Resumen: La Audiencia condena al acusado como autor de los delitos de robo con intimidación con uso de arma y de estafa. Valor de las declaraciones de los denunciantes. El reconocimiento fotográfico y en rueda. Las grabaciones de cámaras de seguridad. Valoración de la prueba practicada y presunción de inocencia. La utilización de la tarjeta bancaria de las víctimas para extraer dinero como estafa. Elementos de los delitos enjuiciados y de sus circunstancias de agravación. El uso de arma equivale a su empleo o exhibición siendo generador de un mayor riesgo o peligro para la víctima. Delito de estafa impropia mediante utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo. Posibilidad de concurso de normas entre el robo violento y la estafa impropia cuando ha existido unidad de acto. La agravante por multirreincidencia y la drogadicción como atenuación. Individualización de la pena.
Resumen: Delito de estafa. Aprovechamiento de la pérdida de capacidades cognoscitivas de la víctima para engañarla y obtener pagos reiterados y periódicos de dinero. Concurrencia de las agravantes específicas relativas al valor de la defraudación y a la situación económica en que dejó a la víctima. Análisis doctrinal. Elementos del delito. El engaño antecedente como esencia del tipo.
Resumen: En la alzada se estima el recurso interpuesto por quien fue condenada como responsable de un delito leve de estafa y se acuerda en consecuend¡cia su absolución. Se denuncia error en la valoración de la prueba porque el hecho probado no es subsumible en el tipo de estafa con el que se calificó. Reseña el Tribunal que cuando tras contratar los servicios sexuales los mismos no se prestan porque no acude el denunciante y es luego, dos días después, cuando recibe las llamadas que la reclamaban el precio concertado y advirtiéndole de que si no pagaba iban a ir a por él (a su trabajo, su casa, que le iban agredir y partirle las piernas) es obvio que el desplazamiento patrimonial que realizó a modo de pago de lo que se le reclamaba no tuvo lugar por ningún engaño, sino porque fue conminado para ello, y eso calificaría un delito de amenazas pero no una estafa, y de aquel no se acusó.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248.1 y 250.1.5º del Código Penal. Principio de intervención mínima. El principio de intervención mínima constituye un programa de política criminal y no un criterio de aplicación de la norma penal. Presunción de inocencia. Ámbito del recurso de casación tras la reforma de la Ley 41/2015. No puede consistir en una simple reiteración del contenido de la impugnación realizada en el recurso de apelación. Presunción de inocencia. La Sala confirma la existencia de prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia. Error en la valoración de la prueba. Doctrina de la Sala sobre el error facti del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Contradicción en los hechos probados. Estafa. El engaño debe ser idóneo para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error. Individualización de la pena en el delito continuado. El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007 dispone que: «El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera del art. 74-1º solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración».
Resumen: La Audiencia absuelve a la acusada de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal por los que fue objeto de acusación. Estudio de los elementos de los diferentes delitos objeto de acusación y de sus diferencias, especialmente, entre la estafa y la apropiación indebida y entre esta y la administración desleal. La prueba acerca de la validez del documento por el la acusada extrajo dinero de las cuentas bancarias de su esposo que falleció al poco tiempo. Valor de la prueba testifical y de la pericial caligráfica sobre la autoría de la firma del documento. La previa autorización para realizar extracciones de dinero de una cuenta bancaria excluye los delitos objeto de acusación.
Resumen: Se aparentó la utilización de los fondos recibidos en una inversión inmobiliaria de cuya existencia no existe rastro alguno. Generada la confianza en el denunciante, el acusado logró que éste le transmitiera hasta un total de 140.000 euros que no devolvió pese a los múltiples requerimientos que le fueron efectuados limitándose a lo largo del tiempo a firmar reconocimientos de deudas y a sustituir los pagarés impagados. Existía una causa legítima (fallecimiento del testigo) que impida reproducir la declaración en el juicio oral. El testimonio incorporado había sido prestado ante el Juez de Instrucción. El contenido de la declaración sumarial fue introducido en el acto del juicio oral, acto en el que el Ministerio Fiscal solicitó que se reprodujera la declaración al amparo de lo dispuesto en el art. 730 LECrim , como así se verificó. Conforme puede comprobarse en las actuaciones, el Letrado no participó en el interrogatorio sumarial del testigo. Ello no obstante, prestó su conformidad con la petición efectuada por el Ministerio Fiscal sobre la visualización de la declaración del testigo, manifestando expresamente que la misma era relevante para su defensa. Si la reparación total (cuando realmente se produzca) se considerara sistemáticamente como atenuante muy cualificada, se llegaría a una objetivación inadmisible y contraria al fin preventivo general de la pena normalmente prevista por el legislador, exigiéndose por ello que concurra un plus que revele una especial intensidad.
