Resumen: Se estima el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo municipal que ordena incoar expediente sancionador por infracción urbanística y contra el Patrimonio Histórico- Artístico, sentencia que se revoca, y se estima en parte el recurso contencioso en lo referente a anular el requerimiento a los titulares del inmueble para que se ejecute el contenido completo de la orden de ejecución, con desestimación de las demás pretensiones. Resulta indiscutible que el inmueble litigioso se encuentra dentro de la zona declarada Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo, regido por la normativa autonómica, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencia, que pertenece a la Administración autonómica, que sería la competente para autorizar cualquier intervención que se proyecte por parte de los propietarios a realizar en el inmueble litigioso y para dictar las órdenes de ejecución sobre los propietarios del inmueble para la adopción de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales. La incoación de expediente sancionador es un acto de trámite y sí es de competencia municipal en materia de infracción urbanística, aunque no le sea para infracciones del Patrimonio Histórico- Artístico.
Resumen: Cuando el tribunal de apelación es también competente para pronunciarse sobre la validez o nulidad erga omnes de la norma reglamentaria que da cobertura al acto indirectamente impugnado (art. 27.2 LJCA) es admisible la aportación de elementos probatorios que, en principio, quedarían excluidos por la aplicación estricta del artículo 85.3 LJCA, pero que pueden resultar relevantes a los efectos del enjuiciamiento de la legalidad de la disposición general controvertida y que, en todo caso, habrían podido ser aportados y tenidos en consideración en el caso de realizarse tal enjuiciamiento en el seno de una cuestión de ilegalidad (art. 125.1 LJCA).
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se acuerda desestimar la pretensión cautelar solicitada para la suspensión del acto recurrido, en tanto que ordena la demolición de la vivienda que constituye el domicilio del demandante, siendo este uno de los concretos supuestos, como también el del local donde al administrado desarrolla actividad relevante para su sustento económico. Señala la Sala que existe un interés público en el restablecimiento de la legalidad urbanística y en la no persistencia de una construcción que ha sido ejecutada sin la preceptiva autorización. Y añade que es cierto que en determinados supuestos de demoliciones la Jurisprudencia ha entendido que llevarlas a cabo podría determinar perjuicios de imposible o muy difícil reparación, asimilables a la pérdida de la finalidad legítima del recurso, pero se refieren, en lo relativo a viviendas, a las que constituyen el domicilio habitual del interesado, y en otro tipo de construcciones, las que constituyan el lugar o sede realización de la actividad económica que constituye el principal medio de vida del recurrente. Y en el presente caso la orden de demolición se refiere a una edificación de semisótano, parrilla, pérgola y soleras e instalación de una caravana con carpas, y la parte apelante no aportó documento de empadronamiento en dicho lugar, ni ningún documento administrativo del que se pueda inferir que el interesado tiene en el inmueble litigioso su residencia efectiva.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra la resolución de 21 de octubre de 2022 del Director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la resolución de 28 de septiembre de 2017, que ordenó la demolición de una vivienda unifamiliar en el municipio de Forcarei. Señala la Sala que el hecho de que una obra se haya ejecutado al amparo de una licencia municipal necesariamente condiciona las posibilidades de tramitar un expediente por cualquier Administración, la misma o distinta, ordenando la reposición de la legalidad, ya que la necesidad de reponer la legalidad urbanística se deriva de la ejecución de obras que se ejecuten sin haberse otorgado previamente la licencia que autorice el proyecto o bien, cuando se ha otorgado previamente esa licencia, cuando la obra ejecutada se aparta de los términos del proyecto autorizado y demás condiciones incorporadas al acto de concesión de la licencia. Por tanto, si existe licencia, la acción de la reposición de la legalidad urbanística sólo puede ser ejercitada en el supuesto de que las obras no se ajusten plena y fielmente a la licencia otorgada, y no en otro caso. Concluyendo e que el mero hecho de que se hubiera otorgado licencia a un proyecto no es prueba absoluta que acredite la terminación de la obra.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por la que se estimó parcialmente el recurso sobre abono de cantidad en cumplimiento de convenio tramitado como responsabilidad patrimonial de la Administración en compensación de aprovechamientos reconocidos en sentencia firme del Tribunal Supremo. Posición municipal contradictoria que a lo largo de varias décadas ha impedido el cumplimiento de diversos convenios y el reconocimiento de los derechos de la causante de la actora. La administración, como tercero en la venta de los derechos que a esta última le asistían, no puede interpretar lo que debió o no incluirse en dicho contrato. Y de los diversos pronunciamientos judiciales y del reconocimiento extrajudicial mediante resolución extemporánea se deduce que la Administración ha actuado con evidente temeridad.
Resumen: En el caso de que las obras ejecutadas en el local adquirido del INVIED por la mercantil demandante, para su transformación en plazas de garajes, no cumplan los requisitos para ser consideradas como de rehabilitación resultará de aplicación la exención contenida en el artículo 20.Uno.22º de la Ley del IVA. No consta que la demandante haya realizado y presentado un proyecto de rehabilitación. Como se ha indicado, la parte actora alega que en el inmueble adquirido al INVIED, previo a la individualización del mismo en plazas de aparcamiento para su enajenación, han sido realizadas obras de rehabilitación, lo que ya sería suficiente para concluir que no se ha llevado a cabo, en el inmueble adquirido al INVIED por la demandante, una intervención que pueda calificarse como rehabilitación. En base al artículo 20.Uno.22º.B) de la Ley del IVA (29) , son obras de rehabilitación las de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, u obras análogas o conexas a las de rehabilitación. El coste de estas obras debe superar el 50% del coste total del proyecto de rehabilitación (no existente o al menos no consta su existencia).
