Resumen: Las actoras trabajaron en servicio adjudicado por la Diputación para LIMPIEZAS LA PALOMA SL de 16-10 a 15-11-19, pasando el servicio sucesivamente a MALINCHE MIX 1975 MPOR SL (YAUNDE SL) el 18-11-19, a CENTRAL DE LIMPIEZAS DE CASTILLA LA MANCHA (CLCLM) el 16-12-21 y a AEMA HISPÁNICA -AH- el 05-04-22. Sus contratos con YAUNDE terminaron el 21-12-21, comenzando en CLCLM el 10-01-22. C y L cesaron en 11-21. Inadmisión del recurso. Se rechaza, no indicar el domicilio en el recurso a efecto de notificaciones es subsanable. Responsabilidad de las distintas adjudicatarias por las deudas salariales de CLCLM. Se remite al doctrina de la STS 873/2018 y a la Directiva 2001/23/CE que afirman que hay sucesión de empresa cuando se transmite una entidad económica o asume parte relevante de la plantilla, como en este caso, donde la plantilla fue subrogada sucesivamente por las adjudicatarias y añade que el Convenio aplicable también regula la subrogación en cambios de contratista, reforzando la aplicación del art. 44 ET, a pesar de existir breves interrupciones en la sucesión de adjudicatarias, que no impiden la subrogación y concluye que las empresas responden solidariamente de las diferencias salariales conforme al art. 44.3 ET, excluyendo de la responsabilidad solidaria a las empresas CLCLM y AH en el caso de C y L, que cesaron antes de que esas empresas asumieran el servicio, rechazando la aplicación del art 91.2 LRJS porque el JS no está obligado, a considerar confeso al ausente.
Resumen: La Audiencia Nacional estima la demanda interpuesta por el Sindicato CGT, a la que se adhieren los sindicatos CCOO y CIG, contra la empresa CONCENTRIX CVG SERVICIOS INFORMÁTICOS SL y declara nula y no ajustada a derecho la decisión unilateral acordada por la empresa de no hacer entrega de la cesta de Navidad a las personas trabajadoras de los centros de Olivenza y A Coruña. Se considera la existencia de una condición más beneficiosa de tales trabajadores que no puede ser suprimida unilateralmente por la empresa sin acudir al procedimiento de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo. Al efecto sigue reiterada doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo.
Resumen: RCO. Conflicto Colectivo que plantean CCOO y CSIF frente a VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA SA (VEIASA) en cuestión de falta de abono del Plus quebranto de moneda (concepto extrasalarial) previsto en el artículo 32 del Convenio aplicable con motivo de la supresión de los pagos en efectivo. El TS declara que No es necesario tramitar una inaplicación del convenio, No constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo, tiene causa justificada, y no es condición mas beneficiosa. No cabe apreciar discriminación por razón de género por el simple dato de que en el colectivo afectado hay más mujeres que hombres, sin evidenciarse, ni siquiera indiciariamente, ningún tipo de sesgo. Doctrina sobre la revisión de hechos declarados probados. Se confirma la sentencia recurrida
Resumen: Se recurre en casación ordinaria la sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, por modificación sustancial de condiciones de trabajo colectivas, que desestima la demanda al apreciar la caducidad de la acción. La Sala IV desestima el recurso por defectuosa formulación del mismo al no dar cumplimiento al art. 210 de la LRJS dado que no hace cita alguna de precepto legal infringido ni jurisprudencia que haya sido vulnerada. No se identifica precepto sustantivo o procesal alguno relativo a la excepción de caducidad que impugna. En todo caso, tampoco se habría infringido el no citado art. 138 LRJS, por cuanto que el día inicial del plazo de caducidad, aplicable, aunque no se haya seguido por el empresario el procedimiento del art. 41 ET, comienza al día siguiente a la fecha de la notificación por escrito de la decisión empresarial a los representantes legales de los trabajadores. La notificación de la decisión empresarial, de modificar las tablas, tarifas respecto de la retribución variable, tuvo lugar, en un 1er momento, el 31/12/21, por correo electrónico, a la plantilla, señalando que, a partir del 1/2/22, se iban a producir esos cambios; igualmente, las nuevas tablas de 2022, que a partir de aquella fecha iban a aplicarse, fueron notificadas a los representantes legales de los trabajadores el 11/1/22. A partir del siguiente día hábil, de esa última fecha, comenzó el plazo de caducidad que la parte demandante no ha respetado, al presentar la demanda el 4/4/22.