Resumen: Los Tratados de Extradición no exigen la denuncia previa ni tampoco excluyen de la extradición los delitos semipúblicos ni aquellos que exijan la interposición previa de denuncia. Competencia de los tribunales estadounidenses ara enjuiciar los hechos: la práctica totalidad de los actos delictivos que se le imputan se habrían producido en el territorio de Estados Unidos, con lo que es irrelevante que el ahora recurrente tuviera su residencia en el Reino Unido o que hubiera sido desde allí el lugar donde llevó a cabo sus actuaciones. Activación de la noticia roja que no es causa de denegación de la extradición. Riesgo de tratos inhumanos y degradante que no se aprecia. La distinta penalidad no es motivo de denegación de la extradición. No corresponde al Tribunal de la extradición inquirir sobre la suficiencia de los indicios que sustentan la imputación.
Resumen: INTRUSISMO Y ESTAFA: percepción de honorarios por servicios como abogado y prestación de servicios de esta naturaleza sin licenciatura ni colegiación. RECURSO DE APELACIÓN: es un nuevo juicio limitado por el principio de la inmediación. PRUEBA DE CARGO: credibilidad de los denunciantes y prueba documental sobre actuaciones y cobros. INTRUSISMO: actuación aparentando una condición profesional que no se tiene, y que no justifica las actuaciones personales de los perjudicados ni pueden achacarse a la omisión de la debida diligencia del notario ante el que el acusado les representó.
Resumen: Acreditada la intervención del coimputado en el delito de estafa que se le imputaba, al reconocer haberse encontrado una tarjeta de débito y haberla utilizado en tres ocasiones, considera la sentencia que aunque la imputación realizada a la denunciada no se fundamenta en prueba directa, ello no impide afirmar la realidad del hecho mediante un mecanismo inferencial a partir de los indicios suministrados por la actividad probatoria desarrollada en la instancia, resultando poco verosímil la explicación ofrecida por la misma referida a que desconocía que se estaba utilizando una tarjeta distinta en varias operaciones cuando se alega la eximente incompleta de estado de necesidad por la precaría situación en que se encontraba, lo que resulta incompatible con el argumento de la posesión de otra tarjea de crédito con fondos suficientes. Ninguna actividad probatoria se ha llevado a cabo para probar la concurrencia de la eximente incompleta de estado de necesidad que se alega, al no constar acreditada la real situación económica de los denunciados, ni el medicamento que se adquirió en la farmacia ni la necesidad de utilización del vehículo de motor propiedad de uno de ellos que justificase la necesidad prioritaria de suministrarle combustible, por lo que el recurso se desestima.
Resumen: Condena a un recurrente como cooperador necesario en un delito de alzamiento de bienes. Procede estimar el motivo y declarar su absolución. Es condenado por haber colaborado con uno de los condenados. Lo que el tribunal ha deducido es que, para los fines del autor de los hechos, necesitaba la colaboración del recurrente, para sacar del mercado los bienes sobre los que no quería que se ejecutaran sus deudas, ya que resulta imposible llevar a cabo la ficción de constituir trabas o ventas sobre sus bienes, si no es con la colaboración de terceros. Pero esto no se ha probado y nada se menciona de ello en los hechos probados. No es preciso que el "extraño" tenga intención de defraudar a los acreedores del deudor, con tal que conozca que, con su participación, coopera a dicho resultado. Y esto no consta en el factum. En cuanto al recurso de la acusación particular se desestima, pues no hay referencia en los hechos probados de un relato que permita subsumir los hechos en el delito de estafa procesal que postulaba el recurrente.
