Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que existen datos negativos que avalen la expulsión.
Resumen: Como es sobradamente conocido, en el formato impugnatorio inaugurado por la Ley 41/2015, frente a Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales frente a lo resuelto por los Juzgados de lo Penal, no es posible esgrimir más que el motivo por estricta infracción de ley, autorizado por el art. 849.1º LECrim. Todos los demás reproches casacionales no son admisibles en este recurso. En todo caso, la pena impuesta fue correctamente motivada, y los hechos son suficientemente graves para que no pueda saldarse tal conducta con una multa, dada la edad de la menor, y su influencia en su desarrollo madurativo sexual. No procede la aplicación retroactiva de la LO 10/2022: El acusado ha sido condenado como autor de un delito de abuso sexual previsto en el art. 181.1, 2 y 4 en relación con el art. 180.1.3º CP, conforme a la redacción vigente en el momento de comisión de los hechos (LO 11/99), por resultar más beneficiosa que las posteriores, que prevé la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Las sucesivas reformas de los delitos contra la libertad sexual operadas por la LO 5/2010, de 22 de junio y la LO 1/2015, de 30 de marzo, aumentaron la penalidad de los delitos de abuso sexual contra menores de edad castigando el tipo básico en el art. 183.1 con la pena de 2 a 6 años de prisión, normas sustantivas no favorables. La reforma de la LO 10/2022, castiga la conducta en el art. 181.1 y 4 c) con la pena de 2 a 6 años en su mitad superior, pena superior a la prevista en la legislación derogada aplicada al caso enjuiciado y, por tanto, más perjudicial para el acusado.
Resumen: Delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Se analiza el artículo 62 CP: la selección de uno de los grados atenuatorios previstos en el artículo 62 CP obliga a una previa valoración normativa de los indicadores que ofrece el propio precepto -el grado de ejecución alcanzado y el peligro inherente al intento-. Pudiéndose afirmar que en caso de que ambos indicadores marquen un bajo nivel, se impone, como solución más acorde con los principios de culpabilidad y de proporcionalidad, la rebaja del reproche en dos grados. El peligro, atendiendo al plan global del autor actúa corrigiendo lo más o menos avanzado del intento. De tal modo, a mayor peligro de lesión mayor penalidad aplicable por lo que, de contrario, a menos peligro procederá la rebaja de la pena en dos grados. Se recuerda que no pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. Las cuestiones planteadas "per saltum": excepciones.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo del 11 de diciembre de 2023 por el que se desestiman las alegaciones presentadas, en cuanto ordenan al recurrente la demolición de su vivienda unifamiliar o subsidiariamente se conceda al recurrente legalizar la situación una vez sea aprobado el nuevo PXOM. Señala la Sala que no procede sino confirmar la sentencia apelada, en cuanto que no se aprecia que haya existido error en la valoración de la prueba: se trata de obras sin licencia y que no están terminadas. Consecuencia de este último extremo es que no se puede considerar que se haya iniciado el cómputo del plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad. Y ello sin necesidad de acudir a la reforma operada en la Ley del Suelo de Galicia, en cuanto a lo que ha de entenderse por obra terminada, permitiendo tal consideración aunque falte el enfoscado, porque tal y como se motiva en la sentencia recurrida, y se evidencia del examen de las actuaciones, de forma muy especial de las fotografías, las obras no están terminadas en el sentido de que estén dispuestas para servir al fin al que están destinadas y en condiciones de ser ocupadas, porque faltan elementos de seguridad evidentes, cuales son las barandillas de protección.
Resumen: La firmeza de la sentencia en la que se impuso la condena no es imprescindible para conceder la extradición. Dado que es posible reclamar a una persona para someterla a juicio, cabe reclamarla caso de haber sido ya juzgada y condenada, aun cuando la condena no sea firme por haber sido recurrida. No se aprecia vulneración de principios, derechos y garantías procesales, ni es incompatible la extradición con el orden público español. La simple disparidad en la respuesta punitiva entre los ordenamientos jurídicos del Estado reclamante y del Estado reclamado no puede ser causa de denegación ni condicionamiento de la entrega.
Resumen: Protección de datos personales. Contrato marco de tratamiento de datos. Cesión de datos personales a todas las empresas del Grupo Caixabank. Se desestima la falta de vigencia del nombramiento de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos y Falta de objetividad de la Directora que se pronunció sobre la procedencia de imponer una sanción, al haberse resuelto igual cuestión en ocasiones anteriores, siendo parte actora la aquí recurrente.
