Resumen: Confirma la condena por delitos de quebrantamiento de medida cautelar, amenazas y amenazas leves. El delito de amenazas requiere: 1) una conducta, hechos o expresiones susceptibles de causar una intimidación en el ánimo del sujeto pasivo, dando a entender la realización futura, más o menos inmediata, de un mal; 2) dolo genérico, conciencia y voluntariedad del acto y que la expresión del propósito sea, persistente y creíble; y 3) debido a su relatividad, que concurran circunstancias concomitantes y circundantes a los hechos (ocasión en que se pronuncian, relaciones entre las partes, reiteración, hechos anteriores, simultáneos y, sobre todo posteriores, a la amenaza, etc.) que permitan valorar la entidad suficiente para ser calificada como delito. El delito se distingue del delito leve por la gravedad del contenido de la amenaza y su seriedad, persistencia y credibilidad. Las expresiones "te voy a matar, no lo vas a contar ni tú ni tus hijos" y, exhibiendo un cuchillo, "te voy a cortar el cuello, tú te vas a ir por delante", tienen suficiente entidad para constituir el delito de amenazas sentenciado. Se aplica la atenuante de drogadicción y no la atenuante muy cualificada, no bastando el consumo de droga aun habitualmente para apreciar la atenuante muy cualificada, siendo necesario acreditar la influencia de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto en el momento de cometer los hechos; no se acredita que estuvieran seriamente afectadas.
Resumen: NULIDAD: petición de prueba denegada que la parte considera pertinente por su relación directa con el hecho enjuiciado y necesaria para respaldar las postulados de la parte, por lo que su denegación habría causado indefensión. No hay tal dado que la prueba no se propuso en apelación y la vinculación entre consumo de tóxicos y atenuación no opera en los términos que pretende el recurso. DROGADICCIÓN: ni está probada la afectación ni cabe establecer la conexión entre el delito de quebrantamiento y el consumo en los términos propios de la delincuencia funcional. ESTADO DE NECESIDAD: no hay una necesidad real ni la conducta desarrollada es proporcional al supuesto mal que se pretendió evitar.
Resumen: Confirma la condena por tres delitos de coacciones y un delito de amenazas. La diferencia entre delito menos grave y delito leve de amenazas se encuentra en la gravedad de la amenaza proferida que debe valorarse en función de la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza, pero sin olvidar otras aspectos cualitativos como la ocasión en que se profiere, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores. Se impugna la extensión de las penas al no rebajar éstas en dos grados pese a concurrir dos atenuantes (alteración psíquica y dilaciones indebidas), sin embargo la concurrencia de dos atenuantes obligan al juzgador a reducir la pena en un grado, siendo potestativo hacerlo, motivadamente, en dos. Se impugna asimismo la cuantía de la cuota diaria de multa (6,- €.), pero el no tener suficiente información sobre la situación económica del acusado, no siendo necesario practicar una exhaustiva investigación, no quiere decir que obligatoriamente se deba imponer el mínimo legal de 2,- €. de cuota diaria de multa, debiendo quedar reservado dicho mínimo legal para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en situaciones ordinarias, en que no concurren circunstancias extremas, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, como en el caso.
Resumen: La Sala confirma la sentencia que condenó por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, al haber infringido el acusado la prohibición de aproximación. En este delito no se exige, además del dolo, un elemento subjetivo del injusto, es decir, no exige un dolo especial, bastando con el conocimiento de la ilicitud del hecho.. En el caso presente existe un quebrantamiento doloso de la medida de alejamiento, y esto es suficiente para entender realizada la conducta típica. El perdón del ofendido, en este caso, aunque venga de su propio hermano, es irrelevante a efectos penales. Procede confirmar el pronunciamiento sobre la atenuante por trastorno psicótico, consumo de alcohol y drogas y el primigenio trastorno por esquizofrenia, todo lo cual integra la atenuante del artículo 21.2 CP.
Resumen: Las declaraciones de la víctima, especialmente en aquellos casos de delitos que se cometen en la intimidad, tienen el valor de prueba testifical siempre que se practiquen con las debidas garantías y se hayan introducido en el proceso de acuerdo con los principios de publicidad, contradicción e inmediación, siendo hábiles por sí solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. Parámetros de valoración jurisprudencialmente establecidos, si bien, la deficiencia en uno de los criterios no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro. La atribución de valor sexual a la acción no puede hacerse depender de un elemento extrapenal tan difuso como el llamado ánimo lúbrico o libidinoso del autor, sin perjuicio de que dicha intención, de concurrir, pueda servir como dato probatorio para su acreditación en supuestos equívocos. Atenuantes de trastorno mental y de dilaciones indebidas.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa. El derecho a la presunción de inocencia y la suficiencia probatoria. Doctrina jurisprudencial sobre el error en la valoración de la prueba. Valor probatorio de la prueba indiciaria y de la declaración de agentes policiales. Las manifestaciones policiales no tienen que constituir prueba plena y objetiva de cargo, destructora de la presunción de inocencia por sí misma, habida cuenta la calidad, por razón de su condición de agente de la autoridad, de las mismas. Ello supondría la degradación de la presunción de inocencia de los sujetos afectados. Las aportaciones probatorias de los agentes de la autoridad no deben merecer más valoración que la que objetivamente se derive, no del a priori de la condición funcionarial de éstos, sino de la consistencia lógica de las correspondientes afirmaciones y de la fuerza de convicción que de las mismas derive en el marco de la confrontación de los restantes materiales probatorios aportados al juicio. El valor de tales declaraciones en delitos testimoniales, es decir, percibidos de forma directa por los agentes. El testimonio de referencia: su validez. Valor del juicio celebrado en ausencia del acusado pese a estar citado. La concurrencia de la eximente incompleta por drogadicción.
