Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso formulado frente a la resolución de 19 de marzo de 2024 que impuso la sanción de multa de 501 euros, como autor de la infracción prevista en el art. 53.1 a, de la LO 4/2000, de 11 de enero, de extranjería. Señala la Sala que la resolución recurrida impone la multa pero su impacto objetivo no se limita a la carga económica, sino que la preexistencia de una sanción de multa en materia de extranjería por infracción del art. 53.1 a) de la Ley de Extranjería, es motivo adecuado en caso de subsistir la permanencia ilegal en España sin abandonar el territorio, para alzarse en hecho negativo de la expulsión del mismo. En consecuencia, esos efectos serios referidos a la sombra de la expulsión, que produce la resolución sancionadora que constaría como antecedente para las ulteriores actuaciones de la administración en materia de extranjería, sancionadoras o no, determinan un factor de cuantía indeterminada en la cuestión litigiosa, ello de igual modo que la Sala Tercera del Tribunal Supremo considera de cuantía indeterminada las sanciones de suspensión de funciones de funcionarios o de colegiados por trascender la sanción a la mera dimensión pecuniaria.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones dictadas por el Concejal de Gobierno de Licencias, Disciplina Urbanística y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, por las que se ordenó el cese de la actividad de guardería de vehículos en la planta sótano de la Comunidad de Propietarios, y se requiere a la Comunidad para su legalización. Concluye la Sala en que procede revocar la sentencia apelada, y estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo, y con ello, anular el acto impugnado en la instancia en cuando no procedía disponer la clausura ni acometer una legalización ex novo con exigencia de licencia de apertura, de manera que el acto incurre en un exceso reaccional, de manera que solamente podría ordenar la legalización parcial en el sentido de que el garaje se adaptase a las condiciones de seguridad y salubridad precisas, a cuyo fin el Ayuntamiento deberá recabar informe técnico que las precise y disponer la orden de ejecución de las mismas brindando un plazo a tal efecto, con advertencia de multas coercitivas, e incluso si concurriese mérito justificado para ello, advirtiendo la clausura para el caso de incumplimiento.
Resumen: Es necesario analizar y revisar cada uno de los ámbitos en los que se acuerda la intervención del curador debiendo acudir a los informes emitidos por los facultativos y entidades responsables de que controle su tratamiento teniendo en cuenta su evolución positiva manifestada por el hermano del afectado y por ello se considera atendiendo a la nueva regulación legal en materia de discapacidad que en el caso procede estimar que se establezca una curatela asistencial para el seguimiento y control de su enfermedad, velando por que acuda a sus controles y tome adecuadamente su medicación.
Resumen: Se parte de que no se está en presencia de una situación de guarda de hecho de carácter voluntario que determine un apoyo suficiente, sino que se está en el trance de revisar una situación de patria potestad rehabilitada constituida al amparo de la regulación previgente, con el fin de adaptarla a la nueva normativa. El resultado de la exploración judicial y el dictamen forense resultan extraordinariamente elocuentes sobre el grado de afectación de la enfermedad en los planos personal y patrimonial, inhabilitando casi por completo a tomar decisiones en los aspectos más elementales de la vida del afectado.
Resumen: Abuso sexual. El recurrente alega, en primer lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se recuerda el ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, una vez cumplida la doble instancia. El motivo se desestima. El razonamiento sobre el que sostiene la declaración de responsabilidad del acusado no es, en modo, alguno arbitrario. Su suficiencia incriminatoria, obtenida a partir de distintas fuentes de prueba y de la valoración de los argumentos de descargo ofrecidos por la defensa, se acomoda al canon constitucional de apreciación probatoria. Se desestima el motivo segundo, formulado al amparo del artículo 849.1 LECrim, por infracción de ley. Se plantean cuestiones de naturaleza probatoria que exceden del cauce casacional invocado. Se rechaza rebajar a la pena como consecuencia de la entrada en vigor de la LO 10/2022. La pena impuesta en la instancia sigue situada en la mitad inferior del nuevo marco punitivo, si bien en el límite máximo. Se trata, pues, de una pena que también resulta ajustada a la nueva regulación y que no desborda las exigencias de proporcionalidad conforme a los nuevos parámetros de respuesta penal.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que existen datos negativos que avalen la expulsión.
Resumen: Habiendo sido interpuesto recurso contencioso-administrativo una vez que transcurrido el plazo de dos meses, fuera de plazo por tanto, la declaración de inadmisibilidad del recurso es conforme a derecho, sin que resulte procedente adentrarse en los motivos que, en cuanto al fondo, ha expresado el recurrente, como acertadamente declara la sentencia apelada pues nos encontramos ante un acto consentido y firme, esto es, no procede examinar la conformidad a derecho de la resolución que decretó la expulsión del territorio nacional del aquí apelante habida cuenta de que el recurso interpuesto resultaba claramente extemporáneo al haber adquirido firmeza la resolución administrativa.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que existen datos negativos que avalen la expulsión.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que no existen datos negativos que avalen la expulsión.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que existen datos negativos que avalen la expulsión.