Caducidad del procedimiento. No cabe añadir al plazo de caducidad el de las actuaciones previas, al ser fases diferenciadas. Artículo 64 de la Ley 3/2018.
Inexistencia de vulneración del principio de confianza legítima y buena fe, al no existir un pronunciamiento por parte de la AEPD que hubiera podido influir en una creencia por parte de Caixabank de que se está aseverando su política de protección de datos.
La AEPD constata las carencias o deficiencias del documento que contiene el contrato marco de tratamiento de datos. Vulneración de los artículos 5 y 6 del RGPD.
Principio de culpabilidad, examen del mismo en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Atribución de responsabilidad a personas jurídicas.
Principio de proporcionalidad. Importe de la sanción. Existencia de circunstancias de agravación de la conducta. Examen de las agravantes apreciadas por la AEPD, concluyendo que alguna de las apreciadas por dicha Agencia no concurren. Disminución del importe de la sanción a la mitad.
Resumen: Pesca marítima. Recurso de apelación. Alteración de datos de capturas, pesca de túnidos tropicales. El margen de tolerancia permitido en las estimaciones registradas en el cuaderno diario de pesca de la cantidad total en kilogramos de pescado conservado a bordo será del 10 % de la cantidad total de todas las especies registradas, del total del pescado capturado. Discrepancia de datos en el DEA, datos de transbordo, declaración de Desembarque y nota de venta, así como falta de anotación de puerto de destino del buque receptor. Aplicabilidad del nuevo Reglamento de Control 2023/2842 y Reglamento de Ejecución UE/2024/1474.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone a la recurrente una sanción de suspensión de funciones por dos años, al considerarle responsable de una infracción muy grave (incumplimiento normativa incompatibilidades). Prescripción de la infracción: inexistencia. Siendo sancionada por el ejercicio de la abogacía en situación de incompatibilidad, la fecha de la colegiación no supone el agotamiento de la conducta infractora, apuntando más bien al posible inicio de la conducta. Se sanciona por una actividad continuada y el plazo de prescripción no comienza a contar sino desde el cese de tal actividad. La infracción permanente no requiere un concurso de ilícitos, sino una única acción de carácter duradero, cuyo contenido antijurídico se prolongue a lo largo del tiempo, en tanto el sujeto activo no decida cesar en la ejecución de su conducta, circunstancia de continuación que obviamente impide concretar el dies a quo del cómputo de plazo de la prescripción hasta que la cesación del comportamiento de que se trate. No existe una prueba directa de la realización de actos que impliquen un ejercicio de la abogacía. Pero la prueba directa de haber realizado la demandante todos los actos precisos para estar en disposición de ejercerla (colegiarse, formar parte de un despacho de abogados, publicitar en internet tanto al despacho como a la propia demandante) supone un indicio suficiente. Tipificación ajustada a derecho. Falta de proporcionalidad. Estimación parcial del recurso.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Defensa, por la que se impuso una penalidad del quince por cien del importe de la factura mensual sin IVA del mes de Febrero de 2.022 por cumplimiento defectuoso del contrato de Servicio de Seguridad en el Hospital General. La causa fue la prestación del servicio sin arma durante cinco horas, incumpliendo por tanto lo establecido en la cláusula según la cual el tiempo para cubrir la baja de un vigilante por cualquier eventualidad (indisposición, falta de asistencia, abandono del servicio, etc.) no podrá ser superior a 2 horas, desde que se pone en conocimiento el hecho. solo se permite temporal y excepcionalmente la prestación de servicios sin arma en aquellos casos en los que el guardia que va a prestarla no disponga aun de la pertinente licencia por su urgente e imprevista incorporación a la empresa adjudicataria. No en ningún otro supuesto adicional. El hecho sucedido no estaba incluido en la autorización mencionada, ya que ésta se refería a la caducidad de una licencia, no a una licencia no concedida aún. Por otra parte, la no renovación de la referida licencia revela una falta de previsión y una negligente actuación de la empresa recurrente, que podía y debía haber solucionado con antelación la incidencia.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto frente a sentencia confirmatoria en apelación de sentencia desestimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a resolución que acuerda la expulsión del territorio nacional del extranjero en situación irregular conforme a lo dispuesto en el 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. La Sala reitera que la ausencia de arraigo familiar, laboral y social no puede servir de fundamento, como circunstancia agravante, que permita cumplir con el presupuesto de proporcionalidad de la medida de expulsión del territorio nacional del extranjero en situación irregular.