Resumen: Las actuaciones no se llevaron a cabo de forma prospectiva: la investigación estaba plenamente justificada ante la seria existencia de indicios de la preparación o comisión de delitos concretos y bien determinados. Autorizaciones de intervenciones telefónicas basadas en indicios suficientes. Ausencia de indefensión en las inhibiciones realizadas por los juzgados. Competencia de la Audiencia Nacional correctamente delimitada, sin indefensión. El dies a quo del plazo para solicitar la prórroga de la instrucción en los casos de acumulación de diligencias previas procedentes de otros juzgados lo es desde la fecha del auto de incoación de las diligencias más modernas. La indagación practicada fuera de plazo es causa de anulación y pérdida de eficacia de la diligencia instructora intempestiva, pero no es un supuesto de ilicitud constitucional. Valor de las declaraciones indagatorias de los acusados. Valoración de la droga que es simple operación matemática. Falta de notificación del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal que no produce efectiva indefensión. Entradas y registros sin indefensión. Cadena de custodia de la sustancia intervenida no interrumpida. Ausencia de error en la valoración de la prueba. No infracción de principio acusatorio. Existencia de grupo criminal. Atenuante de drogadicción inaplicable. Dilaciones indebidas no apreciable como cualificada.
Resumen: Determinación en primer lugar de cuál ha de ser la regulación penal susceptible de ser aplicada a los hechos objeto de enjuiciamiento, toda vez que condicionará, en algunos aspectos, la valoración de la prueba y la calificación jurídica. Declaración de la víctima como prueba de cargo en la que ha de extremarse su ponderación cuando se trata de prueba única. Prueba testifical y pericial que coadyuvan la versión de la víctima y a la vez hacen decaer la versión exculpatoria del acusado. Concepto de violencia en relación con la negativa a mantener relaciones sexuales y la forma de imposición de las mismas. Especial vulnerabilidad de la víctima por la situación en que se encontraba al haber consumido importantes cantidades de alcohol. Atenuante de reparación del daño. Requisitos. Atenuante de embriaguez y de dilaciones indebidas.
Resumen: Se estima el recurso de revisión interpuesto por el Mº Fiscal y se anula la sentencia del Juzgado de instancia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con violencia y otro delito leve de lesiones, al constatarse que en la fecha de comisión el condenado no había cumplido los dieciocho años de edad, lo que le excluye de la aplicación del Código Penal, ex art. 19 CP. Nunca se ha detectado óbice alguno para que la revisión se funde en la apreciación de una causa excluyente de la responsabilidad penal, como es la minoría de edad, cuando no fue advertida en su momento, por la vía del art. 954.1d LECrim. La prosperabilidad del recurso no ofrece duda a la vista de la documentación unida, lo que hace procedente la rescisión de la sentencia dictada. Podría cuestionarse la oportunidad de remitir al Fiscal la documentación a los efectos de lo previsto en la legislación de menores. Será tal institución la encargada de valorar si incoa o no el expediente o actuaciones a que le habilita esa legislación especial.
Resumen: La idea básica es sencilla. En la medida en que la violencia ejercida vaya directamente encaminada a vencer la resistencia de la víctima y por tanto las lesiones tengan directa relación con ese acto de depredación sexual, siendo eficaces para vencer la resistencia, tales lesiones quedarán absorbidas por el tipo penal de agresión sexual que exige para su concurrencia dicho elemento de violencia. Ahora bien, si la resistencia de la víctima se vence mediante otro acto intimidatorio, ejemplo el empleo de un arma o bien existe un exceso en la violencia ejercida, de tal modo que tales actos violentos que ocasionaron lesiones se producen después del acto sexual o no hubieran sido necesarios para vencer dicho consentimiento adverso, deberán castigarse por separado dichas lesiones, bien por la vía del concurso real o ideal. El delito de agresión sexual absorbe, en este caso, el delito de lesiones. Las alteraciones psíquicas ocasionadas a la víctima de una agresión sexual ya han sido tenidas en cuenta por el legislador al tipificar la conducta y asignarle una pena, por lo que ordinariamente quedan consumidas por el tipo delictivo correspondiente por aplicación del principio de consunción.
