• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Málaga
  • Ponente: MARIA ROSARIO CARDENAL GOMEZ
  • Nº Recurso: 662/2011
  • Fecha: 21/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Resolución impugnada de 12 de abril de 2011, impone al titular de una oficina de farmacia 96.706,25 euros por una infracción muy grave tipificada en el artículo 76.2 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre de Farmacia de Andalucía: en visita de Inspección a un almacen se encontraron varias cajas de medicamentos procedentes del farmaceútico quien es reconocido como responsable del almacén como uno de sus proveedores habituales. El art. 101.2.b.2 de la ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso inadecuado de los medicamentos considera infracción grave: 2ª Elaborar, fabricar, importar, exportar, dispensar o distribuir medicamentos por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la preceptiva autorización. La Sala estima el recurso: puede considerarse que a partir del 20 de agosto de 2011 es cuando puede considerarse típica y previsible la conducta imputable por la Administración Sanitaria a D. Rodrigo siendo así que con anterioridad hemos de considerar que no estaba tipificada la conducta, y no cumpliéndose esta condición temporal en el presente supuesto debe estimarse por ello el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ
  • Nº Recurso: 510/2011
  • Fecha: 11/07/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad patrimonial por fallecimiento del paciente ingresado por un ictus, como consecuencia de una hemorragia intracraneal. El paciente no fue debidamente informado de la intervención a la que se iba a someter y sus posibles complicaciones, como tampoco lo fue de los posibles efectos adversos del fármaco que se le suministró, lo que supone una vulneración de la lex artis. Análisis del consentimiento informado, sus requisitos y las consecuencias de su falta. Indemnización de daños morales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4373/2004
  • Fecha: 01/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación relativo a las Instrucciones para la implantación efectiva del Sistema de precios de referencia en la facturación de recetas del Sistema Nacional de Salud y gestión de la información agregada a dicho Sistema. El Real Decreto-ley 5/2000 establece diferentes márgenes profesionales según que las especialidades farmacéuticas dispensadas y vendidas sean genéricas o específicas. Es intención inequívoca de la norma fomentar el uso de genéricos. Al ser esos márgenes distintos la deducción tendrá que ser necesariamente diferente, pero no es esa deducción litigiosa la causante del trato diferente sino los márgenes comerciales del art. 2 del mismo texto legal, que están en función del tipo de medicamento o especialidad farmacéutica. Las deducciones operan "sobre el volumen de facturación al Sistema Nacional de Salud", y la facturación se predica de las recetas cargo de la Seguridad Social, luego ese "volumen de facturación" no se identifica con lo que aporta la Seguridad Social al precio de cada medicamento, sino con el resultante de la suma de las recetas emitidas con cargo a la Seguridad Social en ese periodo mensual, que se hace atendiendo al precio de venta al público. Éste se forma agregando al precio industrial los márgenes comerciales de distribución y comercialización, "la deducción opera" sobre ese precio que la Administración debe reintegrar al titular de la oficina de farmacia, pero previo descuento de la parte del precio del medicamento percibida del...