Resumen: Se estima el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento contra la resolución del Juzgado, que había estimado el recurso contencioso planteado contra la denegación municipal de la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de discoteca en carretera, en Suelo No Urbanizable, y se revoca la sentencia, con desestimación del recurso contencioso. La inicial denegación se funda en que: -en suelo no urbanizable sólo están permitidos los usos a que se refiere el art. 101.3 de la misma Ley, entre los que no se encuentra el solicitado; - siendo un uso no permitido, para su autorización provisional es necesario que sea compatible con la modificación del planeamiento, no constando que la modificación haya sido, siquiera, aprobada inicialmente. En definitiva, la denegación se basa en que la licencia se pide para un uso prohibido o no permitido. La cuestión de la viabilidad de conceder licencia de usos provisionales y condiciones exigidas para ello ya han sido resueltas por la Sala en varias sentencias, debiendo respetar el criterio por razones de coherencia y unidad, por lo que se determina que no se cumplen los requisitos exigidos para la autorización de uso provisional y que, por ello, el Ayuntamiento ha actuado de acuerdo con las prevenciones establecidas en la norma no pudiendo ser otorgada la autorización para un uso provisional si no concurren los requisitos establecidos en la norma siendo esta una actuación reglada de la Administración.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra la aprobación definitiva parcial por la Administración autonómica del Plan General Municipal de Ordenación. Se invoca la necesidad de haber sometido el PGOU de Águilas al correspondiente trámite de evaluación ambiental estratégica, pero el PGMO ha sido sometido al procedimiento de evaluación ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental consta de más de 200 páginas, y lleva a cabo la imposición de diversos condicionantes ambientales al desarrollo del Plan. La aprobación definitiva parcial del PGMO que nos ocupa tuvo lugar dentro del plazo de vigencia prorrogado de la Declaración de Impacto Ambiental, lo que nos lleva a desestimar el motivo de impugnación de caducidad de esa DIA. Se plantea la inadecuada motivación en la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección del Parque Regional, pero los valores medio ambientales de los terrenos litigiosos resultan de su inclusión en el ámbito espacial del Parque Natural. En cuanto a los corredores ecológicos, se trata de una protección que se basa en criterios ambientales, con base en los valores y la función de los terrenos afectados, y no en criterios estrictamente urbanísticos, cualquiera que sea el régimen de protección que se derive de los mismos.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que anuló resolución municipal desestimatoria de la petición formulada por la recurrente para la emisión de certificado administrativo acreditativo de la concesión de las licencias de demolición por silencio administrativo. Estamos aquí ante los supuestos a los que se refiere el art. 22.1 LPAC. En todos los casos relacionados en este precepto, lo que se produce es la suspensión del plazo máximo para resolver; lo que implica que este plazo ya ha comenzado a correr. Es decir, que el procedimiento se ha iniciado: "el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos(...)". Obviamente, no cabe suspender un plazo que no ha comenzado a transcurrir. El Juzgado ha aplicado correctamente las previsiones del art. 210.7 LSUPV y 22.2.a) LPAC .Sin que quepa apreciar que se haya obtenido la licencia en contra de lo dispuesto en el Catálogo de protección del patrimonio histórico y cultural del municipio, pues agotado el plazo máximo para resolver (25 de mayo de 2022, que resulta de añadir al 14 de mayo los 11 días que la mercantil interesada tardó en atender al requerimiento formulado el 3 de marzo), dicho Catálogo no se encontraba en vigor (ya que fue aprobado el 27 del mismo mes, y publicado en el Boletín Oficial del territorio Histórico el día 31 siguiente).
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se acuerda denegar la solicitud de entrada en domicilio de carácter urgente. Señala la Sala que la denegación de la autorización se produjo el día 4 de junio de 2024 y en ese momento el Juzgado Contencioso-Administrativo no estaba en condiciones de saber qué resolvería el Juzgado de Instrucción, frente al que se habían denunciado presuntos delitos de diversa índole, con la posibilidad añadida de medidas cautelares de entrada, desalojo y precinto entre otras. El día 12 de junio siguiente el Juzgado de Instrucción rechazó la personación de LA PAERIA, ante lo cual se desvaneció la posibilidad, en ese Orden, de una autorización de entrada. A partir de ese momento y en esa tesitura, nada impedía que el Ayuntamiento acudiese de nuevo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para obtener la reiterada autorización de entrada, razón por la cual se rechaza el alegato de indefensión esgrimido por el Consistorio apelante. Y añade que la jurisdicción penal de acuerdo con el art 9.3 y 10 LOPJ es siempre preferente y en este caso de acordarse entrada debería hacerse por el juzgado de instrucción encargado del asunto». Y siendo así las cosas, la apelación no podrá prosperar. Pero, añade, no sin añadir las dudas que suscita la utilidad de una apelación como la presente cuando la página web de LA PAERIA da cuenta de la entrada y desalojo del mercado el día 4 de septiembre.
