Resumen: Para determinar si nos encontramos ante un delito con penetración o sin ella, debe estarse al criterio jurisprudencial sobre lo que debemos entender por penetración ante el contacto de acceso a la zona interna vaginal por leve que este sea, ya que no se puede exigir un acceso total, bastando el acceso a la zona interna sexual femenina. Concepto de prevalimiento. Diferencia de edad, sumado a la relación similar de parentesco y realizar los hechos en casa del acusado. El daño moral derivado de delitos de abuso y agresión sexual no precisa de una prueba específica pues deriva de la propia naturaleza de los hechos, si bien ofrece la notoria dificultad de su concreción ya que el legislador carece de cualquier referencia práctica al respecto y la ley no indica método alguno para fijar la indemnización pertinente.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito de violación. Presunción de inocencia. Ámbito del recurso de casación tras la Ley 41/2015. La Sala, tras exponer el control casacional sobre la presunción de inocencia, concluye que la declaración de la víctima cumple las exigencias establecidas en la jurisprudencia y constituye prueba de cargo suficiente. LO 10/2022. Cuando la resolución se dicta en el marco de un proceso penal en el que la sentencia no ha alcanzado firmeza, se mantienen intactas las posibilidades de individualizar y de comprobar la individualización realizada y la proporcionalidad de la pena correspondientes al delito y al hecho probado, a la luz del nuevo texto punitivo. No procede la aplicación retroactiva de la LO 10/2022 al considerar que la pena impuesta (7 años de prisión) resulta proporcionada de acuerdo con la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual.
Resumen: No se produce vulneración alguna del derecho a la presunción de inocencia en cuanto la sentencia de apelación ha confirmado la sentencia de instancia, reafirmando la existencia de pruebas válidas, sometidas a contradicción y con un significado incriminatorio suficiente para sostener que el acusado actuó de la manera recogida en el factum. Las pruebas han sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a criterios lógicos y razonables. Para la apreciación de la eximente incompleta de embriaguez, es imprescindible que conste acreditado la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo; es decir, que conste una alteración de las facultades intelectivas y volitivas del acusado en la ejecución del acto punible, sin que las generalidades acerca de la adicción al alcohol o el simple consumo permitan aplicar la atenuante de responsabilidad criminal.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito de violación. Defectos de la grabación del juicio oral. No ofrece duda que la ausencia de grabación o una grabación defectuosa que impida acceder al contenido de lo grabado dificultan la interposición de recursos y pueden lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva. Acuerdo de 24 de mayo de 2017. Cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para la resolución del recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos, que genere indefensión material, determinará la nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución. El principio que ha de regir en esta materia es el de la conservación del proceso, siendo la nulidad de actuaciones un remedio excepcional que solo debe ponerse en marcha cuando se haya producido una efectiva indefensión material que debe estar debidamente justificada y haber sido denunciada tempestivamente. Presunción de inocencia. En el recurso de apelación debe debe analizarse la suficiencia de la prueba practicada y tenida en cuenta por el Tribunal de enjuiciamiento, mientras que en la casación se examina la legalidad y constitucionalidad de la prueba practicada, así como la razonabilidad de la prueba valorada por el Tribunal de apelación. LO 10/2022. Tipo atenuado del artículo 178.3 del Código Penal. No puede aplicarse porque los hechos se cometieron con violencia.
Resumen: Procede la aplicación de la LO 10/2022, de seis de septiembre, al ser más favorable al condenado. Esta aplicación debe realizarse en bloque; lo que da lugar a la imposición al penado de la pena de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividades, sean retribuidas o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior en cinco años de la pena privativa de libertad impuesta.
Resumen: ACOSO Y AGRESIÓN SEXUAL: intromisión y condicionamiento de la vida cotidiana de su ex-mujer que culmina cuando esta acude a su domicilio y la somete a tocamientos previo empleo de la violencia. ACOSO: interferencia y condicionamiento de la vida de la mujer con llamadas y mensajes intempestivos y continuados, vigilancias, aproximaciones e intromisión en sus actividades cotidianas. AGRESIÓN SEXUAL: actos de inequívoco contenido sexual que integran un ataque contra la libertad sexual de la mujer. PRUEBA: la declaración de la víctima es coherente, sincera y espontánea, aunque sobre una parte del hecho su manifestación es una pura conjetura incompatible con la realidad objetiva establecida tras el hecho. DESISTIMIENTO: acto contrario que pone de manifiesto la decidida y firme voluntad del sujeto de abandonar la acción delictiva. SUBSUNCIÓN: la ausencia de prueba de la penetración reduce la entidad de la conducta, caracterizada por el empleo de violencia, lo que no afecta al principio acusatorio al mantener el hecho enjuiciado y tener plena capacidad de defensa. MALTRATO: la violencia ejercida se subsuma en el atentado violento contra la libertad sexual. PENA: dada la incorporación de agravantes específicas, se impone en la máxima extensión de la mitad inferior dentro de la previsión legal. RESPONSABILIDAD CIVIL: el daño moral es consustancial a los delitos contra la libertad sexual. Y las lesiones son indemnizadas por separado al ser objetivables.