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT): la acción de impugnación de la decisión unilateral de la empresa empresarial de dejar de abonar a los trabajadores a distancia los pluses de transporte, subvención de comida y comida en especie, está caducada por no haberse impugnado la decisión empresarial dentro del plazo legal establecido al efecto. De haberlo hecho, la MSCT, hubiese sido nula por no haber acudido al procedimiento del art. 41 del TRLET, incluso en el supuesto de que la empresa hubiere podido justificar dicha medida. Tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ni el derecho a la negociación colectiva, ni tampoco a la libertad sindical, denunciado. La declaración de la caducidad de la acción no afecta a esos derechos.
Resumen: Las actoras recurren en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestima su reclamación del derecho a percibir una aportación extraordinaria del plan de pensiones, como compensación por la permanencia en la empresa. La Sala de lo Social estima el recurso y reconoce el derecho, interpretando el art. 29 del Convenio de la empresa CANARIENSIS, al entender que cumplen el requisito convencional de 15 años de permanencia en la empresa, dado que fueron subrogadas, lo que implica el respeto de los derechos que tuvieran en la empresa saliente, entre ellos, la antigüedad. No es posible admitir la validez de una acuerdo de renuncia al convenio que se les venia aplicando antes de la subrogación. Las trabajadoras cuando firmaron los acuerdos, renunciaron únicamente al devengo de trienios con fecha de su real antigüedad, pero ninguna renuncia expresa se recoge en relación a un derecho expectante, en relación con el cumplimiento de 15 años en la empresa, de tal manera que no puede entenderse incluido en el acuerdo ninguna renuncia en relación con la pretensión ejercitada en autos.
Resumen: En virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.Lo que se justifica si la empresa, en virtud del ERE de extinción, suscribió una póliza de rentas firmado por la empresa en favor del trabajador, para el percibo, hasta el acceso a la jubilación, de complemento salarial sobre la prestación por desempleo y de pago del convenio especial de cotización con la Seguridad SocialEn este sentido, la STS de fecha dada la realidad de una jubilación que, al no ser voluntaria, no exigía el requisito de ser demandante de empleo.Justificado entonces que el actor accedió la jubilación anticipada no voluntaria el que es padres de dos hijos, le corresponde el complemento controvertido.
Resumen: La incongruencia omisiva, se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.Correspondía a la empresa conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, alegar primero y acreditar después, todos los hechos que impidiesen la viabilidad de la pretensión, esto es, los obstativos, excluyentes, prescriptivos, extintivos, etc.; entre ellos, que el artículo 44.4 obstaba la aplicación del convenio coletivo del comercio en general y era aplicable el de artes gráficas, y el porqué de ello, la alegación que ahora se hace no puede merecer favorable acogida porque debió ser alegada en su día en juicio, al que la empresa optó por no comparecer en su momento estando debidamente citada, y sin haber comunicado causa justificativa para dicha incomparecencia.
Resumen: Cláusula suelo. Reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. En este caso, el acuerdo novatorio supera el control de transparencia, ya que las circunstancias concurrentes (fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; la redacción clara e inteligible y facilidad de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas que supone la sustitución del sistema de interés variable por un interés fijo, para volver después al sistema de interés variable sin limitaciones a la variabilidad) son suficientes para que el consumidor medio pueda comprender las consecuencias jurídicas y económicas que se derivan de esta novación. La validez de la novación no subsana la nulidad de la cláusula suelo originaria, que se mantiene, así como la consecuente condena a la entidad demandada a la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo, declarada nula, hasta la fecha de aplicación establecida en el acuerdo en el que se en la que novó válidamente la cláusula. Aunque la demanda ha sido estimada en parte, las costas de primera instancia se imponen al banco de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reiteración de la doctrina jurisprudencial de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Validez del acuerdo por el que se rebaja la cláusula suelo, ya que supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: se adoptó tras la publicación de la STS 241/2013 y existía conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; redacción clara e inteligible para un consumidor medio normalmente informado; de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas; transcripción manuscrita en la que los prestatarios afirman ser conscientes y entender que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará del 2,5%. Nulidad de la cláusula de renuncia de acciones porque no supera el control de transparencia, al no estar acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre sus consecuencias jurídicas y económicas. Costas procesales: procede la condena en costas de primera instancia del banco demandado, aunque la demanda solo ha sido estimada en parte, en aplicación de la STJUE de 16 de julio de 2020 (C-224/19 y C-259/19).
