Resumen: En un caso en el que se formuló demanda frente a una comunicación empresarial que se limitaba a despedir al demandante y sin indicación de causa, fijándose un finiquito, el Juzgado consideró improcedente el despido y asumiendo que no procedía readmisión alguna pro cese o cierre empresarial, condenó a la empresa a abonar una indemnización por despido improcedente considerando como día final para su cálculo el de la fecha del despido, sin fijar salarios de tramitación, aparte de la condena al pago del finiquito. Citando diversa jurisprudencia al efecto, la Sala estima el recurso del trabajador demandante, el cuál solicitó la extinción de la relación laboral en la misma sentencia de despido, alegando cese o cierre empresarial. La Sala asume que esa indemnización se debe calcular considerando la fecha de la sentencia como el día final del cómputo del plazo a indemnizar por despido improcedente, procediendo, así mismo, los salarios de tramitación mediantes desde la fecha del despido y hasta tal momento. Recuerda, también, que la posibilidad de anticipar la opción extintiva al momento del juicio oral para el caso de despido improcedente, es facultad de la empresa o del Fondo de Garantía Salarial reconocida de antiguo en el proceso laboral.
Resumen: Conflicto colectivo planteado por la Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies (ACEA) pretendiendo declaración de huelga ilegal y abusiva, desestimado por sentencia de la sala de instancia que ahora confirma el TS. Aunque su objeto inicial era, como punto 1º, la no aplicación del recorte salarial anunciado por la patronal ACEA en concepto de "a cuenta de convenio", en la nómina del mes de septiembre y sucesivamente, lo que podría ir contra lo acordado previamente ante el Tribunal Laboral de Cataluña, dicha reivindicación se retiró, manteniéndose solamente el punto 2° referido a la reivindicación de un plan real de equiparación de las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario en Cataluña con las condiciones del convenio colectivo de trabajo para la empresa pública del Sistema de Emergencias Médicas. La huelga no es ilegal porque su objeto sea reclamar la equiparación con el sector público, aunque ello pueda afectar a lo pactado colectivamente sobre el recorte salarial, dado que se trata de una reivindicación más general. Y en cuanto al carácter abusivo de la huelga por ser intermitente, se rechaza porque no hay hechos probados que lo demuestren.
Resumen: El trabajador demandante fue sancionado disciplinariamente, por falta muy grave, en relación con los hechos ocurridos durante la celebración de una huelga en la empresa demandada. En la demanda se solicita la declaración de nulidad de la sanción por vulneración de derechos fundamentales. La sentencia del Juzgado de lo Social ha estimado la demanda y ha declarado la nulidad de la sanción condenando a la empresa a una indemnización de mil quinientos euros. La Sala, al analizar los recursos de suplicación de demandante y demandada, concluye que como la falta muy grave no fue confirmada judicialmente solo cabe recurso por cuestiones relativas a la vulneración de derechos fundamentales y, por ello, inadmite los dos recursos, en los que se planteaban cuestiones de esa índole.
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestima su demanda de despido y declara ajustada a derecho la decisión empresarial de extinguir por vencimiento de la duración pactada de su contrato de trabajo de fomento de empleo para personas discapacitadas. La Sala de lo Social desestima el recurso, pues si bien existe un indicio de vulneración del derecho a libertad sindical y huelga, y tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, en la no renovación del contrato, dada su intensa labor sindical días antes de la extinción contractual, invertida la carga de la prueba, la empresa acredita las razones que justifican la extinción, ya que la decisión empresarial se debió a la práctica habitual de no contratar a sus trabajadores mediante el contrato de fomento de empleo para personas discapacitadas más allá del periodo mínimo de contratación; además, la labor sindical del actor se intensificó cuando supo que no le iba a renovar el contrato.
Resumen: Al tratarse de profesionales que en el desempeño de sus funciones eventualmente se exponen a situaciones especiales de contagio, a la hora de intervenir en un asentamiento de temporeros, en el que se había detectado un brote de COVID-19, si bien como exige el criterio jurisprudencial analizado, es requisito inexcusable acreditar que los incumplimientos que se atribuyeron a la entidad empleadora, provocaron riesgos graves y ciertos, para la vida e integridad física del ahora demandante, de forma tal que pudiera concretarse en efectos dañosos que pudieran relacionarse con la previa situación de riesgo, sino de manera segura, si al menos con un grado de probabilidad suficiente .No existe daño asociado al padecimiento del COVID como consecuencia de la participación en la contención de los disturbios pero, a diferencia de uno de los casos anteriormente considerados, en el que solo existía una baja de tipo profiláctico, que por lo tanto no solo no afectaba a la libertad deambulatoria de los interesados, sino que incluso implicaba un descanso en el trabajo, en este supuesto sí existe un confinamiento, que implica el inevitable perjuicio derivado de impedir aquella libertad deambulatoria.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso empresarial contra la sentencia que estima la demanda del despedido que impugna el despido objetivo acordado por la demandada y basada en causas organizativas y productivas relacionadas con la situación de de pérdidas que genera la tienda en la que trabajan el demandante y otras cuatro personas. El Juzgado consideró que el cierre del local no estaba basado en la pura conveniencia empresarial, sino que estaba justificado, si bien no lo estaba la amortización del centro de trabajo, puesto que no se probaba que habría un personal excedente en la empresa. La Sala estima el recurso, luego de señalar jurisprudencia relativa a la justificación de la racionalidad de la medida y entender que, por ello, justificado el cierre del centro de trabajo, no era la empresa la que debía acreditar aquel exceso, sino el trabajador demostrarlo, destacando que no existe contratación a posteriores de personal de la misma categoría profesional del despedido, a diferencia del caso resuelto en una sentencia de Tribunal Superior de Justicia que se citaba en la resolución recurrida de suplicación.