Resumen: El Tribunal recuerda que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ha definido el consentimiento en el art. 178 del Código Penal, bajo la siguiente fórmula legal: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". También recuerda que históricamente nuestra legislación penal no contó con una definición legal de consentimiento que se acuñara junto a la descripción de los tipos penales, lo cual no significa que, desde siempre, la jurisprudencia no entendiera que era sustancial, como un elemento, en este caso negativo del tipo, que el agente actuara sin consentimiento de la persona agredida sexualmente, o bien bajo un consentimiento viciado por las circunstancia concurrentes derivadas de la posición del autor del hecho, significativamente provenientes de su parentesco o situación equivalente o del dominio que su posición consecuencia de una relación laboral, docente, de superioridad, de ascendencia, incluso consecuencia de un rango de edad con respecto a la víctima, que coartara a ésta su libre determinación sexual, o bien deducida de su vulnerabilidad.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL Y LESIONES: el acusado dio varios puñetazos s la víctima y después la penetró vaginalmente en varias ocasiones. PRUEBA DE CARGO: la testifical de la víctima tiene esta condición cuando su eficacia se puede explicar racionalmente y resiste el contraste con otros elementos de convicción. La declaración de la víctima tiene esta condición previo cumplimiento de unos estándares de persistencia en la incriminación y de credibilidad subjetiva y objetiva, cuya deficiencia se puede compensar con el reforzamiento de otro, sin que se pueda apreciar una "presunción de animadversión". TIPICIDAD: la falta de consentimiento es la base del ataque contra la libertad sexual, sin que se pueda interpretar como tal la falta de oposición o la negativa expresa. El empleo de violencia es incompatible con un consentimiento real. MEDIO PELIGROSO: su aplicación es restrictiva, de forma que la mera exhibición es puramente intimidatoria y no supone el uso basado en el acometimiento. VIOLENCIA: es grave cuando es intensa, prolongada y desconectada de la funcionalidad comisiva. LESIONES: se sanciona por separado para captar la totalidad del injusto. PENA: pese a la ausencia de antecedentes por hechos análogos, la intensidad de la violencia empleada excluye la posibilidad de imponer la pena en su extensión mínima. INDEMNIZACIÓN: se resarcen por separado el daño moral, abstracto, y las lesiones, cuantificables.
Resumen: Derecho a decidir el propio individuo en el ámbito de actividades de naturaleza sexual quedará violentado cuando mediante la fuerza física o la violencia psíquica se invade esa facultad de la persona de consentir o rechazar un contacto sexual cualquiera que sea la naturaleza de éste y así quedará consumado el tipo cuando, con desprecio a ese personalísimo derecho a decidir, se ataca la sexualidad del otro, imponiéndole por las vías de hecho o por coerción psíquica actos o comportamientos de aquella naturaleza, siendo que la fuerza física o la intimidación psíquica se presenta como requisito esencial. No se identifican las explicables contradicciones de la víctima con la falta de persistencia. Antes, al contrario, la importancia de que un testimonio no implique la repetición mimética de una versión que, por su artificial rigidez, puede desprender el aroma del relato prefabricado. No es precisa la existencia de una negativa expresa a este tipo de actuaciones, puede existir un aprovechamiento respecto a la situación en la que se encuentra la víctima, lo que equivale a una ausencia de consentimiento.
Resumen: La Sala confirma la sentencia del Juzgado de Menores que condenó al menor por un delito de agresión sexual con penetración con uso de violencia e intimidación, pues se ejecutaron actos de violencia material, empujando a la víctima sobre la cama, obligándola con el movimiento de sus manos a hacerle una felación. Se impone la medida de libertad vigilada y no la de internamiento en régimen cerrado sin que ello suponga vulneración del principio de legalidad ni de flexibilidad.
