Resumen: La sentencia desestima la demanda en impugnación del Acuerdo interprofesional por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y procedimiento del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía, que exigen, con carácter previo a la convocatoria de huelga, el sometimiento a un procedimiento de mediación, arts. 5 y 28, al considerar que dicha exigencia no vulnera el derecho fundamental a la huelga. El TS compendia el alcance y contenido del derecho de huelga, que admite la validez del sometimiento al cumplimiento de determinados requisitos en su ejercicio, en tanto que no perturben sustancialmente su contenido. Pues bien, partiendo de la eficacia erga omnes de los términos del acuerdo interprofesional impugnado, se declara acorde la implantación de dicho requisito con el ejercicio de las facultades de negociación, teniendo en consideración que la intervención de las asociaciones empresariales y sindicales en la composición de la comisión de mediación prevista en el acuerdo tiene lugar en su calidad de organizaciones más representativas con implantación en el ámbito del conflicto. Por todo ello, el requisito de mediación previa obligatorio, como producto de la expresión de las voluntades de las representaciones de trabajadores y empresarios, se ajusta a derecho y presenta eficacia erga omnes al poseer aquel la naturaleza de un convenio colectivo estatutario, no limitando el contenido esencial del derecho de huelga.
Resumen: En la resolución examinada, la Sala de suplicación se pronuncia sobre la pretensión de la empresa demandante que acciona contra la representación legal de los trabajadores por entender que la huelga llevada a cabo con motivo del traslado del centro de trabajo a otra localidad, supuso un abuso del ejercicio del derecho a la huelga, fue desproporcionada y convocada con mala fe, con grave perjuicio para la producción. Frente a dicha reclamación la Sala de suplicación recuerda la doctrina constitucional que configura el legitimo ejercicio del derecho de huelga y examina las concretas circunstancias en las que se produjo el conflicto laboral origen de las presentes actuaciones, llegando a la conclusión de que más allá del lógico perjuicio que el ejercicio del DF causo a la empresa, en modo alguno puede entenderse el mismo como grave o desproporcionado, teniendo en cuenta no solo las proporciones económicas del daño en la facturación anual total, sino el hecho de que fue la empresa la que unilateralmente decidió parar la producción con el consiguiente efecto en la misma.
Resumen: De los hechos se desprende no sólo que en la empresa prestan servicios un número similar de hombres y mujeres en las distintas categorías sino que , y esto es lo relevante , conforme a la descripción que de las distintas categorías hace el Convenio se constata que existen elementos diferenciadores que objetiva y proporcionalmente justifican el diverso régimen retributivo que se impugna que , además , fue consensuado con el Comité de Empresa, sin que se constate indicio alguno de discriminación , directa ,indirecta o por asociación.
Resumen: El importe de dicha paga fue fijado, mediante sentencia firme de esta Sala de 26 de enero de 2021 , para el año 2013 en 1.419,65 con euros. La determinación de ese importe tuvo en cuenta el contenido del acuerdo del Sercla de 17 de febrero de 2012. Posteriormente, en el acuerdo de fin de huelga alcanzado en el Sercla el 22 de marzo de 2013 se estableció que el importe de dicha paga en 2014 sería de 1.119,65 euros, no estableciéndose previsión alguna para los años posteriores. Y en el acuerdo entre la empresa y el comité de huelga de 15 de marzo de 2016, se acordó que dicha paga pasaría a denominarse transitoriamente "pago a cuenta de sentencia del Juzgado de lo Social número 12, autos 7/2016 ", y ascendía a 867,91 euros brutos para un trabajador con jornada completa. En ese procedimiento 7/2016, seguido a instancia de la empresa demandada, recayó sentencia firme mediante la que se declaraba que era aplicable en la empresa el referido Convenio Colectivo 2012-2012con las modificaciones del mismo derivadas de los acuerdos suscritos en el Sercla entre empresa y comité de huelga el 17 de febrero de 2012 y el 23 de marzo de 2013. Es decir, que la paga de productividad para 2015 y años siguientes continuaría siendo de 1.419,65 euros.La cantidad neta de ese importe deberá ser incrementada con el interés anual del 10% desde la fecha de la obligación de pago de la misma, es decir el 31 de enero del mes de enero del año siguiente al que corresponde la paga.