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 54/2009
  • Fecha: 25/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 2130/2008, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las Mutualidades de Funcionarios.Del art. 3.2 y 3 del R.D. Ley 5/2000 se deduce una habilitación al Gobierno para aprobar un procedimiento que permita aplicar a las recetas con cargo al régimen especial o de mutualidades la única escala de deducciones prevista en ese momento en el art. 3.1 por el que se introduce en el R.D. 165/1997 esa escala. Y en segundo lugar, una habilitación al Gobierno para modificar todo lo regulado en el citado art. 3, luego también el aptdo. 1, sin que pueda entenderse que dicha habilitación se ciñe a lo estrictamente procedimental. La posibilidad de aprobar una escala disociada de deducciones según el tipo de recetas obedecía a razones de gestión al corresponder las del régimen general a las Comunidades Autónomas y las del régimen especial de mutualidades a éstas.La escala del Real Decreto impugnado es uniformemente aplicable a todas las oficinas de farmacia de España, salvo las ubicadas en Ceuta y Melilla por tratarse de "casos excepcionales en el contexto nacional" por razón de la concentración de personal militar. No cabe apreciar vulneración del art. 14 CE, ni de la reserva de ley del art. 31.1 CE. Tampoco se infringen los principios de transparencia, objetividad y suficiencia exigidos por el derecho comunitario en esta materia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 30/2005
  • Fecha: 01/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso administrativo contra el R.D. 2402/2004, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990 del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico. Conforme a lo resuelto en la STC 83/2014, la deducción controvertida, al ser impuesta coactivamente por el poder público con una evidente finalidad de interés público, ostenta la naturaleza de una prestación patrimonial de carácter público sometida en su establecimiento y configuración al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE). Sin embargo, dicha prestación carece de naturaleza tributaria, pues con ella no se pretende establecer una nueva forma de ingreso público con la que coadyuvar a la financiación del gasto público, sino intervenir en una actividad incardinada en un sector regulado con la finalidad de racionalizar el gasto farmacéutico mediante una asignación eficiente y económica de los recursos públicos disponibles. Por tanto, no cabe hablar de vulneración de los principios de capacidad económica y de no confiscatoriedad. No se lesiona el art.14 CE, pues aunque se admitiera que los términos de comparación son idénticos -lo que no es así-, el eventual trato dispar al que pueda conducir la aplicación de la norma no carece de una justificación objetiva y razonable, en la medida que persigue reducir el gasto público mediante un uso racional de los medicamentos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 59/2009
  • Fecha: 10/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las Mutualidades de Funcionarios. Estas deducciones constituyen una prestación patrimonial de carácter público (art. 31.3 CE), sometidas, por tanto, a reserva de ley. El art. 3 del Real Decreto-Ley 5/2000 estableció una escala de deducciones para los medicamentos dispensados con cargo a la Seguridad Social, añadiendo que el Gobierno regulará el procedimiento a seguir cuando se trate de recetas de especialidades farmacéuticas dispensadas con cargo a Mutualidades de funcionarios, pero ese dato literal no puede entenderse en el sentido de que la habilitación se limita a la esfera estrictamente procedimental, pues ello conduciría a vaciar de significado el precepto. La escala del Real Decreto impugnado es uniformemente aplicable a todas las oficinas de farmacia de España, salvo las ubicadas en Ceuta y Melilla por tratarse de "casos excepcionales en el contexto nacional" por razón de la concentración de personal militar. Salvo tal caso excepcional, no hay ninguna diferencia de trato normativo de unas oficinas de farmacia a otras. No cabe apreciar vulneración del art. 14 CE, ni de la reserva de ley. La omisión del trámite de "previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos" no tiene carácter invalidante de la disposición.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 25/2005
