Resumen: la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda de la trabajadora, declara su cese despido improcedente condenando al Ayuntamiento codemandado y absolviendo al resto de empresas. Frente a la sentencia se interpone recurso de suplicación por el Ayuntamiento que se estima. En primer lugar la sala desestima los motivos sobre revisión de hechos probados. En cuanto a los motivos de denuncia jurídica, que se estima , se argumenta por la recurrente que no puede hablarse de rescate del servicio, sino que lo ocurrido es la extinción del servicio en la parte adjudicada a la empresa codemandada continuando el Ayuntamiento sólo con la prestación de los servicios que ya realizaba con su personal. Por la Sala se hace una amplia referencia a la jurisprudencia en los supuestos de reversión de actividad por parte de la Administración. Llegando a la conclusión resulta evidente que el Ayuntamiento no continúa prestando el objeto específico del contrato que en su día tenía externalizado. No consta que se haya producido transmisión de elementos materiales o inmateriales, ni consta probado que se haya contratado por el Ayuntamiento persona alguna para la realización de ese específico objeto. Y que no estamos por tanto ante la reversión de un servicio público que pasa a prestarse por la Administración Pública, la sala revoca la sentencia absuelve al Ayuntamiento demandado y condena de las consecuencias legales del despido improcedente a la empresa que la había contratado.
Resumen: El acuerdo no exige, en su cláusula quinta, que toda la jornada se venga desarrollando en domingo. Es cierto que las personas trabajadoras afectadas inician, tras la modificación, su jornada los domingos a las 22 horas. Pero ello supone, con arreglo al tenor literal de la cláusula, "prestar servicio en domingo". Además, la finalidad de tal cláusula quinta no es otra que garantizar la posibilidad de disfrutar de un descanso efectivo, en cuanto se ve mermado al trabajar en domingo.
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que, en el conflicto colectivo planteado por un sindicato, declara nula la modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) colectiva acordada. La Sala de lo Social estima el recurso y declara la nulidad de actuaciones hasta el momento de convocatoria de las partes procesales para celebración del juicio oral, por cuanto no consta que la demandada fuese notificada de la fecha para la que se había fijado la suspensión del pleito previsto inicialmente celebrar, con lo que no acudió a juicio y no pudo ejercitar el derecho de defensa por causa que no le es imputable.
Resumen: infringidos, cumpliendo los requisitos formales -identificar las normas sustantivas o la jurisprudencia-. Vulneración del derecho de huelga-. Se produce al asignar las funciones de la huelguista a otro empleado durante la huelga, esquirolaje interno, declarado ilícita por el STC 123/1992, por constituir un abuso del "ius variandi" empresarial y desactivar la presión legítima que la huelga busca ejercer y además ni se evidenció ninguna situación de emergencia que lo justificara, no estando la actora obligada a informar previamente su decisión de secundar la huelga. Reducción del importe de la indemnización. No procede fijar el importe del salario no percibido durante el día de huelga o correspondiente a una falta leve según la LISOS, al tratarse de una infracción muy grave -art 8.10 de la LISOS-, que sanciona la sustitución de trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo y el artículo 183 LRJS establece que, ante la vulneración de derechos fundamentales, debiendo la indemnización compensar adecuadamente el daño moral y prevenir futuras infracciones, siendo la cuantía proporcionada. Indemnización por daños morales al Sindicato. Se afirma que, aunque la conducta afectó el ejercicio de la libertad sindical, la huelga es una acción colectiva y por ello el perjuicio al sindicato es único y no puede ser objeto de múltiples indemnizaciones en procedimientos individuales, habiendo debido reclamar una indemnización colectiva.
Resumen: El plazo de 20 días de caducidad para la impugnación de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo es aplicable en todo caso, aun cuando no se haya seguido el trámite del artículo 41 ET
Resumen: Recurren en casación la empresa y el sindicato CCOO. El II Convenio Colectivo para los años 2005-2008 quedó sustituido por el III Convenio Colectivo. Se trata de decidir si el acuerdo de MSCT objeto de impugnación en este proceso es ajustado a derecho, en función de que se considere como estatutario o extraestatutario el III Convenio colectivo. La Sala IV razona que no cabe la posibilidad de utilizar el mecanismo de la modificación sustancial de condiciones de trabajo para conseguir la alteración de condiciones de trabajo establecidas en convenios colectivos estatutario, por expresa prohibición de lo dispuesto a tal efecto en el art. 41.6 ET, la empleadora no puede anular por esta vía las condiciones de trabajo dispuestas en un convenio colectivo de esa naturaleza. Y la solución ha de ser exactamente la misma aunque la MSCT sea fruto del acuerdo alcanzado con la comisión representativa de los trabajadores constituida conforme al art. 41.3 ET para negociar la propuesta de la empresa.
Resumen: En los calendarios de los años anteriores a 2023, se han designado como días de vacaciones tanto las vacaciones en sentido estricto, consistentes en 30 días naturales conforme al Convenio Colectivo de aplicación (Industria Siderometalúrgica de Bizkaia), como los días correspondientes a la compensación por el exceso de horas trabajado anualmente, y los días de puente contiguos a un día festivo, en tanto que en el calendario de 2023 se ha distinguido la denominación correspondiente a los distintos tipos de días de libranza, no demostrándose que en este último calendario se haya producido una disminución de días de vacaciones para cada una de las personas trabajadoras de la empresa.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo, y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se suprime la originaria cláusula suelo y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene la condena en costas en primera instancia.
Resumen: La recurrente alegaba que carecía de objeto la pretensión de la parte contraria de declaración de nulidad de la cláusula suelo inserta en el préstamo por haber suscrito las partes, con posterioridad, el acuerdo novatorio de fecha 10 de junio de 2014 que modificó sus condiciones. La Sala ratifica la nulidad de la cláusula porque la parte prestataria no tuvo el conocimiento debido, ni pudo comprender, las consecuencias jurídicas de una cláusula que afecta a un elementos básicos del contrato, y así ser capaz de comprender, tanto de la carga económica que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume el consumidor en los aspectos básicos que se deriven del objeto y ejecución del mismo. Y, por otra parte, el que dicha cláusula no se encuentre vigente en virtud del posterior acuerdo novatorio suscrito, no implica que la misma no desplegara sus efectos desde la fecha de la firma de la escritura, hasta la firma del acuerdo novatorio.
Resumen: Se reitera la jurisprudencia de las SSTS 580/2020 y 581/2020, de 5 de noviembre, ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la posibilidad de modificar la cláusula suelo del contrato originario, siempre que la modificación haya sido negociada o, en su defecto, cuando se hubiera empleado una cláusula contractual predispuesta por el empresario en la contratación con un consumidor, y esta última cláusula cumpla con las exigencias de transparencia. En estos casos de simple modificación de la cláusula suelo, si se cumplen los requisitos expuestos, se tendría por válida la nueva cláusula, sin perjuicio de que pudiera declararse la nulidad de la originaria cláusula suelo si no se cumplían los requisitos de transparencia. Con el consiguiente efecto de que se considere que no ha producido efectos y por lo tanto todo lo que se hubiera cobrado de más en aplicación de esa originaria cláusula deba ser restituido al consumidor. En cuanto a la renuncia al ejercicio de acciones, dentro de un acuerdo transaccional, el TJUE admite su validez siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En el caso, validez de la novación y nulidad de la renuncia de acciones, que se tendrá por no puesta. La modificación del interés operará desde la fecha de aplicación establecida en el acuerdo novatorio.
