Resumen: Para una adecuada valoración del conflicto, la jurisprudencia ha proporcionado dos criterios, el de la pertinencia y el de la relevancia. Por la primera se exige una relación entre las pruebas y el objeto del proceso. La relevancia presenta un doble aspecto: el funcional, relativo a los requisitos formales necesarios para la práctica y desarrollo de la prueba y de la impugnación; y el material, relativo a la potencialidad de la prueba denegada con relación a una alteración del fallo de la sentencia. Los requisitos exigidos para la admisión del motivo por quebrantamiento de forma por indebida denegación de prueba serán: 1º) que la prueba denegada se solicitara en tiempo y forma; 2º) que sea pertinente; 3º) que se deniegue la práctica de la prueba; 4º) que la práctica sea posible por no haberse agotado su potencia acreditativa; 5º) que se formula protesta por la parte proponente contra la denegación. Una vez generalizada la doble instancia penal, en rigor, debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo. El derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. La prohibición de irretroactividad de la norma penal es completada en el ordenamiento español por el principio de aplicación de la norma más favorable
Resumen: Recurso casación tras la reforma Ley 41/2015 y la introducción del previo recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, ante el TSJ. Ámbito del control casacional; la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Presunción de inocencia. La declaración de la víctima es suficiente para enervar la presunción de inocencia, no apreciándose circunstancias personales de incredibilidad, ni constancia de problemas psicológicos que puedan afectar a dicha declaración. Las explicables contradicciones de la víctima no cebe identificarlas con falta de persistencia. Las víctimas de delitos sexuales exponen una línea de progresividad en su declaración que determina que puedan existir modificaciones puntuales que para el recurrente puedan resultar relevantes pero que en un contexto de gravedad como el relatado en los hechos probados no tienen el rango que podría conllevar una duda capaz de apuntar a la falta de credibilidad. Infracción de ley art. 849.1. Existencia de fuerza o intimidación. No se exige que se ocasiones lesiones en la víctima. Error en la apreciación prueba art. 849.2. No son documentos los informes periciales. Aplicación retroactiva Ley Orgánica 10/22. La sentencia de instancia impuso, razonándolo, las penas en su límite mínimo, lo que determina la imposición de la pena en el mínimo de la LO 10/2022 más favorable.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, tras estimar el recurso de apelación, le condenó por un delito de violación en grado de tentativa con las circunstancias agravantes de parentesco y de género. Presunción de inocencia. La Sala, tras exponer el control casacional sobre la presunción de inocencia, concluye que la declaración de la víctima cumple las exigencias establecidas en la jurisprudencia y constituye prueba de cargo suficiente. Error iuris. Agresión sexual en la redacción dada por la LO 5/2010. La violencia es la fuerza física que doblegue la voluntad de la víctima y sirva de instrumento para superar la resistencia que oponga al acto de contenido sexual pretendido por el autor, diferenciándose de la intimidación en que ésta restringe la libertad de decidir del sujeto pasivo, mientras que aquélla limita su libertad de actuar. Tentativa de delito. Agravante de género. Para la aplicación de la agravación no basta con la existencia de un hecho delictivo en el que la víctima tenga la condición contemplada en la norma penal, sino que es preciso, como elemento añadido en la culpabilidad del autor, que éste actúe por motivos raciales o ideológicos o, al menos, que estos motivos incidan con entidad suficiente y separada de la acción típica del delito al que acompaña. LO 10/2022. Principio de proporcionalidad.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a dos acusados como autores responsables de siete delitos contra los derechos de los extranjeros en su modalidad de inmigración ilegal y de siete delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual en concurso medial con delito de determinación a la prostitución y explotación sexual, y condena al acusado como autor de un delito de agresión sexual. Acusados que se conciertan para la captación, introducción en España, acogimiento y posterior explotación sexual de mujeres jóvenes de origen extranjero, con la finalidad última de aprovechamiento económico de los ingresos que esas mujeres obtendrían mediante el ejercicio de la prostitución. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante. Testigos protegidos y sus diversas modalidades de introducción de sus declaraciones en el juicio oral. Delito contra los derechos de los trabajadores en la modalidad de inmigración ilegal. Acusados que organizaban y financiaban los vuelos de entrada en España de las víctimas previamente captadas en su país, siendo trasladadas directamente desde el aeropuerto a sus domicilios o a los prostíbulos donde ejercían la prostitución en las condiciones que imponían. Realización de todos los elementos del tipo penal.
