Resumen: La causa se sigue por posible delito de prevaricación administrativa contra el alcalde y miembros de una corporación local. Principio de presunción de inocencia. Contratos en el ámbito del Sector Público. Para el cómputo del plazo de duración del contrato de servicios a la dirección de obras o la gestión integrada de proyectos, deben sumarse el plazo del contrato de obras al que están vinculados, más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras, formando parte del mismo el período de garantía del mencionado contrato de obras. No cabía la figura del contrato menor para la adjudicación del servicio de dirección de las obras. Prevaricación administrativa, no cabe la comisión con dolo eventual. No es suficiente la mera ilegalidad o contradicción con el derecho, cuyo control corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo. La mayor antijuridicidad se produce además cuando la resolución cuestionada introduzca un grave trastorno de la actividad normal de los organismos públicos.
Resumen: Delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. Los acusados tras las elecciones pasaron a formar parte del ente público que constituye un puerto deportivo participado al 100% por el Ayuntamiento. Revisión del procedimiento de adjudicación del contrato administrativo para el servicio de dragado de la bocana y entorno de diques del Puerto de Benalmádena, adjudicándoselo a otra empresa. Plazo para la instrucción y diligencias practicadas extemporáneamente. La declaración del investigado no es una diligencia de investigación sino una garantía procesal. Personación como acusación particular de una persona que no era la ofendida por el delito, y que debería ser acusación popular. La información al sujeto pasivo sobre el objeto del procedimiento constituye un elemento esencial para el ejercicio del derecho de defensa, durante la instrucción. Participación del extraño en el delito de prevaricación. Extensión del concepto de funcionario público al ámbito de las empresas públicas con participación relevante de la Administración Pública.
Resumen: Analizando el contenido de la querella y de las resoluciones judiciales dictadas a lo largo del procedimiento, procede declarar su inadmisión a trámite y el archivo de las actuaciones, por aplicación de lo dispuesto en el art. 313 LECRIM, ya que de su relación circunstanciada de hechos no se desprende indicio de que los magistrados querellados cometieran la prevaricación que se les imputa. El contenido de todas las resoluciones dictadas a lo largo del proceso se acomoda a las más elementales reglas de la hermenéutica jurídica, por lo que no cabe en él, en ningún caso, el elemento de la «injusticia» propio del delito de prevaricación judicial. Las decisiones adoptadas no pueden considerarse ajenas al derecho ni basadas en la sola voluntad de quienes las adoptaron, por lo que las mismas no pueden ser calificadas de «injustas» en sentido jurídico penal. No concurriendo el elemento objetivo del tipo, no cabe hablar del subjetivo, a lo que se suma que el querellante no aporta indicio o elemento alguno de prueba sobre el concierto que denuncia como habido entre los querellados. En definitiva, y con independencia de la valoración del querellante sobre el contenido de las decisiones adoptadas por los querellados, del examen de las resoluciones no se aprecia, siquiera de forma indiciaria, la concurrencia de los elementos del tipo delictivo imputado, por lo que procede la inadmisión de la querella y el archivo de las actuaciones.
Resumen: Procede declarar la inadmisión a trámite de la querella, ya que no existe indicio alguno de la comisión del delito de prevaricación imputado. El relato de hechos de la querella se concreta en el dictado de un auto por el que los querellados decidieron rechazar la solicitud articulada por el hoy querellante para que le fuera otorgada autorización para interponer recurso extraordinario de revisión de sentencia condenatoria firme. Sin embargo, la decisión de rechazo adoptada no solo se mueve dentro de admisibles criterios hermenéuticos situados dentro de la lógica jurídica, sino que se ajusta plenamente a la doctrina aplicable en la materia. Así, las tasadas causas del recurso extraordinario de revisión han de basarse en hechos, datos o circunstancias aparecidos con posterioridad a la condena, ya que tal proceso pretende hacer quebrar la firmeza de una sentencia, precisamente, por haber aflorado hechos o elementos de prueba nuevos que ni figuraban en el proceso ni pudieron ser llevados a él, por ser desconocidos, lo que hace palmario el error cometido. Dicha doctrina fue incluida en el auto que se tilda de prevaricador y le sirvió de razón de decidir para rechazar la pretensión, ya que la circunstancia que se pretendía demostrar a través del documento en el que se apoyaba la solicitud ya constaba en el proceso inicial y pudo ser en él alegada. Por lo tanto, ni siquiera de forma indiciaria concurren los elementos del tipo de prevaricación imputado.
