Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condenaba a una acusada como responsable de un delito de prevaricación urbanística y de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, disponiendo su libre absolución por ambos tipos penales. Acusada que en su calidad de alcaldesa de un municipio participa y emite voto en un acuerdo de aprobación de un proyecto de reparcelación que incluye fincas de su titularidad, incumpliendo el deber legal de abstenerse dado el interés propio en el proyecto urbanístico. Delito de prevaricación urbanística. Elementos que deben concurrir para apreciar el tipo penal. No se aprecia la prevaricación administrativa porque el planeamiento urbanístico a cuya aprobación contribuyó el voto de la alcaldesa no es patentemente injusto, con independencia de que debiera haberse abstenido. Delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Elementos típicos. El delito se vertebra sobre el quebrantamiento del deber de abstención, no exigiéndose para la consumación ni la existencia de lesión efectiva para la administración, ni que el beneficio intentado sea injusto. La prohibición de retroactividad de la ley penal impide sancionar como típica la conducta de la alcaldesa por emitir voto cuando debió de abstenerse, dado que en la fecha de los hechos la descripción típica solo sancionaba la conducta de quien debiendo informar a quien debe decidir, omite hacerlo.
Resumen: Sentencia absolutoria. Quebrantamiento del derecho a un proceso con todas las garantías: imparcialidad objetiva. Celebración del juicio oral estando pendiente de recurso la decisión de sobreseimiento libre subjetivo parcial dictado por el Instructor. Recurso en un solo efecto.
Resumen: Querella presentada contra un Magistrado por delito continuado de prevaricación judicial. Competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ para conocer de la causa. Inadmisión a trámite de la querella por esteimar que los hechos que se contienen no con constitutivos de infracción penal. Derecho a la tutela judicial efectiva, no implica el derecho a que se sigua el proceso en su integridad. Derecho de acceso al proceso. Las resoluciones judiciales, de no estar ajustadas al proceso, pueden ser rectificadas por vía de los recursos. Resolución que carece de contenido de derecho material y que no causa un perjuicio irreparable a la parte.
Resumen: Presidente de una Junta Vecinal que, precindiendo del procedimiento administrativo, excediéndose en el ejercicio de sus funciones y consciente de su ilegalidad, revocó la adjudicación del coto de caza que se había otorgado días antes en favor de otra persona según acuerdo de la Junta Vecinal, haciendo suyos los ingresos derivados de la explotación del coto de caza. De igual manera, el acusado abonó con dinero de la Junta Vecinal gastos que no le correspondían. Principio de presunción de inocencia. Delito de prevaricación administrativa, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Declaración tesfical. Validez de la declaración sumarial del testigo que después no puede acudir al acto del juicio oral. Lectura de sus declaraciones. Delito de falsedad documental del que acusa la acusación particular, y del que se le absuelve al acusado. Atenuante de reparación del daño. Atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Para que un acto se integre en el tipo penal de la prevaricación se precisa, no que sea meramente ilegal, sino que la ilegalidad sea arbitraria, pues el derecho no es una ciencia exacta sino sujeta a diversas posibilidades de interpretación, y sin perjuicio de que la parte pueda impugnar dicha resolución en la vía contencioso-administrativa, así como discutir si el procedimiento adolece de algún vicio en su tramitación. Las resoluciones que se dicen prevaricadoras se dictaron bajo el paraguas de la especial normativa encaminada a favorecer la gestión por la crisis sanitaria, sin apartarse de las posibilidades que tal normativa atribuía a los funcionarios públicos. El delito de falsedad documental no queda consumado porque en la narración de unos hechos ciertos y reales se haya errado en el nombre de la persona que ostentaba el cargo que se reveló ante el cumplimiento de la resolución administrativa. Requisitos de los delitos de inviolabilidad del domicilio y de allanamiento de morada.
Resumen: La AP condenó a la acusada como autora de un delito de prevaricación administrativa cometido por autoridad. Regidora de un área municipal que firmó un Decreto revocando una licencia a sabiendas de que carecía de justificación legal para ello y que perjudicaba a determinadas empresas. La revocación de la licencia se realizó sin respeto al procedimiento administrativo previsto para la declaración de lesividad de actos anulables. Recurre la sentencia la acusada ante el TSJ invocando la indebida aplicación del delito de prevaricación, procediendo al análisis de los elementos configuradores del citado delito. Concepto de resolución en el ámbito típico de la prevaricación. Decidida voluntad de actuar al margen de cualquier adecuación a los trámites más elementales para conformarla de acuerdo con el Derecho, lo que entraña la arbitrariedad. La injusticia de la resolución.
