Resumen: Ha existido prueba de cargo válida, practicada en la vista oral con todas las garantías, y suficiente en los términos exigidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia de la recurrente y no ha existido duda alguna para la juez a quo en la ponderación de las misma. El denunciado estuvo asistido en juicio por letrado, conoció los hechos por lo que era denunciado, propuso prueba y la prueba practicada se celebró en su presencia, habiéndose valorado por el juez de Instancia tanto la prueba de cargo como la de descargo, por lo que en la alzada se discrepa de las manifestaciones que se realizan en el recurso en relación a que el denunciado no conocía la acusación, no ha habido contradicción y no ha podido defenderse. No se exige que el propietario del inmueble requiera al ocupante ilícito a desalojar el inmueble, consumándose el delito desde el momento de la ocupación sin autorización previa. El documento aportado por el denunciado no es suficiente para acreditar la relación arrendaticia que invocaba. El juez a quo realiza un minucioso examen del documento concluyendo que no puede hacer prueba al respecto. Se trata de un contrato fácil de confeccionar o conseguir y de cuya validez se duda desde el primer momento, y no se acompaña de ningún sello, que, sin ser una exigencia legal, es una práctica habitual, que viene a reforzar la aparente intervención legítima de una empresa o entidad.
Resumen: Confirma la condena por delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y la absolución por el delito de usurpación de estado civil. Se interpone apelación por la acusación particular interesando la condena por el delito de usurpación de estado civil y por la indebida aplicación de las atenuantes y la no aplicación de la agravante de reincidencia. En el delito de usurpación de estado civil no basta una suplantación momentánea (para un acto concreto) y parcial, no basta con usar un nombre y apellidos de otra persona, sino que es preciso continuidad y persistencia, asumiendo la total personalidad ajena y ejercitando sus derechos y acciones dentro de su ámbito familiar y social, circunstancia que no sea en el caso. La atenuante de confesión requiere que: a) la infracción penal se confiese ante autoridad judicial o agentes encargados de la investigación; b) la confesión sea veraz, al menos en los elementos esenciales del hecho delictivo; c) la confesión sea vertida por el propio sujeto responsable del delito, aunque utilice a otras personas para hacer llegar esa confesión a las autoridades; y d) la colaboración debe darse antes de conocer que el procedimiento, incluidas las primeras diligencias policiales, si bien puede darse no respetándose el requisito temporal si el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración relevante. Se aplica la atenuante de reparación del daño que exige que sea anterior a la sesión del juicio y relevante.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. El delito de ocupación pacífica de inmueble, cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario en su conjunto, abarcando su disfrute pacífico y la ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión, el dominio o cualquier otro derecho real u obligacional sobre los mismos, requiere: a) ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia, si constituyese morada el ilícito sería un delito de allanamiento de morada; b) que la ocupación conlleve riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo, siendo atípicas penalmente las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad; c) que el ocupante carezca de título jurídico que legitime su posesión, si hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aun temporalmente o como precarista, el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión; d) voluntad contraria a tolerar la ocupación, antes o después de producirse, no siendo necesario un requerimiento previo de desalojo y bastando con la interposición de la denuncia; e) dolo, conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere: a) ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia, siendo atípicas las ocupaciones transitoria u ocasionales (ej. para dormir); b) que la ocupación conlleve un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, siendo irrelevantes penalmente las ocupaciones de inmuebles abandonados, ruinosos o inhabitables; c) que el ocupante carezca de título jurídico que legitime su posesión, si ha sido autorizado para ocupar el inmueble, aun temporalmente o como precarista, el titular deberá acudir al ejercicio de acciones civiles para recuperar su posesión; d) voluntad contraria por parte del titular del inmueble a tolerar la ocupación, antes o después de producirse la ocupación, no siendo necesario un requerimiento fehaciente de desalojo y bastando con la interposición de denuncia; y e) dolo, conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización, además de la voluntad de afectar el bien jurídico tutelado. No se aprecia el estado de necesidad, al no constar que la denunciada tuviese angustiosa necesidad, ni que haya solicitado una ayuda o una vivienda social. Se fija la cuota diaria de multa en 4,- €., no precisando de especial motivación al estar próxima al mínimo legal imponible.