Resumen: La Sala precisa que a nulidad del acta de infracción por la Resolución de 18-07-23 es irrelevante porque la SJS considera otras medios probatorios para resolver el conflicto, indica que el RD-L 17/1977 prohíbe el esquirolaje externo al indicar que la empresa no puede sustituir a los huelguistas por empleados que no estuvieran vinculados a la empresa al tiempo de comunicar la huelga para evitar los efectos de la huelga al emplear a trabajadores externos para continuar las actividades laborales y respecto a los 3 empleados contratados indica que la sustitución de Dª Esmeralda, no procedía porque la sustituida estaba en huelga y había sufrido un traumatismo, que la sustitución de Leocadia no se produce de inmediato tras su baja voluntaria, sino cuando se reanudó la huelga, lo que pone de manifiesto que el objetivo era reducir los efectos de la huelga y que la sustitución de Lucas -en huelga- que es coordinador se efectúa por un peón, careciendo de congruencia, por no estar calificado para desempeñar esas funciones y respecto al esquirolaje interno que se produce cuando se utilizan trabajadores vinculados a la empresa para reemplazar a huelguistas, el TS y el TC han señalado que esto constituye un abuso de poder directivo, ya que vacía el contenido del derecho de huelga al desactivar la presión asociada a su ejercicio, habiendo realizado los coordinadores durante la huelga, la apertura de las instalaciones deportivas, tarea que normalmente no les correspondía.
Resumen: El Juzgado de instancia desestima la demanda de varios trabajadores contra la empresa MERCEDES BENZ ESPAÑA y absuelve a ésta de las peticiones deducidas. La Sala analiza el recurso de suplicación de los trabajadores demanantes, que denuncian la infracción del art. 28 CE, entendiendo que la práctica empresarialde descontar en los días en los que se ejercitó el derecho de huelga, sin que se sumasen ocho horas en la cuenta flexible de aquellos trabajadores que ejercitaron su derecho de huelga en sábados activados, limita el derecho de huelga. La Sala razona: a) sobre el derecho fundamental de huelga, en los términos de la doctrina constitucional y ordinaria; b) que, en el caso, no previendo el Convenio nada sobre el supuesto, como sí se ha llevado a cabo para la cuenta flexible, es una extralimitación peyorativa respecto a un derecho constitucional; c) que la eficacia de los derechos de la Constitución debe ser íntegra y máxima, de tal forma que no es idóneo el que el trabajador reciba un trato diferenciado respecto a quienes llevan a cabo la jornada activada sin ejercitar su derecho de huelga, a los que sí se les ha computado ocho horas en la cuenta flexible, mientras que a ellos - a los que participan en la huelga-, descontándoseles el salario, sin embargo, no han recibido el beneficio que si hubiesen trabajado les hubiera correspondido. Se estima el recurso y se declara la vulneración del derecho de huelga, con condena de la demandada a abonar la indemnización de 30.000 euros
Resumen: La resolución impugnada sostiene que de acuerdo con la programación de vuelos disponible, está previsto que, en los días y aeropuertos afectados por la huelga, se operen más de 27.270 vuelos, con una oferta de asientos superior a los 4,34 millones. Establece la esencialidad de los servicios de transporte aéreo, y el carácter esencial del turismo para el PIB nacional. El criterio para la imposición de servicios mínimos se basa en establecer el porcentaje de controladores que deben acudir al puesto de trabajo para que el porcentaje de vuelos protegidos permita garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. El porcentaje de vuelos a proteger se calcula empleando junto con el porcentaje de pasajeros a reubicar, el factor de ocupación de los en cada aeropuerto para el periodo en el que está convocada la huelga. Las estimaciones de los factores de ocupación se realizan basándose en los datos disponibles inmediatamente anteriores a la huelga y variaciones entre meses de un año normalizado. Así se determinan los servicios mínimos en función del tipo de vuelo. La Sala considera que la resolución impugnada no fija ni motiva de modo justificado y suficiente, el número o porcentaje de personal necesario para su prestación; delegando y dejando abierta la limitación subjetiva del ejercicio del derecho de huelga a la decisión de la parte empresarial concernida en el conflicto colectivo. Se omite de esta forma la necesaria motivación que es exigible.
Resumen: La resolución impugnada contiene en su motivación la justificación de los servicios mínimos establecidos para cada centro de trabajo, fijando unos porcentajes con fundamento en una serie de circunstancias y criterios debidamente concretados que se analizan en la resolución. Se tiene en cuenta, entre otras circunstancias, que para los días y aeropuertos afectados por la huelga existía la previsión de que operasen cerca de 48.000 vuelos, con una oferta de asientos de 7,6 millones; que la convocatoria de huelga se desarrollaba en paralelo con otras huelgas en el sector de transporte aéreo, para las que también se han fijado servicios mínimos. Ahora bien: lo que se fija es el porcentaje de vuelos protegidos para cada aeropuerto afectado, en el periodo de huelga, sin fijar porcentaje alguno respecto de la plantilla que habría de atender la prestación de los servicios mínimos, dejando esa determinación en manos de las empresas. De manera que no es posible conocer ni siquiera aproximadamente, el número o porcentaje de trabajadores afectados, cuántos se verán llamados a prestar servicios mínimos, y cómo se asignarán en las operaciones a realizar por las empresas que prestan el servicio de control de tráfico aéreo, cuyos trabajadores secunden la huelga, lo que a juicio de la Sala constituye una inconcreción incompatible con las exigencias de los principios de motivación y proporcionalidad. No procede indemnizar al Sindicato recurrente, que no ha acreditado el daño.
