Resumen: Procede la revisión de la condena conforme lo dispuesto en la LO 10/2022, adaptando la nueva pena a imponer, en atención a las circunstancias concurrentes y conforme con el criterio individualizador fijado por el Tribunal sentenciador, que es el que ha de prevalecer, que impuso la pena en su mitad inferior.
Resumen: El recurso de apelación argumenta que la orden de expulsión impuesta a D. Andrés es improcedente, ya que se aplicó indebidamente la Ley Orgánica 4/2000 en lugar del Real Decreto 240/2007. Se sostiene que el Real Decreto 240/2007 es aplicable porque la persona afectada es pareja de una ciudadana española, inscrita en el registro de parejas de hecho. La Sala indica que La cuestión jurídica controvertida en el presente proceso estriba en dilucidar si la expulsión por estancia irregular de un ciudadano extranjero al que se le ha denegado la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea mediante resolución dictada con fecha 4 de enero de 2019, ya firme, queda sujeta al régimen ordinario o al régimen de ciudadano comunitario y la Sala indica que al ordinario, y al existir circunstancias agravantes procede la confirmacion de la expulsión.
Resumen: La CHD sancionó al recurrente y a una entidad cooperativa por una infracción relacionada con el uso no autorizado de aguas subterráneas para riego. La impugnación se basó en la falta de legitimación pasiva, ya que este alegaba que no era titular de la concesión ni de las fincas regadas. Se impugna también por nulidad del procedimiento en base a defectos formales consistentes en incumpirse los plazos del trámite de alegaciones. Y por último la falta de culpabilidad y vulneración del principio de presunción de inocencia. La sentencia descarta la nulidad del procedimiento, ya que los incumplimientos no se tradujeron en una indefensión real; Sin embargo, se estimó la falta de culpabilidad del recurrente, ya que en efecto no se prueba que fuera titular del aprovechamiento de agua. Ni tampoco se probó que realizara el riego. La sanción se basó únicamente en que era propietario de la parcela donde se ubicaba el sondeo, lo cual es insuficiente para atribuir responsabilidad.
Resumen: Las circunstancias agravantes, son que el actor se hallaba indocumentado en el momento de su detención, tampoco aportaba ningún domicilio donde pudiera ser localizado. Además, pesan sobre él diversas detenciones policiales, por otros tantos delitos de robo con violencia e intimidación y hurto. Figuran diversas órdenes de averiguación de domicilio y paradero, está investigado por diversos juzgados de Pamplona, por varios delitos. Incumplió la medida cautelar de comparecencia y entró en España haciéndose pasar por menor de edad. También carece de medios lícitos de vida y no tiene arraigo familiar válido. La Sala ratifica las circunstancias puestas de manifiesto por el Juzgado para imponer la sanción de expulsión que considera conforme a derecho.
Resumen: Los criterios de graduación de las penalidades serán acordes con cada supuesto, y tendrán en cuenta las causas que originaron los incumplimientos, la intencionalidad de la contratista y su disposición a regularizar la situación vulnerada, los perjuicios generados los riesgos o interferencia en el servicio prestado y la reincidencia. De acuerdo con el artículo 35.1.a) de la LPACAP. la referida cláusula exigía que la resolución que impusiera la penalidad estuviera motivada, formalidad necesaria para verificar si se observó la regla legal de la proporcionalidad y cuya corrección o ausencia no puede salvar el letrado autonómico, y menos aún la sala juzgadora.En definitiva, se estaba en presencia de un mero y simple incumplimiento de la obligación impuesta a la contratista en la cláusula 3.8.1.4 del pliego rector, sin causa alguna de agravación, de lo que resulta que se tenga que rebajar el importe de la penalización al mínimo previsto, esto es, a 1.000,00 euros.