Resumen: Apela la denunciada el Auto que acuerda, el desalojo de las personas que se encuentren en el interior del local propiedad de la denunciante. Expone que ocupa el citado local desde hace unos 7 meses junto con su marido y sus hijos menores, alegando que la familia se encontraba en una situación precaria de evidente vulnerabilidad, sin posibilidad de encontrar otra solución habitacional, por lo que solicita paralizar el desalojo forzoso. La Audiencia desestima el recurso. Las actuaciones se siguen por un presunto delito de usurpación de inmueble del art. 245.2 CP, habiéndose acordado el desalojo a fin de evitar la continuación de la comisión del ilícito, de naturaleza permanente, así como para proteger a los perjudicados, constando la existencia de los dos requisitos para su adopción: 1-el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, pues existen suficientes indicios de la comisión del delito, habiendo reconocido la denunciada que ocupa el local, del que es titular registral la denunciante. 2 -el periculum in mora: o peligro de que continúe esta ocupación, estando la propietaria obligada a pagar el alto gasto de luz que realizan los denunciados con grave riesgo de incendio ya que la potencia contratada de luz no permite consumos tan elevados. La medida fue adoptada en base al art. 13 LECrim. que consagra el principio de protección a los ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas, que no se limitan a las previstas en los arts. 544 bis y 544 ter.
Resumen: El delito de ocupación no violenta pretende recuperar la posesión de ahí que en principio se pueda elegir el procedimiento penal o civil para ello, pero una vez iniciado uno, no se permite, por el cambio de titular, ir al otro procedimiento con la esperanza de recuperar de forma más rápida la posesión. El objeto típico es la protección posesoria de manera que si el sujeto activo ya es conocido y está involucrado en un procedimiento que pretenda la recuperación de la vivienda habrá de ser en ese procedimiento en el que obtenga la satisfacción jurídica. No cabe un ulterior enjuiciamiento cuando el mismo hecho ha sido ya enjuiciado en un primer procedimiento en el que se ha dictado una resolución con efecto de cosa juzgada. La prohibición de sometimiento a nuevo proceso no se establece expresamente en la norma constitucional o procesal, y que tanto la doctrina constitucional como la menor de las Audiencias Provinciales la acogen de una forma que no es absoluta, sino vinculada al principio de cosa juzgada, en el sentido de que no procede ulterior enjuiciamiento cuando el mismo hecho ha sido ya enjuiciado en un primer procedimiento en el que se ha dictado una resolución firme o auto definitivo, entendiendo que se producen los efectos de la cosa juzgada. En consecuencia, se debe estimar el recurso y dejar sin efecto la condena y absolver libremente a la apelante, con todos los pronunciamientos favorables.
Resumen: En el juicio no se practicó prueba de cargo suficiente como para dar por probada la presencia de la totalidad de los elementos típicos del delito de usurpación, toda vez que las únicas pruebas que se practicaron en dicho acto fueron las declaraciones de los denunciados, de las que no cabe extraer que hubiese existido una vocación de permanencia en la ocupación de la vivienda, máxime cuando afirman que únicamente estuvieron en ella uno o dos días y que se marcharon en cuanto los agentes acudieron a identificarles, añadiendo que cuando entraron la vivienda estaba abierta y sucia y que pensaron que estaba abandonada, sin que ninguna otra prueba se haya practicado en el juicio que permita dar por probado lo contrario. No se propuso como prueba para el juicio la declaración del legal representante de la mercantil denunciante, ni tampoco la declaración de los agentes policiales, ni prueba documental alguna que tuviera que ser tomada en consideración a la hora de dictar la sentencia. Es de destacar que en el relato de hechos probados de la sentencia apelada tampoco se indica periodo alguno de ocupación de la vivienda por parte de los denunciados ni se desprende de dicho relato que la ocupasen con vocación de permanencia, no resultando admisible acudir a la fundamentación jurídica de la sentencia apelada para completar así, en perjuicio de los acusados, lo que debió hacerse constar en el relato de hechos probados y no en la fundamentación jurídica.