  • Fecha: 21/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. La omisión inicial de la Memoria Justificativa carece de relevancia, pues lo pretendido con el proyecto estaba ya recogido en el Plan Estratégico; en cuanto a la Memoria Económica, además de figurar una, obra en el expediente un análisis del impacto económico y sobre el ahorro en gasto farmacéutico, a lo que se añade que la Memoria Económica inicial debió haberla, pues en su informe, la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda alude a la misma. Conforme a lo resuelto en la STC 83/2014, la deducción controvertida, al ser impuesta coactivamente por el poder público con una evidente finalidad de interés público, ostenta la naturaleza de una prestación patrimonial de carácter público sometida en su establecimiento y configuración al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE). Sin embargo, dicha prestación carece de naturaleza tributaria, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia citada, por lo que, no cabe hablar de vulneración de los principios de capacidad económica, no confiscatoriedad, ni principio de igualdad, que la parte recurrente sustenta en la naturaleza tributaria de las deducciones. Igualmente, dicho Tribunal, al rechazar que sea esa su naturaleza, ha añadido la idoneidad de un Real Decreto-Ley para acometer la reforma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 58/2009
  • Fecha: 01/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las Mutualidades de Funcionarios. Estas deducciones constituyen una prestación patrimonial de carácter público (art. 31.3 CE), sometidas, por tanto, a reserva de ley. El art. 3 del Real Decreto-Ley 5/2000 estableció una escala de deducciones para los medicamentos dispensados con cargo a la Seguridad Social, añadiendo que el Gobierno regulará el procedimiento a seguir cuando se trate de recetas de especialidades farmacéuticas dispensadas con cargo a Mutualidades de funcionarios, pero ese dato literal no puede entenderse en el sentido de que la habilitación a la esfera estrictamente procedimental, pues ello conduciría a vaciar de significado el precepto.La escala del Real Decreto impugnado es uniformemente aplicable a todas las oficinas de farmacia de España, salvo las ubicadas en Ceuta y Melilla por tratarse de "casos excepcionales en el contexto nacional" por razón de la concentración de personal militar. Salvo tal caso excepcional, no hay ninguna diferencia de trato normativo de unas oficinas de farmacia a otras. No cabe apreciar vulneración del art.14 CE, ni de la reserva de ley.La omisión del trámite de "previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos" no tiene carácter invalidante de la disposición.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 55/2009
  • Fecha: 10/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las Mutualidades de Funcionarios. Del art. 3.2 y 3 del R.D.Ley 5/2000 se deduce una habilitación al Gobierno para aprobar un procedimiento que permita aplicar a las recetas con cargo al régimen especial o de mutualidades la única escala de deducciones prevista en ese momento en el art. 3.1 por el que se introduce en el R.D. 165/1997 esa escala. Y en segundo lugar, una habilitación al Gobierno para modificar todo lo regulado en el citado art. 3, luego también el apartado 1, sin que pueda entenderse que dicha habilitación se ciñe a lo estrictamente procedimental. La posibilidad de aprobar una escala disociada de deducciones según el tipo de recetas obedecía a razones de gestión al corresponder las del régimen general a las Comunidades Autónomas y las del régimen especial de mutualidades a éstas. La escala del Real Decreto impugnado es uniformemente aplicable a todas las oficinas de farmacia de España, salvo las ubicadas en Ceuta y Melilla por tratarse de "casos excepcionales en el contexto nacional" por razón de la concentración de personal militar. Salvo tal caso excepcional, no hay ninguna diferencia de trato normativo de unas oficinas de farmacia a otras. No cabe apreciar vulneración del art.14 CE, ni de la reserva de ley del art. 31.1 CE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Málaga
  • Ponente: MANUEL LOPEZ AGULLO
  • Nº Recurso: 203/2012
  • Fecha: 19/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia apelada desestima el recurso contra la desestimación por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada por la Delegación Provincial de dicha Consejería, desestimatoria de autorización para la apertura de una oficina de farmacia porque el cómputo de habitantes, hecho conforme con el artículo 2. 5 de la Ley 16/1997, de acuerdo con el Padrón Municipal, tenía que estar referido a la revisión de dicho padrón hecha por el RD. 1431/02. La Sala estima el recurso de apelación y estima en parte el contencioso-administrativo con declaración de nulidad de las resoluciones administrativas, y reposición de las actuaciones al momento anterior al inicio del procedimiento administrativo, que deberá seguirse para la adjudicación de una oficina de farmacia en la UTF. Tras la entrada en vigor del R.D. Ley 11/1996, de 17 de junio, que constituye legislación básica sobre Sanidad, dictada al amparo del art. 149.1.16 C.E. se ha producido una profunda modificación del régimen anterior en relación con estos establecimientos sanitarios, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Debe estarse a los datos resultantes de la revisión del padrón. Por lo que respecta a la población de hecho ha de acogerse la tesis de la apelante admitiendose el cómputo de la población flotante vacacional siempre que esté suficientemente acreditada. Pero debe seguirse el procedimiento de concurrencia competitiva.