Resumen: Naturaleza del auto de transformación en procedimiento abreviado: tiene por objeto la identificación de la persona imputada y los hechos punibles. Participación en negociaciones tendentes a convenir la forma de cobrar trabajos de imagen y reputación realizados para políticos y dirigentes de un partido político. Influencias para conseguir contratos y prebendas de diversa naturaleza, obteniendo ilícita e indirectamente emolumentos injustificados por tales prestaciones de una serie de terceras entidades.
Resumen: Pieza separada de los ERES. Auto de Transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Obtención de ayudas para una empresa de forma ilícita en connivencia con los responsables de la Comunidad Autónoma, sin un objeto o finalidad definida y concreta, indicándose que era para el pago de nóminas de trabajadores. Incidencia de la Sentencia dictada en la causa principal, respecto de la instrucción de las piezas separadas. El estándar de justificación exigible en sede de instrucción es menor exigente que el requerido en el juicio oral, bastando con la probabilidad prevalente de la hipótesis del delito. Invocación de la inexistencia del dolo al limitarse a cumplir con los compromisos asumidos por su predecesor, que es rechazada por el Tribunal. Plazo para la instrucción, conforme a la redacción vigente al tiempo de los hechos. No es posible acordar diligencias con posterioridad a la expiración del plazo, sin perjuicio de recibir las diligencias rezagadas. No procede recibir declaración en calidad de investigado después de concluir el plazo para la instrucción.
Resumen: Se estima el recurso del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado y, a los absueltos del delito de malversación, se les condena en calidad de autores o cómplices, según el grado de aporte al hecho. Autoría de extraños, extraneus, en delitos especiales. Autor de un delito de malversación de caudales públicos, por ser detentador de hecho de los caudales públicos.
Resumen: Cómputo de la prescripción en los delitos conexos o en el concurso de delitos. Malversación de caudales públicos, supuesto en el que los fondos integren el patrimonio de sociedades participadas por la Administración. Subtipo de especial gravedad por las cantidades malversadas. Falsedad en documento mercantil, confección de facturas respecto de operaciones inexistentes. Homogeneidad entre las distintas modalidades falsarias. Apreciación de la continuidad delictiva, descartando la unidad de acción. Concurso medial entre la falsedad y la malversación, es más favorable la legislación posterior. Cooperadores necesarios, el extraño y posibilidad de rebajar la pena, es facultativa. Los distintos tipos de cohecho son homogéneos. Delito continuado de cohecho activo y pasivo. Delito de blanqueo de capitales, no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo. Figura del autoblanqueo. Delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, por los que absuelve el Tribunal. Determinación de la pena en el concurso medial. Fallecimiento de un acusado después del juicio y antes de dictar sentencia.
Resumen: Causa que se sigue por delito continuado de prevaricación administrativa. Alcalde y concejales de un Ayuntamiento que participan en la adjudicación de contratos y de obras a diferentes personas físicas y empresas, sin que conste que se adoptaran mediante resolución arbitraria y a sabiendas de su injusticia. El interventor puso de manifiesto que en las ofertas se recurría a un número reducido de empresas, lo que a su entender vulneraba los requisitos de concurrencia y transparencia en la contratación pública, y en alguna ocasión puso nota de reparo por haberse fraccionado un contrato cuando se trataba del mismo objeto contractual, eludiendo así los principios de publicidad. El delito de prevaricación administrativa exige la concurrencia de algo más que las meras ilegalidades administrativas. Invocación de existencia de relaciones personales de los responsables públicos con determinadas personas y empresas que no es apreciada; el elemento subjetivo del delito es la conciencia y voluntad de la injusticia con arbitrariedad de lo acordado pues el tipo penal no exige el móvil o propósito del autor. El tipo penal exige para que concurra la arbitrariedad que la resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables de delitos de prevaricación administrativa y de falsificación documental. No se aprecia motivación política en la solicitud de extradición, sino que se trata de delitos de corrupción de personas que ostentan funciones públicas y en el ejercicio de las mismas. El arraigo en España del reclamado no es motivo de denegación de la extradición.
