• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
  • Nº Recurso: 2646/2008
  • Fecha: 23/02/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras rechazarse una posible inadmisibilidad del recurso por falta de invocación de los motivos en que se sustenta, al poderse deducir éstos tanto de los argumentos utilizados como del escrito de preparación, la Sala rechaza uno a uno los motivos del recurso: 1) La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos no vulnera las Directivas comunitarias, pues éstas obligan sólo en cuanto al resultado. 2) La inclusión o no de determinados medicamentos o fórmulas oficiales en el Formulario Nacional responde a la discrecionalidad técnica de la Administración, y no produce propiamente perjuicios a los usuarios de los servicios farmaceúticos que precisen de los mismos. 3) No se ha incurrido en arbitrariedad al valorar la pericial-testifical, puesto que su contenido, en vez de criterios científicos que justificaran la improcedencia de la supresión de la "Fórmula Oficinal", se limitaba a verter opiniones jurídicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 4949/2016
  • Fecha: 18/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden SSI/1305/2016, de 27 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. El TS se remite a la fundamentación jurídica contenida en la sentencia de 12 de julio de 2017 (recurso 4949/2016), que parte de la consideración de que la orden impugnada no tiene naturaleza reglamentaria, con lo que no es preciso que el expediente de elaboración cuente con una memoria económica. Tampoco prospera el alegato sobre la carencia de motivación de la orden impugnada, pues la parte recurrente ha sabido la razón de por qué -no desconoce el cómo- se fijó el precio de referencia del nuevo conjunto C396. Añade que la recurrente, en cuanto a la fijación del precio de referencia asignado al conjunto C396, no cuestiona la legalidad de que se esté a los datos deducibles de la ficha técnica, lo cuestionado es que la Orden opte por una cantidad de principio activo por envase para deducir el coste/tratamiento/día o CTD, que es el precio de referencia del conjunto. De esta manera no opone una concreta infracción del régimen de precios de referencia. Según la demandante, la Orden impugnada incurre en un error -que es distinto de ilegalidad -, pero tal error es inexistente, no hay equivocación alguna sino la elección intencionada del límite superior en el rango que figura en la ficha técnica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: BENIGNO LOPEZ GONZALEZ
  • Nº Recurso: 148/2015
  • Fecha: 20/07/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se sanciona por infracción muy grave prevista en el artículo 101.2.c).6 (7) ª y 102.1.c) de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por importe de 120.000 euros, por ser el recurrente responsable de la instauración de tratamientos farmacológicos con hormona de crecimiento (GH) y melatonina en indicaciones clínicas no autorizadas en ficha técnica, de forma generalizada y no excepcional, y de publicar en distintos medios científicos los estudios realizados. Se alega imprecisión en la calificación jurídica respecto de pacientes y tratamientos. Se debe rechazar la interpretación extensiva o analógica de la norma, pues de otra manera se conculcan las garantías jurídicas establecidas en nuestra Constitución. Además, es procedente destacar la complejidad del sector relativo al medicamento y la dificultad, en un ámbito como el de la medicina, debe delimitar con claridad los hechos, máxime tratándose de una actividad pretendidamente sancionadora. La Instructora del expediente no es capaz de identificar los ensayos clínicos que supuestamente ha realizado el Dr. Camilo sin autorización, lo que supone una indeterminación del objeto de la acusación, que debe conducir al archivo de las actuaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 21/2005
  • Fecha: 10/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los recurrentes impugnan la Disposición Final 2ª del R.D. 2402/2004, al considerar que se establece un descuento obligatorio de naturaleza tributaria o, en todo caso, una prestación patrimonial de carácter público, de tal modo que la regulación de esta materia por vía reglamentaria vulnera el art. 31.3 CE. Una norma con rango de ley cuyo contenido es similar al de la norma reglamentaria impugnada ha sido declarado conforme a la Constitución por la STC de 29 de mayo de 2014, que ha desestimado varios reproches de inconstitucionalidad análogos a los utilizados por los recurrentes en este proceso. En virtud del art. 5 LOPJ, la Sala ha de estar ahora al criterio establecido por el Tribunal Constitucional y, por consiguiente, concluir que la Disposición Final 2ª del R.D. 2402/2004 no contraviene la Constitución, y, ello, con independencia del lugar donde se encuentre la habilitación legal para el ejercicio de la potestad reglamentaria en esta materia, siendo incontestable que el contenido sustantivo de la Disposición Final 2ª del R.D. 2402/2002 no conculca la Constitución. En cuanto a la finalidad perseguida por el Gobierno al utilizar el instrumento del decreto-ley para introducir una disposición adicional en la normativa reglamentaria sobre márgenes de las oficinas de farmacia, tampoco es ahora relevante, pues esta materia no está constitucionalmente excluida del ámbito susceptible de ser regulado mediante decreto-ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 1821/2005
  • Fecha: 27/05/2008
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos de casación. El primero ya que la Sala de instancia ni ha conculcado el art. 24 CE ni las normas procesales invocadas ya que la prueba testifical/pericial resultaba innecesaria en orden al objeto de discusión. El segundo dado que no existe el vicio de incongruencia de la sentencia de instancia denunciado por el recurrente. El tercero ya que la sentencia no ha quebrantado las normas invocadas; fue la recurrente quién aceptó la condición ahora discutida, proponiéndola, para que el medicamento se incorporase a los de financiación pública mediante su inclusión en el Sistema Nacional de Salud. No puede, ahora, ir contra sus propios actos. El cuarto dado que la fijación de aquel precio, conforme a la normativa aplicable, así como la asunción del compromiso fijando un límite máximo de ventas a PVL de las especialidades farmacéuticas controvertidas, devino firme y consentido, y, la impugnación del compromiso implica ir contra los propios actos; además la obligación de retorno no era indefinida en el tiempo, sino limitada hasta la implementación del correspondiente Protocolo para el uso racional de un medicamento de muy elevado precio. Y, finalmente porque cuando se determinó el precio y las condiciones anejas, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión cada empresa farmacéutica debía negociar con la administración nacional el precio que puede cobrar de sus productos o bien el nivel de la financiación pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2006/2016
