declaración sumarial no contradictoria tiene que ser plenamente ratificada en plenario para su validez como prueba de cargo. Se declara la validez y suficiencia de la declaración del coimputado al contar con datos objetivos corroboradores. Se aplica correctamente la coautoría respecto al asesinato al que teniendo el dominio funcional del hecho dirige y controla a los sicarios y realiza los pagos a estos. No se ha vulnerado el derecho a la igualdad, pues no se aprecia la denunciada desigualdad en razón a que las situaciones y circunstancias que se comparan no son idénticas. Los acusados formaban parte de una organización jerarquizada dirigida a garantizar el cobro de deudas derivadas del tráfico de drogas. Los recurrentes eran miembros activos de la organización o asociación ilícita, salvo uno de ellos que se considera, por las pruebas practicadas, que era un mero afiliado o miembro pasivo y por ello su conducta se considera atípica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10593/2007
  • Fecha: 21/12/2007
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El miembro del Jurado no fue recusado por la defensa, ni consta formulación de protesta respecto a la aceptación del mismo, como tampoco discrepancia sobre lo recogido en el Acta por el Secretario judicial, siendo además que las dudas que ese miembro del Jurado transmitiese tampoco resultan incompatibles con su imparcialidad dado que no se le puede extraer del ambiente social en que se produjo un hecho de trascendencia pública. Se contemplan como pruebas de cargo las declaraciones prestadas por el acusado ante la Guardia Civil, ratificadas al día siguiente ante el Juzgado en presencia de Letrado, y confirmadas en el juicio oral por aquellos Agentes de la autoridad, manifestando que la declaración del acusado se produjo de forma libre y espontánea, confesión que es suficiente para enervar la presunción de inocencia, aunque posteriormente se retractara manteniendo que estuvo presente en los hechos pero que no fue su autor, siendo posible la valoración de las declaraciones sumariales una vez incorporadas adecuadamente al juicio oral y practicadas en su momento de forma inobjetable, máxime cuando se ven corroboradas por el hallazgo de una colilla de cigarrillo en el lugar de los hechos con restos de ADN que coincidía con el del acusado, por su conocimiento exacto de los lugares en que se perpetraron los hechos, explicando con todo detalle las características de cada lugar y describiendo exhaustivamente los modos y formas de su actuación delictiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN SAAVEDRA RUIZ
  • Nº Recurso: 10203/2015
  • Fecha: 05/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El fundamento de la atenuante del art. 21.3 CP se encuentra en la disminución de la imputabilidad (o de las facultades volitivas e intelectivas) que se pretende por la ofuscación de la mente y de las vivencias pasionales determinadas por una alteración emocional fugaz (arrebato) o por la mas persistente de incitación personal (obcecación), pero siempre produciéndose por una causa o estímulo poderoso. En ambas modalidades se precisa para su estimación que concurra en su origen una causa de peso de carácter exógeno y de entidad suficiente para desencadenar un estado anímico de perturbación y oscurecimiento de sus facultades psíquicas con disminución de las cognoscitivas o volitivas del agente, de modo que sin alcanzar la cualidad propia del trastorno mental transitorio completo o incompleto, exceda del leve aturdimiento que suele acompañar a ciertas infracciones. Es preciso también que en el entorno social correspondiente no sean tales estímulos repudiados por la norma socio-cultural imperante, esto es, que la actuación del agente se ha de producir dentro de un cierto contexto admisible, ya que su conducta no puede ser amparada por el derecho cuando se apoya en una actitud antisocial reprobada por la conciencia colectiva vigente, que en esta relación de causa o efecto entre el estímulo desencadenante y la conducta ha de darse una conexión temporal y que cualquier reacción colérica de las que, con frecuencia, acompañan a ciertas acciones delictivas, no basta para estimarla.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUCIANO VARELA CASTRO
  • Nº Recurso: 10379/2012
  • Fecha: 15/11/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resumiendo la normativa y requisitos exigibles, la STS destaca que la orden europea de detención se acomoda al principio de especialidad clásico, basado en el derecho relativo a la extradición: sin perjuicio de ciertas excepciones, el país requirente, receptor del entregado, se compromete a no juzgarlo por hechos anteriores diversos de aquél que sirvió de justificación a la entrega por parte del país que ejecuta la detención. La variación en la calificación final de los hechos determinantes del asesinato respecto de la que motivó la orden de entrega no vicia su legitimidad, pues los términos de la solicitud cursada hacían previsible tal modificación, no sufriendo con ello el derecho de defensa. A distinta conclusión cabe llegar respecto del hurto continuado, al basarse en hechos anteriores a la fecha de aquél por el que se tramitó la solicitud. La inferencia de que el acusado obró con ánimo de causar a la víctima un dolor innecesario para la ejecución del delito se desprende de modo especial del elevado número de puñaladas inferidas a la víctima y de la dispersión corporal de las mismas, tal y como apreció el jurado popular. El agresor aprovechó la situación de indudable desvalimiento en la víctima, incapaz de oponer una defensa mínimamente eficaz. A diferencia de la actual regulación del robo con uso de armas, la fórmula aquí aplicable exigía que el autor portare el arma previamente consigo, aspecto en el que se estima el recurso. Dados los hechos, no se aprecia ludopatía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10436/2007
  • Fecha: 20/12/2007
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia no se agota con la constatación de la existencia de prueba de cargo, sino que ésta ha de ser bastante y su apreciación ha de acomodarse a los principios racionales impuestos por la lógica valorativa, sin que el control casacional de racionalidad de la inferencia implique la sustitución del criterio valorativo del Tribunal a quo por el del Tribunal casacional. En este sentido, la Sala considera que hubo respeto a dicho derecho. Por otra parte, si bien es cierto que las declaraciones incriminatorias de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resultan mínimamente corroboradas por otras pruebas, en el presente caso sí hubo corroboración mínima con otros hechos. Además, cabe la posibilidad de valoración como prueba de cargo de la declaración sumarial incriminadora, incluso la prestada ante la Policía, rectificada posteriormente ante el Juzgado o en el acto del juicio oral. Finalmente, la Sala declara que concurrió alevosía pues la muerte fue producto de una estrategia sorpresiva e inopinada, llevada a cabo por el recurrente con el fin de asegurar la ejecución de la víctima, haciéndolo sin riesgo para el agresor, y ensañamiento, dado que el sufrimiento de la víctima se deduce claramente de la pluralidad de agresiones (veintiuna puñaladas todas ellas en zonas vitales).