Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la acción ejercitada para impugnar la filiación y dejar sin efecto la declaración de paternidad atribuida al demandante. El tribunal de apelación desestimó la demanda y confirmó la sentencia recurrida. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales sobre el plazo establecido para el ejercicio de accione de impugnación de la paternidad: no se inicia si el marido desconocía y no podía sospechar que no era el padre. En el caso concreto, el tribunal considera acreditado que el demandante no tuvo conocimiento cierto y cabal de su paternidad hasta marzo de 2021, cuando se lo comunicó la madre de quien fue inscrito como hijo suyo, sin que hasta la presentación de la demanda hubiera transcurrido más de un año, por lo que el tribunal no considera caducada la acción. Al ser la caducidad el único motivo de impugnación, el tribunal la rechaza y confirma la sentencia recurrida.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso planteado contra la resolución autonómica, por la que se acuerda incoar procedimiento de protección de la legalidad urbanística en relación con los actos de edificación y uso del suelo realizados, se acuerda la inmediata suspensión de los actos de edificación y uso del suelo en cuestión, ordenando la inmediata paralización de las actuaciones que se venían realizando; y requerir a los propietarios para que, en el plazo de dos meses, solicitasen ante el Ayuntamiento la legalización de los actos en cuestión. Se trata de terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido, bajo afección sectorial de la Red Natura 2000. Se reconoce que los recurrentes han realizado actos de edificación en suelo no urbanizable de protección, sin haber solicitado y obtenido licencia, sin haber acudido a un procedimiento de calificación urbanística y sin ningún título urbanístico habilitante. En cuanto a la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, se considera que no hay prueba de ello, ya que es indispensable demostrar que la edificación estaba totalmente concluida y lista para el uso pretendido, lo que no se sigue, ni de los recibos de IBI aportados, ni de las fotografías aéreas adjuntas a la demanda. La prueba articulada por los recurrentes no ha acreditado la efectiva terminación de las construcciones efectivamente existentes en la parcela, por lo que no puede acogerse la alegación de caducidad de la acción.
Resumen: La Sentencia del TS núm. 1140/2024, resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por la TGSS y la ITSS contra una sentencia del TSJ Madrid en un caso donde la empresa Manduca Natural SL fue sancionada por una infracción grave relacionada con la Seguridad Social. En 2017 la ITSS realizó una inspección a Manduca Natural SL que culminó con un acta de infracción por la falta de alta de trabajadores. La TGSS confirmó la infracción y sancionó a la empresa con una multa de 13,129.20 euros. La empresa recurrió y el TSJ de Madrid estimó su recurso, declarando la caducidad del expediente sancionador por la dilación en la notificación del acta de infracción. Así, revocó la sanción. La TGSS e ITSS recurrieron ante el TS alegando que el plazo de caducidad debía computarse hasta la fecha del acta de infracción y no hasta su notificación, como argumentó el TSJ. El TS estimó el recurso de casación, declarando que el plazo de caducidad de las actuaciones comprobatorias debe contarse hasta la fecha del acta de infracción, no hasta su notificación. Por tanto, anuló la sentencia del TSJ de Madrid y ordenó que se dictase una nueva resolución que evaluase los restantes motivos del recurso de suplicación. No se impusieron costas.
Resumen: RCUD que presenta la empresa para determinar si el día de interposición de la demanda de despido (14-7-21) e igualmente el día de gracia siguiente (arts 45 LRJS y 135.5 LEC) han de excluirse a efectos del cómputo del plazo de caducidad (art 59.3 ET 20 días hábiles) para el ejercicio de la acción de despido (comunicado el 21-5-21). A pesar de que el Mº Fiscal observa contradicción y aplicable la doctrina referencial, el TS declara la falta de contradicción de la sentencia de contraste por tratarse de un obiter dicta, y procede a desestimar el recurso, que debió inadmitirse, pues la inicial causa de inadmisión se transforma en desestimación, aunque no declara condena en costas, sin hacer motivación específica.