  • Fecha: 19/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se rechaza la alegación de incongruencia omisiva de la sentencia por cuanto la desestimación de la reclamación indemnizatoria comprende también la referida al daño moral. En este sentido, la causa decisiva para rechazar la pretensión resarcitoria consiste en que no concurren los presupuestos de la responsabilidad patrimonial, en concreto, la antijuridicidad del daño, porque la decisión adoptada por la Administración General del Estado -alerta con retirada de la venta de productos considerados medicamentos, que en realidad eran alimentos- era razonable y razonada y legítima con base en el principio de precaución en materia de gestión de riesgos, por lo que existía el deber jurídico del perjudicado de soportar el daño ocasionado. Y esta conclusión no se extrae del desistimiento del recurso seguido contra la resolución de prohibición de comercialización, que en la sentencia recurrida se hace referencia a los solos efectos de reforzar el argumento de que la decisión de declarar la alerta de medicamentos era ajustada a dichos criterios. La anulación por el TSJ de Canarias de las sanciones impuestas por la venta de los pretendidos medicamentos -en realidad alimentos- no comporta por sí sola la responsabilidad patrimonial. Se insiste en que la medida de retirada de la venta de dichos productos es una medida cautelar justificada por el riesgo que se trataba de prevenir.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3660/2009
  • Fecha: 14/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Asunto que tiene su origen en la resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se notifica la cantidad debida por la recurrente en virtud de la liquidación practicada de conformidad con la DA 9ª de la Ley 25/1990, del Medicamento. STC 44/2015 ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad -basado en argumentos similares a los utilizados por la aquí recurrente- contra la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para 2005, por la que se añadió la D.A. 9ª a la Ley 25/1990. Conforme a lo establecido en la STC 44/2015, la Sala entiende que la obligación establecida por la referida D.A. 9ª es una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley del art. 31.3 CE, pero que no reúne las características propias de un tributo, de manera que no entra dentro del supuesto de hecho del art. 134.7 CE. Cualquier merma de las posibilidades de defensa que hipotéticamente hubiera podido haber en vía administrativa habría quedado luego subsanada no sólo por la interposición del recurso de alzada, sino sobre todo por la del recurso contencioso-administrativo. La liquidación debe así hacerse "sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior". Ello impide tomar en consideración, tal como pretende la recurrente, precios posteriores y distintos a aquéllos que efectivamente hubo de soportar el Servicio Nacional de Salud por los medicamentos adquiridos el año anterior.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO GALLEGO LAGUNA
  • Nº Recurso: 1246/2015
  • Fecha: 07/06/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna acuerdo sobre liquidación por Impuesto sobre Valor Añadido y sanción relacionada. Se examina el concepto de cuota deducible y el derecho a deducción, partiendo de la necesidad de acreditar el gasto, mediante la oportuna factura, correspondiendo la carga de la prueba al interesado en obtener la deducción. La actora pretende deducir gastos en relación a promoción de productos que oferta, no probando que no sean medicamentos, como alega, y el Código de Deontología no ampara gastos de promoción percibidos por médicos y farmacéuticos. También se contemplan gastos por I+D, pero el objeto social de la recurrente no incluye actividad de investigación. En cuanto a la sanción, está motivada y no determinada de manera objetiva, como se aduce.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 19/2005
  • Fecha: 27/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Disposición Final Segunda del Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico. Desestimación, pues la norma autorizante de las deducciones se contiene en el Real Decreto-Ley 5/2000, de 23 de junio, cuya suficiencia para establecer la prestación ha sido reconocida en sentencia del Tribunal Constitucional. Por otra parte, ni el principio de capacidad económica ni el de la no confiscatoriedad previstos en el art. 31.21 de la Constitución son exigibles para las prestaciones patrimoniales que carezcan de naturaleza tributaria, como es el caso de las deducciones controvertidas. Además, la capacidad económica no está ausente de unas bases de deducción que tienen como elemento definidor el importe de las recetas dispensadas con cargo a fondos públicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO
  • Nº Recurso: 1746/2012
  • Fecha: 24/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS rechaza las causas de inadmisibilidad del recurso del Abogado del Estado opuestas por la mercantil recurrida/recurrente, y entrando en el examen del fondo de este recurso desestima el alegato del Abogado del Estado fundado en la inexistencia de nexo causal entre el daño y la actividad de la Administración partiendo de que la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación del error en que incurre la Orden 3997/2006 devino firme y consentida, por lo que esta disposición es plenamente válida. Razona el TS que la referida solicitud de rectificación del error padecido planteada por la mercantil debió dar lugar, dada la evidencia del error, fácilmente comprobable por la Administración, a la corrección inmediata del mismo, evitando así los daños y perjuicios causados. Por otra parte, se desestima también el recurso de la mercantil reclamante por cuanto lo que valora la Sala es que la recurrente pudo con sus alegaciones en el periodo de la elaboración de la Orden o con la interposición de un recurso contra ella atemperar las consecuencias dañosas derivadas del error que en aquélla se introduce -en el Nomenclator oficial de productos farmacéuticos del Sistema Nacional de la Salud a que se remite la Orden en cuestión figuraba erróneamente la presentación del medicamento, lo que implicó su abaratamiento-y esa apreciación de la Sala de instancia no se combate en casación.