Resumen: La causa se siguió por un delito de prevaricación urbanística comisión por omisión, y un delito de prevaricación, que se imputa al alcalde de un pueblo que ostentaba las competencias de concejal de Urbanismo. Local que carecía de licencia de primera ocupación y por lo tanto también licencia de apertura. El Tribunal aprecia que no consta que el acusado conociera esta circunstancia. Delitos de infracción de deber del funcionario, que ocupa una posición de garante respecto a los bienes jurídicos que la administración tutela a través suyo. Relación entre el delito de prevaricación urbanística y el delito de prevaricación administrativa y diferencias entre ambas figuras delictivas. Posibilidad de cometer el delito de prevaricación por omisión en aquellos caos especiales en que era imperativo para el funcionario dictar una resolución. Concepto de resolución. No basta con la ilegalidad de la resolución, pues el control de legalidad de los actos de la Administración corresponde, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Es preciso que se haya producido un ejercicio arbitrario del poder. Absolución del acusado.
Resumen: Inexistencia en la adjudicación de los expedientes de contratación públicos incumplimientos de la normativa aplicable. Las declaraciones o valoraciones fácticas realizadas en una sentencia penal no producen efectos vinculantes en un proceso penal posterior. La financiación irregular de partidos políticos no era delito en el período temporal en que tuvieron lugar los hechos investigados. En las declaraciones que motivaron la reapertura de la causa no se especificaban hechos concretos que permitieran relacionar los pagos antes referidos, u otros que se pudieran conocer, con adjudicaciones de contratos públicos. No basta para la subsunción de la conducta típica del delito de tráfico de influencias con la mera influencia, sino que debe concurrir también el prevalimiento, en sus diversas modalidades, derivado del ejercicio de las facultades de su cargo, de una relación personal, como pudiera ser de amistad, parentesco, afinidad política, afectiva, o de una relación jerárquica en la cual el influido, al adoptar una resolución por la influencia de su superior, puede obtener alguna ventaja o expectativa profesional. Nada de ello ha quedado acreditado en el caso de autos, en el que el concierto defraudatorio con funcionarios públicos, así como el uso de artificios para obtener su favorecimiento es inexistente.
Resumen: Para personarse como acusación particular en una causa penal es ineludible acreditar la condición de ofendido o perjudicado, en caso de que ello no se estime solo cabe la posibilidad de ejercitar la acción popular que debe de ir acompañada del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello. En esta conclusión no puede influir que la causa se iniciará mediante denuncia de esta misma persona al tratarse de delitos perseguibles de oficio, pero si una vez iniciada la causa el Ministerio Fiscal interesa el sobreseimiento y es ese denunciante el que quiere mantener el ejercicio de la acción penal, solo cabe la posibilidad de su personación como Acusación Popular. La inadmisión por parte del Tribunal de Instancia de la personación por no cumplir los requisitos establecidos para ello implica que se carece de legitimación procesal para recurrir las resoluciones dictadas en las Diligencias.
Resumen: Confirma la sentencia absolutoria por delito de prevaricación administrativa. Se alega por el apelante la admisión extemporánea de prueba documental que podía haber aportado en la fase instructora, solicitando la nulidad de la sentencia absolutoria. La aportación está permitida en trámite previo del juicio oral y, en el caso, corroboraba un dato que ya constaba. Se alega la indebida inaplicación del tipo de prevaricación administrativa. El delito de prevaricación administrativa requiere: 1) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2) que la resolución sea contraria al Derecho, es decir ilegal; 3) que la contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable (que la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa) ; 4) que la resolución ocasione un resultado materialmente injusto; y 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho, es decir es un delito que requiere un dolo reforzado ("a sabiendas de su injusticia"), negándose en algunas ocasiones por la jurisprudencia la comisión por dolo eventual. No se acreditan los elementos integrantes del delito.