Resumen: Considera el Tribunal que la prueba consistente en la declaración de los funcionarios de Policía prestados en el acto del juicio únicamente es apta para acreditar que los acusados accedieron a una nave industrial, pero no lo es para probar cómo lo hicieron y cuál era su intención, por lo que no hay prueba de cargo suficiente para basar en ella la condena de los acusados, los cuales podrían haber entrado en la nave con algún ánimo distinto al de apoderarse de los objeto de valor que en la misma hallaran, por ejemplo, con ánimo de ocupar la nave o cobijarse en ella, sin que haya quedado probado que fueron ellos los que forzaron la entrada de la misma, lo que impide que sean condenados como autores de un delito de robo con fuerza, único delito por el que venían acusados, sin que su conducta pueda integrarse en un delito de usurpación de inmueble, al no existir homogeneidad entre este delito y el delito de robo con fuerza en las cosas, puesto que son distintos los objetos sobre los que se cometen ambos delitos (bienes muebles en un caso, inmuebles en el otro), es diferente el dolo exigible en cada caso, (ánimo de lucro solo en el caso del robo), sin que tampoco coincida el modo de comisión del ilícito (exigiendo fuerza el robo y no requiriéndola el delito de usurpación), ni de la conducta en sí, que en un caso consiste en ocupar y en, el otro, en apoderarse, por lo que se revoca la sentencia y se absuelve a los recurrentes del delito de robo por el que habían sido condenados.
Resumen: Declara la extinción de la responsabilidad penal de un acusado condenado en sentencia de la Audiencia Provincial como responsable de un delito de tenencia de artefactos explosivos en condición de promotor, al tiempo que declaraba la absolución por un delito de conspiración para cometer un delito de atentado a agentes de la autoridad. Aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. Conductas realizadas con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña. Actos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a la independencia de Cataluña. Se admite que las conductas se realizaron en el marco de las protestas que se produjeron con ocasión de la celebración de una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, y que esas conducta se enmarca dentro del proceso independentista catalán. Aunque el tipo penal no aparece expresamente descrito entre los hechos amnistiables, tampoco aparece entre los excluidos, por lo que se entiende abarcado por la ley de amnistía al haberse desarrollado en un contexto de protesta en favor de la independencia de Cataluña.
Resumen: Siendo cierto que cuando se trata de fincas abandonadas o en estado de absoluta inhabitabilidad, ruinosas o de un solar es de aplicación el principio de intervención mínima del Derecho Penal, tales supuestos no concurren en el caso de autos. Los apelantes han desobedecido de manera constante las sentencias dictadas por los juzgados, volviendo a ocupar dicha nave tras los sucesivos lanzamientos, con lo que consta de sobra acreditada la vocación de permanencia de dichos condenados en la ocupación de dicho inmueble. De hecho, se encuentran empadronados en dicha nave desde hace tiempo. No se exige el requisito de requerimiento previo para la apreciación del delito leve de usurpación. Y, a mayor abundamiento, consta claramente la oposición de la mercantil denunciante a la entrada y ocupación de dicha nave por parte de los recurrentes con anterioridad a que de nuevo se introdujeran en la misma, como así lo demuestran las diversas sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción anteriormente referidas. La actual legislación permite al perjudicado por la ocupación de una vivienda optar bien por el ejercicio de la acción civil a través del pertinente juicio verbal de desahucio, bien la interposición de la pertinente denuncia por la comisión de un delito de usurpación. La sentencia apelada cumple suficientemente con el requisito de motivación exigido constitucionalmente, exponiendo los razonamientos tanto fácticos como jurídicos determinantes de la condena de los recurrentes.
