Resumen: Absuelve del delito de prevaricación administrativa. El delito de prevaricación administrativa es un delito de infracción de deber (consumado por acción u omisión), un delito especial propio (sólo puede ser cometido por funcionarios públicos), es un delito de resultado, no de mera actividad, y configurado por una norma penal en blanco (con remisión a la legislación administrativa de base). El delito de prevaricación administrativa requiere: a) resolución, tanto activa como omisiva (comisión por omisión), consistente en todo acto administrativo o declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados, dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; b) que la resolución sea arbitraria o contraria a derecho por falta absoluta de competencia, falta de respeto a las normas esenciales del procedimiento o por el propio contenido sustancial de la resolución por contravenir la legislación vigente o por constituir un supuesto de desviación de poder; c) que la resolución ocasione un resultado materialmente injusto; y d) que la resolución haya sido dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. Para la comisión del delito no basta con la mera irregularidad o ilegalidad administrativa, susceptible de provocar la nulidad del acto o resolución, se requiere un plus integrado por ser la resolución injusta y arbitraria.
Resumen: La causa se sigue por un delito de prevaricación contra el Alcalde de un Ayuntamiento por concesión de subvenciones a personas o entidades que iniciasen un proyecto empresarial en el municipio. Elementos del delito de prevaricación. Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Principio de intervención mínima, no toda ilegalidad administrativa constituye delito. Presunción de inocencia. Tramitación del expediente conforme a las normas del procedimiento administrativo. No consta el dictado de una resolución contraria a derecho, con omisión de trámites esenciales del procedimiento, ni que se hubiera ocasionado al Ayuntamiento un resultado materialmente injusto, ni que hubiera actuado con pleno conocimiento de estar actuando en contra del derecho. Requiere dolo directo, no bastando el dolo eventual.
Resumen: La causa se sigue por un delito de daños en un espacio natural y por un delito de prevaricación. Empresa que construyó una rampa de acceso a una playa hasta una duna fósil para paseos a caballo en un lugar perteneciente al Parque Natural de Doñana. Las obras, aunque carecían de proyecto de obras, licencia y de las autorizacioens preceptivas, fueron autorizadas por el Concejal del municipio. Adjudicación de las obras mediante contrato de obra menor. Elementos configuradores del delito de prevaricación. El Tribunal absuelve del delito de prevaricación. Daños en un espacio natural, del que también se absuelve a los acusados por ser unas obras de mantenimiento de una obra anterior.
Resumen: Absuelve a la alcaldesa acusada del delito de prevaricación administrativa. El delito de prevaricación administrativa tiene por bien jurídico protegido el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales, garantizando el respecto del ejercicio de la función con el principio de legalidad. Dicho delito, que se configura como un delito especial propio ya que solo puede ser cometido por funcionarios públicos, requiere: 1) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2) que la resolución sea contraria al Derecho, es decir, ilegal, equiparándose a la ilegalidad la arbitrariedad de la resolución; 3) que la contradicción con el derecho, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 4) que la resolución ocasione un resultado materialmente injusto; y 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho ("a sabiendas de su ilegalidad"), por lo que se exige un dolo directo y no meramente eventual, No queda acreditado que la acusada tuviera conocimiento de la ilegalidad en la realización y contratación de obras.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en que se condena a un acusado como autor material de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, absuelve a otra acusada de esos mismos delitos y condena a otros dos acusados por un delito de prevaricación administrativa. Facultades del tribunal de apelación al revisar la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de primer grado, y sus limitaciones en referencia a las pruebas de carácter personal que no ha recibido directamente. Delito de malversación de caudales públicos. Legislación penal más beneficiosa. Aplicación de la legalidad penal dada por L.O. 1/2015 que se considera más beneficiosa para los acusados que la vigente en la fecha de su comisión, atendido que se trataría del tipo penal por destinar los caudales públicos a usos ajenos a la función pública sin haberse producido el reintegro del importe distraído dentro de los diez días siguienters a la incoación del proceso. La reforma operada en 2015 de la malversación de uso desviado de los fondos o efectos públicos no supuso su destipificación sino una tipificación por remisión al comportamiento de la administración desleal. Delito de prevaricación administrativa. Adopción consciente de resoluciones que suponían la aplicación de fondos municipales a satisfacción de los espurios intereses del acusado. Requisitos jurisprudenciales del delito de prevaricación administra.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como delito de malversación de caudales públicos. No puede entrarse en el procedimiento extradicional a analizar las pruebas de los hechos por los que se solicita la extradición. Es perfectamente trasladable al tipo español de la malversación los hechos, al estar al servicio de un ente público, con el añadido de que su contribución puede ser enmarcable en la autoría por cooperación necesaria. No se aprecian períodos de inactividad relevantes que pudieran dar lugar a la prescripción del delito. No es éste el momento adecuado ni el órgano competente para resolver acerca de concurrencia de circunstancias que pudieran atenuar la posible pena a imponer al reclamado.
Resumen: Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo. Los hechos se corresponderían con el delito de fraude a la Administración pública en la legislación española. Debe considerarse prescrito el delito.
Resumen: La causa se siguió sólo a instancia de la acusación particular, por delito de prevaricación administrativa, un delito de falsedad y un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Alcance de la delimitación fáctica contenida en el auto de acomodación del procedimiento abreviado. Debe garantizar el dercho de la persona inculpada a conocer de qué y por qué, en su caso, puede ser acusado. Evitación de una acusación sorpresiva. Prevaricación. Se atribuye a los acusados una conducta omisiva de paralización de la aprobación definitiva del PERI (Plan Especial de Reforma Interior), por la no publicación del preceptivo informe de impacto ambiental, y la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, como instrumento básico de desarrollo urbanístico municipal, lo que considera la parte acusadora que ha implicado una incautación arbitraria e injusta de su patrimonio. El Tribunal considera que la omisión del trámite de publicación es una ilegalidad pero sin que conste la arbitrariedad, y que se actuara a sabiendas de su injusticia. Imposición de las costas a la acusación particular.
Resumen: Causa que se sigue por el Tribunal del Jurado por delitos de cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y retardo malicioso en la administración de justicia. La causa se sigue contra un funcionario del cuerpo de tramitación procesal y administrativa y contra un Letrado. El Presidente acuerda la disolución del jurado, para dictar sentencia absolviendo a los acusados. Declaración previa de la nulidad de las escuchas y grabaciones de las conversaciones en el interior de un vehículo vulnerando el secreto de las comunicaciones. Y nulidad de las intervenciones telefónicas posteriores. La libre decisión de un investigado de declarar sobre los hechos que se le imputan, no se puede desligar del hecho de que las mismas proceden de un acto inicial ilícito de intervención de las comunicaciones.
Resumen: La Audiencia Provincial condenó a los acusados, alcalde y concejal de un ayuntamiento, como autores de un delito continuado de prevaricación, al haber procedido a efectuar contratos de obra por parte del ayuntamiento con sus respectivas empresas, sabiendo que era incompatible, y girando un tipo impositivo reducido que no les correspondía. Apertura del juicio oral sólo a instancia de la acción popular, no habiendo acusado el Ministerio Fiscal y no existiendo acusación particular. El TSJ considera que es correcta la apertura del Juicio Oral, pues no podía existir una acusación particular al uso, dado el carácter indefinido del perjuicio causado por el delito de prevaricación. Figura de la acusación popular. Motivación de las resoluciones judiciales, debe abarcar el aspecto fáctico con análisis de las pruebas, y la motivación jurídica. No es preciso un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión. Valoración de la prueba y derecho a la presunción de inocencia. Atenuante de dilaciones indebidas.