Resumen: Los criterios de graduación de las penalidades serán acordes con cada supuesto, y tendrán en cuenta las causas que originaron los incumplimientos, la intencionalidad de la contratista y su disposición a regularizar la situación vulnerada, los perjuicios generados los riesgos o interferencia en el servicio prestado y la reincidencia. De acuerdo con el artículo 35.1.a) de la LPACAP. la referida cláusula exigía que la resolución que impusiera la penalidad estuviera motivada, formalidad necesaria para verificar si se observó la regla legal de la proporcionalidad y cuya corrección o ausencia no puede salvar el letrado autonómico, y menos aún la sala juzgadora.En definitiva, se estaba en presencia de un mero y simple incumplimiento de la obligación impuesta a la contratista en la cláusula 3.8.1.4 del pliego rector, sin causa alguna de agravación, de lo que resulta que se tenga que rebajar el importe de la penalización al mínimo previsto, esto es, a 1.000,00 euros.
Resumen: Respecto a la falta de circunstancias de entrada en España, la resolución refleja que en el momento de la detención, que tuvo lugar el 21/02/20, estaba indocumentado, ignorándose cuando y por donde entró en territorio español si bien el recurrente, hoy apelante, adjuntó con el escrito de demanda el pasaporte expedido el 24 de marzo de 2017 que no coincide con el que aportó en el expediente administrativo en el que consta un sello de entrada en el año 2011 por el aeropuerto de Madrid-Barajas, y con el escrito del recurso de apelación vuelve a aportar el pasaporte que ya había adjuntado, por lo que no puede admitirse la indocumentación como causa de agravación ya que la falta de documentación existía en el momento de la detención pero fue subsanada en la tramitación del expediente. Sin embargo no acredita tener arraigo, por lo que desestima el recurso y confirma la expulsión.
Resumen: Impuesta penalidad al contratista por incumplimiento de su obligación de identificar los medios personales con los que ha de acometer el contrato, la empresa invoca pérdida de la finalidad legítima de las penalidades derivada del tiempo transcurrido entre la comisión de los incumplimientos de las condiciones impuestas en el contrato de transporte de viajeros del caso y la incoación del procedimiento de penalidades en que se dicta la Resolución impugnada, demora que, -a su entendimiento-, desvirtúa la finalidad coercitiva de las penalidad, convirtiéndola en una sanción, debido a que la mayor parte de los incumplimientos. La sentencia lo rechaza, al quedar acreditado el incumplimiento, pero gradúa la sanción aplicando el principio de proporcionalidad.
Resumen: Se alega falta de motivación y proporcionalidad en la imposición de las penas de multa, solicitando trabajos en beneficio de la comunidad. Se analiza la necesidad de motivación de la pena, el principio de proporcionalidad y la individualización de la pena según la gravedad del hecho y las circunstancias del autor, incluyendo la culpabilidad y la prevención especial. Se destaca que la gravedad del hecho no es la del delito en sí, sino las circunstancias fácticas concomitantes. Se motivó la elección de la pena de multa sobre los trabajos en beneficio de la comunidad basándose en la reiteración delictiva del acusado. Se solicita la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, argumentando un retraso extraordinario de dos años entre los hechos y el enjuiciamiento, sin complejidad en la instrucción. Para que sea muy cualificada, las dilaciones deben ser superextraordinarias. El cómputo del plazo se inicia cuando el afectado adquiere la condición de imputado. La falta de concreción de las demoras impide al Tribunal analizar directamente el caso. Aunque se observa cierta lentitud en la fase de instrucción y en la convocatoria a juicio, estas demoras no se consideran significativas y no han perturbado la situación del acusado, ni se identifican paralizaciones superiores a dieciocho meses. Por ello, no se estima la atenuante de dilaciones indebidas, ni en su modalidad simple ni cualificada.
Resumen: Para esta sentencia la comisión de un delito que lleve aparejada una pena privativa de libertad superior a un año no conlleva necesariamente la expulsión de territorio nacional con carácter automático cuando se tiene permiso de residencia de larga duración, sino que es preciso dilucidar en cada caso las circunstancias concurrentes, especialmente la afección al orden público del delito. En el supuesto que decide considera que, si debe de haber expulsión, ya que el recurrente tenía antecedentes penales en España, sin que tampoco conste ni arraigo suficiente en nuestro país.