Resumen: Aunque la caducidad acontece por el mero transcurso del plazo legalmente establecido, por tanto, con independencia de que exista una declaración de caducidad, la Administración Tributaria está obligada a declarar la caducidad de forma expresa, transcurrido el plazo máximo legal para notificar la correspondiente liquidación en el procedimiento de gestión tributaria iniciado por declaración. Sin declaración expresa de caducidad de un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, relativo a un determinado concepto tributario (obligación tributaria o elemento de la obligación tributaria) y período impositivo, no es posible iniciar un ulterior procedimiento de inspección respecto de dicho concepto tributario (obligación tributaria o elemento de la obligación tributaria) y período impositivo. Tampoco cabe incorporar en ese nuevo procedimiento los documentos y elementos de prueba obtenidos en el procedimiento caducado.
Resumen: Anulada una comprobación de valores realizada en el procedimiento de verificación de datos, asi como una posterior liquidación (por falta de motivación) y una tercera (por caducidad), dicta la Comunidad una cuarta liquidación. La resolución judicial (segunda liquidación) anuló la comprobación de valor por falta de motivación, y ello implicaba una retroacción de actuaciones al mismo procedimiento para subsanar aquel defecto formal, en el plazo que restara de seis meses a fecha de la infracción. El tercer procedimiento caducó, por lo que lo actuado carecía de eficacia interruptiva. Ello determina la prescripción del derecho a liquidar.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda interpuesta por CSIF, a la que se adhieren los Sindicatos USO, CCOO, CGT y UGT, frente a la empresa CAPGEMINI ESPAÑA S.L. Se reclamaba en la demanda el reconocimiento del derecho a no recuperar el tiempo indispensable de ausencia tras el disfrute de un permiso retribuido de asistencia al médico afirmando la existencia de una condición más beneficiosa a favor de los trabajadores procedentes de la empresa ALTRAN INNOVATION S.L.U. Tras rechazarse las excepciones de inadecuación de procedimiento y caducidad se aprecia la existencia de prescripción pues la demanda se interpone tras haber transcurrido más de una año desde que dejó de reconocerse supuestamente el derecho reclamado y en todo caso lo razona en que no se acredita si quiera una condición más beneficiosa al no resultar acreditada la voluntad inequívoca de la empresa de conceder semejante beneficio manera continuada en el tiempo.
Resumen: Anulada una comprobación de valores realizada en el procedimiento de verificación de datos, asi como una posterior liquidación (por falta de motivación) y una tercera (por caducidad), dicta la Comunidad una cuarta liquidación. La resolución judicial (segunda liquidación) anuló la comprobación de valor por falta de motivación, y ello implicaba una retroacción de actuaciones al mismo procedimiento para subsanar aquel defecto formal, en el plazo que restara de seis meses a fecha de la infracción. El tercer procedimiento caducó, por lo que lo actuado carecía de eficacia interruptiva. Ello determina la prescripción del derecho a liquidar.
Resumen: La Audiencia concluye que la acción de impugnación de la filiación paterna no matrimonial había caducado, dado que había transcurrido el plazo de cuatro años establecido en el artículo 140 del Código Civil, desde que la menor comenzó a gozar de la posesión de estado. La Audiencia considera que, aunque el recurrente alegue que tuvo conocimiento de que la menor no era su hija en el año 2021, no presenta pruebas que acrediten esta afirmación. Añade que la posesión de estado debe ser constante y continua, y que, en este caso, la acción de impugnación estaba sujeta al plazo de caducidad de cuatro años, el cual ya había transcurrido cuando se interpuso la demanda en septiembre de 2022. Se confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia, desestimando la impugnación de la paternidad.
Resumen: La retroacción de las actuaciones cuando se anula una liquidación tributaria por un vicio de carácter formal tiene que hacerse, no al momento en que se notificó la liquidación, sino al momento en que se produjo el vicio detectado.En el presente caso entendemos que la caducidad sí se ha producido, pues la retroacción de las actuaciones debe de hacerse al momento en que se cometió el vicio detectado por el TEAR, y que aquí lo fue en la valoración pericial que acompañó al acuerdo de 21/08/2015 que resolvió el recurso de reposición; valoración que sustituyó a la primera. Aun situando el cómputo del plazo de caducidad en la fecha en la que se dictó la primera liquidación (14/10/2011), en cuanto sustituida por la que se recoge en el citado acuerdo, resulta que cuando se notificó la última liquidación, en el mes octubre de 2018, ya se había superado el plazo de caducidad.