Resumen: La revisión debe aplicarse a los condenados en sentencia de conformidad, al carecer de justificación un trato diferente a éstos, a los que la imposición de la pena en el mínimo legal viene motivada por su reconocimiento de los hechos y aceptación de la pena, respecto a otros condenados a igual pena, tras la celebración de un juicio, en el que, por ejemplo, no admitieron los hechos o su autoría
Resumen: El Tribunal considera que concurre el subtipo agravado del art. 180.1.3 del Código Penal, al apreciar una especial vulnerabilidad en la víctima, que era sordomuda y se encontraba bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas. Por el contrario, a pesar de que declara probado que la víctima fue violada por varias personas, en virtud del principio in dubio pro reo, al no poder determinar si actuaron conjuntamente o de forma sucesiva, considera que no existen elementos suficientes para poder apreciar el subtipo agravado del art. 180.1.1 del Código Penal, consistente en haber cometido el hecho conjuntamente dos o más personas. Atendiendo a todas estas circunstancias considera que existe motivos suficientes para individualizar la pena fijándola en su mitad superior.
Resumen: El Tribunal dice que la conducta típica consiste en un atentado a la libertad sexual mediante la agresión violenta o intimidatoria, que en el supuesto enjuiciado se lleva a cabo deslazando a la víctima a una finca en el campo donde no había una población cerca, lo que ya de por sí supone un entorno intimidatorio. No hay duda que los actos atentatorios a la libertad sexual de la víctima fueron cometidos por el acusado aprovechándose de su aislamiento, con la sensación de que no podía huir y sin tener medios para marcharse al margen de la expresión que le espetó el acusado del acusado "de aquí no te marchas", al tiempo que socavaba su voluntad mediante el uso de expresiones imperativas que mermaban aún más su capacidad de reacción, manifestándole que dejase el teléfono en el salón que no lo iba a necesitar y en una actitud claramente intimidatoria, tornándose en violenta, cuando el acusado le obligo a hacerle una felación cogiéndole por la fuerza la cabeza con el fin de introducirle su pene en la boca y la tuvo inmovilizada colocando sus piernas sobre los hombros de la víctima dándose inicialmente una clara situación de intimidación ambiental o violencia emocional, que la imposibilitaba para resistirse.
Resumen: El cauce casacional de infracción de ley tiene como presupuesto de admisibilidad el escrupuloso respeto al hecho probado, pudiéndose únicamente cuestionar la subsunción jurídica de los mismos. Esta cuestión se incumple en la medida que las alegaciones cuestionan la subsunción, al haberse procedido por el órgano de apelación a su modificación.
Resumen: No son faltas de persistencia el cambio del orden en las afirmaciones, ni las sucesivas ampliaciones de éstas cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado. El principio in dubio pro reo solamente puede invocarse en casación, en su vertiente normativa, es decir cuando el propio Tribunal admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción y, sin embargo, no resuelve dicha duda en favor del reo, pero no en aquellos en que es la parte recurrente quien considera que el Tribunal debió dudar, cuando no lo hizo, porque según el particular criterio de la parte había motivos para ello. El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados, cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado, pudiendo constatarse un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria, sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, imposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad. Para la apreciación del daño moral no es preciso que el mismo se concrete en determinadas alteraciones patológicas o psicológicas; siendo valorable, a tal efecto, el menoscabo de la dignidad.
Resumen: El Ministerio Fiscal interpone recurso de casación contra el Auto de la Audiencia Provincial que acordó revisión de la pena al considerar que las disposiciones de la LO 10/2022 constituían una ley penal más favorable. Agravante de parentesco. Si no concurría en el juicio fáctico que se construye en la sentencia firme agravación alguna por tratarse la víctima de ex pareja sentimental del acusado, ahora no puede ser apreciada como agravante específica de exactamente el mismo contenido agravatorio. No se puede rescatar en el incidente de revisión aquello de lo que no se acusó en la instancia y, por tanto, no se puede aplicar el artículo 180.1.4º del Código Penal, en la redacción dada por la LO 10/2022. Pena de inhabilitación especial del artículo 192.3 del Código Penal. La norma penal más favorable debe aplicarse en bloque y, por tanto, debe imponerse al condenado la pena de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad.