Resumen: La empresa demandante solicitó la declaración de ilegalidad de la huelga indefinida convocada en la misma, alegando la inexistencia de reclamación previa alguna y de la convocatoria de la asamblea de trabajadores, así como intervención alguna de los representantes de los trabajadores. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la empresa demandante, concluye que el convenio colectivo no exigía acudir a la comisión paritaria, pero aprecia falta de implantación suficiente del sindicato convocante de la huelga, con lo que revoca la sentencia recurrida y declara la ilegalidad de la huelga
Resumen: El hecho de que el trabajador tenga asignada la categoría de operario de matadero no confiere a la empresa una facultad incondicionada para proceder a ubicarlo en cualquier destino sin respetar las condiciones que hasta entonces, y con la aquiescencia de la empresa había disfrutado. El cambio le priva de la retribución correspondiente al plus de penosidad que percibía en la sección del Vivo, debe realizar diariamente media hora más de trabajo efectivo sin percibir por ello retribución alguna, y debe realizar funciones distintas a las desempeñadas hasta entonces, siendo lo cierto que estas variaciones afectan de forma sustancial, cualitativa y cuantitativamente, a sus condiciones laborales, conformando una modificación sustancial de condiciones de trabajo. La vinculación laboral del demandante se encontraba sometidas a determinados condiciones de jornada, funciones, horario y retribución, y tales condiciones no pueden ser modificadas si tienen carácter sustancial, sin seguir los condicionante legales necesarios para ello.Para que a una decisión modificativa adoptada por el empresario pueda atribuírsele el carácter de sustancial, lo primero que hay que exigir es que esa condición se encuentre así establecida a favor del trabajador, bien en su contrato, bien en pactos o acuerdos colectivos, o bien que se haya disfrutado por aquel en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
Resumen: La paga de productividad se abona el 31 de enero del mes de enero del año siguiente al que corresponde la paga, con lo que el pago inicial se habría producido el 31 de enero de 2014 y cuando se presentó la demanda de conflicto colectivo en diciembre de 2014 no había transcurrido el plazo de prescripción de un año.Tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así , tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno.
Resumen: La sentencia recuerda los precedentes jurisprudenciales en la materia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la propia Sala. Con ese fundamento se analiza la resolución impugnada a la vista de las alegaciones de la parte actora y se concluye que el apartado de la resolución relativo a los vuelos insulares con la península, incurre en un defecto de motivación que se concreta en la violación de los principios de razonabilidad y la proporcionalidad. De entrada, la fijación del porcentaje del 90% es fruto de una proyección teórica y no se realiza sobre vuelos y datos concretos y efectivos, sin tener en cuenta, además, que las rutas aéreas en cuestión estaban servidas también por otras compañías, extremo de particular importancia y que debió necesariamente tenerse en cuenta dado el carácter singular de la insularidad.
Estas deficiencias bastan para concluir la falta de motivación, omitiéndose el examen de datos esenciales con base en un análisis puramente teórico de los datos e hipotético sobre el comportamiento del consumidor.
No se analizan para los vuelos peninsulares las posibilidades de transporte alternativas como el tren de alta velocidad. A ello se suma el hecho de que la resolución deja en manos de la empresa la concreción de decisiones tan relevantes como determinación de la plantilla necesaria para la cobertura de los servicios mínimos y la concreción de los vuelos protegidos, asumiendo la empresa la competencia del Ministerio.
Resumen: El trabajador demandante, miembro del comité de huelga, fue despedido disciplinariamente por su inasistencia a los servicios mínimos a los que fue convocado por la empresa demandada en el curso de una huelga legal convocada en la misma. En la demanda impugna ese despido alegando que vulnera sus derechos fundamentales de libertad sindical y huelga. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda y declara el despido procedente. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del demandante, concluye que han quedado probados los hechos imputados al demandante, que son constitutivos de falta muy grave y que no ha quedado probado que el despido guarde relación con la condición del demandante de miembro del comité de huelga, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La Audiencia Nacional estima la demanda de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO-Servicios) declarando vulnerado su derecho de libertad sindical por la empresa Decathlon España S.A al no entregar la información requerida por los Delegados Sindicales, negarse a la colocación de un tablón de anuncios en los centros de trabajo, cumpliendo dicha obligación solo en un centro y tras requerimiento de la Inspección de Trabajo; denegar el crédito sindical a los representantes que lo solicitaban y llevar a cabo prácticas contrarias a dicho derecho sostenidas en el tiempo, siempre frente al sindicato actor. Se impone el abono de una indemnización de 30.000 euros, dada la gravedad y reiteración de las conductas, así como una multa por temeridad de 3.000 euros ante las manifestaciones efectuadas en la contestación de la demanda carentes de relevancia alguna que no hicieron sino minar la paciencia de la Sala.
